Judith Ortiz
Los 75 asesinatos de
mujeres ocurridos en Sinaloa en lo que va del año evidencian la incapacidad de
las autoridades para brindar seguridad y justicia. Dos homicidios de alto
impacto y las actitudes machistas de personal de las instancias judiciales,
atizadas por las declaraciones del gobernador Mario López Valdez en torno al
tema (“Quisiéramos pedirle a las mujeres que se porten bien, no hay que
portarse mal, porque a veces el que se porta mal termina mal”) encendieron los
focos rojos. Y las mujeres sinaloenses, agrupadas en asociaciones civiles, se
apersonaron en la Secretaría de Gobernación para exigir al Gobierno federal la
alerta de género en Sinaloa.
Hace seis meses
asesinaron a cuchilladas a la maestra universitaria Perla Lizet Vega Medina. A
pesar de la exigencia de justicia a través de cartas y declaraciones a los
medios de comunicación, espectaculares y marchas de familiares y amigos hacia
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y
del Congreso local, el caso aún no se esclarece.
El pasado 4 de
noviembre, un hombre asesinó a machetazos a su pareja sentimental, Natividad
Leyva Loya y a su hijastra Edna Yareli “N”, de 16. También hirió a Fabiana
Guadalupe Mora Urías, hermana de Natividad, en la localidad de Carboneras,
Guasave.
Estos son dos
crímenes contra mujeres de los 75 registrados en lo que va de 2012, de los
cuales, según la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en
Red (AMMOR), María Aurelia Leal López, solo 18 han sido resueltos.
Entrevistada por
Ríodoce, Leal López señala que “el feminicidio no existe para las autoridades
estatales a pesar de que la ley en la materia acaba de entrar en vigor en
Sinaloa; nos estamos dando cuenta de la ignorancia del Gobierno estatal en este
tema, principalmente por declaraciones machistas del propio gobernador, que
viene diciendo que si nos agreden o nos matan es por culpa nuestra”.
Es por eso, añade,
que estamos solicitando la alerta de género, no es un capricho, es una
necesidad, porque el Gobierno del Estado trata de negar la realidad; dice que
no son feminicidios, dice a las mujeres que no se porten mal. Es una ofensa
para nosotras que el gobernador diga eso, cuando ganó por el voto femenino.
Niega los hechos porque está más preocupado que una medida de este tipo
ahuyente las inversiones.
Leal López, quien
también se desempeña como regidora del Ayuntamiento de Guasave y presidenta del
Instituto Municipal de las Mujeres en ese municipio, señala que “Sinaloa se
encuentra ya en segundo lugar nacional en feminicidios, aunque el Gobierno
estatal no lo reconozca”.
Como dato local
menciona que “en Guasave nos llegan alrededor de cinco casos diarios de mujeres
que sufren violencia familiar”.
Violencia
institucional
Sobre el caso de
Perla Lizet, Imelda Gallegos cuenta que “las estrategias del Ministerio Público
fueron, primero, tratar de encontrar cosas negativas en la vida de Perla, y
como no lo lograron, se fueron en contra de la familia, haciéndolos parecer
culpables, y como tampoco pudieron, ahora están apostando a que se le olvide a
la gente”.
La joven cuenta que
luego de la primera marcha hacia la PGJE, las autoridades dijeron que el caso
se resolvería en una semana, y si no, agregaron, cada lunes les darían un
informe detallado de las investigaciones.
“Pero solo nos
recibieron el siguiente lunes. Primero me comunicaba con el director de
Averiguaciones Previas, Carlos Olguín, pero luego lo tuve que esperar horas
para poder verlo, y ahora ya ni siquiera me contesta el teléfono”.
Imelda Gallegos era
una de sus mejores amigas.
“El mundo está muy
loco —expresa—, si mataron a Perla puede pasar cualquier cosa, porque
representaba todo lo bueno, no hay alguien que pueda decir algo negativo de
ella”. Está indignada. Lleva en un sobre manila al menos 30 reconocimientos,
diplomas y constancias de Perla por su participación en congresos, talleres y
conferencias. Y su certificado universitario de la carrera de Estudios
Internacionales, en donde se observan los dieces, salpicados de tres o cuatro
nueves.
Y relata la vida de
Perla: “Ella era una mujer que no tomaba, no fumaba, no salía en la noche,
jugaba volibol, participaba en actividades altruistas a través de Jóvenes con
corazón, viajó a Atlanta sin conocer a nadie y regresó con información para
escribir una tesis brillante, que presentó para graduarse con honores, siempre
destacó en todo lo que emprendía… era la última persona a la que le podía pasar
algo malo, y le pasó en su propia casa mientras dormía”.
En el caso del
personal del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Imelda Gallegos refirió que
“nunca se acercó a la familia o amigos para apoyar, o siquiera conocer el caso
de Perla, hasta el pasado día de muertos, cuando nos contactó porque tenía
planeado instalar altares de muertos en la plazuela Rosales y quería que
pusiéramos uno en memoria de Perla. Por supuesto que no aceptamos. Nos pareció
una actitud hipócrita, una forma de aprovecharse de la situación y tomarse la
foto. Queremos que este crimen se resuelva, no que la hagan mártir”.
