viernes, 23 de junio de 2017

EPN SE DESDICE EN HORAS: AHORA, QUE NO QUISO AMENAZAR: “SE HAN SUSCITADO CIERTAS DISTORSIONES”


Peña Nieto aseguró que la tecnología que su administración adquirió se ha empleado para la seguridad interna y jamás, resaltó, ha sido mal utilizada para escuchar de manera ilegal a activistas, periodistas y mucho menos a los ciudadanos. El Presidente agregó que quienes acusan a su Gobierno de espionaje mienten, porque, dijo, es muy fácil señalar sin tener pruebas.

La investigación fue revelada por el New York Times desde febrero pasado, cuando se dio a conocer que las primeras víctimas del #GobiernoEspía fueron activistas que están contra las refresqueras.

Pero más tarde, en Guadalajara, el Presidente aseguró que se expresó inadecuadamente y solicitó aclarar sus dichos, en el sentido de que pidió a la PGR investigar este tipo de intervenciones ilegales. “No lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo teniendo intervenciones, y ésta es la indicación que he dado. Se han suscitado ciertas distorsiones…”

#GobiernoEspía | Presidencia, a NYT: no hay pruebas; apenas llegó EPN, se compró malware Pegasus



Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró este jueves que somos una sociedad que se siente espiada. Incluso él, que dijo recibir mensajes y llamadas que no sabe de dónde viene.

Con esa vulnerabilidad trató de explicar el Jefe del Ejecutivo que el espionaje en México es común o, más bien, está fuera de control.

Pero el mandatario también lanzó una amenaza: “Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la Ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra el Gobierno”.

Al encabezar un evento en el Parque Industrial Lagos de Moreno, en Jalisco, Peña habló por fin sobre la investigación del diario The New York Times, #GobiernoEspía, que revela que desde el inicio de la administración del priista fue adquirido equipo de espionaje para ser empleado contra activistas y periodistas mexicanos.

“Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo como Presidente de la República, a veces recibo mensajes, cuya fuente u origen desconozco, pero como ocurre en todo caso, soy cuidadoso en lo que hablo telefónicamente porque no faltará que alguien, o que alguna vez, exhiban alguna conversación mía”, señaló Peña Nieto.

El Presidente agregó que quienes acusan a su Gobierno de espionaje mienten, porque, dijo, es muy fácil señalar sin tener pruebas. Pidió investigar pero a quienes denuncian, y eso provocó una respuesta airada de las organizaciones civiles.

“Resulta muy fácil señalar y apuntar, convocar para que se señale al Gobierno como una entidad que espía, nada más falso que eso. Ninguna de las personas que se sienta agravada puede demostrar que su vida haya sido lastimada por supuestas intervenciones”, dijo.

El #GobiernoEspía a miles, hace años: Buscaglia; vayan más allá del escándalo mediático, dice

Peña Nieto aseguró que la tecnología que su Gobierno ha adquirido se ha empleado para la seguridad interna, jamás para escuchar de manera ilegal a activistas y periodistas.

“No cabe intervenir de manera ilegal la vida privada de cualquier ciudadano, eso no cabe en una democracia como la que vivimos en México”.

Incluso, condenó “cualquier intervención que se tenga en la vida privada de cualquier activista o periodista”.

Informó que instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realice la investigación correspondiente “con toda celeridad y prontitud”.

Y SE DESDICE

Más tarde, en Guadalajara, el Presidente aseguró que se expresó inadecuadamente y solicitó aclarar sus dichos, en el sentido de que pidió a la PGR investigar este tipo de intervenciones ilegales.

“No lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones, y ésta es la indicación que he dado. Se han suscitado ciertas distorsiones, de las que, reconozco, no puntualicé o no me expliqué lo suficiente”, justificó en Guadalajara.

“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al Gobierno, todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje. Es muy fácil que muchos se quieran subir a esa ola de señalamientos, a esta ola que va en contra del Gobierno. Siempre es lo más fácil, señalar al Gobierno”.

¿Esa parte de su discurso no era contra los activistas?, se le preguntó.

“De ninguna manera (es contra los activistas). Si estoy afirmando que somos un Gobierno respetuoso de la libertad de expresión y de la crítica”, manifestó.

–¿Ninguna represalia contra quienes lo acusan? Porque así se entendió –se le insistió.

