Sabina Berman/ Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El engreimiento del crimen en México es de por sí
insoportable, pero en la Costa Chica de Guerrero, el pasado diciembre rebasó el
tope de la miseria humana. Además de cobrar piso a los ganaderos más humildes o
a los campesinos sembradores, además de secuestrar personas y robar hogares,
los representantes locales del crimen iniciaron una práctica terrible.
Llamaban a una muchacha por celular y la citaban en un hotel de paso. “Pero
ven sin tu familia”, decían, “o los matamos”. Las muchachas fueron, y fueron
violadas. De esa hondura de denigración surgió la idea de las comunidades de
armarse y tomar la Justicia en propia mano.
¿Y la policía?, le pregunto al comandante Ernesto, nombrado por su
comunidad en El Mezón para defenderla. “Ja”, se ríe. “Son parte de los
criminales y parte del Estado”. ¿Son la bisagra entre Estado y crimen? “Eso,
son la bisagra”.
Tampoco fue una generación espontánea como aparecieron este enero las
policías comunitarias en El Mezón y se replicaron de inmediato en otros seis
municipios de la Costa Chica. Existía previa una organización. Desde hacía dos
años las comunidades se habían organizado en la UPOEG, la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero, para solucionar problemas comunes.
Los recibos de la electricidad eran abusivos. Faltaban carreteras. Cuando
llovía las carreteras desaparecían bajo el agua. Inevitablemente, llegaron al
tema de la inseguridad y a la charla de cómo no vivir de hinojos ante el
crimen. La solución de elegir a sus propios policías y armarlos fue
consensuándose y cuando la indignación se derramó el 5 de enero pasado, con el
secuestro del comisario de Rancho Nuevo, ya sabían qué hacer y cómo.
Y por supuesto la gente de la Costa Chica no es la primera en decidirse a
tomar la Justicia en sus manos. Los ricos de México llevan una década
haciéndolo. Los industriales, los comerciantes en grande, los artistas y los
políticos van a cualquier sitio con sus escoltas particulares. Una aristocracia
que igual que la gente de la Costa Chica descree del Estado y prefiere depender
de sus propios recursos para garantizarse la seguridad y la de sus familias.
Carlos Hank Rohn viaja en un Mercedes Benz verde olivo blindado, antecedido
y seguido por dos camionetas con guardias armados con metralletas. Cualquier
gobernador se mueve inmerso en una nube de protectores armados y conectados a
una red de inteligencia. Gloria Trevi llega a sus citas en un restaurante
precedida por dos primates de uno noventa metros de alto cada cual y
empistolados bajo las chaquetas de cuero negro. El Niño Verde no asoma en una
discoteca sin que sus guaruras hayan revisado antes el local con aparatos de
alta tecnología.
Sería una hipocresía criminal que este gobierno no reconociera el derecho
de la gente que no es rica y poderosa de también querer sobrevivir, y de
sobrevivir además con dignidad. Así parece haberlo entendido hasta ahora el secretario
de Gobernación, pues se ha reunido con los comandantes comunitarios y
únicamente ha reprimido a las policías “espontáneas” de Michoacán, aduciendo
que son narcos esbozados.
¿Y qué pasa si Gobernación de pronto lo repiensa y los reprimen?, le pregunto
al Comandante Ernesto. “No estamos fuera de la Ley”, me responde. “El artículo
39 de la Constitución dice que el pueblo puede alterar su gobierno cuando éste
ya no funcione. Y dice también que la autoridad emana del pueblo. En eso
estamos, haciendo emanar la autoridad del pueblo”. Ya apasionado, sigue: “Nomás
que nos digan (los del gobierno) qué han hecho en todo este tiempo, y nosotros
les decimos qué hemos hecho en tan pequeño tiempo”. En efecto, impresionan los
resultados. Desde enero hasta la fecha estos son los números del crimen en los
municipios con policías comunitarias: 0 secuestros, 0 robos, 0 homicidios, 0
extorsiones.
Bueno, insisto, pero si neciamente los reprimen, ¿qué harían ustedes? “Pues
tendrían un estallido social”, responde a sus 21 años el comandante Ernesto.
Fragmento del análisis
que se publica en la edición 1900 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/ Sabina Berman/
3 de abril de 2013)
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