Preocupación en Baja California
- El Gobernador del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, pidió al Gobierno Federal reconsiderar la instrucción; todavía la mañana del 2 de enero habló con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda
- Las tareas a las que se enfrentan los generales recién nombrados: Capturar narcotraficantes, bloquear los accesos de otros cárteles a la zona, impedir los secuestros y el regreso de los grupos armados a las calles; mantener el control de las tropas, dirigir la coordinación y fomentar la confianza con las corporaciones y organismos civiles
- El General de División D.E.M. Gilberto Hernández Andreu, recién nombrado Comandante de la 2ª Región Militar, llegó a Jalisco en 2010 con la violenta “guerra de Calderón”, arrasó con casi un centenar de narcolaboratorios, detuvo a algunos líderes de células criminales y fue “testigo no presencial” entre 2011 y 2012 de las tres matanzas con más número de víctimas que se han registrado en aquel estado
- Recién ascendido a General de Brigada de Arma y nuevo Mando Único en Baja California, Gabriel García Rincón tiene antecedentes en los años noventa en las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando; durante el sexenio de Felipe Calderón le fue asignada la responsabilidad de depurar del Ejército a elementos militares corrompidos por el crimen organizado
Investigaciones ZETA
Recién nombrados, el comandante de la 2ª Región Militar
General de División D.E.M., Gilberto Hernández Andreu, y el Comandante
de la 2ª Zona Militar, General Diplomado de Estado Mayor, Gabriel García
Rincón, recibieron a partir del 1 de enero de 2013 varias
responsabilidades. La prioritaria: combatir al Cártel de Sinaloa.
Los dos lucharán por Baja California, mientras la
responsabilidad de Hernández Andreu se extiende a Sonora y Baja
California Sur; en los tres estados, los sinaloenses mantienen presencia
como grupo criminal empoderado, responsable de la incidencia delictiva
que ambos militares se han comprometido a reducir y controlar.
Como líderes criminales cuya operatividad se ha
corroborado en la zona noroeste, en primer lugar de los pendientes de
ambos generales están las capturas de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e
Ismael “El Mayo” Zambada García, que sus predecesores no pudieron
concretar en la zona, a pesar de haber verificado su presencia.
Para el caso específico de Baja California, también
siguen sujetas a concretarse las aprehensiones de Alfonso Arzate García
“El Aquiles”, René Arzate García “La Rana”, Luis Fernando Castro Villa
y/o Cenobio Flores Pacho “El Checo”, Gustavo Inzunza Inzunza “El Macho
Prieto”, José Soto “El Tigre”, Israel Vergara Galindo “El Marquitos” o
“El Frank”; Manuel López Núñez “Don Balas”, Mario Montes de Oca “El
Mario”, Melvin Gutiérrez, Juan Lorenzo Vargas Gallardo “El Chan”,
Enrique Jorquera y Sebastián Barranco Mora. Todos, criminales
identificados que sobrevivieron a la pugna interna del Cártel Arellano
Félix (CAF), y de los cuales las Fuerzas Armadas cuentan con expedientes
acumulados como resultado de los trabajos en el último sexenio.
En Jalisco, al General Hernández Andreu ya le
correspondió enfrentar la criminalidad del Cártel de Sinaloa, sin
embargo, sus mayores éxitos no se dieron frente a esta vieja
organización; sus victorias las tuvo contra el grupo escindido e
identificado como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Adicionalmente, a los generales Hernández y García les
fue heredada la responsabilidad de contraatacar las actividades
-actualmente secuestro, homicidios y narcotráfico- y el poder delictivo
de los remanentes del CAF representado por Fernando Sánchez Arellano “El
Ingeniero”, Melvin Gutiérrez y el ex ministerial Nides. Lo mismo que
Crescencio Murillo Beltrán “El Chencho” y la familia Ibarra Cardona, que
operan según conveniencia.
De todos estos delincuentes, seguramente también recibirán amplios informes que están obligados atender.
Este compromiso es público desde el martes 4 de
diciembre de 2012, cuando el Presidente de México y Comandante Supremo
de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto, aseguró que el Ejército
“continuará con las labores de seguridad para los mexicanos”.
Además de haber asegurado una y otra vez -a partir del 1
de agosto de 2012- que “no habrá pacto ni tregua con el crimen
organizado”, y haber descartado la posibilidad de negociar con los
cárteles, situación que la oposición había manejado como una estrategia
posible del gobierno priista; y para respaldar su versión, el titular
del Poder Ejecutivo habló de “confrontarlos eficazmente”.