“No lleven a que diga lo que no he señalado. ¿Por qué habría de tener alguna acción en contra de la libertad de expresión? Todo lo contrario, estamos para generar mejores condiciones para la libertad de expresión”, insistió.

Al aclararle que no fue una distorsión, pues en realidad así lo dijo, reconoció que se equivocó.

Peña Nieto dijo que el Gobierno no niega la compra de equipo para “escuchas”, pero éstas, puntualizó, son para combatir al crimen organizado.

“Muchos de los blancos (detenidos por formar parte del crimen organizado) no fue por obra de la casualidad, fue un gran trabajo de investigación”.

La tecnología a la que se refiere el Presidente es el malware “Pegasus”, desarrollado por la empresa iraní NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.

De acuerdo con el documento revelado por el Times, entre enero de 2015 y julio de 2016, se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través de ese sistema. A estos se suman los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria.

El informe fue elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.

El diario estadounidense cita que cada infección exitosa tendría un costo que oscila alrededor de los 77 mil dólares.

#GobiernoEspía | El Estado hace uso criminal del dinero público y las instituciones, dicen espiados

Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas espiados por el Gobierno de México presentaron una denuncia formal ante la PGR para que investiguen a las instancias federales involucradas en este caso.

La periodista Carmen Aristegui, una de las víctimas de espionaje, lo consideró “inaceptable” y reclamó al Gobierno de México que dedique su tiempo a investigar a defensores de derechos humanos y activistas, mientras los criminales siguen libres.

En una carta de tres renglones, firmada por Daniel Millán Valencia, Director General de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, pidieron a los afectados denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) y señalaron, sin más, que no existen pruebas de que el Gobierno mexicano haya sido el autor de la vigilancia ilegal.

Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una capeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática que fueron utilizados presuntamente para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, además de solicitó información sobre las dependencias y empresas que han facilitado este tipo de intervención.

La PGR es una de las dependencias señaladas de haber adquirido el software “Pegasus” con el cual se produjo el espionaje en México.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JUNIO 22, 2017, 9:00 PM)

ERUVIEL OCULTA 5 AÑOS TODO SOBRE MEXICABLE: CUÁNTO COSTÓ, QUÉ LO JUSTIFICÓ, CUÁL EMPRESA SE RAYÓ…


Más de ocho meses han pasado desde que el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas dieron el viaje que daba el banderazo de las operaciones del Mexicable.

Hasta ahora, poco se sabe sobre el esquema para echar a andar este transporte masivo. No obstante, desde noviembre pasado, la Secretaría de Infraestructura decidió reservarlo por un lustro.

Ni siquiera está claro en qué oficina está la documentación sobre el proyecto: el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México remite a la Subsecretaría de Agua y Obra Pública, dependiente de la Secretaría de Infraestructura mexiquense, pero esa dependencia niega tenerla… remite, de regreso, al Sistema de Transporte Masivo.


Eruviel esconde el contrato del auditorio que inauguró EPN este marzo y un día después olvidaron

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).– El Gobierno de Eruviel Ávila Villegas decidió reservar la por cinco años la información sobre una de sus obras más emblemáticas: el Mexicable.

Lo anterior significa que los ciudadanos no podrán conocer la convocatoria, la licitación, la empresa o empresas que participaron, la justificación y el estudio de impacto ambiental, el costo total de la obra, los estudios de prefactibilidad y si el costo de previsto en un inicio para la obra fue el mismo con el que concluyó.

A inicios de este año, SinEmbargo solicitó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex) los datos sobre el Mexicable. La solicitud se ingresó al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, que argumentó que el solicitante había cometido un error.

La respuesta firmada por Mónica Raquel Ortiz Maravilla planteó que la información solicitada no era generada ni administrada ahí, por lo que no se tenía posesión.

El Sistema se declaró incompetente para dar respuesta y argumentó que la obra se licitó en su totalidad y se ejecutó a cargo “de la entonces” Secretaría de Agua y Obra Pública y que el Sujeto Obligado era ahora la Subsecretaría de Obra Pública, dependiente de la Secretaría de Infraestructura.

La petición de fue remitida entonces a la dependencia indicada por el Sistema.

La primera vez la Secretaría de Infraestructura respondió con una notificación de prórroga de siete días hábiles, bajo el argumento de que aún continuaba en la búsqueda de información. Finalmente, en la respuesta definitiva a la segunda solicitud de información, la Secretaría de Infraestructura envió nueve documentos.

