García,
el general retirado, ex jefe de la Novena Zona Militar y ex comandante
de la Tercera Región Militar, ahora Coordinador General de Seguridad
Pública por decreto, fue el operador de la represión contra los
manifestantes en la chapomarcha.
El domingo 2 de
marzo, aún sin rendir protesta pero ya con un decreto publicado en el
Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se creó su nuevo cargo,
Moisés Melo García coordinó el operativo para evitar la segunda marcha a
favor de Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa.
Golpes
y despojos a periodistas, policías que dispararon al aire y detenciones
arbitrarias, fueron los resultados en el debut del nuevo Coordinador
General de Seguridad Pública.
Recién retirado del Ejército
Mexicano, el general Melo García fue anunciado a principios de febrero
como una pieza clave para mejorar las estrategias en el combate a la
delincuencia.
Mario López Valdez lo presentó con bombo y platillo,
incluso antes de definir el cargo y las facultades que tendría el
general retirado en su gabinete.
Cuestionado minutos después de
que el Gabinete de Seguridad anunciara la suspensión de seis policías
responsables de disparar al aire durante la marcha, Melo García negó su
participación en el operativo y hasta bromeó sobre la “bienvenida” que
le dio el gobierno estatal.
“No, no, vamos llegando, esta fue la bienvenida que me dieron”, dijo entre risas el general.
El
martes 4 de marzo, dos días después de la marcha, más de 400 policías
de diferentes corporaciones fueron concentrados en el Instituto Estatal
de Ciencias Penales, ahí Melo García hizo su primera aparición pública
como Coordinador General de Seguridad.
Acompañado por Genaro
García Castro, secretario de Seguridad Pública, el general explicó a los
policías que les practicarían pruebas de rodizonato de sodio para
determinar quiénes habían disparado.
“Debemos de sacar
experiencias, que no nos vuelva a suceder esto, en las próximas
actividades que se desarrollen buscaremos que las primeras personas que
tengan contacto no vayan armados, que lleven otro tipo de equipo para
actuar en razón de que no haya estas situaciones de pánico”, propuso
Melo García en esa ocasión.
Aunque a Melo no se le observó físicamente en el operativo del domingo 2 de marzo, sus órdenes llegaban a través del radio.
En
el lugar, los movimientos eran dirigidos por Jesús Carrasco Ruiz,
subdirector de la Policía Ministerial del Estado y por Carlos Héctor
Ochoa Polanco, director de la Policía Municipal de Culiacán, quienes
comandaban el operativo en el que participaron policías municipales,
estatales, ministeriales y del grupo Élite.
Con
cientos de detenidos a lo largo del día, los manifestantes no se daban
por vencidos, habían recorrido varias calles exigiendo la liberación de El Chapo:
tomaron la avenida Zapata, hicieron suya la Obregón, llegaron hasta La
Lomita, bajaron hacia Catedral y alrededor de las 19 horas, ya se
enfilaban de nuevo hacia La Lomita.
“En ningún momento al personal
se le dice que actúe agresivamente en contra de las personas”, defendía
días más tarde el general Melo García.
Pero la noche del domingo,
sobre la avenida Obregón, entre las calles Francisco Villa y el bulevar
Madero, policías estatales dispararon al aire en medio de una multitud
que corrió aterrorizada ante el sonido de las ráfagas.
Un
fotoperiodista, de las decenas que todo el día capturaron imágenes sobre
las detenciones arbitrarias, fue testigo de los balazos y comenzó a
retratar lo que sucedía.
“Me di cuenta que unos de los oficiales
estaba sacando la pistola y empecé a hacer la secuencia de todo, desde
que la saca y dispara al aire y después quise hacer fotos de los
casquillos que él estaba recogiendo y en ese rato fue cuando ya me
abordaron entre dos”, relató el fotógrafo del periódico Noroeste,
momentos antes de interponer una denuncia por agresiones y despojo ante
la Procuraduría General de Justicia.
Policías, que según el
Gabinete de Seguridad hasta el momento no han sido identificados,
arrebataron la cámara del reportero gráfico, borraron las imágenes y
ante la resistencia del periodista, lo tiraron al suelo, lo patearon, lo
insultaron y lo amenazaron de muerte.
