Cuando
empezó hundirse el expediente fabricado en la PGR contra el general
Tomás Ángeles Dauahare, los primeros en intentar salvarse del naufragio
fueron el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la
procuradora general Marisela Morales: Citaron a la esposa del militar
para negar su participación en la oscura maniobra. Pero los documentos
del proceso judicial y diversos testimonios señalan hacia ambos
exfuncionarios.
Anabel Hernández/ Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En algún día de junio
o julio de 2012 la señora Leticia Zepeda fue citada a las oficinas del
secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Semanas
antes su esposo, el general de división Tomás Ángeles Dauahare, había
sido detenido por la Policía Judicial Militar en la entrada de la unidad
militar ISSSFAM en la delegación Tlalpan, donde tiene un departamento.
El general Ángeles, quien fue subsecretario de la Defensa, era acusado
de delincuencia organizada junto con otros cinco militares: Roberto
Dawe, Ricardo Escorcia, Rubén Pérez, Silvio Isidro de Jesús Hernández e
Iván Reyna. Supuestamente colaboraban con la organización de los Beltrán
Leyva y con el Cártel de Sinaloa.
La reunión se llevó a cabo en
las oficinas de García Luna, en la avenida Constituyentes. En la sala
destacaba un enorme escritorio. De acuerdo con la información recabada y
verificada por este semanario, en la reunión estuvieron presentes la
señora Zepeda, su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, el titular de la
SSP y el abogado de éste, Alonso Aguilar Zinser.
García Luna,
quien tiene fama de hablar poco y con dificultad, se extendió en sus
explicaciones:
“Yo no tuve nada que ver en la detención del general”,
dijo sin que nadie le hubiera reprochado nada. En cambio el funcionario
acusó de la maquinación directamente al titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, al subsecretario
Demetrio Gaytán Ochoa –quien aspiraba a ser secretario este sexenio– y a
la procuradora General de la República, Marisela Morales.
El
funcionario añadió que a él le habían pedido realizar la investigación
contra Ángeles Dauahare pero que no quiso hacerlo; por lo tanto, dijo,
ni la SSP ni la Policía Federal (PF) colaboraron en la indagatoria. Así
concluyó el encuentro.
Semanas después, cuando la defensa del
general de división tuvo acceso a la acusación descubrió que la PF
participó de manera crucial en la integración del expediente, basándose
en una llamada anónima y declaraciones falsas de los testigos
colaboradores conocidos como Jennifer y Mateo.
El
próximo 15 de mayo se cumple un año de que Ángeles Dauahare fue
detenido. Y aunque hace ya dos semanas que un juez decretó su inocencia y
ordenó su liberación inmediata tras 11 meses en prisión, el complot
para encarcelarlo apenas comienza a reventar. En él están implicados
exfuncionarios calderonistas de alto nivel, algunos aún en puestos clave
del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con testimonios y
documentos como las actuaciones de la SSP, la Procuraduría de Justicia
Militar y de la SIEDO, que están en el expediente que la PGR fabricó
para inculpar al general, así como un escrito que fue entregado por
familiares de Ángeles Dauahare al nuevo procurador, Jesús Murillo Karam,
al inicio de su gestión, los presuntos responsables de orquestar y
ejecutar el plan para encarcelar injustamente al militar son: Guillermo
Galván Galván; el exsubsecretario Demetrio Gaytán Ochoa, actual director
de Banjército; la exprocuradora Marisela Morales y el propio Genaro
García Luna, con la anuencia del entonces presidente Felipe Calderón.
Para
orquestar el complot y fabricar los testimonios en su contra utilizaron
a funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO). Algunos permanecen en sus puestos en la
dependencia ahora llamada SEIDO y durante las últimas semanas de
prisión de Ángeles Dauahare incluso intervinieron para retrasar su
liberación.
En agosto de 2012, días antes de que el juez tercero
de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de
México dictara el auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare y sus
cinco coacusados, la entonces procuradora Marisela Morales también buscó
una cita con Leticia Zepeda.
El encuentro fue en las oficinas de
la PGR. Esa vez la señora acudió acompañada por su yerno y con su
abogado, Sánchez Reyes Retana. Con Morales estaba Cuitláhuac Salinas,
cabeza de la SIEDO, quien no se despegaba de su teléfono celular como si
estuviera escribiendo mensajes.
Morales dijo que no tenía nada
que ver con el caso y que estaba dispuesta a ayudar en todo lo posible
al militar en desgracia. “¿Verdad que nosotros nos enteramos por los
medios de comunicación de la detención del general?”, le preguntó
Morales a Salinas, quien asintió con la cabeza y no pronunció palabra.
Días
después el juez dictó el auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare
y coacusados por cargos de delincuencia organizada. En el documento del
auto de término constitucional el juez dio por válidas las
declaraciones de los testigos colaboradores Jennifer y Mateo
al considerarlas de “relevancia probatoria”, igual que los 195
supuestos “elementos de prueba” aportados por las dependencias que
participaron en la integración del expediente.
Después del 30 de
noviembre, cuando Marisela Morales ya había salido de la PGR, buscó
insistentemente a la señora Zepeda para pedirle otra reunión, pero ésta
no se realizó. Fuentes consultadas por este semanario señalan que
Morales se quejaba de que ella iba a terminar pagando “los platos rotos”
y que por eso le había puesto un ultimátum a Cuitláhuac Salinas, que
según ella la había “metido en el problema”.
El pasado 30 de
abril, en entrevistas con Televisa y MVS Noticias, Salinas señaló que
con la anuencia de Morales, un grupo de mandos militares usó a la PGR
para fabricar el expediente contra Ángeles y coacusados. Afirmó que a él
lo marginaron de todas las investigaciones pese a que su área y el
personal bajo sus órdenes se encargaron de la averiguación previa.
De
hecho, dijo, él renunció a la Subprocuraduría antes de terminar el
sexenio de Calderón porque detectó un plan para incriminarlo también a
él, además de que fue amenazado por investigar a funcionarios implicados
con el narcotráfico, entre ellos algunos de la SSP.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1905, ya en circulación)
/4 de mayo de 2013)
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