En uno de ellos, fechado el 20 de junio, se notificó que esa instancia no tenía la información solicitada, pero de manera interna, la Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública se declaró competente para dar respuesta a la petición, aunque esta unidad no forma parte de los sujetos obligados del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex), por lo que el peticionario no puede dirigir ahí solicitud alguna.

Otro documento emitido un día después y firmado por Jorge Eduardo Carbajal Salinas, Analista Especializado “C” de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Infraestructura, explicó que el “Título de Concesión para la Construcción, Explotación, Operación, Conservación y Mantenimiento del Sistema de Transporte Terrestre en Teleférico ‘Mexicable Ecatepec’” fue reservado desde el pasado 11 de noviembre.

El Comité de Transparencia emitió la resolución CT-SINF-SE-11-2016/47, donde se clasificó como información reservada por los siguientes cinco años, indicó.

El resguardo de la información, sostuvo, se debe a que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México actualmente realiza una auditoría al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, aunque aclaró que el proyecto Mexicable no es sometido a esa revisión.

Explicó que entregar la información afectaría los principios de seguridad y certeza con los que se “debe desarrollar el procedimiento de auditoría respectivo, pues de no cumplirse con los mismos se podrían afectar los resultados de la misma, entorpeciéndose de esa manera las actuaciones del órgano fiscalizador, afectando en consecuencia la esfera jurídica de las entidades públicas que intervienen […], generando especulaciones sobre posibles resultados que aún no han sido determinados”.

Agregó que el prejuicio que supondría divulgar los Títulos de Concesión, supera el interés público general de que se difunda porque podría generar juicios “subjetivos”.

Es decir, la Secretaría de Infraestructura remite al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México para obtener la documentación, pese a que éste último indicó que no lo tiene.

Aun más, en otro documento fechado también este 21 de junio y firmado por Luis Montalvo Madrigal, Jefe de la Unidad de Administración y Servicios de la Subsecretaría de Agua y Obra Pública, señaló que tras realizar una búsqueda exhaustiva se verificó que la información del Mexicable no está ahí, a pesar de lo dicho en la primera respuesta del STMEM.

…Y 7 meses después, el contrato del Mexicable sigue “perdido” en la maraña de oficinas de Eruviel

De acuerdo con las cifras iniciales, el Mexicable transporta hasta 26 mil personas por hora en 190 cabinas que recorren 5 kilómetros de San Andrés de la Cañada a la Vía Morelos en Ecatepec.

El recorrido total es de entre 15 y 20 minutos y significa un ahorro de 35 minutos de trayecto. Consta de siete estaciones y las cabinas tienen capacidad para seis personas sentadas y dos a pie. Inicia en la vía Morelos, a un costado de Cerro Gordo, recorre el pueblo de Santa Clara, cruza la autopista México – Pachuca y se adentra en la colonia Hank González, donde sigue su recorrido paralelo a la Avenida San Andrés, para finalizar en la región de La Cañada.

El esquema de financiamiento fue de inversión público privada, se dijo que fue de mil 700 millones de pesos (60 por ciento del sector privado y 40 por ciento de recursos federales y estatales) y generó 300 empleos directos en su construcción y 40 permanentes, según la información oficial.

La implementación del Sistema de Transporte tipo Teleférico se pensó como una propuesta novedosa para los usuarios, sobre todo en zonas que presentan una “orografía accidentada, en cuyos caminos o calles falta la debida pavimentación o, en las que simplemente sus características técnicas no han permitido la creación de vitalidades o caminos que comuniquen eficientemente las zonas habitacionales ubicadas en este tipo de tipografía en la entidad”.

La inauguración del Mexicable terminó. Ahora, a quitar el pasto de a mentiritas en Ecatepec




(SIN EMBARGO.MX/ Daniela Barragán/ junio 23, 2017, 12:05 am)

LA OPACIDAD OFICIAL EN PRESIDENCIA DE GASTÉLUM


Foto: Agustín Reyes

A un día de haber declarado públicamente que el convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa Turbofin por 89 millones de pesos en la renta de camiones para recolección de basura estaba en el portal de transparencia, el alcalde, la síndico, el consejero jurídico, el secretario del Ayuntamiento, un regidor y el “encargado” de transparencia, clasificaron que tal documento estaba reservado durante los próximos seis meses

En el tema de los camiones recolectores de basura en Tijuana, todo ha sido opacidad. A tal grado que la síndico municipal Marcela Guzmán, aliada incondicional del alcalde Juan Manuel Gastélum, reservó -junto a un “Comité de Información”- la información relativa al convenio con la empresa privada por un lapso de seis meses, justificando es un tema que está denunciado.

