Miguel Ángel Vega
Luego de darse a conocer que al menos una de las armas que
formó parte del operativo Rápido y Furioso, fue utilizada por sicarios del
cártel de Sinaloa en contra de elementos del Ejército Mexicano, en cuyo
enfrentamiento el pasado 24 de noviembre murieron dos soldados, un jornalero y
una ex reina de belleza, legisladores de Estados Unidos presionaron más al
Departamento de Justicia para que proporcione detalles sobre el operativo, no
obstante el DOJ, solo ha emitido un agudo silencio.
La teoría de que el cártel de Sinaloa fue el grupo criminal
que más se benefició con el operativo Rápido y Furioso, se fortaleció una vez
más, luego que legisladores estadounidenses dieran a conocer que una de las
armas aseguradas durante el enfrentamiento en que murieron dos elementos
castrenses y una reina de belleza, en Mocorito Sinaloa el pasado mes de
noviembre, formó parte de ese operativo.
Esa situación, observó el senador Charles Grassley, fortalece
una teoría y es la posibilidad de que los dos elementos castrenses muertos
durante ese enfrentamiento, hayan sido abatidos por uno de los rifles AK-47 que
pasaron a México con anuencia del gobierno estadounidense, lo cual, de
comprobarse, incrementaría el número de víctimas gubernamentales que han sido
ultimadas con armas de Rápido y Furioso.
“Necesitamos detalles sobre ese operativo, para llegar al
trasfondo de todo porque, hasta ahora, es claro que el ATF y el Departamento de
Justicia han fallado en proporcionarnos información, y en tanto sigue muriendo
gente”, dijo Grassley en un comunicado enviado a Ríodoce.
Hasta el momento no se ha revelado qué armas fueron las que
cortaron la vida de los dos elementos castrenses, aunque los legisladores
estadunidenses precisaron que exigirían respuestas para así llegar al trasfondo
de todo.
Tanto Grassley como el congresista republicano Darrell Issa,
han sido quienes más han exigido al Departamento de Justicia detalles sobre el
operativo, incluso, han solicitado el cese del procurador Eric Holder, sin
embargo, el presidente Barack Obama ha enfatizado que no cesara a Holder por
tratarse de acusaciones políticas en contra de sus colaboradores.
El trayecto de un AK-47
De acuerdo a fuentes de la oficina del senador Grassley, el
arma encontrada cerca de donde yacía el cuerpo sin vida de María Susana Flores
Gámez, era un rifle AK-47 que fue adquirido por Uriel Patiño, uno de los
principales compradores de armas en Phoenix y quién, aparentemente, trabajaba
para Joaquín, el Chapo Guzmán.
Muy cerca de dónde se encontró esa arma, estaba otro fusil,
un FN Herstal, calibre 57, que aunque no formó parte de Rápido y Furioso, fue
comprada por George T. Gillet, agente especial del ATF cuando inició la
operación y que apareció en uno de los lugares donde se dieron los
enfrentamientos del sábado 24.
Esa situación, sugiere Grassley en una carta enviada al DOJ
el miércoles de la semana pasada, hace concluir que posiblemente Gillet haya estado
involucrado en la compra ilegal de armas, que aun cuando el agente expone
haberlo hecho todo bajo reglas del estado, en el caso de la Herstal, el senador
sugiere que Gillet tal vez esté mintiendo, y que mentir en esas condiciones se
paga con prisión.
“En la carta enviada al DOJ pedimos que se investigue todo en
cuanto al operativo, porque hay detalles que aún no tenemos y en el caso de
Gillet, todo sugiere que compró armas con nombres falsos”, dijo Grassley.
Aunque se desconoce el número de armas que Gillet pudo haber
adquirido, sí se reveló que tan sólo Uriel Patiño compró al menos 700 de las
casi 2 mil armas de alto impacto que el ATF dejó pasar a territorio mexicano,
algunas de cuyas armas han sido localizadas en Sinaloa desde que se dio a conocer
el operativo.
El número desconocido
Aunque se desconoce cuántos mexicanos han muerto abatidos por
las armas de Rápido y Furioso, legisladores estadounidenses revelaron a finales
del 2011 que pudieran ascender a 200, aunque precisaron que era imposible precisar
cuántos realmente eran, ni los que se sumarían en años futuros.
No obstante, ya se precisó que en total, el operativo Rápido
y Furioso dejó pasar alrededor de 2 mil armas que tuvieron un costo de casi 1.5
millones de dólares, y que el objeto de la operación era rastrear a Joaquín El
Chapo Guzmán para acabar con su organización.
No obstante, este operativo coincidió con una escalada en la
violencia en territorio mexicano, desde finales del 2008, hasta principios del
2011, por lo que el gobierno de México ha exigido al de Estados Unidos una
investigación detallada sobre la operación, aunque nunca se les ha entregado
ningún reporte, y todo lo que se conseguido es por la presión de los
legisladores Grassley e Issa.
De acuerdo a reportes de la PGR, facilitados al DOJ, varias
de las armas que formaron parte del operativo han sido encontradas en poder de
células de gatilleros que no sólo pertenecen al Cártel de Sinaloa, sino también
al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Armas como AK-47, AR-15, Barret Calibre .50 y M-16, han sido
aseguradas en diversos operativos en los municipios de Guasave y Sinaloa de
Leyva y Mocorito.
En Marzo del 2011, el Centro de la Integridad Pública (CPI)
reveló que aunque la intención de Rápido y Furioso era llegar a la cúpula de
poder del cártel de Sinaloa para desmembralo, la realidad es que terminó por
beneficiarlo pero, sobre todo, disparó la violencia en México.
“Se tuvo acceso a varias fuentes, incluyendo John Dodson (el
agente del ATF que hizo público el operativo), y lo que descubrimos fue que las
armas pasaron por Ciudad Juárez en varias ocasiones, y que la intención
original era que estas llegaran a solo uno de los cárteles que peleaba esa
plaza, en este caso el de Sinaloa”, dijo en aquel entonces Ricardo Sandoval,
del CPI a Ríodoce.
Aún cuando entre las víctimas de mexicanos hay policías de
todos los niveles de Gobierno, así como civiles, la única muerte que
verdaderamente pareció cimbrar a las autoridades mexicanas y estadounidenses
fue la de Brian Ferry, ya que a partir de entonces, legisladores iniciaron una
investigación para llegar a los responsables del operativo.
Otro agente norteamericano, Jaime Zapata, murió asesinado en
San Luis Potosí, en febrero de 2011, con otra de las armas registradas en
Rápido y Furioso, éste a manos de una célula de los Zetas.
“Más allá de toda declaración, la realidad es que el daño ha sido
tanto, tanto México como Estados Unidos tendrán que vivir con las consecuencias
de esa omisión durante muchos años aún por venir”, se lee en un reporte de 60
páginas, preparado por el senador Grassley y el congresista Issa.
Durante todo el tiempo que el ATF realizó esta operación, no
solo negó información a su oficina de México, también no advirtió al Gobierno
mexicano sobre la basta cantidad de armas que dejaban pasar a territorio
mexicano.
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