“Me tiraron al suelo, me
cubrí la cabeza y la cara con las manos y me siguieron golpeando,
golpeando y golpeando, trataron de poner un cincho en las muñecas pero
no pudieron”.
“Hubo un momento que me estaban amenazando de que me
iban a matar, que me iban a llevar, que pinche chilango y en ese
momento sacaron una bolsa ‘ziploc’ grande de una camioneta y yo pensé
que me la iban a poner en la cabeza, en ese momento yo aflojé el
cuerpo”, relata el fotógrafo mientras muestra las muñecas de sus manos
raspadas por los intentos de esposarlo.
Al mismo tiempo, a una
videógrafa de Noroeste se le quitó el celular con el que había capturado
video de los disparos al aire, mientras que unas horas antes, en
Guamúchil, donde se llevó a cabo una marcha paralela, policías
ministeriales intentaron ahorcar y destruyeron el equipo fotográfico de
Sergio Lozano, también reportero de Noroeste.
“Nos llama la
atención el hecho de que hay fotógrafos, gente que estaba ahí trabajando
(periodistas) y nadie tiene una toma donde se vea personal de las
policías disparando”, cuestionaba el general Melo García a los medios,
luego de presentar el análisis hecho a los videos de C4.
Las contradicciones
Las versiones oficiales sobre lo sucedido el domingo fueron varias y también contradictorias entre ellas.
Al admitir que sí hubo disparos, en todo momento se rechazó que hayan sido efectuados por elementos de seguridad pública.
Incluso,
Genaro García Castro, secretario de Seguridad Pública Estatal, aseguró
que al analizar los videos, se encontró que los destellos provenían de
los flashes de las cámaras fotográficas y no de las armas.
“Cuando
vemos nosotros que va corriendo un elemento de la corporación con el
arma en la mano y vemos esos destellos de luz, creemos que son del cañón
del arma, ya revisamos cuadro a cuadro el video y hasta donde tengo nos
damos cuenta que son producto de las cámaras fotográficas de ustedes
mismos”, aseguraba García Castro el martes por la mañana.
Sin
embargo, el miércoles 5 de marzo, el secretario General de Gobierno,
Gerardo Vargas Landeros, envió un comunicado en el que se confirmaban
los disparos de los policías pero justificados en la provocación de los
manifestantes.
“Diversos grupos de jóvenes que participaron en la
marcha estuvieron todo el tiempo provocando a los agentes policíacos, y
faltó el control y sobró la imprudencia”.
“Es muy claro que los
provocaron, porque les tiraron proyectiles, piedras, agua y ellos
cayeron en la provocación, creo que ése fue el error de ellos”, defendía
el comunicado en el que también se confirmó que un elemento había dado
positivo a la prueba de rodizonato de sodio.
Un día después, el
jueves por la noche, se reunieron en las oficinas de la secretaría
general de gobierno, García Castro, Vargas Landeros, Melo García; el
comandante de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez y el
Procurador de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez.
Los nombres de los implicados fueron revelados.
Álvaro
Pompa Ortiz y Xavier Iván Meza Ibarra, agentes de la Policía Elite;
Rodolfo Sillas Moreno y Rosario Guadalupe García Camacho, elementos de
la Policía Estatal, responsabilizados por las detonaciones al aire
durante la marcha.
A Juan Pedro Arámburo García, policía estatal,
se le identificó como el que sustrajo un celular a la videógrafa y
Leonel Amador Barajas, policía ministerial, quien agredió al reportero
de Guamúchil.
Según las autoridades, los responsables de la golpiza propinada al fotógrafo aún no se identifican.
Y de nuevo, en la reunión surgió otra versión.
Según
detalló el secretario de seguridad pública, los agentes dispararon en
respuesta a las detonaciones que en un primer momento realizó una mujer,
a bordo de una camioneta blanca, desde la esquina de Obregón y Leyva
Solano.
Sin embargo, se dijo que la mujer no está identificada y
tampoco cuentan con imágenes de su rostro o el momento de las
detonaciones.
“Nosotros soportamos la teoría de que eso fue lo que
detonó que los elementos hicieran indebidamente uso del arma del
fuego”, destacó García Castro.