Sin embargo, nadie en el Ayuntamiento de Tijuana sabe decir a cuál denuncia se refiere la síndico, se desconoce quién y por cuáles motivos denunció corrupción en una transacción tan reciente, especialmente cuando fue una asignación directa del alcalde y no una convocatoria para concursar por la renta de camiones de basura y que ganara la empresa que más experiencia y mejor precio tuviera.

El regidor independiente Roberto Quijano Sosa fue uno de tres ciudadanos que por la vía de la transparencia solicitaron toda la información concerniente al convenio realizado entre el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa Turbofin de Jaime Aragón Rogozinski por 89 millones de pesos, pues ni él como edil, tuvo acceso al convenio o los detalles de la transacción. La falta de transparencia en las negociaciones de la presidencia municipal de Gastélum, también prevalece al interior del gobierno municipal.

Como respuesta le dieron: “No es factible atender positivamente su petición, toda vez que el Comité de Información mediante el ___ Confirmó la clasificación de reserva total por un plazo de seis meses el expediente número ____ por tratarse de la integración de una investigación administrativa”.

El caso, por supuesto, Quijano lo llevará a la instancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, pero en tanto no se resuelva ahí, en el Ayuntamiento de Tijuana persiste la opacidad.

Efectivamente, ante los cuestionamientos de la transacción hecha con Aragón por un monto de 89 millones de pesos, la cual se realizó sin la aprobación del Cabildo de Tijuana, Gastélum optó por valerse del Artículo XI de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el Artículo 113, capítulo II, la ordenanza permite mantener reservada la información “que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no haya causado efecto”.


Para ello su Sindicatura Municipal realizó la solicitud correspondiente a lo que llamaron el “Comité de Información”, e integrado por puros afines o subordinados del alcalde, empezando por él mismo, además: la síndico procuradora Marcela Guzmán Valverde; regidor de la Comisión de Gobernación y Legislación, Arnulfo Guerrero; secretario de Gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano; consejero jurídico Leonardo Martínez; y el titular la Unidad de Transparencia, Carlos Contreras.

Se supone que el 8 de junio el comité tomó la decisión de mantener oculta la información del oneroso contrato y sus anexos, bajo la clasificación de “reservada”. Un día después que Juan Manuel Gastélum declaró: “No batallen, está en transparencia”, al referirse a los requerimientos que regidores del Partido Encuentro Social le hacían públicamente para que el convenio con Jaime Aragón Rogozinski fuera transparentado.

De la demanda de juicio político en su contra y de la síndico procuradora a causa de mantener clasificada la información del contrato, Gastélum advirtió que, aunque se está en el ejercicio del derecho, “sí hay que tener cuidado con el abuso del ejercicio del derecho, porque cuando se abusa del derecho, del ejercicio del derecho, también es un boomerang, no es nada más me quejo”.

Luego calificó de ignorantes a los regidores que presentaron la solicitud de juicio político: “Yo lo que quisiera es platicar con los asesores de ellos, porque ellos no son abogados, de leyes no saben nada y por consecuencia se van con la finta… ¡Oye, está escondido, hay que decirle a la gente que está escondido! No está escondido, en términos de la normatividad, de acuerdo al área de responsabilidad de Sindicatura, cuando un expediente se declara reservado es para que nadie le meta la mano. Si hay alguna irregularidad, a ver, con cuidadito”.

Del convenio con Aragón Rogozinski dijo: “No se hace público porque una investigación tiene que seguir cierto grado de secrecía por el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

CRISIS INTENCIONADA

En el umbral de la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el 1 de diciembre de 2016 el servicio de recolección de basura colapsó, dejando de prestarse hasta por un mes en la mayor parte de las casi 900 colonias de Tijuana.

El argumento del gobierno panista para tal situación fue que había recibido la mitad de los 120 camiones recolectores de basura en estado inoperable y que carecía de recursos suficientes para repararlos.

