Patricia Mayorga
CHIHUAHUA, Chih.
(apro).- Alrededor de 200 indígenas rarámuris de las comunidades Bekéachi,
Wawatzérare-Bakuséachi, Chinéachi y Narárachi, municipio de Carichí, celebraron
este viernes el tercer aniversario luctuoso de su defensor Ernesto Rábago
Martínez –asesinado el 1 de marzo de 2010 en esta capital–, con una marcha y
una misa en las que exigieron el esclarecimiento del crimen y denunciaron el
acoso de que son víctimas por parte de “caciques mestizos” que amenazan con
arrebatarles sus tierras.
Asimismo, celebraron
los 85 años de la fundación de la comunidad Beaqueachi, que lucha por la
preservación de los bosques y la posesión de las tierras que habitan desde
tiempos ancestrales.
“No queremos
despensas, tenemos hambre de justicia”, dijeron dos centenas de indígenas
durante la marcha de aniversario luctuoso.
Los rarámuri
viajaron a la capital de Chihuahua para exigir justicia para sus tierras, y por
el asesinato del abogado y activista Rábago Martínez.
La conmemoración
inició con una misa presidida por el obispo de la Diócesis de la Tarahumara,
Rafael Sandoval Sandoval, quien los conminó a continuar en la defensa y cuidado
de la libertad, tierra, unidad e identidad.
“Deben cuidar y
defender su tierra de gente mala muy ambiciosa, porque es de ustedes, porque
son pueblos originales de Chihuahua. Cuiden los árboles de la gente mala muy
ambiciosa que se quieren quedar con la poca madera que tiene la sierra. Cuiden
que no siembren la hierba que hace daño, la marihuana, porque los que la
siembran han puesto al dinero como su dios, y quien así lo hace, es gente que
va a matar”, les dijo el obispo.
Sandoval alertó que
de acuerdo con expertos, la sierra Tarahumara está “en punto cero”, que es “es
cuando dicen que está a punto de llegar a ser un lugar desértico irreversible”.
Después de la misa,
caminaron del templo Sagrada Familia rumbo al Palacio de Gobierno, “para que
nuestros hermanos de Chihuahua sepan que existimos y que exigimos justicia”.
Durante 18 años, el
ejido Bakéachi ha defendido su territorio ante los tribunales agrarios y en
contra de los ganaderos mestizos de Nonoava y de Carichí, explicó Estela
Ángeles Mondragón, abogada de la comunidad y viuda de Ernesto Rábago.
Recordó que el año
pasado les regresaron 12 mil hectáreas de las tierras de Bakéachi a los
indígenas. Sin embargo, lamentó que ahora ya se encuentran invadidos, y dijo
que por esa situación los indígenas viven bajo amenazas y hostigamiento por
parte de los caciques, Jesús María Sandoval, Abraham Palma, Armando Sandoval y
Socorro Olivas.
La abogada refirió
que los rarámuri llevan 85 años en resistencia, en lucha constante por la
defensa de su territorio.
“Denunciamos que no
existe una actuación legal clara y definida de las autoridades federales,
estatales y municipales, involucradas en estos asuntos para solucionar los
conflictos agrarios, sino al contrario, han sido muchas veces omisos y, en
ocasiones, han obstaculizado la aplicación de la justicia”, indicaron los
gobernadores de la comunidad.
Del asesinato de
Ernesto Rábago, no hay avances ni responsables. “No venimos a pedir korima
(peso, limosna); no venimos a que nos vean desde arriba, estamos aquí para
exigir justicia y respeto”, subrayaron.
El grupo de
indígenas bailó frente a Palacio de Gobierno, el baile tradicional “Fariseo”,
donde pelean de manera simbólica soldados contra fariseos; ceremonia
tradicional durante la Cuaresma y Semana Santa.
“Para nosotros
bailar es vivir, es orar, es celebrar y es construir comunidad. No estamos aquí
para los turistas, no estamos aquí para que nos saquen fotos en los periódicos,
estamos aquí porque queremos decirles a todos que exigimos lo que es de
nosotros, para decirles gracias (matétera ba) a los que nos a ayudan y
recordarles a todos que la justicia se exige, que protestar es nuestro derechos
y que la represión a nuestras demandas es un delito”, dijo José Ventura Juan,
segundo gobernador de Bakéachi.
Por otra parte, el
obispo de la sierra Tarahumara, Rafael Sandoval, denunció que en esta región
chihuahuense hay lugares intransitables por el control que ejerce la
delincuencia organizada.
“Sobre la seguridad
del país, el gobierno está haciendo buenos intentos, poniendo su empeño en un
campo importante. Sin embargo, la inseguridad desgraciadamente continúa”,
advirtió con frases cortas y sin mucha explicación.
Señaló que aún hay
mucho miedo de la gente que vive en la sierra para recuperar los espacios que
eran de todos; y ese miedo es causa y efecto de la violencia, en muchos casos.
El obispo indicó que
no se trata de un problema sólo del crimen organizado, sino social e
institucional.
Advirtió que nadie
va a detener el trabajo de la Iglesia, porque es un ministerio difícil; pero
están convencidos de la opción que tomaron.
“Desde que opté por
esta vida, mi trabajo está lleno alegría, nadie me obligó”, afirmó el obispo.
(PROCESO/ Patricia Mayorga/ 1 de marzo de 2013)
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