En la Unidad Receptora niegan recibir denuncias contra funcionarios del MP
El mal servicio, la falta de una legislación adecuada, las actitudes burocráticas de los Agentes del Ministerio Público y demás personal, hacen que el denunciante, quejoso, víctima o señalado, se desespere y termine por no denunciar, ni el delito ni a los malos funcionarios. La Visitaduría General solo sanciona administrativamente; penalmente no persiguen a abusivos en el MP
Inés García Ramos
Encontrarse en el Ministerio Público por haber cometido algún delito,
estar involucrado en un accidente de tránsito o incluso para levantar
una denuncia, es una situación no placentera para quienes se encuentran
en una de estas situaciones con la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE).
“Son trámites lentos, mucho papeleo, muchos requisitos, te sientes
abrumado por los funcionarios que no siempre están en la mejor
disposición para realizar su trabajo”, comenta un hombre quien acudió a
la agencia para levantar una denuncia por robo de vehículo.
Para el abogado Jorge Cristiani, el proceso de devolución del
vehículo de su cliente, le confirmó lo repetido por sus colegas:
“cualquier problema en el Ministerio Público es un calvario y no es
justo que la Procuraduría siendo una institución de buena fe no actúe
como tal”.
Luego que su cliente estuvo involucrado en un accidente
automovilístico, el vehículo fue retenido hasta que comprobara la
propiedad: documentos traducidos y apostillados fueron presentados,
luego el número de serie fue analizado para corroborar que no se tratase
de una unidad robada. El procedimiento de devolución se siguió de forma
correcta, pero en un plazo mayor a tres días.
“Los agentes actúan cuando se les viene en gana y eso atenta en
contra de los derechos humanos de la persona afectada, en este caso, el
delito no se dio de manera culposa y cuando le exigí al agente que me
devolviera el vehículo porque no existían motivos para retenerlo, se
negó a darme mayor información”.
Entonces el abogado acudió a la Agencia Receptora General para
levantar una denuncia por abuso de autoridad debido a la negativa de la
servidora de justificar sus actos, sin embargo, su denuncia no fue
recibida.
Un caso más. Leonor Pérez acudió a denunciar el delito de agresión,
las heridas en su rostro y cuerpo aún visibles cuando estaba frente al
agente del Ministerio Público que tomaba su declaración.
“Sentí que no me estaba prestando atención, estaba platicando con sus
compañeros y tomaba con ligereza mi caso. Le pedí su nombre, no me
respondió, tomé una pluma del escritorio y anoté lo que alcancé a leer
de su gafete, me arrebató la pluma y me dijo que no tenía permitido
hacer eso”, recuerda.
Luego de una fuerte discusión con el agente, una trabajadora
intervino y la condujo hasta su escritorio, donde la atendió. “Yo tenía
en mente levantar una queja, una denuncia por el comportamiento de ese
agente, pero ya no tuve oportunidad de solicitar sus datos”.
“Es impotencia, un sentimiento terrible, estás ahí porque fuiste
víctima de una injusticia y te enfrentas a lo mismo”, relata la
afectada.
¿Queja o denuncia?
La Visitaduría General es el órgano de control interno de la PGJE y
entre sus facultades se encuentra recibir quejas y denuncias contra
servidores públicos e imponer sanciones desde una amonestación hasta un
cese, así como ejercitar acción penal por la comisión de delitos.
El visitador general de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), Joel Dueñes justifica por qué el Ministerio Público no
recibe denuncias contra sus funcionarios: “para eso tenemos por separado
la oficina de Asuntos Internos, puede resultar incómodo para el
denunciante, pero debe acudir personalmente para ratificar su queja o
denuncia”.
El funcionario abunda, tal situación podría prestarse para que el
agente cometiera alguna irregularidad; de la separación de las oficinas
de la Visitaduría de las de las agencias, comenta “es para garantizar la
neutralidad en el proceso”.
Pero el licenciado Jorge Cristiani considera esta acción “una medida
anticonstitucional, puesto que la función de la agencia general es
recibir la denuncia y remitirla al área correspondiente”.
