Si
bien en las últimas décadas México ha intentado presentarse como
promotor de los derechos humanos, la realidad actual lo confronta,
habida cuenta de la gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales y
agresiones a periodistas que se escenifican en su territorio. El relator
de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Christof Heyns, dice a Proceso que un año es suficiente
para saber si el camino que tome el gobierno de Enrique Peña Nieto es el
correcto para aminorar la violencia en México.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Cauteloso ante las cifras y promesas del gobierno federal,
el relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, considera que un año es
suficiente para saber si la política de seguridad que adopte el
presidente Enrique Peña Nieto será efectiva para disminuir “la tasa
alarmante de asesinatos” que hoy coloca a México en “el radar de los
derechos humanos”.
Y aun cuando en las últimas décadas México ha
mantenido un papel relevante como promotor de derechos humanos, dice, en
los años recientes se ha caracterizado también por la gran cantidad de
ejecuciones extrajudiciales y las agresiones a periodistas.
Heyns,
quien ocupa el cargo desde agosto de 2010, sostiene que prevalece la
expectativa sobre la forma en que Peña Nieto va a “remover las tasas de
violencia” que arrastra el país desde los tiempos de la “guerra sucia”,
pero sobre todo después de 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón.
Entrevistado
por Proceso el jueves 2 al término de su visita oficial, minutos
después de rendir un informe preliminar de una gira de trabajo que
inició el 22 de abril e incluyó visitas a Chihuahua, Guerrero y Nuevo
León, Heyns resume:
“Mi visita se produce en un momento muy
oportuno, en un momento de transición, pues hay tantos cambios
institucionales, tantos cambios jurídicos bajo el nuevo gobierno;
incluso ha cambiado la retórica, lo que es importante.”
Con base
en la información proporcionada por el gobierno federal, el reporte
preliminar consigna que durante el sexenio de Calderón se cometieron 102
mil 696 homicidios dolosos. “Según el gobierno a lo máximo 70 mil de
ellos fueron asesinatos relacionados con las drogas. A esto se le une
una impunidad sistemática y endémica. Sólo entre 1 y 2% de los delitos,
incluyendo los homicidios, llegan a ser condenados”, indica el
documento.
Con este precedente, insiste Heyns, oriundo de
Sudáfrica, durante la entrevista realizada en el jardín de la oficina de
la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México, un año es suficiente
para saber si el camino que tome el gobierno de Peña Nieto es el
correcto para aminorar la violencia.
“Como orientación muy general
diría que podríamos esperar un año antes de empezar a encontrar
soluciones, pero más importante que las cifras es percibir un consenso o
bien un grado de reconocimiento general de que el país avanza en
sentido adecuado”, apunta.
Aunque matiza: para que las opiniones
sean consideradas válidas, deben ser no sólo de los políticos, sino
también de las organizaciones no gubernamentales y de las comisiones de
derechos humanos; y si los periodistas también lo dicen, “entonces
podremos afirmar que sí están cumpliendo las políticas”.
Por eso,
tras confrontar las estadísticas en sus encuentros con funcionarios y
con activistas sociales, dice que prefiere ser “muy cauteloso” y “no
darle demasiada credibilidad a este aparente descenso de las cifras”
provenientes “de versiones centralizadas”.
La excepción es Nuevo León,
donde observó que sí había coincidencia en la disminución de la tasa de
criminalidad.
Las recomendaciones
Catedrático
de las universidades de derecho en Washington y Oxford, Heyns advierte
que la mejor estrategia para transformar un escenario de violencia no es
negar su existencia. “Si todos se ponen de acuerdo para decir que las
cosas van bien, que van mejor –con la idea de instaurar un ambiente más
positivo–, es peligroso aceptar (esta situación) con demasiada alegría”,
reflexiona.
Alerta también sobre la crisis que atraviesa la
prensa mexicana y la preocupación en el ámbito internacional. En
relación con el asesinato de la corresponsal de Proceso Regina Martínez
Pérez, el relator lamenta que en algunas entidades no pueda ejercerse el
periodismo impreso y electrónico ni en los medios digitales.
Y
aunque considera que las reformas hacia la federalización de los delitos
contra la libertad de expresión y los mecanismos de protección son
positivas, considera que “deben reforzarse”. Dice que la instrumentación
de un sistema de justicia y la lucha contra la impunidad no serán
inmediatas, por lo que recomienda combinar medidas de protección de
corto plazo con políticas de largo plazo.
