EL OCASO DE LA FISCAL DE HIERRO

Raymundo Riva Palacio

Marisela Morales se preparó hace tiempo para la muerte. Su función como una fiscal muy agresiva contra criminales de catálogo, le hacían pensar recurrentemente que esa mañana podría ser su última. 

 

Hacía mucho tiempo que vivía dentro del Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México, bajo la protección extraordinaria de los militares. Sus cosas personales siempre estaban en orden, para que su familia no tuviera problemas adicionales el día que tocara la puerta lo que pensaba su destino. 

 

La muerte, pero no la cárcel, era quien siempre se sentaba a esperarla en la sala de su casa hasta esta semana, al tomar su vida ese giro rabiosamente inesperado.

Desde el interior de la PGR que encabezó hasta el último día de noviembre pasado, voló un expediente hasta la prensa donde se revelaba que sus subalternos habían otorgado contratos fantasmas a una empresa de Tabasco por 92 millones de pesos en los cinco últimos meses del gobierno de Felipe Calderón.

 

 A Morales, que había superado anímicamente el desvanecimiento de sus paradigmáticos casos sobre narcopolíticos y narcogenerales, y las acusaciones de un manejo irregular de testigos protegidos, le encontraron el punto débil. 

 

“Debe pedir licencia, regresar a rendir cuentas y transparentar los recursos que tuvo a su cargo”, acusó el presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero. “Está obligada a aclarar cualquier presunta irregularidad administrativa”.

Fiscal con mano de hierro y carácter irascible –tiraba objetos pesados a sus colaboradores cuando se enojaba-, las acusaciones de corrupción la han reblandecido. 

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha podido blindarla hasta ahora de las imputaciones derivadas de su gestión como procuradora general en el Consulado general en Milán, difícilmente podrá hacerlo de un caso de corrupción si logran involucrarla.

 

 Ella debe estar conciente de lo que viene porque está nerviosa, a decir de las llamadas telefónicas desde Italia a la cancillería mexicana, donde se han externado las preocupaciones de que avance seriamente una investigación en las cámaras.

El problema le explotó a Morales por la espalda, sin aviso alguno que venía. Habrá no pocos que piensen que es justicia poética.

Soldado incondicional de los presidentes panistas, funcional siempre a los intereses políticos de sus jefes, preparó el caso para meter a Andrés Manuel López Obrador a la cárcel, golpear al PRD en Michoacán con la detención de decenas de funcionarios y alcaldes a un mes de la elección donde competía la hermana del presidente, y satisfacer la ansiedad de venganza de sus amigos los generales. 

 

Sin límite, resolvió con violencia burocrática problemas personales en la PGR, como parte de algunos de los botones que marcan una trayectoria hoy seriamente cuestionada.

Morales fue designada por el Presidente como cónsul general, en uno de los nombramientos más extraños del nuevo gobierno. 

 

Al frente de la PGR desde septiembre de 1911, cuando la convirtió en el brazo ejecutor –a través de la justicia- de vendettas políticas, fue artífice en la construcción de los casos de narcopolítica contra ex gobernadores priistas –Manuel Cavazos, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, de Tamaulipas-, alcaldes priistas –Jorge Hank Rhon de Tijuana-, de generales caídos en desgracia castrense –como Tomás Ángeles Dauahare-, y de mantener la amenaza, mediante averiguaciones abiertas, en contra de Miguel Ángel Osorio Chong de Hidalgo –hoy secretario de Gobernación-, Fidel Herrera de Veracruz e Ismael Orozco de Durango.

Todos los casos con tufo político se la han venido cayendo, ante la satisfacción de quienes trabajaron con ella en el pasado y nunca les gustaron sus formas, y la decepción de quienes, como el ex presidente Felipe Calderón, habían puesto todas las expectativas en ella. 

 

En la más grande paradoja que podría vivir, los priistas están hoy detrás de ella, y los panistas, por quienes extralimitó sus funciones y la ley, comienzan a alejarse de ella.

Ya no es la oscura funcionaria recién llegada a la Subprocuraduría encargada del combate a la delincuencia organizada a quien responsabilizaron de la investigación de la “Operación Limpieza”, que fue uno de sus orgullos. 

 

Hoy, cuando esa operación se convirtió en la metáfora de la judicialización de la política y el abuso del poder, nadie quiere responsabilizarse de aquél nombramiento. 

 

“Llegó a la PGR por petición del general Galván”, dijo un ex funcionario que recordó que el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, fue quien sugirió su nombre al entonces presidente Felipe Calderón. 

 

El propio Calderón, quien la respaldó hasta el final de su gobierno, se encuentra decepcionado ante las crecientes evidencias de cómo utilizó la justicia para ajustes de cuentas, personales y por encargo. 

 

Los periodistas a quienes alimentaba con investigaciones en curso, ahora la golpean. Los dueños de los medios con quienes convivió estrechamente, procuran olvidarla.

La ex procuradora vive hoy en día su ocaso. Como funcionaria, su gestión está severamente cuestionada y varios de los ex funcionarios a quienes metió en la cárcel, hoy libres por falta de pruebas, aún consideran demandarla. 

 

Como ser humano, personas que estuvieron muy cerca de ella en la vida y el trabajo, que al final de la administración fueron crucificados y exhibidos como corruptos, esperan el momento de la venganza.

 

 Cuántos funcionarios más habrá lastimado en su paso por la PGR para que desde la fortaleza que ella ayudó a construir, para bien y para mal, haya salido la daga que perforó el hierro de esa fiscal a la cual, hasta hoy, le tembló la mano y le preocupó su destino.