La saga de los casinos en México vive nuevos capítulos
de escándalo. Uno de ellos es la cancelación de los permisos que Felipe
Calderón otorgó en el último día de su mandato; otro son las acusaciones de
corrupción por el otorgamiento de autorizaciones para casas de juego contra
panistas que desempeñaron altos cargos públicos en los dos sexenios panistas,
entre ellos el senador Roberto Gil Zuarth.
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- La última decisión de Felipe Calderón en la Presidencia de la
República, el otorgamiento de permisos a dos empresas para operar 94 casinos
durante 25 años y que ha generado un escándalo, fue anulada: Un juez suspendió
las autorizaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) a las dos firmas,
vinculadas con presuntos criminales.
El jueves 3, a un
mes de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, el juez segundo de distrito
en Materia Administrativa en Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, otorgó
la suspensión definitiva a Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los
hermanos Rojas Cardona, de cuyo permiso derivaron los otorgados a Producciones
Móviles y Exciting Games.
Producciones
Móviles, a la que Gobernación autorizó la operación de 40 centros de apuestas
remotas y 40 salas de sorteos de números, es propiedad de Juan Iván Peña Néder,
según su ex esposa Talía Vázquez Alatorre, quien lo acusa de encabezar una red
de traficantes de permisos para operar casinos ilegalmente, aun desde la
cárcel, donde espera juicio acusado de violación tumultuaria.
Los otros socios de
Producciones Móviles, firma que reiteradamente ha sido denunciada por conductas
ilegales, son dos funcionarios de la Segob en la primera parte del sexenio de
Calderón: Guillermo Santillán Ortega, titular de la Unidad de Enlace Federal, y
Roberto Correa Méndez, ex director general de Juegos y Sorteos.
Se trata del más
reciente escándalo en la historia de complicidades y corrupción por el
lucrativo negocio de los casinos que proliferan en todo el país –funcionan 349
en 29 estados y hay otros 361 que pueden ser abiertos– y que involucra a
prominentes miembros del Partido Acción Nacional (PAN) en los sexenios de
Vicente Fox y Calderón.
La trama se inició
con Fox, cuando Santiago Creel como secretario de Gobernación otorgó permisos
para operar 432 casinos –con el argumento de “democratizar el juego” en México–
y la rubricó Calderón con los permisos que formalizó dos minutos antes de
concluir su sexenio, como lo reveló este semanario el pasado 15 de diciembre
(Proceso 1885).
La vinculación de panistas
con los casinos no es nueva: Por ejemplo, un operador de Creel para otorgar los
permisos una semana antes de renunciar al cargo para buscar la candidatura
presidencial, Miguel Ángel Ochoa Sánchez, titular de Enlace Federal, es el
actual presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores
de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas.
Ochoa tuvo el mismo
cargo en la Secretaría de Gobernación con Creel que Santillán Ortega el
siguiente sexenio; éste, además, como secretario del ayuntamiento de Salamanca,
Guanajuato, pretendió instalar un casino. Ninguno de los dos refrendó su
militancia en el PAN.
Un tema recurrente
de discusión informal en el PAN son los “casineros”, aquellos dirigentes que
tienen nexos con empresarios como Juan José Rojas Cardona, El Zar de los
Casinos, y su hermano Arturo, quienes presuntamente financiaron a Gustavo
Madero, presidente del partido, y a legisladores afines a éste como Jorge
Villalobos, Rodolfo Dorador, Guillermo Anaya…
En lo que configura
una disputa entre empresarios del juego por el mercado y a la que Televisa ha
dado inusitada cobertura informativa –empresa que también es permisionaria de
130 casinos Play City–, también se deja ver un choque entre panistas por sus
respectivos nexos con casineros.
Y es que ahora, con
el permiso que la Segob otorgó a Producciones Móviles de Peña Néder, Santillán
Ortega y Correa Méndez, los perjudicados son los Rojas Cardona, a quienes
funcionarios del gobierno de Calderón descalificaban.
Así, una vez que
Gobernación otorgó los permisos a Producciones Móviles y Exciting Games, que
fue calificada como una “conducta a todas luces criminal”, la empresa de los
Rojas Cardona presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la
República (PGR) contra Alejandro Poiré, ex secretario de Gobernación, y otros
14 funcionarios.
Y a esta denuncia
–por la que la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDSPCAJ/M/322/2012–
siguió la solicitud de un amparo y el juez Lozano Martínez decretó la
suspensión definitiva, de la que Proceso tiene copia, que deja sin efecto los
permisos y que apunta a la clausura de por lo menos 15 casinos que operan
aquellas empresas.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1889, ya en circulación)
PROCESO/ ALVARO DELGADO/ 12 de enero de 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario