Nuevas
investigaciones… viejo olvido de la autoridad…
El Movimiento
5 de Junio convoca a Hermosillo, Sonora y México a participar el próximo
miércoles 5 de junio en una mega marcha de las ruinas de la Guardería ABC a la
plaza Emiliana de Zubeldía, en conmemoración de los 4 años de la tragedia que
enlutó al país y cuyas investigaciones permanecen en los linderos de la
impunidad…
Alejandro Matty Ortega / Dossier Politico
El próximo 5 de
junio se llevará a cabo una marcha más en la exigencia de justicia para cada
uno de los niños que perdieron la vida el pasado 5 de junio en el incendio de
la Guardería ABC.
El Movimiento 5 de
Junio convoca a Hermosillo, Sonora y México a participar el próximo miércoles 5
de junio en una mega marcha de las ruinas de la Guardería ABC a la plaza
Emiliana de Zubeldía, en conmemoración de los 4 años de la tragedia que enlutó
al país y cuyas investigaciones permanecen en los linderos de la impunidad.
El señor Francisco
García, padre del niño Andrés Alonso, informó en días pasados que el M5J
llevará a cabo una jornada para recordar a las víctimas del lamentable suceso,
que exhibe ante la opinión pública internacional un sistema de procuración e
impartición de justicia acéfalo y una falla sistémica que corroe las
estructuras de Gobierno en México.
Expuso que el día
domingo 2 de junio se realizará un concierto infantil en la plaza Emiliana de
Zubeldía; el lunes 3, una presentación de videos cuya temática versa sobre los
hechos de ese viernes donde 49 niños perdieron la vida; el martes, el foro denominado
“Caso ABC, a Cuatro Años de Impunidad”.
El miércoles las
actividades iniciarán a las 10:00 horas con una misa en la iglesia San José; y
a las 18:00 horas comenzará una marcha cuyo punto de inicio será el edificio en
ruinas de la estancia infantil hasta la Plaza Emiliana de Zubeldía.
Padres que perdieron
a sus hijos en la tragedia del 5 de junio entregaron nueva evidencia a la
Procuraduría General de la República donde establecen que Carlos Andrés López
Meza, quien fue asesinado 2 meses después, y tres trabajadores más, provocaron
el incendio de la Guardería ABC al pretender desaparecer evidencia de la deuda
contraída por el ex gobernador Eduardo Bours Castelo para las obras del PSP.
Integrantes de
“Manos Unidas por Nuestros Niños” presentaron una nueva denuncia ante la
Procuraduría General de la República que viene a dar un vuelco en las
investigaciones sobre la tragedia del pasado 5 de junio del 2009, al afirmar
que el incendio en la bodega de Hacienda fue provocado personas al servicio del
guardaespaldas de Juan Carlos Lam, ex secretario Técnico de Eduardo Bours quien
presuntamente tenía la orden de quemar registros sobre la deuda contraída en el
Plan Sonora Proyecta.
La aseveración hecha
llegar a la PGR, da un giro trascendental en el ominoso expediente ABC que en
16 días llegará a 4 años donde la impunidad ha sido la constante en las
instancias de procuración e impartición de justicia en México, lo que ha
evidenciado una terrible falla sistémica del Poder Judicial el Estado Mexicano.
Encabezados por el
representante legal, Gabriel Alvarado y las señoras Juana Luna y Julia
Escalante, el grupo se presentó el pasado viernes a las oficinas centrales de
la PGR de la capital del país a fin de aportar nuevos los elementos donde
exponen la participación de “tres personas sospechosas”, llamadas telefónicas y
testimonios de vecinos que refuerzan los resultados del primer peritaje que
afirma que el incendio “fue provocado por la mano del hombre”.
EL COMUNICADO
A través de un
comunicado, “Manos Unidas” informó que “se ha entregado a la Procuraduría
General de la República un documento en el que se establece que conforme a
diversos datos recientemente obtenidos, el incendio en el que murieron nuestros
hijos fue intencionalmente provocado con la finalidad de destruir documentación
relacionada con la deuda de 10 mil
millones de pesos generada en el sexenio del ex gobernador Eduardo Bours
Castelo en la aplicación de su programa de obras llamado Plan Sonora”.
Asimismo se sabe que
esta acción fue llevada a cabo por tres
personas comandadas por el de nombre Carlos Andrés López Meza, quien trabajaba
como chofer y guardaespaldas personal del señor
Juan Carlos Lam Félix, quien a su vez ostentaba el cargo de Secretario Técnico del ex gobernador Eduardo
Bours Castelo.
Casualmente a dos
meses del incendio, Carlos Andrés López Meza fue encontrado muerto de nueve
impactos de bala y a decir de su viuda
no se ha dado a conocer el resultado de la
investigación, seguramente afirma, porque no se ha investigado nada
a pesar de que trabajaba como escolta de
una persona que ostentaba en su tiempo uno de los más altos cargos en el
Gobierno del Estado de Sonora.
Sabemos de la
cercanía del señor Juan Carlos Lam Félix con el señor Eduardo Bours Castelo y
no creemos que el ex gobernador haya
tenido algo que ver en todo esto, por ello estamos seguros que él será el
primer sorprendido ante este hallazgo, y no usara su poder económico ni el de
su grupo político para obstruir la justicia.
Esperamos que el
Presidente Enrique Peña Nieto cumpla su palabra y no le tiemble la mano en
investigar la verdad, caiga quien caiga
y los involucrados en estos muy lamentables hechos sean sometidos a la acción
de la justicia, sin importar su condición política, económica o social.
Es fundamental que
el nuevo Gobierno Federal haga efectivo su principal postulado y de la
seguridad de que nada ni nadie estarán por encima de la Ley.
Atentamente:
Manos Unidas por Nuestros Niños
Al inicio de la
nueva investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) que pidió
al Gobierno del Estado un informe del PSP, el ex procurador general de Justicia
del Estado, Abel Murrieta Gutiérrez aseguró que en la bodega sólo había placas,
“el estudio de peritos externos dice que fue un accidente el incendio de la
Guardería ABC y no fue provocado”.
Murrieta Gutiérrez
quien el lunes 8 de junio aseveró que el origen del incendio en la Guardería
ABC fue producto de un cortocircuito en uno de los coolers de la instancia
infantil, afirmó que él sólo duró 15 días con la investigación y el nombre de
Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam, no salió en las
investigaciones, “si yo hice algo u omití algo no fue intencional”, manifestó
Abel Murrieta.
