Los escándalos desatados en las últimas semanas por temas de
corrupción, que involucran a figuras que han desempeñado
responsabilidades de alto nivel político, como los gobiernos de los
estados, exhiben, crudamente, una de las más grandes fallas de la
llamada transición política mexicana: la debilidad o, en su caso, la
franca ausencia de contrapesos y vigilancia a la hora de ejercer el
Poder Ejecutivo en los estados de la República.
Virreyes, les llaman algunos a los gobernadores para dar cuenta del fenómeno que se gestó y que dotó –como en su momento los tuvo el Ejecutivo federal– de poderes metaconstitucionales y autoritarios, como herencia viva del viejo régimen, a los gobernadores. “Autoritarismo descentralizado”, se le oyó decir, algún día, a Porfirio Muñoz Ledo para referirse al tema.
En un casi equilibrio político, los casos más sonados se refieren a tres ex gobernadores de partidos diferentes: Andrés Granier, del PRI; Luis Armando Reynoso, del PAN, y Juan Sabines, postulado por el PRD, y se agregan ahora los nombres de Fidel Herrera Beltrán y José Murat, según denuncia presentada en la PGR.
Granier llegó a la cárcel federal en el DF, pero sigue siendo reclamado por Tabasco. Acusado por delitos en ambos fueros, el ex gobernador enfrenta cargos por desfalco al erario, lavado de dinero y otras acusaciones.
Reynoso Femat ha promovido amparos contra la orden de aprehensión en su contra por delitos y peculado por 13,800,000 de pesos.
Revelaciones periodísticas exhiben propiedades e inversiones que involucran también a su hijo y al amigo de su hijo, en algo a lo que le urge una averiguación ministerial.
En el caso del ex gobernador Sabines, diversos medios han dado cuenta de irregularidades en el uso de dinero público durante su mandato. El caso de la adquisición de reactivos médicos para pruebas de VIH que, de haber sido comprados y aplicados, en realidad, habrían cubierto a la población entera de Chiapas, EZLN incluido, lo cual no sólo no sucedió sino que resulta totalmente inverosímil como gasto público, es sólo uno de ellos.
Lo de Sabines ya trascendió a los medios y el tema ha llegado a la PGR.
Esta semana el abogado Horacio Culebro Borrayas presentó un voluminoso expediente con decenas de facturas a nombre del gobierno de Chiapas, decenas de facturas expedidas por cuatro constructoras: Goli, Moraza, Alzurio y del Sureste, que fueron beneficiadas con obras públicas en contratos millonarios.
El abogado presume –y así lo presenta en su denuncia formal- que las constructoras mencionadas son controladas de los ex gobernadores José Murat, de Oaxaca, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz. La presunción es que estas empresas, junto con otra de nombre Pakal, relacionadas con los ex gobernadores de Oaxaca y Veracruz, recibieron, por asignación directa, los contratos por intervención de Sabines.
Noticias MVS tiene el mismo expediente que fue entregado a la PGR e iniciará su propia investigación.
En el caso de Murat, ha respondido en llamadas -fuera del aire- al noticiero matutino, afirmado que él no tiene ni ha tenido constructora alguna en propiedad.
La Procuraduría estará obligada a investigar lo que Culebro Borrayas ha dejado en poder de la PGR y de los periodistas que han hablado con él.
Entre los papeles que el abogado entregó se encuentran estados de cuenta bancarios de HSBC en copia simple.
En su comparecencia, el denunciante le pidió a la PGR que solicite al SAT que informe si estas constructoras “... están dadas de alta en el fisco y si cubrieron impuestos fiscales correspondientes, además que se investigue a quién o a quiénes se le hacía cheques, depósitos o transferencias bancarias que están especificadas en dichos estados de cuenta”.
También pide que se solicite a SCT y a la Secretaría de Infraestructura de Chiapas que “verifiquen si se realizaron dichas obras o éstas no se realizaron, ya que se tiene visto y entendido que, de dichas obras, algunas no se completaron y otras definitivamente no se hicieron, y que una vez que se encuentren debidamente comprobadas las aseveraciones que me permito hacer se consigne al juez penal correspondiente”.
El caso en el que se involucra a los ex gobernadores Sabines, Herrera y Murat es de grandes dimensiones. Probablemente de mayor alcance que los de Granier y Reynoso juntos, no sólo por el monto de los contratos involucrados: 123 obras por asignación directa por un monto global de 1’829,235,938.32, sino por la presunción de una acción concertada entre esos tres ex gobernadores.