La instrucción es aparentemente vertical y clara. A
menos que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, crítico de
la estrategia calderonista dirigida a abatir a los cabecillas de
cárteles, “provocando una fragmentación y un esquema de liderazgos
horizontales que los hizo más peligrosos y violentos”, haya dado una
contraorden privada, el siguiente compromiso de los generales Hernández y
García para evitar la violencia generada por los enfrentamientos entre
cárteles, será sostener el bloqueo de la zona noroeste ante los embates
de grupos de Los Zetas y Los Beltrán Leyva, quienes en los últimos dos
años han intentado – sin éxito notable aún- ingresar a la zona por el
área limítrofe entre Sonora y Chihuahua. De los perpetradores y
operativos para contenerlos, también existen reportes en los archivos de
las fuerzas castrenses.
Asimismo, están exigidos a continuar y mejorar las
estrategias para evitar que los grupos armados del crimen organizado
retomen las calles. Serán los militares quienes mantendrán el Mando
Único. Actualmente existen grupos armados del CAF que han retomado el
secuestro y homicidio como aparente sistema de “ajuste de cuentas”, sin
que las procuradurías actúen; tal cual si los criminales tuvieran
permiso para delinquir y decidir quién merece o no ser privado de la
libertad y la vida.
Para combatir la inseguridad y lograr sus objetivos, los
generales Gilberto Hernández Andreu y Gabriel García Rincón también
deben estar dispuestos a cumplir el compromiso y la orden Peña Nieto,
quien aseguró públicamente: “Las Fuerzas Armadas seguirán siendo factor de estabilidad y de confianza social”.
Con trabajo, sin evadir sus responsabilidades, con
resultados de seguridad para los sonorenses, sudcalifornianos y
bajacalifornianos, deberá ganarse la colaboración, confianza,
coordinación y participación de la sociedad organizada y las
corporaciones civiles de seguridad.
Mínimo en Baja California, donde esta relación de
cooperación se inició primero con la población a finales 2006, con la
campaña “Nosotros Sí Vamos”, a la llegada del General Sergio
Aponte Polito, y se concretó con las autoridades locales a partir de
2008 con el arribo del General Alfonso Duarte Mújica.
Adicionalmente, tiene trabajo que hacer en cuanto a sus
sistemas y modelos operativos en materia de seguridad pública, sobre
todo con 115 quejas recibidas en contra del Ejército en 2012 en la
delegación Baja California, de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH); el enfrentamiento entre militares y policías municipales
en mayo de 2012, provocado por un ebrio Coronel Tonatiuh Ruíz, ex
comandante del 28 Batallón; y los errores suscitados durante la captura
del priista Jorge Hank Rhon, que hicieron posible su liberación basada
en un tecnicismo, a pesar de que en su propiedad se localizaron 88 armas
de uso exclusivo del Ejército.
El que llega
En menos de mes y medio, dos noticias han dado un
vuelco a la carrera militar de Gilberto Hernández Andreu. La primera, el
20 de noviembre de 2012, cuando fue ascendido a General de División
Diplomado de Estado Mayor, y la última, a partir de los primeros días de
2013, al dejar la Comandancia de la XV Zona Militar en Jalisco para
trasladarse como Comandante General de la II Región Militar, con sede en
Mexicali, Baja California.
En sus más de 44 años de servicio en las Fuerzas Armadas
de México, el General Hernández Andreu ha ocupado diversos cargos
operativos y administrativos, figurando su nombre durante los tres años
más recientes a través de medios de comunicación del Occidente mexicano
por su participación en la guerra contra el narcotráfico del sexenio de
Felipe Calderón.
Durante su estancia como Comandante de las zonas
militares de Puerto Vallarta y de Zapopan, entre 2010 y 2012, el ahora
divisionario asestó algunos fuertes golpes a organizaciones del crimen
organizado, principalmente la del llamado Cártel Jalisco Nueva
Generación, escisión del Cártel del Pacífico (Sinaloa), al destruir gran
cantidad de narcolaboratorios y detener a Erick Valencia Salazar “El
85”, segundo en la jerarquía del grupo delictivo.
Antes de Jalisco, el General Gilberto Hernández pasó la
mayor parte de su carrera en el Estado Mayor Presidencial y en el
Colegio Militar, salvo el trienio entre 2001 y 2003, cuando fungió como
Comandante de Guarnición en Chiapas.
Trabajo operativo
Tan solo en 2011, año de su arribo a la Comandancia de
la XV Zona Militar, fueron desmantelados 63 narcolaboratorios, y hasta
noviembre de 2012 se habían destruido otros 25. La baja en el número de
fábricas de droga fue calificada por el General Hernández Andreu como un
reflejo del combate que el Ejército realiza contra los
narcotraficantes.