Difícil establecer
el origen del incendio en la Guardería ABC después de que la denominada “Zona
Cero” ha sido contaminada por decenas cientos de personas que ingresaron desde
el pasado 5 de junio hasta la llegada de los peritos internacionales de la The
McMullen Company.
EL COOLER
A sólo dos días de
los lamentables acontecimientos ya se hablaba de un corto circuito o
calentamiento del motor de un “cooler” como la causa probable del fuego,
hipótesis respaldadas por los entonces titulares de la PGJE y PGR, Abel
Murrieta Gutiérrez y el delegado Juan de Dios Godoy.
El pasado 8 de junio
del 2019 y apoyados en fotografías y gráficas en tercera dimensión sobre la
manera en que se dieron los hechos, los funcionarios públicos le presentaron a
los medios de comunicación los avances que se tenían y hacia dónde apuntaban
las investigaciones sobre el origen del siniestro.
“Una de las
hipótesis es el calentamiento del motor del “cooler” que haya generado el
derretimiento de sus partes y caído sobre la papelería que se encontraba en el
lugar iniciando el fuego, esta es la teoría más acertada que han encontrado; la
otra pudiera ser las deficiencias en las instalaciones eléctricas para operar
el cooler”.
En ese entonces, el
Procurador hablaba de que “de acuerdo a las primeras investigaciones, se
desprende que el fuego inició en el almacén ubicado en la parte central de una
bodega del Gobierno del Estado donde se encontraba papelería diversa, estantes
y placas de automóviles”.
“Al ser sólo una
construcción y estar una pared o muro divisorio entre el almacén y la
guardería, cuyo techo es de estructura metálica y revertido con poliuretano
espriado, provocó que el fuego se esparciera más rápidamente sobre el inmueble,
“sabemos que el punto o inicio del fuego fue el almacén de la parte media de la
construcción”.
LOS INCENDIOS DE HACIENDA
En su momento, el dirigente
del PRD nacional, Jesús Zambrano Grijalva, los incendios registrados en las
bodegas que ha utilizado el Gobierno del Estado para albergar documentación y
placas bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda Estatal, deben ser
investigados y aclarados por las autoridades.
El líder del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) expuso que “estos hechos deben ser
aclarados, la Procuraduría debe ir al fondo de estas acciones que resultan
extrañas, es demasiada coincidencia que en tiempos distintos suceda lo mismo es
las bodegas donde se tiene bajo resguardo documentación importante del Gobierno
del Estado”.
Dossier Político
publicó el artículo “Los incendios de Hacienda” donde se detalló que el pasado
29 de septiembre de año 2002, bajo la administración del ex gobernador de
Sonora, Armando López Nogales, un incendio consumió la bodega de la Secretaría
de Finanzas del Estado, la cual se ubicaba en el kilómetro 1.3 del bulevar
García Morales.
Informes obtenidos
por Dossier Político indican que la tarde de ese último domingo del mes, el
fuego arrasó centenares de cajas foliadas que contenían documentos oficiales
como facturas y papelería varia, además mobiliario y equipo de oficina; por
fortuna, en el hecho no resultaron personas lesionadas ni víctimas qué
lamentar.
A más de 10 años de
ese incidente, ninguna autoridad estatal ha dado explicación alguna sobre lo
ocurrido ese 29 de septiembre del 2002 ni sobre el material siniestrado; menos
aún, de peritajes que establezcan un posible accidente o más aún, si intervino
la voluntad humana.
Derivado de la
destrucción del inmueble por incendio, el Gobierno del Estado determinó
reubicar la sede de la Secretaría de Finanzas (Hacienda Estatal) a la nave industrial
ubicada en la calle Ferrocarrileros y Vaqueros, de la colonia Y Griega, de
Hermosillo, Sonora.
La bodega de
resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, era la función del
inmueble rentado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
De acuerdo al
contrato de arrendamiento, ambas partes estuvieron de acuerdo en el uso que se
le daría a la bodega localizada en calle Ferrocarrileros, entre Mecánicos y
Vaqueros de la colonia “Y Griega”, contigua a la Guardería ABC subrogada por el
IMSS.
En la declaración
Quinta (V) del documento (contrato), se especifica que la bodega se utilizaría
para desarrollar actividades y objetivos que tiene a su cargo la Dirección
General de Recaudación.
“Declara -el
arrendatario- que está de acuerdo en rentar el inmueble que se detalla, el cual
se utilizará para la instalación de bodega de resguardo de placas de la
Dirección General de Recaudación, mismo que se utilizará para desarrollar las
actividades y objetivos que tiene a su cargo esta dependencia de acuerdo al
Plan de Desarrollo Estatal”
Además de lo
anterior y de acuerdo al mismo documento, ambas partes convinieron en que el
monto mensual de la renta sería por la cantidad de $41 mil 337.29 pesos más el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la retención del 10% del Impuesto
Sobre la Renta (ISR).
El Código Civil para
el Estado de Sonora en su Artículo 2695, Fracción III, establece como
obligación del arrendatario:
“Servirse de la cosa
solamente para uso convenido o el que sea conforme a la naturaleza y destino de
ella”, (en este caso, bodega)
LA SCJN
En su oportunidad el
entonces procurador Abel Murrieta Gutiérrez, informó que de acuerdo a la
investigación, al interior de la bodega se encontró documentación relacionada
con vehículos que tenían poco movimiento, así como placas de circulación y tres
vehículos, dos en calidad de resguardo y uno más que era utilizado para las
actividades propias del inmueble.
De las
investigaciones realizadas por la Comisión Especial de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que avalan la teoría del “cooler”, se desprenden las
responsabilidades del Gobierno del Estado por la renta de la bodega donde
presumiblemente inició el fuego que ocasionó la tragedia.
El documento
publicado por la Suprema Corte establece las siguientes conclusiones:
Quinta: El incendio
que quitó la vida a 49 y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega
contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
Todas las pruebas
periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que
desahogó la Comisión Investigadora a cargo de peritos extranjeros, son
coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue
un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como “cooler”.
Debido a las altas
temperaturas generadas por la corriente eléctrica diversas partes del motor se
fundieron generando la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las
llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos y, algunas, placas de
vehículos.
La evidencia
demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o
extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el
alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible
sólido que almacenaba.
No existe evidencia
de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado
visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia
de los respectivos programas internos de Protección Civil.
La versión oficial
del incendio sostiene la explosión de un “cooler” como la causa del incendio de
Guardería ABC, la de los vecinos es diferente.
Éstos aseguran que
se escucharon al menos dos explosiones como lo asevera la Procuraduría General
de la República (PGR) y la misma Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE).
INTENCIONAL: GOBERNACIÓN
Oportunamente,
Dossier Político publicó que el entonces secretario de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, declaró que existen indicios que refuerzan la hipótesis de que el
incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, y que dejó un
saldo de 49 niños muertos y decenas de heridos, fue intencional.
Gómez Mont dejó
entrever que hay una gran responsabilidad en la administración estatal que
encabezaba el priísta Eduardo Bours Castelo, ya que el fuego podría haber sido
inducido en la bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal, desde donde se
esparció el fuego a la guardería contigua, “vemos con preocupación en las
investigaciones que inclusive se deduce la presencia de aceleradores en la zona
del incendio en la bodega, que inclusive podría generar o consolidar la
hipótesis de actos intencionales respecto a esta tragedia.
Eso nos obliga como
Gobierno a estar pendientes, se tendrán que acabar por tomar decisiones a nivel
del Ministerio Público Federal sobre los resultados finales de estas
investigaciones, pero difícilmente esta es una herida que sólo sanará mediante
el castigo o la sanción ejemplar a sus responsables”, expuso.
La Procuraduría
General de la República ordenó al Gobierno del Estado de Sonora entregue
informes sobre documentos y auditorías realizadas al Plan Sonora Proyecta (PSP)
al integrar la nueva investigación en la Averiguación Previa
AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/19A/2013, información que ya alista la Secretaría de
Hacienda del Estado.
De acuerdo al grupo
de padres “Manos Unidas”, la agente del Ministerio Público federal, Mónica
Patricia Ibarra Ramírez, pide a la Secretaría de Hacienda local información
sobre el Plan Sonora Proyecta.
LOS PERITAJES
El pasado 20 de
marzo, Dossier Político publicó que indignados, los padres de los niños que
perdieron la vida en la tragedia del 5 de junio del 2009, exigieron a las
autoridades responsables de administrar la justicia en México que se les hable
con la verdad para que se esclarezcan los hechos que privaron de la vida a 49
niños y lesionó a más de 70 que aún convalecen.
Después de la
enérgica protesta de los padres integrantes de Manos Unidas frente a los
Juzgados federales por los resultados del tercer peritaje en los restos de la
Guardería ABC, se comienzan a perfilar las conclusiones en los tribunales y las
respectivas sentencias en el caso de la tragedia que enlutó al país.
“El peritaje parece
más una copia de la versión hecha por la Procuraduría General de Justicia del
Estado cuando atrajo el caso, que señalaba que los coolers estaban sobre mesas;
mientras que le Procuraduría General de la República, aseguraba que dichos
enfriadores de aire se encontraban colgados en los techos y, el perito viene a
decir que el chispazo provino del suelo, cuando hay vestigios de acelerador
-combustible- que nos dice que el incendio fue provocado”, criticó la señora
Juanita Luna.
El 2 de diciembre
del 2009, Dossier Político adelantó que sería la empresa The Mcmullen Company
la que iniciaría los peritajes en la bodega de Hacienda y posteriormente en la
Guardería ABC, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
contratara los servicios internacionales por la cantidad de 123 mil 900 dólares
(un millón 610 mil 700 pesos) y para el día 7 de enero se prevén los resultados
de las investigaciones.
De acuerdo a
informes proporcionados por el abogado Lorenzo Ramos, el sábado arribará a la
capital de Sonora un grupo de cinco peritos quienes tendrán la tarea de
determinar las causas reales del incendio en la Guardería ABC donde 49 niños
perdieron la vida.
Luego de las
evaluaciones de costos entre otras compañías internacionales, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que The Mcmullen Company sea la
encargada de llevar a cabo la tarea por la que se pagará un total de 123 mil
900 dólares.
Justo después de 6
meses de la tragedia de la Guardería, el grupo de especialistas iniciará con
los peritajes ya que los padres de los niños afectados no confiaron en los
trabajos implementados por los Servicios Periciales de la Procuraduría General
de Justicia (PGJE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Los expertos van a
iniciar el peritaje en la Guardería y la bodega de Hacienda y la negociación
que está contigua a la misma guardería con el objeto de determinar las causas
reales, que es lo que buscan los papás, las causas reales del incendio”,
destacó el apoderado legal.
Los peritos
norteamericanos son Bryton Foster, conocido como BJ, experto en causa y origen
certificado por la Corte y experto internacional en reglamentos, medidas de
seguridad y seguridad de vida; Michael Smith, James F. McMullen, Kenneth E.
Buske, ingeniero electricista y Carlos Fernández Pello, ingeniero mecánico.
El abogado Lorenzo
Ramos, adelantó que los padres confían en la labor de los peritos extranjeros
ya que “quieren la verdad, si al final del día los peritos internacionales
dicen que el incendio se originó en el ´cooler´ lo van a aceptar, pero lo que
quieren es una opinión confiable, una opinión independiente, una opinión de
alguien no vinculado con el Estado”, apuntó.
El pasado 8 de
diciembre del 2009, el presidente de la empresa McMullen Company, James
McMullen aseguró a los padres afectados por el incendio en la Guardería ABC,
que el peritaje que realizarán en la “Zona Cero” será “imparcial” y
determinarán si hubo alguna explosión que haya provocado la tragedia”.
El especialista
norteamericano destacó que conocen el peritaje realizado por los Servicios
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la
Procuraduría General de la República sobre la base que inició por un corto
circuito por el sobrecalentamiento de un cooler; sin embargo, esperaran a sus
propios resultados.
“Por ahora estamos
viendo cómo empezó científicamente el incendio, pero no podemos hacernos para
un lado o para otro, hemos oído diferentes formas de cómo empezó, pero nosotros
determinaremos científicamente las causas”, sostuvo James McMullen.
McMullen apuntó que
todo lleva su tiempo y será hasta enero cuando se tengan los resultados de los
peritajes que iniciaron el lunes por la mañana y garantizó que si hubo una
explosión se sabrá”.
“Estamos buscando la
causa que empezó el incendio, estamos tratando de encontrar donde surgieron las
llamas y buscar donde empezó el fuego y es lo que vamos a hacer, determinar
científicamente donde empezó eso. Vamos a buscar científicamente si la podemos
hallar, si es que la hubo”, resaltó ese día.
Los primeros dos
días se dedicaron a organizar un archivo fotográfico que les permita dar inicio
con la segunda fase del peritaje, el cual contempla la aplicación de equipo y
pruebas científicas que permitan revelar detalles sobre el origen del incendio
y la propagación y daños del mismo.
Además confirmó que
durante los dos días que llevan de peritaje, se han dedicado a tomar
fotografías del interior y exterior de la guardería ABC y de la bodega de la
secretaría de Hacienda y buscando testimonios entre los vecinos y testigos
oculares de la tragedia que enlutó al País.
“Armamos un archivo
fotográfico, hemos tomado fotos arriba, a los lados y vamos a trabajar adentro,
de afuera para adentro, es lo que estamos haciendo, es todo lo que hemos hecho,
sacando fotos”, explicó.
En tanto, los padres
afectados confían plenamente en los resultados de los análisis de la empresa
extranjera y sobre la labor de los peritos de la PGJE y PGR “nunca hemos
confiado en las autoridades mexicanas”.
EL TERCER PERITAJE
Como ningún medio,
Dossier Político publicó el pasado 26 de octubre del 2012 que ante las
inconsistencias presentadas por los dos anteriores peritajes realizados en la
Guardería ABC del 2010 a la fecha, el Consejo de la Judicatura Federal del
Poder Judicial de la Federación solicitó una nueva revisión en las ruinas de la
instancia infantil consumida por el fuego registrado el pasado 5 de junio del
2009.
El representante
legal del grupo Manos Unidas, Gabriel Alvarado Serrano, reveló ese día que el
CJF analiza el perfil del comandante de Bomberos de Guanajuato, Guanajuato,
Daniel Barrera Vázquez, responsable del nuevo peritaje.
“La Judicatura
Federal designó como perito al señor Daniel Barrera Vázquez, capitán de
Bomberos de la ciudad de Guanajuato, estamos esperando que la autoridad
judicial reciba sus acreditaciones y cheque su perfil para ver si reúne los
requisitos y en un momento dado aceptar o rechazar su designación”.
El l3 de diciembre
del 2009, el periodista Ulises Gutiérrez publicó en Dossier Político una nota
donde describe que la empresa The McMullen Company contratada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para realizar el peritaje en la Guardería
ABC y en la bodega de la Secretaría de Hacienda, hará entrega de los resultados
a la Comisión Investigadora por lo que en ningún momento se hará un informe
público.
El señor Julio César
Márquez expresó que “nos queda claro que el informe no será público, será
entregado directamente a la Comisión Investigadora”, además, consideró que
“creo que no participaremos como observadores en las investigaciones porque no
queremos entorpecerlas”.
Al reiterar su
confianza en los trabajos realizados por la empresa extranjera que entregaría
los resultados el próximo 7 de enero del 2010, destacó que “sabemos que es una
compañía seria, profesional y reconocida, confiamos plenamente en ellos ya que
no se prestarían para algo turbio”.
Luego de las
evaluaciones de costos entre otras compañías internacionales, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que The McMullen Company sea la
encargada de llevar a cabo la tarea por la que se pagará un total de 123 mil
900 dólares.
Justo después de 6
meses de la tragedia de la Guardería, el grupo de especialistas inició con los
peritajes ya que los padres de los niños afectados no confiaron en los trabajos
implementados por los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia
(PGJE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, la Comisión
Investigadora sostendrá el mismo lunes una reunión con los padres para
informarles sobre la agenda del grupo de peritos extranjeros en la Casa de la
Cultura Jurídica “José María Ortiz Tirado” donde además hablarán sobre la
verificación que harán en las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en Sonora.
PERITAJE DE MCMULLEN
El 9 de enero del
mismo 2010, el presidente de la empresa McMullen Company, James McMullen
aseguró a los padres afectados por el incendio en la Guardería ABC, que el
peritaje que realizarían en la “Zona Cero” será “imparcial” y determinarán si
hubo alguna explosión que haya provocado la tragedia”.
El especialista
norteamericano destacó que conocen el peritaje realizado por los Servicios
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la
Procuraduría General de la República sobre la base que inició por un corto
circuito por el sobrecalentamiento de un cooler; sin embargo, esperaran a sus
propios resultados.
“Por ahora estamos
viendo cómo empezó científicamente el incendio, pero no podemos hacernos para
un lado o para otro, hemos oído diferentes formas de cómo empezó, pero nosotros
determinaremos científicamente las causas”, sostuvo James McMullen.
McMullen apuntó que
todo lleva su tiempo y será hasta enero cuando se tengan los resultados de los
peritajes que iniciaron el lunes por la mañana y garantizó que si hubo una
explosión se sabrá”.
“Estamos buscando la
causa que empezó el incendio, estamos tratando de encontrar donde surgieron las
llamas y buscar donde empezó el fuego y es lo que vamos a hacer, determinar
científicamente donde empezó eso. Vamos a buscar científicamente si la podemos
hallar, si es que la hubo”, resaltó.
Los primeros dos
días se dedicaron a organizar un archivo fotográfico que les permita dar inicio
con la segunda fase del peritaje, el cual contempla la aplicación de equipo y
pruebas científicas que permitan revelar detalles sobre el origen del incendio
y la propagación y daños del mismo.
Además confirmó que
durante los dos días que llevan de peritaje, se han dedicado a tomar
fotografías del interior y exterior de la guardería ABC y de la bodega de la
secretaría de Hacienda y buscando testimonios entre los vecinos y testigos
oculares de la tragedia que enlutó al País.
El 28 de enero del
2010, peritos norteamericanos especializados en la investigación de incendios
entregaron la tarde de este jueves, en un sobre cerrado, los resultados de la
investigación sobre las causas del incendio en la Guardería ABC, que causó la
muerte a 49 niños el pasado 5 de junio.
Steven Van Ricley,
presidente de “Consolidated Consultants Company”, una empresa asociada con “The
McMullen Company” (quienes a su vez realizaron el peritaje en la estancia
subrogada por el IMSS en Hermosillo en el pasado mes de diciembre del 2009),
fue quien entregó el resultado de la investigación a los integrantes de la
Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia.
El evento se realizó
en la Casa de la Cultura Jurídica, en Hermosillo, ante un grupo de 30 padres de
las víctimas, con lo que oficialmente concluyó el proceso de las indagatorias
realizadas por la SCJN sobre el incendio, proceso que inició 5 meses atrás.
“Esta es una prueba
dentro de la investigación, las pruebas son reservadas no se pueden dar a
conocer por el momento y nosotros elaboraremos nuestro informe final en el mes
de febrero y lo entregaremos a los Ministros (de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación) y ellos tendrán en sus manos todo lo que tenga que ver con la
determinación de cómo se darán a conocer los resultados”, expuso María del
Rosario Mota Cienfuegos, una de las integrantes del equipo de investigación de
la SCJN.
Mota Cienfuegos dijo
que los ministros de la Suprema Corte determinarán la fecha en la que se
publicarán los resultados de las indagatorias, incluyendo el peritaje
internacional realizado en el sitio del incendio, a petición de los padres de
las víctimas, quienes dudan de la versión oficial de que el fuego se inició por
el mal estado del sistema eléctrico de un enfriador de aire en una bodega
contigua a la guardería, la cual era operada por la Secretaría de Hacienda
durante la administración del gobernador priísta Eduardo Bours Castelo.
Por su parte, Julio
César Márquez, vocero del Movimiento Ciudadano 5 de Junio por la Justicia, el
cual agrupa a los padres de las víctimas mortales, indicó que esperan que en
abril se den a conocer los resultados de la investigación realizada por la
Suprema Corte de Justicia.
“Hay una cláusula de
confidencialidad, no conocemos el contenido del sobre entregado por los
peritos, pero para nosotros es un paso muy grande el que se haya concluido con
una labor muy ardua por parte de nosotros que tuvimos que acudir a la Suprema
Corte”", expuso Julio César Márquez en ese entonces.
“Nosotros seguimos
en nuestra lucha, esperamos con esto que al concluir los trabajos de la
comisión investigadora, ahora que en su momento alguno de los ministros de la
Suprema Corte elabore la ponencia y ya durante las sesiones del pleno se diga
si hubo o no violaciones a las garantías individuales, para nosotros eso está
muy claro pero en este país hay que oficializarlo”, añadió.
Por su parte, Steve
Van Ricley, presidente de la compañía investigadora con sede en Chula Vista,
California, expuso:
“Agradecemos que nos
hayan elegido para localizar al equipo de expertos para clarificar los hechos
ocurridos en la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, dado a los rigurosos
estándares en el proceso de selección de nuestros expertos, confiamos en que la
evaluación independiente realizada por la compañía McMullen y el método
utilizado en la formulación del peritaje final sobre la causa, origen y
propagación del incendio, ha cumplido con los más estrictos requerimientos de
la Suprema Corte”.
FUEGO INDUCIDO
El 14 de junio del
2010, la periodista Adriana Manjarrez publicó que David Smith aseguró que el
crimen de la Guardería ABC en Hermosillo merece una investigación profunda e
imparcial, “esta tragedia trasciende fronteras y merece una investigación
profunda e imparcial”, declaró por escrito a Dossier Político el especialista,
cuya sede de operaciones está en Tucson, Arizona.
Gabriel Alvarado
Serrano, representante legal de Manos Unidas por Nuestros Niños, reveló a
finales de febrero que según el peritaje de la firma encabezada por Smith, el
incendio que inició en la bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado de
Sonora, y que se propagó a la estancia infantil, fue provocado por la mano del
hombre.
Explicó que de
acuerdo con esa investigación, el origen del incendio no fue fortuito ni fue
generado por el sobrecalentamiento del “cooler”, como lo estableció de manera
inicial la investigación de las procuradurías General del Estado y General de
la República.
Smith dijo a Dossier
Político que dicha hipótesis es incorrecta, pues según su propio peritaje,
realizado los días 4 y 5 de enero de 2010 ante la presencia de elementos de las
policías Estatal y Municipal, el fuego empezó a 10 metros del aparato
enfriador, y la electricidad estaba apagada.
El peritaje
realizado por Associated Fire Consultants no es una cortina de humo, señaló el
jueves pasado en rueda de prensa Alvarado Serrano, quien agregó que el dictamen
pericial de la firma McMullen es el que podría servir de argumento para que los
socios de la guardería evadan su responsabilidad.
Agregó que dicho
peritaje no fue cobrado por la firma de Smith, quien lo realizó por razones
humanitarias, a diferencia del que realizó McMullen, que le costó a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un millón y medio de pesos.
“Cierto estoy en que
los padres de esos niños no hubieran podido permitirse pagar mis honorarios
normales de 275 dólares por hora (3 mil 534 pesos aproximadamente), y por esa
razón he renunciado a ellos en este asunto”, confirmó Smith a Dossier
Político.
De acuerdo con los
padres integrados en el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, el
peritaje de Smith ha sido utilizado por el gobierno federal, a través del secretario
de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para crear un ambiente de confusión, en
momentos en los que la SCJN habrá de determinar si se violaron gravemente las
garantías individuales.
“Debemos señalar
que, de existir ese peritaje, aún forma parte de las pruebas acumuladas por el
ministerio público dentro de dicha indagatoria, la cual, al no haber sido
consignada todavía ante un Juez de Distrito en el Estado de Sonora, no forma
parte de ninguna causa penal, y por ello no puede tener los efectos ‘mágicos’
de que con tal peritaje, en automático se reclasifiquen los delitos de culposos
a dolosos”, señalan en un comunicado.
De aceptarse la
intencionalidad de la cual habla el peritaje de Smith, las responsabilidades
que están siendo imputadas a los dueños de la guardería, a empleados y
funcionarios de la delegación del IMSS en Sonora y a 13 servidores públicos de
nivel medio e inferior de la administración estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo,
así como también las responsabilidades políticas, administrativas y
eventualmente penales que resulten de la investigación de la SCJN, atribuidas a
Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours y otros funcionarios y ex
funcionarios federales y estatales, habrían de diluirse o atenuarse en extremo,
argumentan.
De esta manera,
según el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, quedarían impunes los
actos y omisiones en los que incurrieron todos ellos, y que les costaron la
vida a 49 niños y lesiones de distintos niveles de gravedad a más de 80.
Integrantes del
movimiento revelaron que el pasado viernes 11 de junio, se comunicaron con
ellos los representantes de McMullen para solicitarles información, que no
pudieron proporcionar, acerca de quienes se dicen expertos, cuyo dictamen
supuestamente minimizó el trabajo pericial de la empresa contratada por la
SCJN; esto, con el fin de consultar con su equipo de abogados para presentar
una eventual demanda en cortes estadounidenses.
En respuesta a esto,
Smith dijo a Dossier Político:
“La validez de
nuestros reportes y opiniones deben ser juzgados de acuerdo a nuestra formación
y experiencia en el área de investigación de incendios”.
FALLA SISTÉMICA
El 5 de junio del
2011, Dossier Político publicó que hasta ese día, los 731 días transcurridos
desde la tragedia de la Guardería ABC son un ejemplo de la falla sistémica de
los aparatos gubernamentales de procuración e impartición de justicia que
existen en México, con exceso de leyes y reglamentos que se crean al vapor y se
aplican a favor del mejor postor cuando los poderes económico y político,
convergen.