El motivo del operativo el domingo 2 de marzo, durante la segunda marcha a favor de El Chapo, se
justificó, por primera vez, en supuestos reportes recibidos a través
del 066, donde se alertaba sobre la presencia de personas armadas.
García
Castro agregó que entre los 211 detenidos se detectaron a cinco
personas con pistolas calibre .38, .45, 9 milímetros y se confiscaron
tres vehículos con reporte de robo.
“Es importante señalar que
durante ese operativo del domingo nosotros fuimos alertados a través del
066 de que en esa zona andaba gente armada, lo cual hizo que enviáramos
el operativo y se detectara a las gentes”, enfatizó García Castro.
Pero ninguna persona fue presentada bajo esas acusaciones.
Los
seis policías fueron suspendidos y puestos a disposición de la
Procuraduría General de Justicia para que continúe el proceso legal.
“Si lo veo, me lo como a mordidas”
Con
211 detenidos en las celdas de Seguridad Pública, el secretario de la
policía municipal, Héctor Benítez Verdugo, argumentó las detenciones de
manifestantes en las violaciones al bando de Policía y Buen Gobierno:
escandalizar en la vía pública y resistirse al arresto.
“El que
guste puede hacer la denuncia y señalar al personal correspondiente”,
respondió Benítez Verdugo ante las acusaciones por detenciones
arbitrarias.
Pero Guadalupe no quería denunciar, la mañana después
de la marcha, la mujer deseaba agarrarse a “tiro limpio” con el policía
que la detuvo a ella y a su hija de 19 años.
Afuera de Seguridad
Pública, liberada por la madrugada pero aún en espera de su hija,
Guadalupe relató que el domingo por la tarde había acudido a Catedral
para encontrarse con su hija, quien trabaja haciendo el aseo en casas
particulares.
De repente, las mujeres se ubicaron accidentalmente
en medio de una manifestación a favor del capo capturado el pasado 22 de
febrero.
La curiosidad por un hecho inusual las incluyó entre los
cientos de detenciones al azar que las corporaciones policíacas
realizaron ese día.
“Estábamos en la banqueta viendo todo, llegó un policía y dijo ‘de aquí pa’ allá, van pa’ arriba”.
Insultadas,
humilladas, apretadas en una celda junto a más de 30 mujeres, madre e
hija pasaron la noche, por primera vez en su vida, detenidas por
observar una protesta.
“Ahorita
siento mucho coraje, quisiera tenerlo enfrente (policía), pero tenerlo
enfrente como yo, sin armas y yo misma lo cacheteo, soy mujer y me
agarro con él, ahorita sí tengo un coraje que si lo agarro aquí afuera
me lo como a mordidas”, reclamó Guadalupe.
Irma Durán y su esposo, dos personas de edad avanzada, sí habían acudido a la protesta por voluntad propia.
Caminaban
a su ritmo por la banqueta de la avenida Obregón, detrás de un
contingente de jóvenes que marchaba a toda prisa hacia La Lomita.
Las
patrullas de municipales llegaron al lugar y subieron a todos los que
iban por la banqueta, Irma relata que incluso detuvieron a personas que
estaban esperando el camión en los paraderos.
Pero lo peor vino en
el trayecto hacia las celdas cuando uno de los policías amenazó a las
mujeres detenidas con abusar de ellas sexualmente.
“Nos trataron
muy mal, era la patrulla 2429, el policía me dijo y a todas las mujeres
‘quisiera agarrarlas abajo un momentito para cogérmelas a todas’, luego
muchas groserías, nos decía groserías y los otros nada más se reían”,
cuenta Irma enfurecida.
Scarleth lo admite, a ella le enviaron un mensaje vía Whatsapp en el que le aseguraban el pago de 500 pesos por su asistencia.
Las
mujeres recién liberadas el lunes por la mañana coincidían en el mismo
reclamo, en las celdas las despertaron arrojándoles cubetazos con agua
fría.
“De faltarme al respeto, la verdad no, a una amiga si la
cachetearon pero porque no se dejaba subir a la patrulla, yo me subí
solita. Nada más fue ese detalle que nos mojaron como perritos,
estábamos en la celda y por las rejas de arriba nos aventaron el agua,
nadie se quiso hacer responsable”, contó Scarleth.
