A punto de cumplirse un año del asesinato de Regina
Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, se intensifican las amenazas
desde el poder en esa entidad, ahora contra el reportero Jorge Carrasco,
coadyuvante en el caso irresuelto del homicidio perpetrado el 28 de abril de
2012. Aunque en realidad, son casos que se agregan a una larga lista de
agresiones de las que han sido víctimas reporteros de este semanario, en
diversas partes del país, sólo por cumplir con su labor periodística.
José Gil Olmos/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Desde su creación en 1976, Proceso ha recibido presiones y golpes
de todo tipo: vetos de autoridades de los tres niveles de gobierno, incautación
de ediciones enteras y quema de ejemplares en algunos estados, retiro de
publicidad oficial, amenazas a reporteros y corresponsales, acoso judicial y
campañas orquestadas desde el poder.
A raíz de operativos
realizados en 2009 y 2011 por las secretarías de la Defensa y de Seguridad
Pública, las autoridades federales exhibieron ejemplares de la revista en sus
aseguramientos como parte del “equipo y material diverso” de grupos criminales
(Proceso 1709 y 1794). Ante esa acometida el semanario presentó una queja ante
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otra ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
El hostigamiento
sistemático se endureció durante los sexenios de los panistas Vicente Fox
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, lapso en el que también se exacerbó la
violencia de las bandas delincuenciales, que también han pretendido intimidar a
los reporteros y corresponsales de este semanario.
En 2005, durante el
foxismo, Proceso fue excluido de las giras presidenciales; el propio mandatario
estableció un veto publicitario que su sucesor Calderón refrendó.
En 2009 el director
de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó una queja ante el ómbudsman
nacional por considerar que se violaban los
derechos fundamentales de la publicación al distribuir de manera
desigual, arbitraria y sin transparencia la publicidad oficial. Tres años
después, la Comisión emitió la recomendación 35/2012 en la cual admitió que
Calderón buscó dañar económicamente a Proceso.
Los agravios
incluyen el asesinato de la corresponsal de este semanario en Veracruz, Regina
Martínez Pérez, el 28 de abril de 2012, así como las intimidaciones,
persecuciones y secuestros de ocho reporteros y corresponsales de la revista, y
las recientes amenazas de muerte al reportero Jorge Carrasco Araizaga,
coadyuvante en las investigaciones ministeriales en el caso de Regina Martínez.
Desde la noche del
domingo 14, Proceso recibió informes acerca de una reunión que sostuvieron
funcionarios y ex funcionarios del gobierno, de la procuraduría y de Seguridad
Pública de Veracruz en la cual presuntamente acordaron acciones contra el
reportero, entre éstas el envío de agentes de esa entidad al Distrito Federal,
así como a Morelos, Querétaro y el Estado de México para recabar datos sobre el
periodista.
Proceso tuvo
conocimiento de una segunda reunión el lunes 15, en la cual los participantes
decidieron la captura de Carrasco y “darle piso” en caso de resistencia. Los
funcionarios tuvieron en cuenta las cámaras de seguridad del Distrito Federal y
acordaron “tener cuidado” para no ser grabados por ellas.
El semanario informó
de esos encuentros a la CNDH, a la Procuraduría General de la República (PGR) y
a la Secretaría de Gobernación, instancias que activaron un mecanismo para
proteger a Carrasco.
El jueves 18, el
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acudió a las instalaciones de
Proceso y se comprometió con el director Rafael Rodríguez Castañeda a realizar
una investigación exhaustiva para esclarecer las amenazas contra el reportero y
a desactivar el clima de hostilidad en contra del semanario, sus reporteros y
el corresponsal Noé Zavaleta.
Cuando Duarte se
retiraba de Proceso, varios reporteros lo interpelaron en la redacción; le
exigieron investigar las amenazas contra Carrasco, emanadas, le dijeron, desde
su gobierno. También le cuestionaron la falta de gobernabilidad en Veracruz y
el clima de inseguridad para todos los reporteros de la entidad. Le dejaron en
claro que había unidad entre los trabajadores de esta casa editorial y reiteraron
la exigencia de que se investigue a fondo el asesinato de Regina Martínez.
Le expusieron, en
suma, que ha pasado un año y las indagaciones no convencen, pues una juez
sentenció a 38 años a un asaltante, Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva,
sin esperar el desahogo de las pruebas solicitadas por la revista y antes de
que se conocieran los resultados de los peritajes de tortura de los que se
quejó el presunto culpable (Proceso 1902).
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1903, ya en circulación)
(PROCESO/ José Gil Olmos/ 20 de abril
de 2013)
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