La atención no
inmediata derivó en una serie de contrariedades, a decir del afectado,
que no le permitieron continuar con su intención. La denuncia no fue
presentada y el indebido actuar de la servidora tampoco quedó
registrado.
Aún así, el visitador defiende el modo en que se conduce el proceso:
“sería absurdo que quien reciba la queja sea un amigo, compañero o
incluso el mismo funcionario que cometió la falta.”
El abogado afectado destaca la insistencia de los funcionarios por
convertir las denuncias penales en quejas administrativas. “Cuando acudí
a la oficina de Asuntos Internos para levantar la denuncia, me decían
que la queja sería aceptada, pero yo los corregía, quería una denuncia
penal, no una queja administrativa”.
A decir suyo, este método permite a la PGJE proteger a sus
funcionarios, en lugar de tener agentes indiciados, simplemente son
sancionados administrativamente, muchos continúan sin sanción en sus
puestos hasta que el proceso de investigación concluye.
La abogada penalista Isabel Herrera confirmó que tanto la denuncia
penal como la queja administrativa pueden ser interpuestas
simultáneamente, si así lo expresa el ciudadano denunciante.
“Desafortunadamente, el desconocimiento de los afectados y la falta de
voluntad de la autoridad hacen que la gente se confunda y no exijan más
de lo que les ofrecen”, explicó.
A decir de la especialista, tanto la desinformación como la
percepción de que la autoridad no actúa en estos casos provocan que la
ciudadanía no se acerque a denunciar. La razón por la que más policías
ministeriales son denunciados en comparación con agentes es porque “la
gente siempre busca sancionar al policía, al agresor inmediato, no a
quien los recibe ya en la agencia”.
Agentes ministeriales: la mala cara de la PGJE
“Los agentes son la cara de la PGJE, deshumanizados hacia familiares
de detenidos, tratan por igual a un asaltante u homicida que a un
conductor en estado de ebriedad”, comenta el licenciado Cristiani.
Lo que él califica como un “vicio en la forma de comportarse”, es el
recurrente trato que reciben no solo los detenidos y procesados por la
PGJE, también quienes acuden a levantar denuncias.
Norma Aguirre es una de las muchas personas en la sala de espera de
la agencia de la PGJE en la zona Río, a su lado está sentada su sobrina
Ivonne de 14 años, con un collarín y heridas en los brazos, se repone
luego de ser atropellada por un taxista.
El chofer fue liberado sin pagar la indemnización ni haber obtenido
el perdón, las 48 horas de detención no fueron respetadas. Durante horas
han solicitado una copia de la averiguación previa para constatar cómo
se realizó el proceso. Tras decenas de “espere su turno, en un momento
la atendemos”, recibe como respuesta final: el expediente se perdió
entre la pila de documentos del agente.
“Puede regresar en la tarde o mañana, a ver si ya lo encontramos”, le
responde el joven agente, no termina la frase cuando ya se dio media
vuelta para regresar a su oficina. Así, Norma y su sobrina regresan en
taxi hasta su casa en Los Pinos.
El asunto termina ahí, tanto la menor afectada como su tía están
cansadas después de más de 24 horas desde el accidente, luego de
inútiles horas de espera en la agencia, prefieren ir a casa, sin
levantar queja o denuncia.
Joel Dueñes, visitador general, insiste “no contamos con el personal
ni con el espacio suficiente para tener a un representante en cada
agencia, las denuncias no son frecuentes, así que no resulta
económicamente viable ni lógico”.
El funcionario reconoce la falta de información en estos sitios para
que los afectados denuncien las situaciones “entre remodelaciones y
otras circunstancias, no es posible mantener carteles o letreros, pero
la recomendación existe para que la persona denuncie con nosotros”.
Otra vía es la denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos y
Participación Ciudadana. De enero a noviembre de 2012, el organismo ha
recibido 41 quejas hacia la PGJE, de éstas 31 se concentran en Tijuana.
