A dos años de iniciado, el jugoso experimento
privatizador en albercas públicas capitalinas y del Estado de México
acumula irregularidades de todo tipo, actos de indolencia… y muerte. En
el Centro Acuático Vivanco de la delegación Tlalpan una mujer falleció
porque no había médico que la tratara y porque el administrador no quiso
pagar el traslado a un hospital. Ante casos como éste, el consorcio que
acapara casi una veintena de concesiones se esconde, las autoridades
callan y la Profeco argumenta que no tiene atribuciones para intervenir.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 15 de octubre pasado Leticia Bellamy
acudió a su clase de natación en el Centro Acuático Vivanco, en la
delegación Tlalpan. No tenía ni diez minutos dentro de la alberca cuando
comenzó a sentirse mareada y con náuseas. Salió del agua y, como pudo,
llegó a una de las bancas cercanas a las regaderas del vestidor.
La única información que recibieron sus compañeras se las dio un
profesor, quien les dijo que la señora se había sentido mal. Cuando la
clase terminó –una hora después–, las mujeres encontraron a Leticia
sentada. Pálida. Seguía sintiéndose mal y estaba muy débil. Decía que
necesitaba recostarse.
Las compañeras no sabían qué hacer ni cómo ayudar. Buscaron al médico
que normalmente está en el edificio, Gilberto Santamaría, pero se había
ausentado para asistir a un curso. Casi dos horas después, por fin,
algunos profesores de natación la sacaron en una camilla. El esposo de
Leticia esperaba afuera. La mujer no podía ni caminar.
Llegó una ambulancia y los paramédicos comenzaron a atenderla. Le
pusieron oxígeno y estaban revisándola cuando uno de ellos le espetó al
esposo que debía pagar mil 500 pesos por el servicio. El hombre, que
vive a unas cuadras de la instalación deportiva, argumentó que no traía
dinero porque había salido a toda prisa de su casa.
Los rescatistas, entonces, le quitaron el oxígeno a Leticia y se
retiraron. El señor terminó por buscar un taxi para llevarla a un
hospital, donde su compañera llegó con el corazón detenido. Falleció por
el infarto sufrido mientras nadaba y que no fue diagnosticado ni
atendido a tiempo.
La vida, en juego
Leticia Bellamy Aro, 65 años, sin hipertensión ni diabetes, era
alumna de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tuvo la mala
fortuna de inscribirse en el Centro Acuático Vivanco, que antes era
administrado por la delegación pero que ahora está a cargo de la
iniciativa privada.
En tiempos del delegado Higinio Chávez (2009-2012), la piscina se
concesionó a un grupo de empresarios que en la actualidad mantiene
convenios con otras demarcaciones capitalinas y municipios del Estado de
México. Hoy el consorcio opera al menos 17 albercas (Proceso 1876).
El día que la señora Bellamy sufrió el infarto, el administrador del
Centro Vivanco, Esteban Barrón, se encontraba en las instalaciones. Sin
embargo, no hizo nada para que la mujer fuera atendida. Tampoco buscó un
médico que supliera al doctor Gilberto Santamaría.
“Nadie atendió a Leticia. Nadie le dijo que sus síntomas eran de un
infarto. Si la hubieran atendido estaría viva. ¿Quién es responsable? La
empresa dice que ella no, que es la delegación; la delegación dice que
tampoco, que los culpables son los concesionarios. Hay muchas anomalías.
Nos adeudan varias clases, porque cuando la alberca está sucia, el agua
se encuentra helada o tiene exceso de químicos no nos metemos. Lo que
nos han dicho es que los niños de las colonias populares van los sábados
y domingos, y que como son de lugares donde no hay ni agua para bañarse
ensucian la piscina”, reclama un usuario.
El profesor Carlos García trabajó en este deportivo de julio de 2010
(cuando la delegación todavía estaba a cargo) a octubre de 2013, cuando
Esteban Barrón lo despidió, justo por el suceso de la señora Bellamy. El
maestro de natación le exigió al administrador que pagara con dinero de
la caja los mil 500 pesos que los paramédicos cobraban. Barrón no quiso
hacerlo. Días después pretextó que García no contaba con una
certificación para impartir cursos de guardavidas y lo corrió. Ni
siquiera le pagó los días que ya había trabajado.
El instructor admite que con la llegada de los concesionarios el
centro mejoró un poco. Pintaron y “medio arreglaron” los vestidores, los
calentadores y la instalación hidráulica, pero, advierte, no repararon
las goteras ni abonan el recibo de la luz.
A juicio de García, una de las irregularidades más graves es que los
empresarios pagan en efectivo a los empleados. Esto significa que los
trabajadores no cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) ni en el Infonavit. Las únicas prestaciones que tienen son un
aguinaldo –que puede ir de los 500 a los 2 mil pesos, como máximo– y una
pequeña prima vacacional.