Sin duda, fueron sus acciones en el año anterior las que
lo llevaron al ascenso, primero en grado y luego de cobertura
territorial, de zona a región militar. En febrero, soldados al mando del
General Gilberto Hernández Andreu realizaron el histórico
aseguramiento en un laboratorio clandestino ubicado en el Rancho
Villareal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco: 15
toneladas de metanfetaminas.
Durante la intervención militar no hubo detenciones. Un
mes antes, en ese mismo municipio, se desmanteló otro laboratorio tipo
industrial en el que había unas 20 toneladas de sustancias químicas.
El 9 de marzo siguiente, las Fuerzas Armadas capturaron a
Erick Valencia Salazar “El 85”, segundo en importancia del CJNG y su
lugarteniente, Otoniel Mendoza “Tony Montana”, quienes estaban en una
zona residencial de Zapopan y tenían en su radio de acción 30 armas de
fuego, granadas de fragmentación, cargadores y cartuchos de diversos
calibres.
Esta detención derivó en violentos bloqueos en avenidas y
salidas carreteras de Guadalajara, así como en otros municipios de
Jalisco y Michoacán, registrándose el secuestro y quema de automóviles y
autobuses, con saldo de un chofer del transporte público muerto y la
detención de una decena de presuntos responsables en los narcobloqueos.
En ese mismo mes, elementos de la XV Zona Militar
capturaron en el Sur de Jalisco a José Guadalupe Serna “El Zopilote”,
presunto lugarteniente del CJNG, asegurándose un arsenal, droga y siete
vehículos abandonados por sus cómplices, quienes huyeron ante el
operativo militar.
En junio de 2012 se logró el arresto de una célula del
CJNG integrada por 11 hombres y dos mujeres que poseían un arsenal y
fueron señalados de participar en el homicidio de una funcionaria de la
Procuraduría General de Justicia de Jalisco en San Miguel el Alto. El
General Hernández Andreu informó que el grupo criminal pretendía
establecerse en la zona de Los Altos para efectuar secuestros y venta de
droga.
El 20 de noviembre, Hernández Andreu fue ascendido una vez más, de General de Brigada, a General de División.
Testigo de la violencia
Mientras que en diferentes partes del país la violencia
se acrecentaba, Jalisco parecía ajeno al fenómeno y continuaba con su
cuota habitual de criminalidad. Hasta 2010, la violencia llegó con la
disputa entre grupos delincuenciales de La Resistencia y el Cártel
Jalisco Nueva Generación, nacidos ambos del vientre del Cártel de
Sinaloa, pero divorciados en sus intereses. Ambos peleando entre sí, y a
su vez, combatiendo a Los Zetas, que pretendieron ingresar al estado.
Durante el tiempo que el General Hernández Andreu estuvo
al mando de la XV Zona Militar, que abarca 111 de los 125 municipios de
Jalisco, se registraron tres matanzas que consternaron a los habitantes
de la entidad. La más sonada, el 24 de noviembre de 2011: Bajo el
puente de la glorieta de los Arcos del Milenio, en Guadalajara, fueron
abandonados 26 cadáveres dentro de varias camionetas, en un hecho
ocurrido a dos días de la inauguración de la Feria Internacional del
Libro (FIL). Los cuerpos presentaban impactos de bala y mutilaciones.
El 9 de mayo de 2012, en un camino de terracería ubicado
a la altura del Kilómetro 25 de la carretera Guadalajara-Chapala, en el
municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, se localizaron 18 cadáveres
decapitados en el interior de dos camionetas abandonadas. Horas antes,
otras 15 personas secuestradas en una finca del municipio de Tala,
serían asesinadas, pero fueron rescatadas por la Policía Estatal.
El hecho más reciente tuvo lugar el 16 de septiembre del
año anterior, en el municipio de Tizapán el Alto, colindante con el
Estado de Michoacán, los cuerpos de 17 personas mutiladas, quienes al
parecer fueron victimadas en tierras michoacanas, fueron abandonados
sobre la carretera a Morelia.
Los terribles sucesos fueron producto de esa guerra
intestina entre grupos delincuenciales, en la que muchas personas fueron
levantadas al azar, sin ser maleantes, solo para inflar el número de
víctimas y supuestamente atemorizar a bandas rivales, sobre todo a las
autoridades y a los habitantes.