Se pregunta: ¿Qué
significa en el gobierno de Malova portarse bien o portarse mal? Que nos lo
diga porque a lo mejor nosotras nos portamos mal porque estamos hablando”,
cuestiona Iliana Padilla, compañera de estudios de Perla Lizet, quien expresa
que “lo que pedimos es justicia para ella y para las otras personas que han
fallecido en circunstancias similares. Intentamos presionar a las autoridades
para que resuelvan su crimen, por su memoria, y para que no se ensucie su
nombre”.
Iliana Padilla, por
su parte, expresa que “Perla jamás dio motivo para que alguien pensara que era
una niña que se portara mal o lo que las personas etiquetan como portarse mal;
fue una estudiante brillante, modelo, disciplinada, intachable. Jamás consumió
ningún tipo de droga o tabaco, era deportista, le gustaba mucho cantar y apoyar
a sus amigos. Era una estudiante de diez, se incorporó a trabajar en Gobierno
del Estado y después a la Facultad de Estudios internacionales a dar clases… No
sé qué quiere decir nuestro gobernador con portarse mal”.
Los números de
Malova
En el apartado de
Equidad de Género, el Plan Estatal de Desarrollo presentado por Mario López
Valdez establece que “a partir de 2007, los homicidios dolosos de mujeres en
Sinaloa se incrementaron significativamente, cerrando 2010 con 110 mujeres
asesinadas, lo cual evidencia en Sinaloa una estadística alta en esta materia”.
En 2011, durante el primer año de la administración malovista, la cifra subió a
113, la mayoría de ellas asesinadas con armas de fuego, en el que fue
catalogado como el segundo año más violento en los últimos tres sexenios, según
estadísticas de la propia Procuraduría de Justicia.
Una encuesta
nacional realizada por el INEGI e Inmujeres, documenta que Sinaloa es donde se
observa un incremento mayor entre las muertes por homicidio de las mujeres
jóvenes de 20 a 24 años, al pasar de menos de 1 en 2006 a 16.4 por cada cien
mil habitantes en 2010, situándose con una tasa por encima de la media
nacional.
Mujeres al paredón
— Los feminicidios
son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el
odio hacia las mujeres y niñas. Expresan situaciones extremas de violencia como
diversas formas de humillación, de abandono, de terror y la aceptación de que
las mujeres y niñas mueran como resultado de actitudes misóginas y de prácticas
sociales de desprecio, de maltrato físico y emocional, de hostigamiento, de
abuso sexual, de incesto.
— En 1993, la ONU
estableció lo que a nivel internacional deberemos considerar: “Por violencia
contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada”.
— El 23 de noviembre
es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
— La Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada a
finales del año 2011 por el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), arroja que:
a) De cada 100
mujeres de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 47 han vivido
situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su
actual o última relación.
b) El 43.1 por
ciento de las mujeres ha vivido agresiones de carácter emocional: insultos,
amenazas, humillaciones y otras ofensas de tipo psicológico o emocional.
c) Cerca de la mitad
de todas las mujeres actualmente casadas o unidas (44.8 por ciento) ha sido
agredida por su pareja o esposo al menos una vez a lo largo de su vida en
común.
d) Entre las mujeres
de 50 años y más se ubica la mayor proporción de quienes han enfrentado
agresiones físicas y sexuales.
e) El 10 por ciento
de las mujeres casadas o unidas han tenido dos o más uniones o matrimonios, y
son las más agredidas por sus actuales parejas o esposos.
f) Solo el 25 por
ciento de las mujeres casadas o unidas que padecieron violencia física o sexual
por parte de su pareja, recurrió a alguna autoridad en busca de apoyo.
g) 26.6 por ciento
de las mujeres asalariadas (6.1 millones) han sido discriminadas en sus
trabajos por el hecho de ser mujeres.
h) En Sinaloa, el
80.9 por ciento de la población manifiesta su temor a ser víctima de cualquier
modalidad de la delincuencia.
i) Sinaloa se ubica
entre las siete entidades del país más inseguras del país, de acuerdo con la
percepción de sus habitantes.
¿Qué es la alerta de
género?
La alerta de género
es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida
por individuos o por la propia comunidad.
La alerta de
violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental
garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y
eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus
derechos humanos.
La alerta de género
se solicita cuando en un lugar determinado la violencia contra las mujeres es
sistemática y reiterada, es decir, es un mecanismo de emergencia que implica
que la política pública que está generando el Estado no está sirviendo para
prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.
En México,
organismos civiles y de derechos humanos han solicitado alerta de violencia de
género en contra de los estados de México, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León,
Oaxaca, Veracruz, Morelos y Sinaloa, pero han sido negadas por el Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, organismo presidido por la Secretaría de Gobernación y el Instituto
Nacional de las Mujeres.
Ante estos rechazos,
activistas de derechos humanos acudirán al Comité de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW),
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para denunciar la ineficacia del
Estado mexicano en la protección de la población femenina.
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