Rosalba Ramírez García
Chilpancingo.- La
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó al gobierno de la entidad
protección para las 54 personas acusadas de presuntos vínculos con la
delincuencia organizada y que permanecen retenidas por movimiento de
autodefensa de los pueblos de la región de Costa Chica adheridos a la Unión de
Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG).
Mediante un
comunicado oficial, el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva,
solicitó la aplicación de “medidas cautelares de manera indefinida” a favor de
los inculpados.
Esto con el
propósito de “salvaguardar” los derechos humanos a la vida, integridad física,
seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas, quienes el jueves 31
fueron presentados durante una asamblea realizada en la comunidad de El Mezón,
municipio de Ayutla, donde se instaló un “tribunal popular” integrado por
autoridades comunitarias de 69 poblados de esta zona de la entidad para someter
a juicio a los inculpados.
Plascencia
Villanueva recordó que la CNDH inició una investigación para determinar el
grado de responsabilidad de autoridades gubernamentales ante la decisión de los
ciudadanos de asumir las funciones de seguridad pública e impartición de
justicia.
Al respecto, el
titular de la CNDH señaló que la implementación de tribunales populares
integrados por ciudadanos se contrapone al artículo 17 de la Constitución, que
establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma “ni ejercer
violencia para reclamar su derecho”.
Plasencia demandó a
las autoridades estatales que garanticen el respeto a los derechos humanos de
los ciudadanos, “sin prejuzgar” sobre la responsabilidad de los señalados, así
como el grado de participación del gobierno en los hechos, por acción u
omisión.
Asimismo, la CNDH
pidió al gobierno estatal aplicar las medidas necesarias para restablecer la
seguridad pública y salvaguardar la integridad de los habitantes donde
surgieron los movimientos ciudadanos de autodefensa contra la delincuencia.
(EL SUR ACAPULCO/ Rosalba Ramírez García/ feb 3, 2013)
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