México, DF.- Nuevos
testimonios confirman que funcionarios de Gobernación traficaban con permisos
de casinos. La ex diputada federal Lizbeth García Coronado, lo denunció a los
secretarios Gómez Mont y Blake.
Gobernación sabía
desde 2009, que en sus pasillos existía una mafia que otorgaba permisos falsos
y que dejaba en operación casinos que no tenían permisos legales.
Desde mayo de 2011,
tres meses antes de que el fuego en el casino Royale acabara con la vida de 52
personas, lo sabía también la Procuraduría General de la República.
Estaban enterados
los poderes Legislativo y el Judicial, además de la Secretaría de la Función
Pública. Todos tuvieron información y
exhortos para clausurar los casinos ilegales, pero nada sucedió.
Se mantuvieron en un
silencio cómplice en el que los permisos falsos iban y venían, en el que
documentación salía de Segob a oficinas privadas, y nadie parecía darse cuenta.
La respuesta de la autoridad se limitaba a que no sabía nada y que no tenía
personal suficiente para inspeccionar.
La información que
conoció Talía Vázquez Alatorre, gracias a una relación de matrimonio con el ex
funcionario de Gobernación Juan Iván Peña Neder también la tuvo, por una
investigación propia, Lizbeth García Coronado.
Entonces era
diputada federal por el PRD y encargada del equipo de trabajo que vigilaba el
funcionamiento de los casinos y el reglamento de la Ley Federal de Juegos y
Sorteos al interior de la Cámara.
En entrevista
reitera lo que dijo a la autoridad, incluido el propio secretario de Segob
después fallecido, Francisco Blake Mora: un grupo de ex funcionarios otorgaban
permisos ilegales y Gobernación lo permitía.
Oídos sordosDesde el 17 de
septiembre de 2009 la Segob posee una lista de 46 casinos ilegales, la cual
incluía al Royale de Monterrey. La entregó públicamente en la Cámara de
Diputados Jesús Zambrano, entonces diputado por el PRD, a Fernando Gómez Mont,
quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Gobernación.
“Le entregó una
lista de establecimientos en los que operan
casinos de forma irregular a lo largo y ancho del país, bajo la
complacencia de su Secretaría. Esperamos que se investigue y se aplique la
ley”, dijo el perredista al titular de Segob.
Esto consta en la
versión estenográfica del encuentro. Gómez Mont era entonces funcionario
público, pero en su vida personal era “y lo sigue siendo” socio del bufete de
abogados Zínser, Esponda y Gómez Mont.
Otro de los socios
de este despacho es Julio Esponda Ugartechea, quien ha sido señalado como
protector de la mafia de los casinos que ha revelado “Reporte Índigo”, aunque
él lo negó en una carta dirigida a este diario.
La Segob no emitió
respuesta sobre esta lista de casinos ilegales y al año siguiente, cuando el
titular de esa dependencia era Francisco Blake Mora, nuevamente la Cámara de
Diputados revivió el tema.
Lo hizo en voz de la
diputada del PRD por el Estado de México, Lizbeth García Coronado, quien era
secretaria de la Comisión de Turismo y coordinaba un grupo de trabajo sobre la
operación de casinos.
“(La lista) era de
los establecimientos que trabajaban de manera ilegal, que no tenían permisos
federales, que no contaban con anuencias municipales o estatales, y presumíamos
que estaban trabajando de manera irregular y que se tenía que hacer algo”.
“Esta lista se le
entrega al secretario de Gobernación pero se hace caso omiso, se deja seguir
trabajando a los establecimientos, no solamente a los que denunciamos sino un
sinnúmero de establecimientos que seguían operando así”, recuerda en
entrevista.
El 2 de mayo de
2011, mediante una denuncia ante la PGR, la diputada dio cuenta de 16 casinos
ilegales que operaban en Monterrey. El sexto era del Royale.
“No tiene permiso de
la Secretaría de Gobernación ni anuencia municipal...además se permiten juegos
aún prohibidos por la ley como son naipes, ruletas y dados”, se lee en la
averiguación previa AP/PGR/UEDICSPCAJ/SP/M-X/156/2011.
La diputada se
reunió con las directoras de Juegos y Sorteos, Guadalupe López Mares y Araceli
Barroso Rodríguez; con el encargado de
la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño, y con el subsecretario Obdulio
Ávila Mayo, para pedir informes sobre la inspección a los casinos ilegales.
“Guadalupe López
Mares nos decía: ‘hay 30 y tantos inspectores y es imposible verificar el
sinnúmero de establecimientos que hay en el país, y no se puede, no pueden
inspeccionar los centros de apuestas”.
