MORELIA, Mich., 12
de enero de 2013.- La explotación de más del 50 por ciento de los yacimientos
de hierro que existen en Michoacán la realizan organizaciones delincuenciales
que, incluso exportan el metal al mercado chino, destaca un amplio reportaje
que publica este domingo el portal digital del periódico El País.
Los delincuentes
controlan el mineral desde su extracción y se han infiltrado en todo el
proceso: obligan a los mineros a entregarles pequeñas cantidades del hierro que
extraen, a los transportistas a que lo transporten, a los empresarios a que no
les denuncien, y a los funcionarios de aduanas, a que permitan el paso de la
mercancía ilegal, destaca el diario ibérico.
“No llegan con una pistola en la mano, pero
dejan muy claro que no hay otra opción: o trabajas para ellos, o asumes las
consecuencias”, dijo a El País un empresario local que pidió no ser
identificado.
Para el diario
peninsular, de hecho, la toma del puerto de Lázaro Cárdenas por parte de las
fuerzas armadas en buena medida se realizó para romper el control del puerto
por parte de la delincuencia, que a través de su infraestructura exportaba el
metal en bruto al Lejano Oriente.
“El motivo era un
secreto a voces. Su larga bahía y su cercanía a las minas de hierro, las más
abundantes del país, habían convertido al puerto en presa del crimen organizado
que opera en la región”, asevera el diario. Las organizaciones delincuenciales
no titubean si hay que demostrar quién tiene el control.
Virgilio Camacho, un
directivo de ArcelorMittal, la principal siderúrgica de la región, había
denunciado por años el robo de hierro en pequeñas cantidades en los terrenos de
la compañía.
Los ladrones
entregaban el material al crimen organizado. Camacho se cansó de denunciar el
crimen a la Procuraduría (Fiscalía) mexicana hasta que lo secuestraron y
apareció con un tiro en la nuca. La minería no es el primer negocio que
corrompió en Michoacán la delincuencia organizada.
Hay indicios de que
también han infiltrado la producción de carne, los cultivos, la tala de
árboles, la industria inmobiliaria, el transporte público y hasta los bares.
“Todos pagan cuota”,
dijo a El País un fabricante de muebles. Incluso, hasta quien organiza una
fiesta. Una mujer de Apatzingán afirma que su hermana tuvo que pagar un soborno
a los criminales de su ciudad para que le permitieran celebrar una fiesta de
los 15 años, una suerte de puesta de largo tradicional en México.
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(Quadratín /Redacción
/ 12 de enero de 2013)
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