Las historias
se repiten entre la mayoría de los detenidos, algunos admiten su
asistencia a la marcha, otros aseguran que sólo observaban, todos
reclaman una detención injusta.
De los 211 detenidos, 35 eran
mujeres y 173 hombres, ocho eran mujeres menores de edad y 24 varones
menores de edad, a ninguno se le cobró multa.
La ausencia de Malova
El
domingo 2 de marzo, cuando sus policías agredían periodistas,
disparaban al aire y detenían a cualquiera que estuviera en el lugar, el
gobernador del estado, Mario López Valdez bailaba con su peculiar
movimiento de caderas, mientras observaba el desfile de Carnaval en
Mazatlán.
Un día después, el mandatario viajó a Toronto, Canadá, para participar en una convención de Minería.
El
martes 4 de marzo, su agenda anunció actividades privadas durante todo
el día; el miércoles, las actividades privadas se repitieron; para el
jueves, se anunció un viaje por Guanajuato y la Ciudad de México;
finalmente, el viernes reapareció públicamente en Los Mochis.
Ahí, después de toda una semana en suspenso, López Valdez aseguró que no habría impunidad en las agresiones a periodistas.
Pero ante la insistencia de los reporteros, el gobernador de Sinaloa dio por concluido el tema de forma definitiva.
“Sinaloa tiene que seguir avanzando”, expresó el mandatario.
Publicado
el viernes 28 de febrero en el Periódico Oficial del Estado, el decreto
que crea la Coordinación General de Seguridad Pública oficializó el
cargo anunciado para Moisés Melo García.
En el documento se
describe a la coordinación como un órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría General de Gobierno y bajo su dependencia jerárquica.
El
decreto da libertad a la coordinación para ejecutar planes, programas,
diseñar estrategias y acciones que todas las dependencias estatales
deberán aplicar o si se diera el caso, modificar estructuras y ajustarse
a las nuevas políticas.
Sin embargo, es enfático al señalar que
para cualquier acción deberá existir un acuerdo previo con el secretario
general de gobierno.
El coordinador general tiene las facultades
de ejecutar planes, programas y estrategias en la prevención del delito,
reconstrucción del tejido social, disminución y combate al delito,
reacción contra eventos criminales.
Debe promover la coordinación entre las autoridades locales y municipales con el Estado y con las autoridades federales.
Puede
proponer, disponer y llevar a cabo acciones de apoyo y auxilio por
parte de las instituciones estatales de fuerza pública y también tiene
la facultad de pedir auxilio a las fuerzas federales, Ejército, Armada y
Fuerza Área.
La unidad contará con unidades administrativas y
áreas de apoyo, “las que sean necesarias para el ejercicio de sus
funciones”, según señala la ley.
También contará con el apoyo de
recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y presupuestarios
que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Desde el lunes
3 de marzo, Melo García atiende en una oficina en las instalaciones de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La testaruda adoración al Chapo
Javier Valdez
Como abejas africanas, beligerantes y tercas, los manifestantes de la segunda marcha a favor de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo,
ex jefe del Cártel de Sinaloa, volvieron a juntarse una y otra y otra
vez, a pesar de los intentos por dispersarlos de parte de las
corporaciones policiacas.
Desde temprano acudieron a la capilla de
Malverde. Ahí los esperaban los ministeriales, de la Estatal
Preventiva, municipales, del Ejército Mexicano y la Secretaría de
Marina: les bloquearon el paso por calles y avenidas, disolvieron grupos
que se acercaban, detuvieron a algunos que ya se manifestaban.
Aquí, una mujer posó para que le tomen fotos al patio trasero de su camiseta blanca: Exijo visita conyugal con el Chapo
Guzmán. Otros de los participantes fueron arrinconados a espacios del
estacionamiento de la Plaza Fiesta y sus alrededores. Quinientos, mil
pesos valió la testarudez de los inconformes. Eso y al menos cinco
kilómetros a pie.
De
la capilla de Malverde, dispersados pero sin claudicar, muchos se
fueron por cuenta propia, en automóvil o camión, y a pie, por el bulevar
Emiliano Zapata, hasta llegar a la Obregón. Y de ahí al sur, hasta el
templo de La Lomita. Al paso de los policías y militares buscaban calles
aledañas, se juntaban para agarrar valor o para compartir el miedo.