Un instructor promedio de Vivanco cobra, desde hace varios años,
41.20 pesos por hora. Todos están obligados a trabajar ocho diarias. Eso
significa un sueldo mensual de 6 mil 592 pesos.
“Nos pagan en efectivo por quincena. Nos mandan llamar uno por uno a
las oficinas y, como si fuera lista de raya, firmamos una hojita con
nuestro nombre y la cantidad que cobramos. No entregamos recibos de
honorarios. Sólo firmamos esa hoja y ya. Año con año cambian de razón
social. A veces firmamos como empleados de Tlalpan por la Salud y la
Educación, otras como Sports and Fitness y varias empresas más. No sé
por qué si de todas maneras el dinero no ingresa a ninguna cuenta; es
algo que hacen para evadir el pago de impuestos”, denuncia García.
Él se desempeñó como coordinador deportivo en Vivanco, por lo que
sabía cuánto dinero ingresa por concepto de cuotas de los usuarios.
Recuerda que cuando la delegación administraba la alberca había entre
350 y 400 personas inscritas. Ya con la concesión fue acudiendo más
gente, pues se abrieron clases los lunes, comenzaron a atender a bebés y
a impartir matronatación (el padre o la madre enseña a nadar a los
niños), hasta llegar a mil 300 usuarios. Cada uno paga alrededor de 300
pesos mensuales.
“Es verdad que como mejoraron un poco la instalación llegó más gente,
pero fue más por la promoción que hacemos los profesores. No crea que
ellos (los administradores) nos dicen qué hacer, sólo exigen que
llevemos usuarios. Y como nos importa nuestro pago, nosotros imprimíamos
papeles y los repartíamos por nuestras casas, por todos lados. Cuando
me corrieron, Vivanco generaba en promedio 300 mil pesos al mes, y eso
que es una alberca semiolímpica. Pagan una nómina como de 90 mil pesos,
le invierten cualquier cosa para el mantenimiento, no pagan IMSS,
Infonavit ni impuestos… Entonces calcule cuánto les queda de ganancia.”
El pasado 5 de noviembre, en la Primera Emisión de MVS Noticias, con
Carmen Aristegui, la jefa delegacional de Tlalpan, Maricela Contreras,
reconoció que Vivanco adeuda 1.3 millones de pesos a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), débito que supuestamente se está negociando.
Afirmó que el atraso será solventado por la delegación y por los
concesionarios, y que una vez que se haya subsanado, la CFE instalará
medidores por separado para la poza y el resto del deportivo.
Por ese adeudo se ha suspendido el servicio de energía eléctrica en
distintas ocasiones –una de ellas durante más de dos semanas–, pero los
concesionarios encontraron una solución rápida.
“Están colgados de la subestación del deportivo. Como no quieren
pagar se colgaron y hasta trucaron los medidores para que no marque ese
consumo. Desde el campo de futbol hasta el estacionamiento se ve el
cable que mandó poner Esteban Barrón. La delegación lo sabe, ellos les
ayudaron a meter la toma, y les dijeron que si los cacha CFE será
responsabilidad del corporativo. Si no hay luz no hay recirculación del
agua, las bombas de calor no funcionan, el agua no llega a 28 grados.
Todo se para. No pagan porque no quieren invertir. Los arreglos que
hacen son sólo para el tiempo que dura su concesión, para que puedan
operar con lo mínimo”, declara el maestro García.
Fosas oscuras
En octubre de 2012 Proceso informó que un grupo de hombres de
negocios creó distintas compañías para administrar albercas públicas,
gracias a concesiones otorgadas por delegados y alcaldes. Los inversores
involucrados son José Luis Díaz García, José Luis Díaz Cobián,
Francisco Armendáriz, Carlos Enrique Arreola Toledo, Juana Fernández
Ríos, Teodomiro Gutiérrez Carvajal, Mario Carlos Casio Arellano, Rubén
Islas Carrillo, Gerardo Gutiérrez Gómez y el medallista olímpico y
odontólogo Carlos Girón. Algunas de las empresas fueron dadas de alta el
mismo día, a la misma hora y con idénticos objetos sociales en el
Registro Público de la Propiedad.
En algunos casos también tienen convenios para operar gimnasios,
canchas de futbol, tiendas y cafeterías dentro de las mismas
instalaciones (Proceso 1876).
Actualmente, ese grupo de empresarios maneja los siguientes centros
acuáticos en el Distrito Federal y el Estado de México: Ceforma (donde
tienen además el gimnasio y las canchas de futbol), Parque Morelos,
Vivanco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Xochimilco (aunque está
en un proceso legal porque el delegado les retiró la concesión), Jesús
Mena, Ana Gabriela Guevara (deportivo completo), Azcapotzalco, La
Mancha, Tlalli, Tepetatal, Plutarco Elías Calles (canchas de futbol),
Imcufide, 18 de Marzo, Juan Fernández Albarrán y Fernando Platas.
Esto significa que, en promedio, han obtenido una nueva concesión cada dos meses.
Proceso solicitó una entrevista a los socios, quienes pidieron que se
les enviara un cuestionario por correo electrónico. Respondieron por
escrito, a título grupal.
Se les pidió que documentaran que sus empresas están registradas ante
la Secretaría de Hacienda, que pagan impuestos y cumplen con
obligaciones patronales como pago de IMSS e Infonavit. La respuesta: “Si
no estuviéramos en regla y debidamente constituidos ninguna delegación
hubiera firmado ningún convenio con nosotros”.
Sobre el dinero que han invertido para remodelar las piscinas: “Esto
no puede responderse tan fácilmente ya que nunca se termina de hacer
inversiones en cada instalación”. Los únicos datos que ofrecen, sin
documentos que los sustenten, es que en Azcapotzalco gastaron 37.7
millones de pesos, y en Ceforma 3.6 millones de pesos.
Asientan que sólo tienen concesiones en cinco albercas –tres en
Tlalpan, una en Azcapotzalco y otra en Xochimilco–. No dieron cifras, ni
siquiera aproximadas, sobre lo que les cuesta operar cada una, cuánto
dinero ingresa por concepto de cuotas ni el número de usuarios, pero sí
especificaron que la de Parque Morelos no es rentable y la están
subsidiando “por solidaridad con la delegación”.
Se excusan, por seguridad, de difundir esas cantidades. Refieren que
días después del 4 de noviembre, cuando Nelson Vargas –dueño de una
cadena de albercas privadas– aseveró en entrevista con Carmen Aristegui
que los administradores se “estaban haciendo millonarios” con las
concesiones, un comando de cuatro hombres encapuchados asaltó Ceforma.
Según el cálculo de Vargas –que en su momento rechazó entrar a ese
negocio– los concesionarios deben estar ganando alrededor de 500 mil
pesos mensuales en cada alberca semiolímpica y más de un millón en las
olímpicas.
Se quedó corto. En el asalto, los ladrones se llevaron 600 mil pesos en efectivo correspondientes a las cuotas de ese mes.
“No aceptan pagos con tarjeta ni de débito, ni transferencias
electrónicas. Todo es en efectivo. No hay camiones de valores que se
lleven el dinero. Llegan los contadores o mensajeros y se llevan el
dinero en bolsitas, en coches particulares o en taxis. Si contratan un
camión de valores tendrían que reportar de dónde ingresa ese dinero. Eso
me tocó verlo. Todo mundo sabe que ahí tienen el dinero en la caja
fuerte. Eso es un peligro hasta para los empleados y usuarios. Todo es
en efectivo para no declarar impuestos”, asegura el profesor Carlos
García.
Problemas a todos niveles
En septiembre pasado, la clavadista Paola Espinosa –que entrena en la
fosa de clavados de Ceforma– denunció en su cuenta de Twitter que
alguien entró a robar en el consultorio en el que ella y el equipo que
entrena la china Ma Jin guardan sus pertenencias y reciben terapia.
“Enojada, indignada, triste. Nos robaron en gimnasio y consultorio
Ceforma donde entreno. @DTlalpan y @GobiernoDF dicen que nadie es
responsable. Forzaron la chapa, se llevaron medicinas, equipo, y el
administrador y vigilancia ni en cuenta.”
Los socios de los centros acuáticos no reconocen que administran el
deportivo Plutarco Elías Calles, ubicado en la colonia Rastro Popular,
delegación Venustiano Carranza. Proceso realizó un recorrido y detectó
que los esquemas de trabajo son idénticos al resto de albercas
concesionadas. Tampoco se entregan comprobantes fiscales por las cuotas o
la compra de uniformes.
Otro grupo de usuarios denunció lo que considera un abuso. Cuando
alguno no asiste a las clases por estar enfermo es dado de baja. Si
quiere reingresar lo obligan a pagar otra vez la inscripción, las cuotas
correspondientes a los meses o semanas que no fue a clases y el mes que
está corriendo.
Un inconforme acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor, pero
ahí le informaron que la dependencia no puede proceder porque los
recibos de pago no tienen razón social, registro federal de
contribuyentes ni domicilio fiscal. Además, por encontrarse dentro de
una instalación pública, tiene que recurrir a la delegación.
Cuando el usuario se presentó en la Dirección del Deporte de la
Venustiano Carranza le dijeron que no conocen a los concesionarios. Ni
siquiera sabían que hay una alberca en ese deportivo.
/27 de diciembre de 2013)
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