“En el caso de
Araceli (Barroso) sí te escuchaban, te daban un reporte de cuántos
permisionarios habían, cuántos establecimientos, pero eso era todo, solamente
reportes. Cuando de un momento a otro tú visitabas la página en Internet de la
Dirección de Juegos y Sorteos, veías otra cosa contraria a la que te decía la
directora”, recalca la política. La otra respuesta de Gobernación era que la
responsabilidad recaía en el Poder Judicial, porque eran los jueces quienes
autorizaban los permisos que tenían las empresas de casinos.
El 5 de agosto de
2011 la Comisión Permanente de la Cámara baja aprobó un punto de acuerdo para
que el Consejo de la Judicatura Federal informara “sobre el número de sentencias que por juicio de amparo
han sido concedidas a particulares o personas morales operadoras de casinos,
casas de juegos o de apuestas remotas, y la relación de jueces que las han
dictado”.
García Coronado
asegura que nunca obtuvieron respuesta, tampoco supieron los resultados de una
auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública a Gobernación, sobre
este tema.
Un fascista dentro del Gobierno
Reforma
En la primavera de
2010 Juan Iván Peña Neder y Carlos Villar Erives, ex funcionario de la Función
Pública, así como Rafael Mendoza y uno de sus amigos de nombre Juan Ramón,
fundaron la organización clandestina “México Despierta”.
En el ideario de su
sociedad estaba la negación del Holocausto judío, la supremacía aria, la
esterilización de los indígenas y la toma del poder para implantar el nacional
socialismo de Adolfo Hitler, de acuerdo con algunos ex integrantes.
Peña Neder fue
coordinador de asesores de Abraham González, subsecretario de Gobernación en la
administración pasada, y en el momento en el que creó la organización estaba
dedicado a trabajar para el grupo que controlaba el Casino Royale, incendiado
en agosto de 2011 por un grupo de la delincuencia.
Los fundadores
tenían un origen común, pues son nativos de la ciudad de Chihuahua y, de
acuerdo con uno de sus distribuidores de propaganda, presumían haber sido
reclutados en una organización nacional socialista en su estado, a la edad de
15 años.
Pese a su admiración
por Hitler, los filofascistas renunciaron al uso de la suástica porque
consideraron que estaba socialmente satanizada y decidieron adoptar la cruz
celta como seña de identidad, dentro de un círculo blanco en banderas rojas.
“Los fundadores del
movimiento, principalmente Peña Neder, despreciaban cualquier expresión
indígena; los consideraban de raza inferior y causantes de los problemas
socio-económicos de México, creían que el proceso de mestizaje en México
culminaría cuando la raza aria fuera preponderante en nuestro país; para ellos
había que evitar la ‘reproducción’ de los indígenas”, relatan ex seguidores.
El grupo nació como
enemigo de la masonería, con ideas antisemitas y de defenestración de los
indígenas, con la convicción de que el mestizaje era el origen de los problemas
en el País, pero paradójicamente tenían una vertiente “mexicanista” que
reivindicaba la “raza de bronce” de la que hablaba José Vasconcelos y tenía
contactos con militantes sinarquistas, cuentan ex seguidores.
“No obstante que
consideraban a los indígenas y a casi cualquier persona morena como inferiores,
Mendoza, Peña y Juan Ramón, aceptaban que la mayor parte de las filas del
movimiento eran personas de esta etnia”, relata.
Personas que
militaron en “México despierta” exhibieron a REFORMA uniformes, banderas,
literatura, folletos, audios y videos propagandísticos con los que adoctrinaban
a los nuevos adeptos.
“El plan que tenía
Peña (Neder) era adquirir una hacienda en Hidalgo o Morelos para fundar una
‘Escuela de Formación’ e internarlos desde niños; para ello, fue contactado un
sacerdote nazi de Hidalgo que serviría de rector de la escuela.
“Juan Iván Peña
aseguraba que el gobernador de Chihuahua, César Duarte, lo nombraría Secretario
de Gobierno y que en ese cargo se iba a destapar como nazi, para encabezar una
revolución pacífica y buscar el poder, y al mismo tiempo reunir a 200 jóvenes
en menos de dos años y hacerlos marchar uniformados en el Zócalo, para
escandalizar a la opinión pública”, cuenta una persona cercana a Peña.
Los sueños del
chihuahuense fueron truncados, pues al calor del escándalo del incendio del
Casino Royale y la muerte de 52 inocentes, el 8 de septiembre de 2011 Peña fue
detenido y luego encarcelado en un penal de máxima seguridad en Matamoros, sujeto
a un juicio por la presunta violación tumultuaria de su ex cónyuge Talía
Vázquez.
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