De ahí, el
fundamento para afirmar que el Estado Mexicano es responsable de la muerte de
los 49 niños:
María Magdalena
Millán García, Emilia Fraijo Navarro, Valeria Muñoz Ramos, Sofía Martínez
Robles, Fátima Sofía Moreno Escalante, Dafne Yesenia Blanco Losoya, Ruth Nahomi
Madrid Pacheco, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Lucía Guadalupe Carrillo
Campos, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Camila Fuentes Cervera y Ana Paula Acosta
Jiménez.
Monserrat Granados
Pérez, Pauleth Daniela Coronado Padilla, Ariadna Aragón Valenzuela, María
Fernanda Miranda Hugues, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Marián Ximena
Hugues Mendoza, Nayeli Estefanía González, Daniel Ximena Yanes Madrid, Yeseli
Nahomi Baceli MezaIan e Isaac Martínez Valle.
Santiago Corona
Carranza, Axel Abraham Angulo Cazares, Javier Ángel Merancio Valdez, Andrés
Alonso García Duarte, Carlos Alán Santos Martínez, Martín Raymundo de la Cruz
Armenta, Julio César Márquez Báez, Jesús Julián Valdez Rivera, Santiago de
Jesús Zavala Lemas y el niño Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas.
Xiunelth Emmanuel
Rodríguez García, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Daniel Rafael Navarro
Valenzuela, Juan Carlos Rodríguez Othón, Germán Paúl León Vázquez, Bryan
Alexander Méndez García, Jesús Antonio Chambert López, Luis Denzel Durazo
López, Daré Omar Valenzuela Contreras y Jonathan Jesús de los Reyes Luna.
Y Emily Guadalupe
Cevallos Badilla, Juan Israel Fernández Lara, Jorge Sebastián Carrillo
González, Ximena Álvarez Cota, Daniela, Guadalupe Reyes Carreta y el niño Juan
Carlos Rascón Holguín.
Sin embargo, el
Gobierno del Estado es directamente culpable de la tragedia.
La falla va desde
los peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) y los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República
(PGR), hasta la inutilidad de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La contratación de
servicios de peritajes de especialistas extranjeros es la clara muestra de la
desconfianza que se tiene de las autoridades mexicanas.
EL GENOCIDIO
El pasado 19 de mayo
del 2010, de las declaraciones vertidas por el secretario de Gobernación,
Fernando Gómez Mont, en el sentido de que ocurrieron eventos que provocaron el
incendio de la Guardería ABC, el entonces diputado Jesús Zambrano Grijalva
destacó que “si tomamos en cuenta sus palabras, se estaría hablando de un
genocidio, por eso debe aclarar lo dicho”.
“Si tomamos en
cuenta sus palabras, bajo esta lectura, estaríamos ante un hecho genocida, por
esta razón el secretario de Gobernación debe aclararnos cuáles fueron las
motivaciones que lo llevaron a decir que el incendio fue provocado ya que esto
da lugar a suspicacias que no generan confianza a la sociedad”, expresó.
Además, mencionó,
“si viene a Sonora a emitir este tipo de declaraciones, Gómez Mont debe decir
quién es el responsable del incendio, por eso se exige que aclare tales
aseveraciones como las hechas por el Chapito Bours quien dice coincidir con él,
no hay tiempo para suspicacias”, enfatizó.
"Excelente...
yo coincido (con Fernando Gómez Mont)", escribió por su parte el ex
Gobernador Eduardo Bours, al responder un mensaje al periodista Óscar Castro
Valdez, utilizando el teléfono celular, en donde se le preguntaba su opinión
sobre lo dicho por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, horas
antes en una conferencia de prensa , y en la que se le cuestionó sobre la
Guardería ABC, respondiendo el ex panista que el fuego podría haber sido
inducido en la bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal, desde donde se
esparció a la guardería contigua.
Para muchos de los
presentes, el responsable de la política interna del país, era claro: para él
hay una gran responsabilidad en la administración estatal que encabezaba el
priísta Eduardo Bours Castelo.
"Ingeniero,
buenas noches y una disculpa, pero me pareció importante saber su opinión sobre
la declaración de Gómez Mont", envió Oscar Castro la pregunta por escrito
al ex gobernador, a través de su teléfono celular.
"¿Qué dijo?...
¿quién eres?", respondió el mensaje Eduardo Bours minutos después.
"Habló de
indicios de actos intencionados en el incendio de la bodega... Soy Oscar
Castro", escribió el director de Dossier Político
"Qué dijo?,
volvió a preguntar el cajemense.
"Checa la nota
principal de Dossier para que sepas lo que dijo", respondió Castro
mediante nuevo mensaje.
“Creo que es
excelente, Yo coincido”, reviró Bours, seguramente sin todavía leer la nota.
Intuyendo que el ex
mandatario se refería a lo que muchas veces dijo sobre que el incendio en la
guardería fue intencional, Óscar Castro planteó: “lo sé... pero (Gómez Mont)
habló de autoridades estatales... y creo que ahí no coincides con él”...
“Újele”, respondió
el empresario avicultor.
Vino un largo mutis
y cuando Castro pensaba que ya no habría más diálogo, la alarma que avisa la
llegada de un nuevo mensaje sonó en el aparato telefónico: “Pues fueran muy
pendejos. Esto es como Agata Cristhie, para descubrir al asesino hay que ver
quien fue el beneficiado”, era el mensaje... el último, porque no hubo más.
Para el gobernador
Guillermo Padrés Elías, manifestó, “el caso de la tragedia del 5 de junio que
provocó la muerte de 49 niños sigue siendo una asignatura pendiente, no es
posible que aún siga sin resolverse”, lamentó.
LA MANO DEL HOMBRE
Informes obtenidos
por Dossier Político, a dos años de la tragedia, revelaron que las extranjeras
The McMullen Company y Associated Fire Consultants, Incorporated establecen en
sus conclusiones que el incendio fue provocado, que inició en la Bodega de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y se propagó a la
Guardería ABC.
Lo anterior,
contraviene a la “fábula” del entonces procurador, Abel Murrieta Gutiérrez y a
la misma Procuraduría General de la República cuyos peritos aseguraron, el
martes 9 de junio del 2009, que el sobrecalentamiento del motor de un cooler
habría provocado el siniestro en el llamado “Día Negro”.
Y es que todo inició
mal desde que por órdenes del ex gobernador Eduardo Bours Castelo, la
Procuraduría General de Justicia del Estado no arraigó a los principales
involucrados en la tragedia; de ahí en adelante, las Averiguaciones Previas
provocaron abismos legales en las causas penales 134/2009, 182/2009 y 12/2011,
perdiendo así su valor probatorio y condenatorio que mantiene en libertad a la
mayoría de los involucrados.
