Redacción/ Proceso
SALTILLO, Coah. (Apro).-
El reportero gráfico del diario Vanguardia, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa,
se convirtió en el segundo periodista asesinado en lo que va del gobierno de
Enrique Peña Nieto. Su cuerpo descuartizado fue hallado ayer, junto con el del
estudiante Julián Alejandro Zamora, en calles de esta ciudad.
El caso encierra un
misterio: al parecer la delegada regional de la Procuraduría General de
Justicia del estado (PGJE), Claudia Elodia Brondo Morales, supo anticipadamente
dónde iban ser abandonados los cadáveres.
Esta tarde, luego de
que el diario Vanguardia objetó la versión inicial de la PGJE, que vinculó a su
fotógrafo y al otro joven con el crimen organizado, la dependencia confirmó que
Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años de edad, y el estudiante de
ingeniería Julián Alejandro Zamora, de 23 años, sí tenían relación con Los
Zetas.
En conferencia de
prensa, el procurador Homero Ramos Gloria señaló que “las declaraciones que
obran en el expediente ministerial y las investigaciones relacionadas con los
hechos sí dan dos factores importantes: primero, que sí tenían relación de
alguna manera con este grupo (Los Zetas)”.
Además, dijo,
después de realizar pruebas forenses, uno de ellos “dio positivo toxicológico”,
aunque las investigaciones apuntan que los dos usaban tóxicos, añadió.
Ramos Gloria
mencionó que uno de los jóvenes ejecutados tenía antecedentes de acompañamiento
en vehículo con robo.
“El antecedente lo
tiene obviamente la delegación sureste”, puntualizó, y aseguró que para hacer
ese señalamiento no tomó en cuenta los “narcomensajes” hallados al lado de los
cuerpos.
“Los mensajes para
nosotros son simplemente parte del cuerpo de la averiguación previa
correspondiente, no nos mueve a ninguna especulación”, subrayó.
Según el funcionario
estatal, las declaraciones de los familiares de las víctimas también confirman
que estaban involucrados con el crimen organizado.
Por separado, el
gobernador Rubén Moreira ofreció investigar el asesinato del fotoperiodista
hasta esclarecerlo.
En gira de trabajo
por Torreón, lamentó el hallazgo del cuerpo sin vida del fotoperiodista, junto
con el cadáver del estudiante Julián Alejandro Zamora García.
“Es un caso
tristísimo, ayer pedí la información, me dicen que tenía dos meses trabajando
con ustedes (en Vanguardia), que era fotógrafo de Sociales. A él le dejaron un
cartelón”, dijo.
“Vamos a hacer la
investigación. Creo que es un hecho lamentable”, añadió.
Según Moreira Valdez
su administración trabaja para garantizar la protección de los trabajadores de
los distintos medios de comunicación con presencia en la entidad. Y aunque
especificó que en el caso de Martínez Bazaldúa no cuenta con toda la información,
el viernes 26 se realizará una conferencia de prensa para ahondar en el tema.
“LA VERDAD”, EXIGE VANGUARDIA
Luego de que las
autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos descuartizados y aseguraron
que junto a ellos “había dos mensajes que hacen alusión directa a que ambas
personas habían pertenecido y desertado a una organización criminal”, el diario
Vanguardia criticó la criminalización de las víctimas y reclamó: “Exigimos la
verdad”.
En su editorial de
este jueves, Vanguardia exigió a las autoridades una investigación a fondo y la
presentación de pruebas para asegurar que los dos jóvenes asesinados ayer, uno
de ellos su fotógrafo, estaban relacionados con el crimen organizado.
“Contrario al
procedimiento que efectúa, incluso para el cual solicita el apoyo de los medios
de comunicación, en el documento de anoche la PGJE (Procuraduría General de la
República del estado) interpreta irresponsablemente los cartelones afirmando
que ambos hacen ‘alusión directa’ a que las víctimas habían sido miembros, y
desertaron, del crimen organizado”.
Añade:
“Al solicitar algún
elemento de prueba, el mínimo, cualquiera que sustente dicha interpretación que
hace de los cartelones, la dependencia del gobierno estatal no ofreció
respuesta alguna hasta el cierre de esta edición”.
Tras detallar que
desde el inicio de la administración actual se han prometido investigaciones
serias, responsables y profesionales en los ataques a periodistas, señala que
en el comunicado que difundió anoche, la PGJE “no estableció que el otro
cartelón dice que el doble asesinato es un mensaje para la ciudadanía de
Coahuila, señalando directamente a los cuerpos policiacos como los Groms y
Gates”.
El mensaje al que
hace referencia el diario decía: “ESTO
ES LO QUE LES VA A PASAR A TODOS LO CHAPULINES DE MIERDA ESTE TERRITORIO ES 100
POR CIENTO ZETAS NO SE CONFUNDAN NI GATAS NI CROMS DE MIERDA, CON NOSOTROS NO
SE METAN”.
