La Unidad
Antisecuestro de la extinta Procuraduría del Estado tiene expedientes abiertos
por tortura documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco. Es una tarea pendiente para la Fiscalía General del Estado
Son cuatro
recomendaciones de la CEDHJ de 2013 que proponen sanciones a elementos de la
Fiscalía General del Estado, y que esta ha omitido en su imposición, según el
ombudsman
Se supone que es el
cuerpo especializado de la Fiscalía para la investigación de este delito; la
CEDHJ constató sus ‘métodos’ reales
En su último informe
de actividades, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)
evidenció que la tortura no solo persiste como una “técnica” para la persecución
de los delitos en el Estado, también que ésta no se sanciona y que a ella
recurren, inclusive áreas como la Unidad Especializada de Combate al Secuestro
(UECS) de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La UECS, al igual
que el resto de la estructura ministerial y policial de la Fiscalía General,
está inmersa en el proceso nacional de depuración con las pruebas de control de
confianza. El corte más actualizado del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al 28 de febrero de 2014, coloca a
Jalisco entre las entidades con un avance del 81 al 90 por ciento sobre su
universo total de agentes a examinar.
Existe un informe
específico del SESNSP sobre las evaluaciones aplicadas a los elementos de la
UECS de Jalisco, pero data de octubre del 2011, en éste se indica que de una
composición total de 64 miembros, 43 de ellos obtuvieron resultados
aprobatorios (67 por ciento), 15 reprobatorios (23 por ciento), mientras que
seis continuaban en proceso de evaluación.
A la fecha no existe
información precisa sobre la depuración en la FGE y área especializadas con
estos antecedentes, como la Unidad Antisecuestro.
La UECS se creó al
seno de la extinta Procuraduría de Justicia durante el sexenio anterior, porque
así lo ordena la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia
de Secuestro.
La ley dice que las
UECS “contarán con Ministerios Públicos (MP) y policías especializados,
recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva
operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos
especializados para el ejercicio de su función”.
En realidad, los
métodos de investigación que documentó la CEDHJ de la UECS de Jalisco, con la
detención de un individuo que serviría sólo como testigo en un presunto caso de
secuestro, se parecen más a esto:
“Me subieron a una
camioneta, me pusieron una bolsa en la cabeza y me llevaron de allí a un lugar
desconocido, me iban golpeando en el camino, me apretaban los testículos cuando
no les gustaba alguna de mis respuestas, me patearon los costados y en las
piernas; me patearon con fuerza por la espalda y como estaba esposado con las
manos hacia atrás, caí de cabeza al suelo, raspándome y golpeándome la cara de
tal forma que se me desplazó una placa que tengo en la mandíbula, la tengo por
una lesión antigua para corregir una fractura, tuve que sacarme unas
radiografías y me dicen que deben operar otra vez, pues se movieron las placas.
“En el suelo me
patearon muchas veces, me subieron al piso de una pick up y me daban puñetazos
en los costados y con la mano abierta en los oídos, todo esto acompañado de
amenazas y ofensas; me amenazaron con mutilarme, me decían ‘te vamos a mochar
las manos, ya tenemos a toda tu familia, ahorita están violando a tu sobrino,
ya van dos veces que lo violan, a tu mamá le vamos a cortar la otra pierna y
ahorita están violando a tu cuñada, queremos diez millones de pesos por ti,
vele pensando de dónde los vas a sacar, cuál dedo quiere primero que le moche,
primero le vamos a mandar una oreja a tu familia para que vean que es en serio,
pinche viejilla no nos va a aguantar’, y muchas otras cosas más, me hicieron
creer que habían detenido a mis padres…”.
Ya en las
instalaciones de la Calle 14 “me quitaron las vendas de la cabeza, hicieron
algo de papeleo, me dieron a firmar unas hojas que no me permitieron leer. Se
cooperaron para darme dinero para el taxi y me dejaron libre, yo estaba muy
desesperado, pues pensé que de verdad le habían hecho daño a mi familia”.