Los peritajes
entregados a la misma PGR y al juez primero de Distrito, Raúl Martínez,
representarían elementos suficientes para la reclasificación del delito de
homicidio culposo a doloso… y va para el presidente Felipe Calderón y el
gobernador Guillermo Padrés, que en la visita del primero a Guaymas, hizo mutis
al respecto.
Cabe recordar que el
29 de septiembre del 2002 hubo otro incendio en la bodega de la Secretaría de
Finanzas ubicada en el bulevar García Morales de la ciudad de Hermosillo, ese
domingo, bajo el mandato del ex gobernador Armando López Nogales, se ordenó la
quema de documentos relacionados con los “gastos” del Gobierno.
Las conclusiones de
las empresas extranjeras exponen que el siniestro se produjo por la mano del
hombre, que se encontró evidencia de aceleradores químicos, que la fuente de
ignición fue una llama directa, que la papelería almacenada fungió como
combustible y que inició antes o al mismo tiempo de que los empleados
abandonaran el lugar.
Por ejemplo, el
dictamen de la Associated Fire Consultants, Incorporated concluye con la
definición de responsabilidades derivado del origen del incendio, en este caso
en la bodega de Hacienda estatal y, al no ser un evento fortuito, señala a la
persona o personas que tenían acceso a este lugar, durante el tiempo que estaba
ocupada por empleados estatales.
“Información
recibida, representando que el incendio fue descubierto antes de 10 minutos
después de que los empleados salieran, refuerzan la opinión de que el fuego
había comenzado antes de o al mismo tiempo que los empleados salían”, se lee en
el documento.
Y añade:
“El volumen en
metros cúbicos del edificio podría proveer naturalmente un período prolongado
de tiempo para que el humo y el calor se concentraran al interior, antes de que
éste se ventilara al exterior… al momento del incendio se acreditó la
existencia de cajas con papelería, tanques de gasolina y tres vehículos con el
combustible en su tanque”.
De acuerdo a la
opinión de abogados, la reclasificación es el siguiente paso en el proceso
penal que se sigue contra los responsables de la tragedia y esta acción apunta
a los siete ex empleados de la Secretaría de Hacienda Estatal y por ende, al
entonces gobernador Eduardo Bours Castelo o en su defecto, al actual mandatario
Guillermo Padrés Elías o si lo prefiere, al Gobierno del Estado de Sonora.
LOS PRESUNTOS
Por casi 4 años, las
autoridades los padres y la misma opinión pública han centrado su atención en
los dueños de la instancia infantil y los empleados del Instituto Mexicano del
Seguro Social e incluso, hacia elementos del Departamento de Bomberos de
Hermosillo y el ex alcalde Ernesto Gándara Camou.
El pasado 26 de
junio del 2009, a las 12:00 horas, los empleados de Hacienda fueron notificados
de su suspensión para abrirles proceso penal por los hechos registrados el 5 de
junio, por haber estado presentes en la Bodega al momento de que inició el
incendio que a la postre, se propagó a la Guardería ABC.
El 29 de junio, el
juez Octavo Penal, Rafael Castillón Gracia, dictó el auto de formal prisión a
Manuel Gaxiola Santacruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra
Valenzuela, Ignacio Aduendas Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio
Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante.
Con la figura de
“responsable solidario”, el Gobierno del Estado con base en el Artículo 349 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, el Juzgado Octavo
otorgó la libertad bajo caución a los siete empleados de la Secretaría de
Finanzas, debido a que el Estado actuó como obligado subsidiario.
El Juez Castillón
explicó que en base al Artículo 349 del citado Código, la Ley establece que el
Estado, como responsable solidario, está facultado para intervenir a favor de
los trabajadores en la nómina del Gobierno estatal.
La fianza fijada y
cubierta de 20 mil pesos fue en base al Artículo 2086 del Código Civil para el
Estado de Sonora, el cual contempla la figura de las obligaciones de los
citados para garantizar la reparación del daño en esta materia.
Es decir, los cargos
que enfrentan los procesados son por homicidio culposo y lesiones, delitos
considerados no calificados o dolosos.
Así, la figura de la
fianza es utilizada y precisa que la defensa presentó como garantía y argumento
para la liberación de los funcionarios, el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado, que expone el decreto mediante el cual se crea un fondo de 67 millones
100 mil pesos para cubrir, de acuerdo a la Ley, los gastos previstos en el
litigio.
EL CONTRATO ABC
La Guardería ABC
inició operaciones el 6 de agosto del 2001 bajo el esquema de subrogación a
particulares y fue renovado el 29 de diciembre de 2006 por el entonces director
del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, con vigencia hasta diciembre de 2009.
Es decir, la
guardería se instaló primero que la bodega estatal ya que el contrato de
arrendamiento de la bodega fue avalado el 14 de febrero de 2002, siendo la
última renovación el 1 de enero de 2009 con vigencia al 31 de diciembre, donde
el Gobierno del Estado se compromete a pagar 41 mil 337.29 pesos mensuales.
En ese entonces,
firmaron sus propietarios María Esmeralda Matiella Mendoza y/o José Manuel
Matiella Urquídez y por el entonces director Administrativo de la Secretaría de
Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez y el coordinador Estatal de Bienes y
Concesiones, Eliseo Morales Ramírez.
En la Cláusula 4ª
del Contrato se especificó que su uso sería exclusivo para el resguardo de
placas de la Dirección General de Recaudación, por lo que hasta ahora, todo
indica que el Gobierno del Estado es el responsable directo de la tragedia del
5 de junio.
El Caso ABC
evidencia las claras muestras de tráfico de influencia y relaciones
interpersonales que expresan de facto la corrupción que por décadas ha permeado
entre quienes deben aplicar la Ley y los grupos de poder que cogobiernan a una
sociedad que aún no ha mostrado abiertamente su hartazgo en las calles y plazas
del País.
La conjugación del
dolor y la búsqueda de justicia de los afectados aún no han podido encontrar
coincidencias y no las habrá, mientras medien intereses personales y económicos
entre los corresponsables de la muerte de 49 niños y quienes sólo adornan las
oficinas de los Juzgados Penales, Civiles y de las Procuradurías existentes.
Ahora bien,
políticos de todos los partidos políticos nada han hecho para ayudar a las
familias en duelo, sólo se han prendido como buitres del dolor ajeno y se han
aprovechado para salir en la foto, en contubernio con periodistas que
prostituyen la sagrada profesión de informar.
