MÉXICO, D.F. (apro).- Los priistas son muy cumplidores. Tanto
que ante “el bloqueo” del resto de los partidos en la Cámara de
Diputados, acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) para que, mediante resolución judicial, se obligue a
sesionar al Congreso de la Unión.
Nunca los priistas habían defendido con tanto ahínco su obligación
de legislar. Hoy lo hacen, no porque pretendan desquitar los más de 200
mil pesos mensuales que ganan, ni porque sean unos brillantes
impulsadores de reformas. No. Se trata de un asunto de impunidad.
Detrás de su arrojada decisión de acudir al Tribunal Electoral está
la urgencia de Enrique Peña Nieto por cerrar en definitiva el caso
Monexgate y con ello anular cualquier reclamo de ilegitimidad.
Hay que recordar que apenas el miércoles 29 el TEPJF determinó “por
unanimidad” dar la razón a la fracción del PRI que encabeza el sonorense
Manlio Fabio Beltrones Rivera y, para “proteger los derechos políticos”
de los ciudadanos, ordenó al Congreso de la Unión elegir de una vez por
todas al sucesor del filo-priista Sergio García Ramírez en el Consejo
General del Instituto Federal Electoral (IFE).
El tema, que mereció poco espacio en los medios de comunicación, fue
opacado por toques de queda “auto-inflingidos” en comunidades de
Michoacán; por la desaparición de 11 jóvenes en un bar del Distrito
Federal; por la postergación del “apagón analógico”, y la lucha de poder
entre Miguel Angel Osorio Chong y Luis Videgaray (secretarios de
Gobernación y de Hacienda, respectivamente), y también, suponen algunos,
por una decisión que salió de las oficinas presidenciales.
Como sea, lo que hay que entender es que detrás de esta decisión
“unánime” del TEPJF y la urgencia del PRI se esconde el deseo de
mantener la impunidad.
Me explico. En febrero pasado, el IFE reconoció lo que durante dos
meses denunciaron PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC): que durante
la campaña electoral de Peña Nieto el PRI recurrió a triangulación de
recursos prohibida por la ley, donde se recurrió a cinco bancos, una
decena de empresas privadas –una de ellas vinculadas a Sergio García
Ramírez–, y que se desconocía el origen de los recursos, así como a
dónde habían ido a parar por lo menos 43 millones de pesos.
El IFE aceptó todo lo anterior pero consideró que no fue “ilegal” la
operación. Los nueve consejeros se dividieron: cuatro estaban por
aceptar el análisis del encargado de revisar las cuentas, cuatro más por
considerarlo ilegal, y por lo tanto sancionar al PRI, y el noveno voto
se mantuvo en suspenso hasta el último momento, el del filo-priista
García Ramírez.
Al observar García Ramírez que su voto daría la exoneración al
partido que le dio trabajo durante varias décadas, decidió inclinar la
balanza hacia el PRI. La votación quedó 5 a 4 a favor de la exoneración.
Su actuación generó un torrente de críticas. Dos semanas más tarde,
el IFE analizaría y votaría los “gastos de campaña”. De nuevo el
dictamen, considerado burdo en su defensa hacia el PRI por hacer válidas
facturas absurdas, dividió el voto e, incluso, durante la discusión de
consejeros salió a relucir de nuevo el Monexgate; además se aceptó
reabrirlo de manera indirecta.
Para esa sesión, el torrente de críticas hacia Sergio García Ramírez
hacía insostenible su permanencia como consejero general del IFE, por lo
que de manera sorpresiva y tratando de rescatar un poco de su prestigio
político renunció y no emitió su voto. Es decir, no “desempató” el
tema.
El empate provocó que el Consejo determinará posponer la votación, la
cual se definirá la primera semana de julio; en tanto, el PRI en la
Cámara de Diputados trataría de imponer a un consejero afín a sus
deseos, pero PAN y PRD se opusieron a elegir al nuevo integrante del IFE
ya que, argumentaron, “su presencia no es indispensable, pues no hay en
puerta elección federal alguna” y, de paso, el Estado se ahorraría otro
estratosférico salario.
Por otro lado, la ley electoral establece plazos para elegir al
consejero, tiempos que PRD y PAN ignoraron, de ahí que el PRI haya
recurrido al TEPJF para que por “orden” de éste los diputados elijan de
una vez por todas al sustituto de García Ramírez y este relevo pueda
votar a favor de los priistas la primera semana de julio.
Al PRI le urge dar carpetazo al Monexgate y a las dudas que pesan
sobre cómo y desde dónde se financió la campaña de Peña Nieto, por eso
su urgencia por legislar no es un asunto de responsabilidad sino de
impunidad.
Pero aunque se obligue a la Cámara de Diputados a definir el noveno
consejero, lo más probable es que ello ocurra en un periodo
extraordinario de sesiones, pues PRD y PAN ya anunciaron que no votarán
por ningún personaje que proponga el PRI, y advierten: “Podrán
obligarnos a sesionar pero no a votar con el PRI, por lo que nunca se
alcanzarán las dos terceras partes que se necesitan” para desahogar el
punto.
Como están las cosas, el tema de gastos de campaña y Monexgate será
votado en el IFE, de nuevo, por ocho y no los nueve consejeros
electorales.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Twitter: @jesusaproceso
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/31 de mayo de 2013)
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