Aunque
hubo muchas advertencias, nadie prestó atención a las voces que
alertaban sobre posibles brotes de violencia en la región mixteca de
Oaxaca, específicamente en los límites entre San Juan Mixtepec y Santo
Domingo Yosoñama, pueblos que desde hace más de 60 años se disputan unas
tierras. El escándalo estalló el sábado 14 cuando 11 habitantes de la
segunda comunidad fueron asesinados. Sin embargo, esa matanza no es la
única en la zona. Varias más, así como asesinatos selectivos, han
ocurrido ahí. Aparentemente las causas pueden ser otras, además del
conflicto agrario.
OAXACA, Oax. (Proceso).- Ante la
indiferencia de las autoridades, los habitantes de la Región Mixteca
viven en el terror debido a la violencia desatada por el conflicto entre
San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama: una disputa por mil 740
hectáreas que ha originado matanzas, desplazamientos forzados, quema de
casas y cultivos… El escándalo estalló el sábado 14 de diciembre, cuando
en una emboscada fueron brutalmente asesinados 11 indígenas.
Después
de intercambiar acusaciones y tratar de deslindarse de la masacre,
habitantes de los dos pueblos apuntan a la indolencia del gobierno. La
tensión en la zona ya los había orillado a pedir ayuda: recurrieron a la
ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía
Internacional, al Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo
Democrático y a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos para alertar
sobre la violencia en la Región Mixteca.
“Solicitamos (que) fije
las medidas pertinentes así como (finque) responsabilidades civiles,
administrativas e incluso (…) de tipo penal y las que llegaren a
configurar(se) por el no actuar de nuestras autoridades estatales y
federales”, exponían los habitantes de San Juan Mixtepec en una carta a
los organismos mencionados.
Aunque el conflicto limítrofe entre
Mixtepec y Yosoñama data de 1945 (cuando hubo dos muertos y dos
desaparecidos), de 2010 a la fecha han ocurrido otros 25 asesinatos.
El
dirigente estatal de Antorcha Campesina, Gabriel Hernández, puntualizó
que antes no se “llegaba a este grado de salvajismo, de barbarie y
atrocidad”. Acribillar a la gente y prenderle fuego, dijo ante los
medios, es de “terroristas y de narcos”.
“Antes de decir que la
masacre es de carácter agrario”, consideró, “hay que presentar pruebas y
esos elementos los tiene que dar la procuraduría, porque en el último
operativo encontró muchos carros robados. Tienen todos los elementos y
no creo que no sepan quién o quiénes son los asesinos”.
Tras
aclarar que las víctimas no militaban en Antorcha Campesina dijo: “Ahí
en la zona hay una situación muy oscura que nadie ha querido destapar”.
La emboscada
El
sábado 14, varias descargas de fusiles frenaron a la camioneta en las
que viajaban 11 mixtecos de Yosoñama. Luego de acribillarlos, los
atacantes le prendieron fuego al vehículo. Sólo una víctima –Adán José
Ventura, de 22 años– evitó que su cuerpo se redujera a cenizas: logró
salir de la camioneta pero fue alcanzado y ejecutado con el tiro de
gracia.
Dentro del vehículo quedaron calcinados Martha José
González, de 29 años; Armando José Reyes, de cuatro; Carlos Manuel José,
de siete; Pedro Morales José, de 40; Bartola Ventura Chávez, de 74;
Rutila José Ventura, de 42; Bernabé García; Basílica Santiago Antonio,
de 38; Sixto Santiago José, de 21, y Jazmín Santiago José, de seis,
todos originarios de Yosoñama. La matanza ocurrió en el paraje Tres
Cruces, en San Juan Ñumi, Juxtlahuaca, confirmó la Procuraduría General
de Justicia (PGJ) de Oaxaca.
Una vez confirmada la matanza de Tres
Cruces, el gobernador Gabino Cué ordenó una investigación integral,
imparcial y eficiente, y pidió al procurador estatal que de acreditarse
la competencia federal, solicite la intervención de la Procuraduría
General de la República.