Mando Único en Baja California
El General Gabriel García Rincón será el responsable del
Mando Único de la Segunda Zona Militar que deja el General Gilberto
Landeros. A partir de las primeras horas del martes 1 de enero fue
comisionado a Baja California por la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por su
“mérito, aptitud y competencia profesionales”.
Apenas el 20 de noviembre de 2012, García Rincón había
sido promocionado por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa,
de General de Brigadier, a General de Brigada de Arma.
Los antecedentes más cercanos y públicos del nuevo
comandante datan de 2011, cuando la sección primera o jefatura del
Estado Mayor, a cargo de García Rincón, fue la responsable de la Unidad
de Control de Confianza de la SEDENA, encargada de aplicar el examen de
control y confianza a elementos castrenses.
Luego de la detención por sus presuntos vínculos con el
crimen organizado el 22 de mayo de 2011, del ex subsecretario de la
SEDENA, Tomás Ángeles Dauahare, el entonces General de Brigadier García
Rincón fue el responsable de la multiplicación de los exámenes de
control y confianza a miles de elementos del Ejército.
Hasta aquel año, durante el sexenio la SEDENA había
evaluado con el polígrafo a más de 15 mil militares ante las detenciones
de generales y tenientes por su presunta relación con el crimen
organizado.
Para detectar a los malos elementos al interior de la SEDENA, Gabriel García Rincón presentó en 2011 el Programa de Fortalecimiento de la Unidad de Control de Confianza de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Dependiente del General García Rincón, sobre el proyecto se argumentó
en su momento: “La Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la
Administración Pública, posee diversos puestos que incluyen áreas
sensibles que deben ser ocupadas por personal militar que tenga plena
identificación con los valores institucionales, como son, entre otros,
honestidad, confiabilidad, confidencialidad y discreción; por lo cual se
crea la Unidad de Control de Confianza, con la finalidad de optimizar
la selección de este personal, actuando de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación
(CNCA) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Como parte de las evaluaciones de confianza, se aplica el
examen del polígrafo”.
Durante la guerra del ex Presidente Felipe Calderón
contra el crimen organizado, la Unidad de Control de Confianza de la
SEDENA buscaba detectar a militares que tuvieran nexos con la
delincuencia organizada a través de tres pruebas: examen psicológico,
evaluación poligráfica y un estudio socioeconómico.
Ese era el trabajo
del nuevo comandante militar en Baja California.
Previamente, el 20 de noviembre de 2007, cuando fungía
como Coronel de Infantería D.E.M., Gabriel García Rincón fue ascendido
por el entonces Presidente Calderón a General Brigadier.
Sus antecedentes más conocidos son como parte de Grupos
Aeromóviles de las Fuerzas Especiales (GAFES), Unidad Élite del Ejército
Mexicano, que llevó a cabo operativos especiales y encubiertos a
finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, e inicios del de
Ernesto Zedillo Ponce de León.
El antecedente de las GAFES fueron las Fuerzas
Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando en 1986, durante el
sexenio Miguel de la Madrid, creadas para garantizar la seguridad del
campeonato mundial de futbol de ese año.
En 1997, las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata
del Alto Mando se convirtieron en Grupos Aeromóviles de las Fuerzas
Especiales, y en 2004, a Cuerpo de Fuerzas Especiales; precisamente
Gabriel García Rincón dirigió las GAFES entre 1995 y 1997, a propósito
del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El relevo
No fue recibida como una buena noticia, en general, la
sensación de inseguridad se apoderó de los representantes de los grupos
civiles presentes en el desayuno del 2 de enero de 2013 en las
instalaciones militares del Aguaje de la Tuna en Tijuana, Baja
California.
“Qué va a pasar ahora”, exclamaron a media voz algunos
de los asistentes ante el anuncio de la reasignación a puestos en la
Ciudad de México de quienes hasta el 31 de diciembre de 2012, fueran
comandantes de la 2ª Región y 2ª Zona Militar, los generales Alfonso
Duarte Mújica y Gilberto Landeros.
Algunos se animaron a manifestar su desconfianza frente
al General Duarte, quien respondió: “El General Hernández Andreu es un
hombre muy inteligente, profesional, con experiencia y honesto, no hay
de qué preocuparse y les agradecería que los apoyen como lo hicieron con
nosotros para que esto siga funcionando”. La sensación y los
comentarios de inseguridad permanecieron en el aire.
La noticia se conoció la noche del martes 1 de enero,
pero fue corroborada por el General Alfonso Duarte Mújica en el desayuno
que se había organizado con el fin de brindar por el año nuevo.
