Redacción
MÉXICO, D.F.
(proceso.co.mx).- El gobierno de Enrique Peña Nieto y los tres principales partidos
políticos, PRI, PAN y PRD negocian amplias reformas constitucionales para
acabar con los monopolios de Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo
Salinas Pliego, de acuerdo con un reportaje publicado por The Wall Street
Journal.
El diario estadunidense
destaca que los negociadores ultiman los detalles de las medidas, que
fortalecerían a los reguladores del gobierno, subastarían dos nuevas cadenas
nacionales de televisión y eliminarían las restricciones a la inversión
extranjera en telefonía fija, entre otros pasos.
Sin embargo, el
reportaje firmado por David Luhnow y Juan Montes, advierte que el gran acuerdo
contra los monopolios en las telecomunicaciones “podría frustrarse bajo la
presión de Slim o del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, y el de TV Azteca,
Ricardo Salinas Pliego. Asimismo, la implementación de algunos cambios podría
llevar años. Igualmente, incluso si las reglas de juego son iguales para todos,
las empresas que dominan el mercado tendrán ventajas consolidadas que elevarán
los costos para los nuevos participantes”.
A continuación el
texto íntegro del reportaje:
CIUDAD DE MÉXICO.-
Los partidos políticos de México están uniendo fuerzas para ir detrás de los
tres empresarios más poderosos del país, incluido Carlos Slim, el hombre más
rico del mundo. Están negociando amplias reformas constitucionales para
fomentar la competencia en los mercados de telefonía y televisión.
Negociadores de los
tres grandes partidos políticos de México, entre los que figura el gobernante
Partido Revolucionario Institucional, ultiman los detalles de las medidas, que
fortalecerían a los reguladores del gobierno, subastarían dos nuevas cadenas
nacionales de televisión y eliminarían las restricciones a la inversión
extranjera en telefonía fija, entre otros pasos.
Las empresas de
Carlos Slim controlan 75% del mercado mexicano de telefonía fija y 70% del de
telefonía móvil.
Dos fuentes cercanas
a las negociaciones afirmaron que quedaban algunos temas por resolver, pero se
mostraron optimistas de alcanzar un acuerdo. Un proyecto de ley podría incluso
presentarse en el Congreso la próxima semana.
“Estamos muy cerca.
Creo que se resolverá de manera positiva”, indicó Jesús Zambrano, presidente
del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, en una entrevista. Dos
miembros del PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, prefirieron no
referirse a los detalles, pero concordaron en que un acuerdo estaba cerca.
Los cambios buscan
impulsar la competencia en dos mercados clave de la economía mexicana dominados
por monopolios durante años. América Móvil SAB, AMX.MX -0.07% de propiedad de
Slim, controla 75% de las líneas de telefonía fija y 70% de sus teléfonos
móviles y banda ancha. A su vez, Grupo Televisa SAB y TV Azteca SAB, forman un
duopolio televisivo.
El pacto aún podría
frustrarse bajo la presión de Slim o del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, y
el de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Asimismo, la implementación de algunos
cambios podría llevar años. Igualmente, incluso si las reglas de juego son
iguales para todos, las empresas que dominan el mercado tendrán ventajas
consolidadas que elevarán los costos para los nuevos participantes.
La falta de
competencia en las telecomunicaciones, que se traduce en mayores precios y un
servicio deficiente, le resta a México cerca de 1,8% de crecimiento económico
al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La
OCDE ha presionado a México para que adopte muchos de los cambios que ahora se
están considerando. “Si Slim puede competir en Europa, ¿por qué no ponerle a
competir aquí en México?”, preguntó Rubén Camarillo, legislador del conservador
Partido Acción Nacional, PAN.
Entre los cambios
que se evalúan, informó Zambrano, está la creación de un nuevo regulador de las
telecomunicaciones, que tendría la facultad de dividir empresas que estime
demasiado poderosas, incluida América Móvil, el gigante telefónico de Slim.
Añadió, sin embargo, que aún no hay un acuerdo al respecto.
Incluso medidas
modestas para desafiar a los empresarios más poderosos constituirían un hito en
un país donde el gobierno lucha desde hace tiempo por regular a las grandes
compañías.
Cientos de
resoluciones de Cofetel, el actual regulador de las telecomunicaciones, contra
las empresas de Slim han quedado estancadas en los tribunales durante años.
Slim ha dicho que tiene todo el derecho de usar los medios legales para
defender sus compañías.
Las llamadas a
América Móvil no fueron devueltas.
Entre los cambios
propuestos se encuentra una reforma constitucional que impediría que las
empresas ignoren resoluciones regulatorias mientras las cuestionan en la
Justicia. También se establecerían tribunales especializadas para resolver
disputas en las telecomunicaciones.
Televisa y TV Azteca
combinadas acaparan 95% de los televidentes y han resistido los intentos por
generar una mayor competencia anteriormente.
Cada empresa ejerce
influencia no sólo a través de sus programas, sino también a través de un
pequeño grupo de legisladores que trabajaron en los medios antes de ingresar a
la política. El grupo se llama popularmente la “Telebancada”. Ninfa Salinas, la
hija de Ricardo Salinas, es una senadora.
Las reformas son
parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Peña Nieto por reafirmar el
poder del Estado frente a los poderosos intereses especiales. El arresto esta
semana de la titular del sindicato de maestros, acusada de malversar hasta
US$160 millones del sindicato, es un importante paso en esa dirección, afirmó
Zambrano, el presidente del PRD. La líder sindical bloqueó cambios al sistema
educativo durante años.
Televisa indicó que
le da la bienvenida a la competencia y considera que licitar nuevas cadenas de
televisión es “saludable” para el país.
El proyecto de ley
también eliminaría el actual límite de 49% sobre la inversión extranjera en
telefonía fija y contempla la creación de una red de telecomunicaciones que le
permitiría a las empresas eludir la red de Slim, que durante años ha cobrado
altas tarifas para acceder al servicio, según la OCDE y los reguladores
mexicanos.
—Anthony Harrup
contribuyó a este artículo.
(PROCESO/Redacción/ 1 de marzo de 2013)
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