VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El caso del menor vendedor
humillado el pasado miércoles 24 por un par de servidores públicos del
ayuntamiento de esta ciudad provocó una reacción en cadena pocas veces
vista antes por parte de los gobiernos estatal y municipal, la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y los organismos
local y federal de derechos humanos.
En el primer caso, el gobernador Arturo Núñez anunció que su gobierno
otorgará una beca escolar al niño indígena chiapaneco además de
brindarle tratamiento psicológico especializado.
A su vez, el gobierno municipal despidió a los inspectores Juan Diego
López Jiménez y Carmen Torres Díaz y la PGJE fincó cargos contra ambos
servidores públicos: los acusa de los presuntos delitos de abuso de
autoridad y robo con violencia moral, de acuerdo con la averiguación
previa CAMVI-II-537/2013 abierta por la Dirección de Atención a Víctimas
Vulnerables.
Torres Díaz fue detenida la tarde de este viernes.
Desde el pasado miércoles 24, la PGJE había girado orden de
localización y presentación contra ambos como presuntos responsables de
los abusos que sufrió el pequeño tzotzil chiapaneco en la Zona Luz, como
se conoce al Centro Histórico de esta ciudad.
María Díaz, tía del niño, al comparecer ante personal del Centro de
Atención a Menores, Víctimas e Incapaces (CAMVI), relató que el lunes 22
de julio, cerca de las 14:30, su sobrino llegó llorando hasta el lugar
donde ella vende ropa y le contó que un adulto (Juan Diego López
Jiménez) del área de Reglamentos del ayuntamiento de Centro, le había
agarrado la canasta y tirado los dulces al suelo, llevándose tres
cajetillas de cigarros.
La mujer, que también se dedica a la venta de dulces y cigarros,
refirió que hace una semana trajo al pequeño porque está de vacaciones y
quería obtener ingresos para sus útiles escolares.
También dijo que el menor vive con sus abuelos Salvador Díaz Pérez y Dominga Hernández Pérez en San Juan Chamula.
Atrae CNDH el caso
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió queja de
oficio y atrajo el caso, mientras que su similar estatal presentó
demanda ante la PGJE por la posible comisión de los delitos de trata de
personas, en su modalidad de explotación infantil y abuso de autoridad.
En un comunicado, la CNDH informó que, desde que los medios de
comunicación difundieron este hecho, personal de ese organismo acudió
al lugar para buscar a la víctima y recabar testimonios.
Asimismo, se puso en contacto con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) para indagar el paradero del niño indígena tzotzil.
Sostuvo que, en reiteradas ocasiones, la CNDH ha hecho hincapié “en
que resulta inaceptable toda forma de violencia contra los menores, en
especial contra los indígenas que constituyen uno de los grupos de la
población más vulnerables de nuestro país”.
Además, advirtió que la CNDH investigará y dará seguimiento a las
pesquisas que hagan las autoridades de Tabasco, a fin de proteger a la
víctima y que, en su momento, determinará lo que a derecho corresponda.
En tanto, el ombudsman estatal informó que, conforme a las facultades
constitucionales de que está investida, inició la averiguación previa
AP-CAMVI-II-537/2013 por los posibles delitos de explotación infantil y
abuso de autoridad.
El expediente fue abierto por Nidia Gallegos Pérez, tercera
visitadora general de la CEDH, ante quien compareció María Díaz, tía del
menor, quien informó que éste es huérfano y vive con sus abuelos.
La CEDH buscó al niño Manuel Díaz para brindarle atención legal y
psicológica, pero sólo pudo entrevistar a María Díaz, quien rechazó el
apoyo.
Al mismo tiempo, la CEDH remitió medidas cautelares al alcalde de
Centro, Humberto de los Santos Bertruy, para que adopte las acciones
legales pertinentes, con el fin de garantizar la integridad física y
psicológica del menor, así como el resguardo de los productos que le
fueron decomisados.
/26 de julio de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario