El entramado político-electoral para usar programas
sociales en beneficio del PRI en el estado de Veracruz, puesto al descubierto
por el PAN, revela la naturaleza corrupta del partido en el poder federal. Y si
bien ya se realizaron las primeras destituciones de funcionarios implicados, es
claro que con ellas se pretende lavar imagen y, sobre todo, evitar que rueden
las cabezas de dos responsables principales: la del gobernador de esa entidad,
Javier Duarte, y la de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Álvaro Delgado/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- La red de funcionarios federales, estatales y municipales para usar
ilegalmente los programas antipobreza a favor del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Veracruz, puesta al descubierto por el Partido Acción Nacional
(PAN), no sólo exhibe al gobernador Javier Duarte como jefe de delincuentes
electorales, sino también al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) que opera el programa emblema del sexenio: La
Cruzada contra el Hambre.
En la denuncia penal
que presentó el PAN ante la Procuraduría General de la República (PGR), a
través del diputado federal Humberto Alonso Morelli, no queda duda: Duarte está
al frente de la “estructura paralela” al PRI en Veracruz, como lo confiesan los
responsables políticos y operativos de ésta, miembros del primer círculo del
gobernador priista.
A lo largo de las 50
cuartillas de la denuncia penal, presentada el martes 16 y de la que Proceso
tiene copia, los involucrados describen, a detalle, el plan para hacer triunfar
al PRI con base en el uso ilegal de programas federales, estatales y
municipales, una trama en la que intervienen al menos 59 servidores públicos
–no 57–, la mayoría priistas.
Pero también en la
denuncia contra “El cártel rojo de Veracruz” –como lo denomina el PAN– se
identifica como “cómplices” a funcionarios del Instituto Federal Electoral
(IFE) y del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), quienes facilitan la
infiltración de priistas como funcionarios y realizan cambios de credenciales
de elector indebidamente.
Según la denuncia,
están involucrados el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE)
en esa entidad, Sergio Vera Olvera, a Mariana Sánchez “y los encargados de los
módulos” del IFE, así como la presidente del IEV, Carolina Viveros González, el
vocal de capacitación, que no identifica, y “los capacitadores asistentes
electorales”.
La denuncia refiere
que los funcionarios del IFE “autorizaron cambios de domicilio de electores
entre municipios que no son procedentes de acuerdo con la normatividad legal,
principalmente a los municipios de Boca del Río y Veracruz”.
Por ello pide a la
PGR que solicite al IFE cuántos de esos cambios se hicieron este año de otros
municipios del estado a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, “así como de
municipios de los estados limítrofes con Veracruz proporcionando los nombres y
demás datos de dichos electores”.
En la denuncia ante
la PGR, el PAN asegura: “Se tiene conocimiento de que en todo el estado está
operando una estructura paralela similar a la de Boca del Río y de que se ha
estado contratando a personas con residencia en otros estados para que voten a
favor de los candidatos del PRI a cambio de dinero, transportándolos de sus
lugares de origen y regresándolos al terminar la jornada electoral”.
Añade: “Según
sabemos, ya realizaron trámites de cambio de domicilio a diversas ciudades del
estado, principalmente Veracruz y Boca del Río, con la complicidad de los
funcionarios y empleados del Registro Federal de Electores antes mencionados,
quienes no exigen un documento que acredite fehacientemente su residencia
efectiva”.
En el caso de los
funcionarios del IEV, la denuncia recoge testimonios en el sentido de que ese
órgano “está de nuestro lado”, pero también se planea colocar como funcionarios
de mesa directiva de casilla a priistas, como lo planteó en una reunión la
representante del PRI ante el IEV, Rosa María Adriana Mendoza.
La priista dice que
se debe trabajar “para que nuestra gente ocupe las primeras posiciones en este
proceso electoral” y por eso pide que se invite a priistas para que se
capaciten: “Y, bueno, nosotros nos encargamos de lo demás a través del
capacitador de convocarle una posición
de escolaridad alta para que él ocupe la integración (de mesas directivas de
casilla) como presidente, secretario y como escrutador”.
OTRO VIDEOESCÁNDALO
Con base en más de
13 horas de grabaciones, el PAN acusa a Duarte de violar los artículos 108 de
la Constitución –que establecen que los gobernadores son responsables por las
violaciones a ésta, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales–,
y 134, que obliga a aplicar con imparcialidad los recursos públicos.
También se le imputa
al gobernador y a los otros 56 denunciados cometer numerosos delitos previstos
en el Código Penal y en cuatro leyes –asociación delictuosa, entre ellos–, así
como el Programa de Blindaje Electoral 2013 de la Sedesol por condicionar la
entrega de los programas sociales como Oportunidades, pensiones, despensas,
sillas de ruedas, prótesis auditivas…
Este golpe político
del PAN a Duarte, difundido el miércoles 17 y cuyo artífice es el ex priista
Miguel Ángel Yunes, se produce en medio del lanzamiento de la Cruzada Nacional
contra el Hambre, a la que fue invitado el expresidente brasileño Luis Inacio
Lula Da Silva.
La operadora de este
plan, la ex perredista Rosario Robles, titular de la Sedesol, fue ubicada por
el PAN como la artífice del uso clientelar de los programas sociales en varios
de los 14 estados donde habrá elecciones locales en julio de este año como
Aguascalientes, Coahuila, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala y
Zacatecas.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1903, ya en circulación)
(PROCESO/ Álvaro Delgado/ 20 de abril de 2013)
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