Entre los derechos humanos violados por esta autoridad, destacan el
derecho a la vida y a la integridad personal, otros derechos como a la
propiedad y posesión; legalidad y seguridad jurídica; privacidad; y
libertad, se registraron en menor medida.
Entre las recomendaciones emitidas por la PDH en este año cinco
fueron dirigidas a la PGJE. Los motivos van desde la irregular
integración en la averiguación previa hasta tortura, lesiones, detención
arbitraria, retención ilegal y falsa acusación.
Otros derechos humanos violados incluyen el derecho a la vida e
integración personal en la modalidad de desaparición forzada, así como
la legalidad y seguridad jurídica en la integración irregular de la
averiguación previa y dilación en la procuración de justicia.
Sobre esta última, el abogado penalista Ramón Flores explica “los
procesos son lentos porque hay una gran falta de personal”. Esta
problemática se agravó con la instauración del Sistema de Justicia
Alternativa, según la opinión del abogado.
“Cuando se conformó esa área, muchos agentes fueron removidos del
Ministerio Público y ahora ahí están faltos de personal para integrar
las averiguaciones previas. Hemos recibido quejas de personas atendidas
en Justicia Alternativa cuyas declaraciones son tomadas en tres o cuatro
renglones, en un intento porque el asunto termine ahí y ellos puedan
llevar sus estadísticas de prevención de denuncias”.
Si el caso no es resuelto ahí, entonces los ofendidos y ofensores son
citados nuevamente a declarar ante el agente del Ministerio Público,
“la gente termina confundida y con la sensación de que no fueron
auxiliados”, explica el abogado.
Sobre la permanencia de algunos policías y agentes aún con procesos
abiertos en Visitaduría explica “hay casos en que los denunciantes
resultan inocentes y entonces cobran indemnización, por ello”.
Agentes removidos por conexión con la delincuencia organizada
La oficina de Visitaduría General de la PGJE mantiene 62 expedientes
abiertos por la falta administrativa de abuso o ejercicio indebido del
cargo, empleo o comisión, conocido comúnmente como abuso de autoridad.
De éstos 43 pertenecen a Tijuana, 13 más a Mexicali, mientras que en
Ensenada son seis.
El plazo para emitir resolución es de dos años, por lo que los
policías y agentes ministeriales denunciados en 2012 podrían concluir
su proceso en 2014. Si bien la Visitaduría solamente integra la
investigación, la determinación de la sanción de los funcionarios es
tarea de la Comisión de Carácter Judicial. Dicho órgano está integrado
por el Procurador, agentes de la policía como vocales y secretarios. En
2012, la Visitaduría ha solicitado diez remociones de personal, cinco
fueron separados de sus funciones.
De acuerdo al visitador, este año han disminuido las solicitudes de
remoción, puesto que gran parte de la depuración de la corporación ya se
realizó. Explica que varios agentes ya fueron removidos, por la
gravedad del delito denunciado, en específico, aquellos involucrados con
la de delincuencia organizada, casos denunciados el año pasado.
El órgano dirigido por Joel Dueñes se remite a este tipo de casos,
policías denunciados por compañeros, por delincuentes o detenidos en
flagrancia, los que atraen la atención de los medios por los vínculos y
nexos entre elementos de una corporación cuyo propósito es combatirlos.
Sin embargo quedan en una larga lista, no registrada por la
dependencia, aquellos agentes que diariamente ofrecen un trato
prepotente, sin la sensibilidad o criterio necesario para agilizar
procesos que atrasan y complican las propias funciones de la PGJE.
El visitador concluye “independientemente de las muchas quejas que no
proceden, la única forma de poder asegurarnos que no exista un abuso
real por parte de los agentes es que la gente no denuncie”.
El problema persiste, los métodos de denuncia no son los más fáciles o
accesibles para la mayoría de la comunidad. Aunado al desconocimiento
de las medidas que pueden tomar o por la falta de confianza en las
autoridades, el ciudadano común, víctima de estos tratos, rara vez se
acerca a señalar a los servidores por medio de una denuncia penal o,
queja administrativa, como es recomendado por los propios funcionarios.