El gobernador del Estado de Baja California, José
Guadalupe Osuna Millán, pidió al Gobierno Federal reconsiderar la
instrucción; todavía la mañana del 2 de enero habló con el secretario
de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y al secretario de la Defensa,
Salvador Cienfuegos Zepeda. Les recordó que se lo había pedido al
Presidente Enrique Peña Nieto porque ambos hombres habían sido muy
efectivos y trataba de evitar que el Estado de Baja California perdiera
la información y experiencia que los generales Duarte y Landeros.
Le reiteraron: “Así son las reglas de los militares”,
siempre los mueven y reasignan, lo cual es cierto y conocido
públicamente, es parte de su operatividad.
Osuna Millán insistió en la posibilidad de mantener por
lo menos a Landeros, dado que él es el Mando Único en materia de
seguridad estatal, la negativa se repitió.
Entonces el gobernador de Baja California le reiteró al
secretario de Gobernación Osorio Chong su postura de apoyar la figura
del Comandante de la 2ª Zona Militar como el Mando Único en el Estado,
porque ese es el modelo que ha dado resultados, “sin importar a quién
designen”; para entonces Landeros ya había informado a los empresarios y
líderes de asociaciones que sería suplido por el recién ascendido
General Gabriel García Rincón.
Entrevistado por ZETA, el gobernador Osuna Millán
manifestó su agradecimiento al General Alfonso Duarte y al General
Gilberto Landeros y agregó su deseo de que “la llegada de los generales
Gilberto Hernández y García Rincón, signifique para Baja California no
solamente el mantenimiento del camino ganado, sino un redoblamiento en
las tareas de seguridad y paz interior. Y respeto las decisiones del
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”.
Asimismo, reiteró ante los bajacalifornianos su posición de continuar con la operación bajo el concepto de Mando Único.
El viernes 4 de enero de 2013 tomará posesión en Mexicali el General Gilberto Hernández Andreu.
La despedida
A los generales Duarte y Landeros los citaron con poca
anticipación, pero los empresarios y líderes de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) en Tijuana acudieron prontos entre las 9:00 y 9:30
horas del 2 de enero de 2013.
Tras desear parabienes en el año nuevo, el General
Duarte informó que el Presidente de la República y el secretario de la
Defensa Nacional le habían asignado desde el 1 de enero una nueva
comisión en la Ciudad de México.
Detalló que lo nombraron Comandante de Seguridad del
Primer Cuerpo del Ejército, una gran unidad superior, la reserva que
tiene el mando supremo para actuar en cualquier parte de la República,
dependiendo de la situación que prevalezca, y “…vamos con mucho gusto a
desempeñar”, agregó.
Landeros informó que en su caso lo habían asignado a la
Inspección General del Ejército, que el General García llegaría en su
lugar y que el recién nombrado traía mucho entusiasmo. Concluyó al
referir la satisfacción que le generó hacer equipo con los
bajacalifornianos.
Duarte Mújica recordó los momentos álgidos de la lucha
contra el crimen organizado, y también agradeció la gratificante
experiencia de superarlos gracias al apoyo e información de los
ciudadanos, así como el profesionalismo y perseverancia de las
organizaciones y autoridades locales.
“Baja California es un ejemplo de que cuando la
sociedad, las autoridades y los militares se unen, se puede combatir al
crimen organizado y al narcotráfico”, precisó.
A nombre de la sociedad organizada, el doctor Adolfo
Solís Farías, miembro del Colegio de Contadores de Tijuana, también
agradeció el liderazgo y valentía de Duarte y Landeros, a quienes
identificó como los hombres de honor que le regresaron paz y esperanza a
los bajacalifornianos que sentían temor de salir de sus casas, de ser
víctimas de secuestro, de permitir a sus hijos quedarse estudiar en el
estado. Y concluyó entre aplausos, asegurando que la entidad fue
rescatada por el Ejército.
Las suspicacias
Entre el 3 y 4 de enero, a la espera de la presentación
pública de los generales recién nombrados, las palabras escaparon del
pensamiento de representantes de la iniciativa privada y de los
gobiernos locales, que ante los cambios y la adelantada precampaña
electoral, se comunicaron a ZETA y no evitaron elucubrar:
“¿La salida de los generales es un movimiento
político?”; “sería muy desafortunado que contaminaran la seguridad con
lo electoral”; “pero al llevarse a los militares que detuvieron a Jorge
Hank por posesión de armas (junio de 2011), pareciera que empiezan a
allanarle el camino a la gubernatura”.
Será cuestión de tiempo encontrar las respuestas a estas interrogantes.
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