MONTERREY, N.L. (apro).- El alcalde del municipio de Benito Juárez, Rodolfo Ambriz, indemnizará a los familiares y ofrecerá una disculpa pública por la desaparición, en 2011, de cuatro jóvenes que fueron detenidos por policías municipales, quienes luego los entregaron a Los Zetas.
Estas
acciones se desprenden de la recomendación 52/2013 emitida el 29 de
abril por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relacionada
con la desaparición de los muchachos.
Al alcalde panista se le ordena también reparar en lo posible el daño provocado por los agentes.
La CEDH anunció que, el 3 de mayo pasado, el edil aceptó cumplir la recomendación en su totalidad.
Luz
María Durán informó, en entrevista, que su hijo Israel Arenas Durán, de
17 años, fue secuestrado el 17 de junio del 2011, cuando salió de una
cantina en ese municipio. Al parecer, el joven no completó el dinero
para pagar la cuenta.
El hermano menor, que llevaba dinero para
saldar el adeudo, observó cómo la camioneta en la que se desplazaba
Israel fue perseguida por un agente de tránsito juarense, que lo detuvo,
lo sometió y, esposado, lo obligó a subir a una camioneta particular.
Fue la última vez que se vio a Israel, quien desapareció con tres amigos que lo acompañaban.
Durán
dijo que un agente de Tránsito se encuentra detenido y es procesado por
la desaparición. Otro agente vial que participó en los hechos se
encuentra prófugo.
Consuelo Morales Elizondo, presidenta de la
agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), señaló
que las investigaciones arrojaron que los secuestradores eran de la
banda de Los Zetas.
“Al aceptar que los policías de Juárez se
llevaron a Israel junto con otros amiguitos y los entregaron a Los
Zetas, está reconociendo que fue un gravísimo error y que es un delito y
por eso uno de ellos ya está en la cárcel. Esto lo tiene que reconocer
la máxima autoridad del municipio”, dijo la activista, quien durante la
entrevista estuvo junto a Durán.
El día en que ocurrió el crimen, el alcalde de Benito Juárez era el priista Luis García.
Mediante
una tarjeta informativa, la CEDH explicó que su investigación acreditó
la desaparición forzada de estas cuatro personas, “la privación de la
libertad, la intervención directa de los agentes (elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del municipio de
Juárez, Nuevo León) la negativa de reconocer la detención y revelar la
suerte o paradero de las personas”.
Se concluye que a las víctimas
les fueron violentados sus derechos a la integridad, a la seguridad
personal y de sus familiares (tratos crueles e inhumanos); y a la
seguridad jurídica en relación con la obligación de respetar y proteger
los derechos humanos, por parte de funcionarios gubernamentales.
En
el resolutivo se le pide al presidente municipal de Benito Juárez que
repare el daño a los familiares directos de personas desaparecidas y que
otorgue una indemnización a los familiares directos dependientes
económicos de los desaparecidos.
El apoyo debe incluir becas para los menores de edad estudiantes y ayuda para obtener empleo para los mayores desempleados.
Se
le pide que ofrezca una disculpa pública que incluya el reconocimiento
de los hechos y la aceptación de responsabilidades, en desagravio de las
víctimas y para satisfacción de sus familiares.
Se le pide
también al alcalde que se instruya a la oficina municipal
correspondiente que aplique una sanción administrativa a los
responsables de los hechos; que colabore con la procuraduría del Estado
para que aporte las pruebas disponibles para avanzar en la investigación
y que proporcione atención médica y sicológica a los familiares
directos.
También se le pide que capacite a su personal en
principios y normas de protección de los derechos humanos,
“especialmente los relacionados con la detención de personas y sus
derechos en el desarrollo de la privación de su libertad”.
/10 de mayo de 2013)
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