Virreyes, les llaman algunos a los gobernadores para dar cuenta del fenómeno que se gestó y que dotó –como en su momento los tuvo el Ejecutivo federal– de poderes metaconstitucionales y autoritarios, como herencia viva del viejo régimen, a los gobernadores. “Autoritarismo descentralizado”, se le oyó decir, algún día, a Porfirio Muñoz Ledo para referirse al tema.
En un casi equilibrio político, los casos más sonados se refieren a tres ex gobernadores de partidos diferentes: Andrés Granier, del PRI; Luis Armando Reynoso, del PAN, y Juan Sabines, postulado por el PRD, y se agregan ahora los nombres de Fidel Herrera Beltrán y José Murat, según denuncia presentada en la PGR.
Granier llegó a la cárcel federal en el DF, pero sigue siendo reclamado por Tabasco. Acusado por delitos en ambos fueros, el ex gobernador enfrenta cargos por desfalco al erario, lavado de dinero y otras acusaciones.
Reynoso Femat ha promovido amparos contra la orden de aprehensión en su contra por delitos y peculado por 13,800,000 de pesos.
Revelaciones periodísticas exhiben propiedades e inversiones que involucran también a su hijo y al amigo de su hijo, en algo a lo que le urge una averiguación ministerial.
En el caso del ex gobernador Sabines, diversos medios han dado cuenta de irregularidades en el uso de dinero público durante su mandato. El caso de la adquisición de reactivos médicos para pruebas de VIH que, de haber sido comprados y aplicados, en realidad, habrían cubierto a la población entera de Chiapas, EZLN incluido, lo cual no sólo no sucedió sino que resulta totalmente inverosímil como gasto público, es sólo uno de ellos.
Lo de Sabines ya trascendió a los medios y el tema ha llegado a la PGR.
Esta semana el abogado Horacio Culebro Borrayas presentó un voluminoso expediente con decenas de facturas a nombre del gobierno de Chiapas, decenas de facturas expedidas por cuatro constructoras: Goli, Moraza, Alzurio y del Sureste, que fueron beneficiadas con obras públicas en contratos millonarios.
El abogado presume –y así lo presenta en su denuncia formal- que las constructoras mencionadas son controladas de los ex gobernadores José Murat, de Oaxaca, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz. La presunción es que estas empresas, junto con otra de nombre Pakal, relacionadas con los ex gobernadores de Oaxaca y Veracruz, recibieron, por asignación directa, los contratos por intervención de Sabines.
Noticias MVS tiene el mismo expediente que fue entregado a la PGR e iniciará su propia investigación.
En el caso de Murat, ha respondido en llamadas -fuera del aire- al noticiero matutino, afirmado que él no tiene ni ha tenido constructora alguna en propiedad.
La Procuraduría estará obligada a investigar lo que Culebro Borrayas ha dejado en poder de la PGR y de los periodistas que han hablado con él.
Entre los papeles que el abogado entregó se encuentran estados de cuenta bancarios de HSBC en copia simple.
En su comparecencia, el denunciante le pidió a la PGR que solicite al SAT que informe si estas constructoras “... están dadas de alta en el fisco y si cubrieron impuestos fiscales correspondientes, además que se investigue a quién o a quiénes se le hacía cheques, depósitos o transferencias bancarias que están especificadas en dichos estados de cuenta”.
También pide que se solicite a SCT y a la Secretaría de Infraestructura de Chiapas que “verifiquen si se realizaron dichas obras o éstas no se realizaron, ya que se tiene visto y entendido que, de dichas obras, algunas no se completaron y otras definitivamente no se hicieron, y que una vez que se encuentren debidamente comprobadas las aseveraciones que me permito hacer se consigne al juez penal correspondiente”.
El caso en el que se involucra a los ex gobernadores Sabines, Herrera y Murat es de grandes dimensiones. Probablemente de mayor alcance que los de Granier y Reynoso juntos, no sólo por el monto de los contratos involucrados: 123 obras por asignación directa por un monto global de 1’829,235,938.32, sino por la presunción de una acción concertada entre esos tres ex gobernadores.
(ZOCALO/ Columna de Carmen Aristegui/ 28 Junio 2013)
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