A su vez el presidente del Comisariado de
Bienes Comunales de Santo Domingo Yosoñama, Dionisio Ventura González,
culpa de la matanza al gobierno y advierte en conversación con este
semanario que “con documentos o sin documentos tenemos que defender
nuestra tierra a toda costa”.
Acusa a sus vecinos de Mixtepec de
ser responsables de la masacre y agrega que en Yosoñama han tenido que
“apaciguar la ira de la gente porque está muy molesta por estos
crímenes”.
“Estamos esperando que el gobierno esclarezca el caso y
se castigue a los asesinos porque nuestra gente está muy molesta; de lo
contrario nos vamos a manifestar con plantones y marchas para que se
nos tome en cuenta.
“Somos gente organizada, contamos con muchos
municipios y si no nos escuchan, Antorcha Campesina se va a movilizar
para presionar al gobierno”, advierte.
De 2010 a la fecha el
problema agrario ha ahuyentado a casi 60% de los habitantes de la región
mixteca, quienes han tenido que migrar a otras entidades o a Estados
Unidos.
Aunque Ventura González reconoce que sus vecinos de
Mixtepec tienen documentos que acreditan su propiedad sobre el terreno
en disputa, apela al ideario zapatista: “Zapata dijo que la tierra es de
quien la trabaja, la tierra es el derecho de los campesinos, así que
nosotros, con documentos o sin documentos, tenemos que defender nuestra
posesión a toda costa”.
Denuncia además que “el Tribunal Unitario
Agrario 46 ejecutó la sentencia, entregó las mil 740 hectáreas a San
Juan Mixtepec y condenó el derecho que tiene Yosoñama sobre las tierras.
Lo que hizo fue echar a pelear a los pueblos y aquí está el resultado”.
Por
su parte las autoridades de San Juan Mixtepec exigieron al gobierno
federal el restablecimiento de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) como
medida disuasiva.
Antes de entregar un escrito a los gobiernos
federal y estatal, las autoridades de Mixtepec rechazaron públicamente
cualquier responsabilidad en la matanza y acusaron a las instituciones
que “nunca nos hicieron caso”.
El presidente del Comisariado de
Bienes Comunales de Mixtepec, Paulino Hernández Paz, descartó que este
hecho tenga relación con el conflicto agrario porque los hechos
ocurrieron entre San Antonio Nduajico y Santo Domingo Yosoñama,
pertenecientes a San Juan Ñumi, a ocho kilómetros de los límites con
Mixtepec.
El encargado de la Presidencia Municipal de Mixtepec,
Anderson Bautista López, lamenta los hechos y dice a este semanario:
“Enviamos un documento al gobernador para que se investiguen las líneas
que sean y se castigue a los responsable de los hechos, que no
sucedieron en nuestros límites. Lamentamos los hechos, es triste lo que
pasa en Yosoñama (pero) le recordamos al gobernador que en repetidas
ocasiones se ha pedido la seguridad y (que) se instale la BOM”.
Al
preguntársele qué hay detrás de la matanza, afirma: “Quienes deben
responder son el Ejército y la policía estatal, pues durante sus
recorridos por la zona de conflicto han encontrado yerbas, autos robados
y otras cosas” que no han dado a conocer.
Conflicto antiguo
Apenas
el pasado 16 de mayo, habitantes de Mixtepec denunciaron un ataque “con
arma de fuego” de parte de habitantes de Yosoñama.
Según ellos,
“murieron 14 campesinos, entre mujeres, niños y ancianos de los cuales
hoy tenemos cuatro cuerpos en nuestras manos porque, como siempre, ese
grupo armado se roba los cadáveres para quemarlos y destazarlos”.
No obstante en esa ocasión las autoridades sólo reportaron tres muertos, dos desaparecidos y cinco casas incendiadas.
Lo
cuestionable, dijeron, es que cuando los policías están en la zona
“sólo observan cómo se están robando los cuerpos de nuestros hermanos
campesinos, cómo los matan y queman las casas, sin ellos hacer nada.
“Lejos
de que la policía se presente, actúe y detenga a los responsables de
tales actos delictivos, ellos mismos manifiestan que se retiran para
resguardar su vida, pero lamentablemente para los asesinos es motivo
suficiente para seguir atacando y matando gente en nuestro pueblo.”