Es la recomendación
10/2013, dirigida a la Fiscalía General. En ese mismo caso hubo otro detenido,
este sí acusado de haber cometido el secuestro. Él narra: “Me vendaron de los
ojos, me esposaron y me llevaron a una casa clandestina, donde me desnudaron y
en forma sobrehumana, fui no solamente incomunicado e intimidado sino también
fui sometido por mis captores a tormento de toques eléctricos en todo mi cuerpo
y por ende en los testículos, así como golpes y asfixia, con una bolsa que me
ponían en la cabeza y cara, donde me desmayaron en varias ocasiones, y con un
temor fundado de perder la vida bajo asfixia, hicieron firmarles confesiones
imposibles”.
Cuando fue
consignado, en el juzgado penal se levantó la siguiente fe judicial: “se le
aprecian huellas de violencia física recientes, aproximadamente 14 heridas en
forma circular en coloración oscura en diversas partes del abdomen, de
aproximadamente un centímetro de diámetro refiriendo el indiciado que las
mismas son consecuencia de la chicharra con la cual le daban toques, así mismo,
se le aprecia otra herida de la misma naturaleza en la mano derecha, igualmente
en la mano izquierda se le aprecian dos heridas de la misma similitud, de la
misma forma, se le aprecian 16 heridas de la misma naturaleza en la pierna
derecha, igualmente se le aprecian dos heridas de la misma similitud en la
espalda superior del lado derecho…”.
El 15 de agosto del
2013 la Fiscalía publicó el acuerdo FGEJ 04/2013, que instruye la permanencia
por un periodo mínimo –y prorrogable- de cinco años de los elementos de la
UECS, para que no sean rotados a otras áreas, precisamente porque se da por
supuesto que tienen una formación por encima del resto.
En dicha
recomendación expedida el 27 de marzo de 2013, y originada de una queja en
2012, la Comisión señala a seis
elementos en concreto, y concluye sobre la Policía Investigadora del Estado:
“en otras quejas y en especial en las recomendaciones que esta CEDHJ ha emitido
por actos abusivos como el presente, se ha documentado que se carece de toda
pericia técnica y profesional en la investigación de hechos delictuosos, y que
a pesar de que dicha institución conoce esta falla tan importante, no ha
mostrado una mayor determinación para erradicarla”.
Impunidad
Esta es una de las
cuatro recomendaciones (junto a la 13, 15 y 16 de 2013) sobre las que el
presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, advirtió el 20 de
febrero que la Fiscalía no había sancionado a los elementos que violaron los
derechos humanos.
“En la mayoría de
las recomendaciones emitidas en 2013 a la Fiscalía Central, a la Fiscalía
Regional y al comisionado de Seguridad Pública, el factor en común fue la
ineficacia para integrar y resolver los procedimientos de responsabilidad
administrativa que esta Comisión solicitó contra algunos de sus funcionarios
públicos responsables de violaciones de derechos humanos, por ello se hace un
llamado a estas dependencias para que den cumplimiento a los plazos y formalidades
que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
resuelvan los procedimientos”, dijo aquella ocasión.
Ese mismo día, el
fiscal general declaró: “Como se vio, se hablará con los responsables de cada
área, él fue claro en mencionarlo, se hablará con cada responsable y se buscará
que se agilicen estos expedientes”.
El uso ilegal de la
tortura utilizada por la UECS puede conllevar el riesgo de que el juez, al
cerciorarse de ello, pueda determinar la libertad de los detenidos por haberse
violado sus derechos, se agrega en la recomendación.
“El actuar ilegal de
los policías no solo propicia la inseguridad jurídica en agravio de los
detenidos, sino que pueden provocar que el juez de lo Penal, al acreditar que
hubo una confesión o declaración arrancadas mediante agresiones a la integridad
personal, emita una resolución que mejore la situación jurídica los
responsables de un delito. Luego, el otorgar la libertad por esta causa genera
que el acto quede impune y no haya justicia para quienes han resultado víctimas
del delito cometido ni certidumbre para la sociedad y, en cambio, genera
desconfianza hacia las autoridades que procuran y administran justicia”, se lee
en el documento.
La lectura de la
incidencia delictiva oficial del secuestro en Jalisco no debe pasar por alto el
hecho de que en el 93.8 por ciento de todos los delitos ocurridos en la entidad
no se inició una averiguación previa para perseguirlos, a esto se le llama la
cifra negra. La tasa del estado es, por tanto, mayor a la nacional (92.1 por
ciento), según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (Envipe) 2013.
(REPORTE INDIGO/ Luis Herrera /
Miércoles 19 de marzo de 2014)
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