Pedro Matías
OAXACA, Oax.
(apro).- El senador Javier Corral Jurado manifestó aquí su preocupación porque
en el primer trimestre del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, dijo, ha
percibido “signos de una regresión autoritaria”.
“Sí, veo signos de
regresión autoritaria, de intromisión en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con el hecho de cómo se resuelve el caso Florence Cassez con la
intervención del presidente; la intromisión en el IFE para perdonar el tema
Monex, y el embate sobre el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos)”, puntualizó.
Sobre la detención
de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, opinó que “casos aislados no sirven al
país”.
Agregó:
“Lo que sirve al
país es ir contra los lideres corruptos del corporativismo sindical (como
Carlos Romero Deschamps), es ir contra (ex gobernadores) como Andrés Granier,
de Tabasco; Jaime Sabines, de Chiapas; Humberto Moreira, de Coahuila, y Ulises
Ruiz Ortiz, de Oaxaca”.
De acuerdo con el
panista, nadie debe escapar a la acción de la justicia, por lo que “es
importante –dijo– que Peña nos demuestre que va en serio, no solo que ha
eliminado un obstáculo político”.
Antes de inaugurar
las Oficinas de Enlace Ciudadano en esta capital, Corral insistió en que
siempre será plausible que se tomen decisiones para sancionar a quienes
indebida e ilegalmente han hecho uso indebido de los recursos públicos, y sobre
todo de las cuotas de los trabajadores de la educación, que han tenido un
destino distinto.
“Yo lo que esperaría
es que la detención de Elba no sea una estratagema sólo en búsqueda de
legitimidad o de conquistar la credibilidad aún no conseguida por el
presidente”, apuntó.
El legislador
panista pidió que el de la maestra “no sea un caso selectivo, un caso de
justicia aislada, sino que realmente sea el inicio de una decisión política
fundamental de combate a la corrupción, no solo en el corporativismo sindical,
sino frente a la acción de cualquier actor de la vida pública del país que
disponga indebidamente de los recursos”.
Subrayó:
“Sería deseable que
fuera una acción generalizada o general de aplicación irrestricta de la ley, de
lo contrario estaremos solo ante una medida que reproduce o reitera el método
salinista de utilización del Ministerio Público con fines políticos para
eliminar un obstáculo de resistencia o una resistencia al proceso de reforma
educativa”.
Y confió en que la
acción de Peña Nieto no solamente busque un impacto político y mediático, también
–sostuvo– es necesario un impacto en la democratización del SNTE, que sirva
para que los profesores sean dueños de la decisión de elegir a sus dirigentes
magisteriales.
Consideró, asimismo,
que “muy pronto sabremos si la de Peña Nieto es realmente una decisión de
política de anticorrupción o solo es una manotazo mediático con pretensiones de
intromisión en el sindicalismo magisterial”.
Citó el tema de
Monex, que al igual que el asunto de Elba Esther, dijo, es un caso de
triangulación financiera con recursos de procedencia ilícita para la campaña de
Enrique Peña Nieto, tema que logró se reabriera en el Instituto Federal
Electoral.
Puntualizó:
“Cuando el PRI dijo
que no tenía relación con algunas de las empresas dispersoras del dinero que
fondeó los monederos electrónicos de Monex, comprobamos con el informe de
fiscalización de las campañas que el PRI no solo tenía relación indirecta, sino
directa”.
Remató:
“Si Monex va a ser
realmente sancionado y va a tener el mismo rigor que la investigación que ha
tenido el caso de Elba Esther, entonces estaremos ante una política de Estado,
de otra manera estaremos ante un quinazo o un elbazo”.
(PROCESO/ Pedro Matías/ 1 de marzo de 2013)
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