Mensajes como ese,
agrega el diario en su editorial, se han repetido desde hace tiempo, mismas
ocasiones en que la PGJE solicita a los medios de comunicación ni siquiera
publicar los contenidos textuales, mucho menos hacer interpretaciones.
Continúa:
“Nos parece triste y
alarmante que Coahuila se convierta en un estado en el que la autoridad condene
a personas asesinadas, convirtiéndolas en delincuentes, sin que para esto
ofrezca el mínimo de pruebas o argumentos, como ocurrió anoche.
“Sólo una
investigación seria y profesional puede al final dar con la verdad que la
sociedad se merece… por dura que ésta pudiera resultar para los familiares
involucrados, como puede ser en este y cualquier otro caso.
“Para las familias
de Martínez Bazaldúa y Zamora Gracia, no hay palabras que atenúen su dolor,
pero junto con ellos demandamos que estos crímenes sean aclarados y castigados.
“Inmersa en el
desconcierto, esta casa editora lamenta el salvajismo de la violencia que hoy
golpea a México y la capacidad de respuesta mostrada hasta ahora por el
Gobierno Estatal”, concluye el texto de Vanguardia.
VINCULAN A DELEGADA DE PGJE CON DOBLE CRIMEN
La delegada regional
de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Claudia Elodia Brondo
Morales, supo anticipadamente dónde iban ser abandonados los cadáveres del
fotógrafo del diario Vanguardia, Daniel Martínez, y otro joven más, comentaron
a Apro periodistas de esta ciudad que solicitaron el anonimato.
La noche del martes
23, dijeron, Brondo Morales alertó a la Policía Investigadora de Coahuila sobre
dos cuerpos descuartizados que estaban en medio del pavimento en la
intersección del bulevar Diamante, Alejandrina y Arco Suizo, de la colonia
Miravalle, ubicada al sur de la ciudad.
No obstante, cuando
llegaron los efectivos policiacos al lugar indicado no encontraron nada y
comenzaron a buscar en otros rumbos del barrio, señalaron los periodistas
consultados, y agregaron que cuando los policías pasaron por tercera vez por el
sitio ya estaban los cuerpos descuartizados.
Incluso esa versión
fue conocida desde ayer por el Diario de Coahuila, que hoy la publica.
“Lo más extraño fue
que por versión directa de los elementos de la Policía Investigadora del
Estado, éstos fueron alertados del ‘hallazgo’ de los dos cadáveres, con tanto
detalle en las señas por parte de la delegada regional de la PGJE, Claudia
Elodia Brondo Morales”, precisa la nota del Diario.
Y fue con tanta
anticipación, agrega, que cuando llegaron aún no los dejaban tirados; no
estaban.
“Pues ustedes vieron
que dimos tres vueltas y pasamos por el mismo lugar tres veces, y hasta la
tercera ya estaban los cuerpos aquí, es raro que la delegada haya sabido hasta
cómo iban vestidos y como estaban envueltos, y nos mandara con tanta
insistencia al punto exacto, lo peor es que nos enviara aún antes de que fueran
dejados en el lugar”, comentó al periódico uno de los agentes enviados.
SIP Y ARTÍCULO 19 CONDENAN ASESINATO
La Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) y Artículo 19 condenaron por separado el
asesinato del fotógrafo de Vanguardia y exigieron a las autoridades estatales y
federales que investiguen a fondo, de forma clara, hasta dar con los motivos y
responsables del crimen.
El presidente de la
Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo,
expresó su solidaridad con familiares y colegas de Daniel Alejandro Martínez y
se sumó a la crítica del periódico a las autoridades.
En tanto, la
organización internacional Artículo 19 pidió a la PGJE investigar a fondo el
asesinato del fotógrafo y “sostener con pruebas” los señalamientos de la
fiscalía respecto de que presuntamente perteneció y desertó de una organización
criminal.
Puntualizó que los
señalamientos de la dependencia estatal vulneran el derecho a la justicia y la
responsabilidad del Estado para investigar, esclarecer los hechos, sancionar a
los responsables y reparar los daños causados.
“De esa manera se
revictimiza a los familiares del fotoperiodista y se vulnera su derecho a la
honra y el buen nombre mediante afirmaciones dirigidas a poner en tela de
juicio su probidad”, insistió.
Artículo 19 detalló
que del año 2000 a la fecha Coahuila tiene registro de dos asesinatos de
periodistas u uno desaparecido, y es la entidad con más ataques a medios de
comunicación, con 10 agresiones.
Recordó, asimismo,
que el 29 de mayo de 2011 el periódico Vanguardia fue víctima de uno de estos
ataques.
(PROCESO/ Redacción/25 de abril de 2013)
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