INTENCIONAL: DAVID SMITH
El 27 de octubre del
2011, el perito David Smith ratificó ante el Juzgado Primero de Distrito en
Hermosillo su declaración inicial respecto a que el incendio en la Guardería
ABC, ocurrido el pasado 5 de junio de 2009, fue intencionalmente provocado y
que el fuego inició en la bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda,
ubicada a un costado del edificio que albergaba la estancia infantil.
“Es un fuego que fue
provocado intencionalmente…inició con papeles y hay evidencia de la existencia
de algún combustible o líquido inflamable, pero con o sin el líquido, con el
papel hubiera habido el incendio”, dijo el especialista en entrevista.
Smith explicó que
“en las investigación sobre el incendio usé métodos científicos que me llevaron
a probar mi teoría de manera razonable y las conclusiones son válidas científicamente”.
EL OFICIO 23180
Desde la primera
semana después de la tragedia de la Guardería ABC, Dossier Político logró
establecer que el pasado 15 de junio del 2009, el ex jefe de Prestaciones
Económicas y Sociales del IMSS, Delegación Sonora, Emigdio Martínez García,
presentó su declaración ante la Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF)
en torno a la copia de la notificación de seguridad, documento del que aseguró
ese día:
“No recuerdo
haber puesto mi firma”.
Dossier Político
obtuvo una copia certificada del expediente AP/PGR/SON/HER-V/690/09 donde,
entre otros, Martínez García compareció en las oficinas de la Procuraduría
General de la República (PGR) adonde asistió a pesar de su avanzada enfermedad
de cáncer pulmonar que a la postre, el pasado 13 de agosto, le quitara la vida.
Después de un año y
medio de padecer cáncer en los pulmones, el ex jefe de Prestaciones Económicas
y Sociales del IMSS, Delegación Sonora, ya tramitaba su prejubilación después
de 28 años de servicio y donde sus principales actividades era la de vigilar el
pago de jubilados y el presupuesto de guarderías en el Estado.
“A partir del
primero de mayo del 2005 recibí el cargo de Jefe de Prestaciones Económicas y
Sociales, puesto que desempeñé hasta el 12 de junio del presente año (2009) y
por lo que respecta a las funciones de mi cargo eran las siguientes:
Vigilar el
presupuesto asignado para tiendas y pensionados de ley, esto se refiere a las
personas que no pertenecen al IMSS, así como también vigilaba el presupuesto
asignado a guarderías dentro de Sonora… yo me enteré el día viernes como a las
16:00 horas ya que la señora Nohemí López Sánchez, jefa de Guarderías, me
informó”.
Martínez García
describió que se encontraba en Ciudad Obregón desde donde ordenó a la jefa de
Guarderías, trasladarse a Hermosillo a fin de supervisar y reportar los hechos
que derivaron en la muerte de 49 niños y donde más de 70 resultaron con
lesiones graves por quemadura y por inhalación de humo.
“Le di la orden de
que se trasladara a Hermosillo y que ella se encontraba aquí en Ciudad Obregón,
para que apoyara en todo lo que fuera necesario al personal de la Guardería
ABC, así como al mismo IMSS; a partir de ahí me fui dando cuenta de lo que
estaba aconteciendo producto de este incendio”.
ARTURO LEYVA
LIZÁRRAGA
En su declaración
ante el agente del Ministerio Público Federal, Óscar Rivera Cisneros, Emigdio
Martínez García manifestó que de inmediato se comunicó con el entonces delegado
del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, a quien le informó lo sucedido y
quien le expuso que ya se dirigía a Hermosillo.
“Yo hice contacto
con mi delegado vía telefónica, el señor Arturo Leyva Lizárraga, para
informarle pero me dijo que ya sabía, que incluso iba camino a Hermosillo y que
también ya en la Ciudad de México se estaba preparando personal del IMSS… yo no
me pude trasladar por mi estado de salud ya que desde hace un año y medio
padezco cáncer pulmonar”.
Y aclaró que por esa
enfermedad, “se me dificulta hacer varias labores y por lo que respecta a mis
encomiendas y facultades que yo desempeñaba en el IMSS quiero aclarar que no
era el de supervisar a las tiendas, a las guarderías ni a los centros de
seguridad social”.
Para sostener lo
anterior, el señor Emigdio Martínez expuso al representante social de la
Federación que “esto le pertenece directamente a cada uno de los departamentos
bajo mi cargo y en el caso concreto de las guarderías, le corresponde el
control de la supervisión a Nohemí López Sánchez”.
Además que “quien a
su vez tiene a las coordinadoras zonales (supervisora de zona)… y que las
supervisoras de Hermosillo, en la fecha del incendio, eran las señoras Delia
Irene Botello Amante, Yadira Barreras e Irma de la cual no recuerdo sus
apellidos, estas tres personas son las encargadas de supervisar y llevar a cabo
las visitas a las guarderías”.
“En base a la
normatividad que está establecida y que es emitida por el nivel central del
IMSS, deberían forzosamente entregar los resultados de la supervisión al
Departamento de Guarderías delegacional, a cargo de Nohemí López Sánchez, quien
las recibía y tenía que elaborar un resumen de aspectos únicamente de
formación, no estructurales”.
Por ello aclaró que
la responsabilidad de la coordinadora de Guardería del IMMS no era la del
sistema de seguridad de las instalaciones, “es decir de programas
nutricionales, programas de educación y de salud para el desarrollo de los
niños y ese resumen me lo entregaban a mí únicamente para mi firma, por la
envestidura de mi puesto ya que los oficios que ella hacía era para enviarlos
al prestador de servicios o representante legal”-Emigdio Martínez
Luego de emitir su
declaración respecto a las funciones de las coordinadoras zonales, Emigdio
Martínez tuvo frente a sí la notificación de seguridad emitida por el IMSS el
pasado 26 de julio del 2005, que al parecer es sólo una copia facsimilar y no
un documento original.
El agente del
Ministerio Público Federal puso ante el inculpado el oficio 23180 con número de
referencia 279001320100 de fecha 26 de julio del 2005 y con sello de recibido
del 2 de agosto en la Correspondencia y Archivo de Ciudad Obregón, mismo que se
encuentra dirigido al C.P. MARCELO Meochi Tirado y girado por él.
“Una vez que se me
pone a la vista el oficio antes mencionado en el que se aprecian 10 párrafos y
el cual se compone de dos hojas, al respecto digo que no recuerdo haber puesto
mi firma autógrafa pero sí aprecio que…”
(DOSSIER
POLÍTICO/ Alejandro Matty Ortega / 2013-06-01
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