Los
agentes los miraban, burlones y poderosos. Escondidos en sus capuchas,
protegidos con sus antibalas, resguardados con sus fusiles automáticos y
sus escuadras en pulcras fornituras. Sesenta detenidos aquí, ochenta
más allá. Patrullas repletas de señoras, ancianos, jóvenes desmadrosos y
gritonas mujeres, amarrados como rebelde ganado. Sumaron al menos 211
detenciones.
En La Lomita no eran pocos los que buscaban a
quienes anotaban en un papel de cuaderno a los asistentes. Era el paso
obligado para recibir la paga.
Morir de hambre
Madres
con hijos en brazos o atados sus pantalones y faldas, buscaban con afán
a los que anotaban los nombres de los asistentes. Parecían animales
heridos y sedientos: antesala de una cuaresma sin paz ni perdón. En esa
concentración, en la explanada del templo, en lo alto, había sudores
fermentados, olor a tamal y a perfume barato, a yerba recién horneada y
cerveza. Un sabor a sal recorría el lugar: olas y olas de aire
descompuesto.
Ulular, trajín, penar, de hambre y sed. Miseria
multiplicada en esa afrenta de las cinco de la tarde de domingo. La
plaza parecía de ellos pero afuera asediaban los polis, marinos y
guachos. La plaza era de ellos, pero no más por un ratito.
—Que lo dejen libre (al Chapo) porque si no nos vamos a morir de hambre—, dijo una joven madre a otra que estaba medio paso atrás.
—Es que todos dependemos del narco— contestó su acompañante.
Vio
al reportero que anotaba y soltó su nombre. Isaura del Carmen. Quería
que aquél la anotara. La otra la secundó y dijo que se llamaba Guadalupe
Rivera. Cuando se dieron cuenta que era reportero quisieron recular,
pero se repusieron rápido. Anótenos, no tenemos miedo. Eran de Los
Naranjos, cerca de Imala, al oriente de esta ciudad capital.
“No,
nadie nos ha ofrecido nada”, dijeron, antes de que les preguntaran. Y
partieron en busca del que hacía la lista divina de los asistentes.
Rumbo a Catedral
Un
primer contingente bajó y tomó la Obregón, custodiada por una veintena
de patrullas de diversas corporaciones. El otro grupo se retrasó: se fue
armando de a poquito, como abejas escandalosas, despistadas y de
recreo, hasta que se integró en un grupo más o menos compacto y partió.
A
pocos metros, los uniformados ya los esperaban. Por lo menos unas
cincuenta personas fueron aprehendidas por los agentes, con el argumento
de que los agredían, que estaban alterando el orden público.
El
día pardeaba y la Obregón tuvo dueño. Casi desde el entronque con el
Zapata hasta La Lomita. La banda musical, los gritos, las pancartas y
mantas. La más grande decía con letras grandes: No queremos más
violencia, no queremos más secuestros, no queremos pagar cuotas.
Queremos libre al Chapo.
En otros mensajes, el capo era
tratado como mandatario, como el jefe que era y es. El ídolo, el
personaje de moda, el más querido, el más guapo y atractivo, el
semental, el poderoso y celestial. Y de repente, entre gritos y una
corredera, inició la confusión: entre bulevar Madero y Francisco Villa
iniciaron los disparos, empujones y nuevos atropellos. Varios agentes
golpeaban a un periodista y le quitaban su equipo y unos policías
corrían con el arma en lo alto y accionando sus armas.
Otro ramo
de detenciones y arbitrariedades. Al menos tres reporteros lesionados y
sus equipos asegurados y destrozados. Patrullas rebosantes de esposados y
en el asfalto el remolino de llantos, histeria, gritos, reclamos y
cañones fogosos y vomitivos.
Cuando los ánimos quedaron en su
lugar, el grupo diezmado avanzó hasta catedral, donde los esperaban
otros con garganta seca y cansancio a cuestas. Ahí, de nuevo juntos,
como las abejas testarudas que ya buscaban su panal desde mediodía,
volvieron a gritar ¡Chapo! ¡Chapo!
Y de nueva una
madre con niña de unos diez años se acercó para preguntar si era el que
anotaba a los asistentes. Y que si quién les iba a pagar.
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