En el informe que dieron a conocer este mes, los
delegados de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias y el
Instituto Internacional de Prensa que visitó México en febrero pasado señalaron
las alarmantes presiones contra la libertad de prensa que se viven en el país.
Además, tras entrevistarse con gente del gremio, legisladores y políticos, la
misión internacional advierte que, digan lo que digan los funcionarios de
Javier Duarte, Veracruz está convertida en una trampa mortal para periodistas,
ya que ahí convergen el crimen organizado y la impunidad institucionalizada.
Gloria Leticia Díaz/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- “El estado de Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del
mundo para los profesionales del periodismo”, es la frase con que abre el
informe La situación de la libertad de prensa en México, elaborado por la
Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus
siglas en inglés) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI).
El documento refiere
que con nueve asesinatos en los últimos años –entre ellos el de Regina
Martínez, la corresponsal de Proceso en el estado– y con 20 comunicadores
desplazados, ser periodista en Veracruz “puede tener consecuencias mortales”.
En el texto, de 31
páginas, se refleja la experiencia que obtuvieron tras un viaje a México en
febrero pasado los integrantes de las organizaciones mencionadas, con oficinas
en París, Francia, Damstadt, Alemania, y Viena, Austria
La delegación
incluyó a Roger Parkinson, expresidente de WAN-IFRA, ex editor, director
general y presidente del grupo canadiense Globe&Mail y miembro del IPI;
Larry Kilman, director general adjunto de WAN-IFRA; Bárbara Trionfi,
responsable de la Libertad de Prensa del IPI; Rodrigo Bonilla Hastings,
responsable de misiones de Libertad de Prensa de WAN-IFRA, y Scott Griffen,
asesor de Libertad de Prensa para América Latina y el Caribe del IPI.
Tras entrevistarse
con periodistas, editores, miembros de la sociedad civil, representantes del
cuerpo diplomático, legisladores y funcionarios federales, así como integrantes
del gobierno estatal que encabeza el priista Javier Duarte, la misión
internacional llegó a la conclusión de que la Secretaría General de Gobierno, a
cargo de Gerardo Buganza Calderón,
“ejerce un firme control sobre todos los canales de información,
poniendo al descubierto un estilo de gobierno preocupantemente autoritario”.
En ese estado, los
periodistas “no sólo se enfrentan al riesgo que conlleva cubrir
(informativamente) al crimen organizado, sino también al de ejercer su
profesión bajo un régimen de hostil intolerancia”, y peor aún, “se sabe que, en
muchos casos, el crimen organizado actúa bajo los dictados del gobierno local”.
Las agrupaciones
defensoras de la libertad de prensa consideran como operadora de la “hostil
intolerancia” hacia la prensa y los periodistas a la coordinadora general de
Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, a quien –dice el informe– llaman
“vicegobernadora”, “un apodo que revela su inmensa influencia política en el
estado”.
También se narra el
encuentro que la misión de WAN-IFRA y el IPI tuvieron con Buganza Salmerón,
Domínguez Colío, la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, Namiko Matsumoto, y la
directora de Investigaciones Ministeriales de la procuraduría veracruzana,
María del Consuelo Lagunas.
En esa ocasión, se
indica, “las autoridades de Veracruz insistieron en que los periodistas no eran
asesinados por su profesión, sino por comportamientos dudosos en sus vidas
privadas –incluyendo la complicidad con el crimen organizado– o por falta de
profesionalismo”.
La misión internacional
da cuenta asimismo de la desconfianza que muestran los informadores hacia la
Comisión Estatal para la Atención y la Protección de Periodistas, entre otras
razones porque de los 15 millones de pesos de su presupuesto sólo destina 747
mil 755 al apoyo del gremio y el resto se reparte entre los altos salarios de
sus funcionarios y los gastos de oficina.
Como los miembros
del gobierno veracruzano se resistieron a admitir que los periodistas enfrentan
un ambiente hostil en la entidad y no quisieron hablar de las irregularidades
en la investigación del asesinato de Regina Martínez, Larry Kilman los
interrumpió:
“Han confirmado
nuestro profundo escepticismo. No reconocer la magnitud del problema de la
libertad de prensa en su estado y pretender que tienen una respuesta a todas
las cuestiones que les hemos planteado hoy sólo aumenta nuestras reservas sobre
su versión de los hechos”, dijo al final de la reunión el director general
adjunto de WAN-IFRA, según el informe.
En entrevista
telefónica Rodrigo Bonilla Hastings detalla que en la junta realizada el 13 de
febrero en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México, Domínguez Colío
“empezó afirmando que en Veracruz hay 100%
libertad de expresión, garantizada; después seguimos con detalles, entre
ellos el caso de Regina, y nos bombardearon con citas de la investigación, que
el folio tal y no se cuánto, y que aquí está clara la confesión del supuesto
asesino (Jorge Antonio Hernández Silva) y que podían conseguir sin problema el
certificado médico de cuando hizo la confesión para probar que no hubo ningún
tipo de tortura… Tuvimos que pararlos, era un diálogo de sordos”.
Veracruz es uno de
los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, “con un
saldo de 11 muertos desde 2006, de
acuerdo con (el programa) Death Watch del IPI”, acota Bonilla Hastings. Y
después de oír a los funcionarios de Duarte “se fortalece la hipótesis de que
está conscientemente queriendo borrar una parte de la realidad y mostrar otra.
Es gravísimo”, más aún cuando hay muchos casos de violencia contra periodistas
que no se están reportando:
“Me habló el dueño
de un medio. Me comentó cómo habían levantado a uno de sus editores, lo habían
golpeado. Amenazaron que si se iba del estado iban a ir por el resto del equipo
del periódico. El tipo se tiene que quedar muerto de miedo y a la cabeza de la
redacción, también atemorizada. Todo esto no salió a la luz. Si lo que se sabe
es terrible, ¿cuántas cosas hay que no se saben?”.
Bonilla Hastings
recuerda que al reunirse la delegación internacional con los subsecretarios de
Derechos Humanos y de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación,
Lía Limón García y Eduardo Sánchez
Hernández, respectivamente, se les planteó el tema de Veracruz. Sánchez
respondió que “el gobierno federal va a usar los instrumentos legales que tiene
a su disposición para no permitir que los gobiernos estatales cometan un abuso,
sean del partido que sean”.
Por ello, dice el
activista, “estamos por enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto para exigir
garantías de seguridad para (el periodista) Jorge Carrasco, así como
esclarecimiento de las denuncias presentadas por Proceso, y vamos a recordar lo
que dijo Sánchez, que fue publicado en un comunicado que emitimos el 15 de
febrero. Si es verdad lo que dicen, que no importa qué partido gobierne en los
estados donde hay abusos, que empiecen por Veracruz”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1903, ya en circulación)
(PROCESO/Gloria Leticia Díaz/ 21 de Abril 2013)
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