“Cuando algún policía es
atacado –comenta Heyns–, sus compañeros se comunican por radio y dicen:
‘Hay un policía agredido, hay que protegerlo’; y así lo hacen porque el
sistema de protección depende de ellos. Pero el sistema democrático
depende también de los periodistas, por lo cual debe existir ese mismo
nivel de preocupación y de compromiso.”
Mientras helicópteros
sobrevuelan la zona de Polanco, cerca del Hotel Presidente, donde se
alojó el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, la reportera
pregunta a Heyns sobre la responsabilidad que tiene el gobierno del país
más poderoso en el escenario de muerte y violencia que priva en México,
incluido el martirio que representa para los migrantes
centroamericanos atravesar el país en busca del “sueño americano”.
Medita
antes de responder. Luego expone: “Sería muy difícil ubicar una
responsabilidad concreta. Creo que hay una responsabilidad compartida
dada la ubicación geográfica de México, situado entre los productores y
los consumidores de droga; por el tránsito de droga; por tránsito de
migrantes que tienen por destino Estados Unidos, y dado el elevado
porcentaje de armas que entra a México”.
Tras señalar que en la
tragedia humanitaria que viven los migrantes también tienen
responsabilidad sus países de origen, Heyns apunta que dado que su
visita “es a México y no a Estados Unidos”, el llamado al gobierno
mexicano es que “extienda la mano más allá de las fronteras y recabe
toda la asistencia técnica que pueda, porque si tuviera mayor capacidad
técnica no tendría que recurrir a la fuerza a tal medida. Sí existe una
responsabilidad compartida, tanto para Estados Unidos como para la
comunidad internacional”.
Heyns visita México 14 años después de
que lo hiciera la primera relatora especial, Asma Jahangir, y cinco
después de que el relator Philip Alston solicitara entrar al país.
En
2008, Alston ya contaba con información del incremento preocupante de
decesos derivados de la “guerra contra el narcotráfico” lanzada por
Felipe Calderón. En una entrevista con el reportero Jorge Carrasco, en
enero de 2010, Alston comentó que aun cuando pidió a funcionarios de
Calderón recorrer el país, le contestaron que estarían “muy ocupados” en
la elaboración de informes para los organismos internacionales.
Alston
explicó a Carrasco que la cancillería le propuso visitar México en
2011, cuando él ya no fuera relator. El 30 de octubre la dependencia
emitió un comunicado en el que manifestaba “el deseo del gobierno de
México de trabajar con el nuevo relator que sustituirá al señor Alston
en 2010” (Proceso 1733).
Heyns aclara a la reportera que su visita
había sido programada precisamente para 2011, pero fue suspendida tras
la muerte del secretario de Gobernación, Francisco Blake, en un
accidente aéreo en noviembre de ese año.
Heyns tuvo reuniones con
más de 120 funcionarios federales y de los estados de Guerrero,
Chihuahua y Nuevo León, así como con decenas de miembros de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, familiares de
víctimas y algunas personas agraviadas.
Y aun cuando admite que
durante el gobierno de Calderón se registraron cambios importantes en
materia de derechos humanos –las reformas constitucionales en materia de
justicia penal en 2008 y de derechos humanos en 2011–, resalta también
la “escalada de violencia” en México, que coincidió con el despliegue de
tropas para combatir al narcotráfico.
“Cuando el Ejército tiene
un poder para operar sin trabas, y hay muy pocos mecanismos de rendición
de cuentas, o si esa rendición de cuentas se deja en manos del
Ejército, se produce una situación en la que el gobierno asume una
posición de refuerzo de la fuerza militar y las bandas armadas también
refuerzan su capacidad; entonces se produce una escalada de violencia.
“Creo
que no es la política adecuada, menos aun cuando se busca reducir el
número de muertes. Si se quiere estabilizar la sociedad –subraya Heyns–
se debe desincentivar el uso de la fuerza, y esto implica que el
gobierno también use una fuerza restringida.”
–¿Era previsible que ocurriera esta tragedia al sacar al Ejército a las calles?
–Mi
propio país (Sudáfrica) es un ejemplo de que era previsible. En general
una política que se enmarca en la palabra “guerra” en materia de
seguridad –sea contra el narcotráfico, el terrorismo o el narcomenudeo–
es un planteamiento conceptual que favorece este ambiente de violencia.
Es una política que resulta muy atractiva cuando se buscan resultados de
corto plazo, pero sin tomar en cuenta que se puede corromper al
Ejército al sacarlo a la calle y que era muy posible que se
incrementaran las violaciones a derechos humanos.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1905 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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