En
aquella ocasión los habitantes de Mixtepec pidieron una “tregua” a sus
vecinos de Yosoñama para ponerle fin a la violencia que en los últimos
años han padecido, y sobre todo que respeten sus tierras.
Ahora
recuerdan que el 15 de mayo de 2000 el Tribunal Unitario Agrario 46
dictó sentencia en el juicio agrario con número de expediente 246/1996,
relativo al conflicto limítrofe entre las comunidades de San Juan
Mixtepec, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca, y Santo Domingo
Yosoñama, del distrito de Tlaxiaco.
Fue el 2 de diciembre de 2008
cuando se procedió a su ejecución y en esa sentencia se reconoció y
tituló una superficie de mil 740 hectáreas de tierras comunales a San
Juan Mixtepec.
Por ello exigen a las autoridades federales y
estatales actuar “de inmediato” para colocar mojoneras y abrir brechas
que definan los límites con Yosoñama, como lo establece su resolución
agraria.
En conversación con Proceso, Francisco López Martínez y
Pablo Hernández Sánchez, habitantes de Mixtepec, consideran que sólo así
se evitará un agravamiento de la confrontación: “Ya basta de tantas
agresiones contra nuestro pueblo”.
El pasado 16 de mayo la PGJ
confirmó el ataque a los pobladores de Mixtepec por parte de habitantes
de Yosoñama; dio como únicos muertos a Margarito Santiago Ramírez, de 76
años; Bonifacio Vicente Hernández y Porfiria Salazar Gómez, ambos de 70
años, y agregó que por voz del síndico de Mixtepec se sabe que “fueron
quemadas cinco casas dentro de la zona en conflicto”.
La pista del dinero
La
madrugada del 24 marzo de 2013 el presidente municipal de San Juan
Mixtepec, Feliciano Martínez Bautista y su escolta Policarpo Remigio
Rojas fueron asesinados en una emboscada en la carretera
Juxtlahuaca-Mesón de Guadalupe.
Aunque las autoridades no han
revelado cuáles son las líneas de investigación del caso, cuatro días
antes de su asesinato el edil había pedido –por la “mala calidad en la
ejecución de los trabajos”– la cancelación de las obras de modernización
y ampliación del camino San Juan Mixtepec-Tlaxiaco, las cuales Caminos y
Aeropistas de Oaxaca (CAO) había adjudicado a Ingenieros Consultores de
Oaxaca (ICO).
El 20 de marzo le habían notificado al edil que la
ejecución de la obra quedaría en manos del municipio, según documentos
que Proceso pudo consultar.
De acuerdo con el acta de la primera
sesión extraordinaria del Comité Municipal de Regulación y Seguimiento,
celebrada el 20 de marzo, el alcalde solicitó ser el ejecutor de la obra
porque “ya la población exige avances (…) en virtud de que en dos años
CAO como ejecutor estuvo en el mismo kilometraje y a estas alturas de
2013 el camino tiene baches y no está terminado”.
Con la muerte
del alcalde, la obra –cuyo costo estimado es de 18 millones de pesos–
volvió a CAO, dependiente de la Secretaría de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) de Oaxaca.
En un
acta del cabildo de Mixtepec fechada el 25 de enero de 2012, el
presidente municipal Martínez Bautista denunció que los “23 kilómetros
más 500 metros ejecutados por CAO presentan daños debido a la pésima
calidad de los materiales empleados y a la mala ejecución de los
trabajos”.
Según el oficio de cancelación total OCT/006/2012, la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI,
promotora de la obra) notificó el 24 de octubre de 2012 al titular de la
Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra López, que “en el marco del
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos
Indígenas cancelaron recursos federales por un monto de 3 millones 262
mil 516 pesos para la obra de modernización y ampliación del camino San
Juan Mixtepec-Tlaxiaco”.
Esto significaba que la CDI únicamente
transfirió a CAO 1 millón 170 mil 709 pesos, que le fueron pagados a
ICO. El recurso federal destinado este año a esa obra es de 14 millones
527 mil pesos, que iban a ser ejercidos por el municipio de Mixtepec.
26 de diciembre de 2013)
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