Durante un mes y medio se agudizó  la crisis en la recolección de basura, para luego declarar un “estado de emergencia” que tomó como sustento para negociar en forma unilateral el contrato con la empresa Turbofin, SAPI  de CV, es decir, sin plantearlo al pleno del Cabildo del XXII Ayuntamiento.

Al contrato de arrendamiento de los 52 camiones de recolección y transferencia de basura, de un costo de casi 80 millones de pesos, Gastélum sumó un convenio más para la renta de 12 patrullas tipo panel para 12 pasajeros, renta por la que se presupuestaron 10 millones de pesos de recursos municipales, lo que significa que por cada unidad se estará pagando un arrendamiento mensual de 138 mil pesos, un promedio de 4 mil 600 pesos diarios y no los mil pesos que dijo el tesorero Ricardo Chavarría.

El arrendamiento lo comprometió por lo que resta de 2017 y, para cerrar la transacción, hizo un depósito en garantía de 20 millones de pesos y comprometió un pago mensual de 5.8 millones de pesos.

Pese al pago anticipado, a la fecha la empresa solo ha entregado al municipio 15 camiones recolectores de basura.

El regidor Manuel Rodríguez Monarrez señaló que en ambas convenios intervino Eduardo Vilaso, cercano a Juan Manuel Gastélum Rivera, hijo del alcalde, “a Vilaso se le relaciona como socio de Aragón Rogozinski, lo que vuelve turbio el contrato que no se turnó a Cabildo y pone de manifiesto que Gastélum Buenrostro llegó a la alcaldía para hacer negocios”.

DEMANDA JUICIO POLÍTICO CONTRA ALCALDE Y SÍNDICO

Cuestionado en torno al ocultamiento de la información de los contratos de arrendamiento con Turbofin, Gastélum Buenrostro respondió con otra evasiva: “En el tema de la basura no hubo información porque no fue licitación…”.

La falta de transparencia llevó a los regidores del Partido Encuentro Social del Cabildo de Tijuana a presentar el 24 de mayo una queja ante la Sindicatura Procuradora, a cargo de Marcela Guzmán Valverde, para que se investigara el contrato de arrendamiento de camiones de recolección de basura y de patrullas.

Pero al ser cuestionada sobre el avance en la investigación, Guzmán Valverde se negó argumentando la secrecía que debía a la indagatoria.

Ante la cerrazón del alcalde y de la síndico, los ediles del PES -Manuel Rodríguez, Mónica Vega y José Manuel Ortiz Ampudia- presentaron ante el Congreso del Estado una demanda de juicio político en contra de Juan Manuel Gastélum y Marcela Guzmán Valverde.

En la denuncia presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo requieren asentar responsabilidad administrativa en contra del alcalde de Tijuana y de la síndico, “por las irregularidades detectadas en la adjudicación directa de los contratos de arrendamiento de camiones para el servicio de basura de la ciudad para que los diputados puedan determinar la procedencia de juicio político”, subrayó Rodríguez Monarrez.

LOS ARGUMENTOS PARA EL JUICIO POLÍTICO

Mónica Vega, coordinadora de los regidores del PES, precisó que los puntos principales para impugnar el contrato son:

El contrato de arrendamiento se realizó sin hacer primero una declaratoria de emergencia, ni buscar soluciones alternar para cumplir con el servicio de recolección de residuos.

La demora en la entrega de las unidades rentadas.

La negativa de la Sindicatura Procuradora de negar la información que el 31 de mayo solicitaron sobre la adjudicación del contrato, optando la dependencia por clasificarla como reservada el 8 de junio, lo que puede considerarse como una violación sistemática a los Reglamentos y Ley Municipal por parte de la síndico y de lo cual ya se interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California.

La incapacidad de Sindicatura de seguir este procedimiento “porque no puede ser juez y parte”.

Posible conflicto de intereses, abuso de autoridad y tráfico de influencias al otorgarse sin licitación a Grupo Turbofin, SAPI de CV, propiedad de Jaime Aragón Rogozinski, el convenio de 89 millones de pesos.

SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO SORPRENDE A SÍNDICO

“Yo no esperaba eso, pues porque apenas me voy enterando, para mí fue novedad, fue sorpresivo”, declaró a ZETA Ana Marcela Guzmán Valverde, respecto al juicio político solicitado en su contra ante el Congreso del Estado.

Y agregó: “Tengo que ser muy respetuosa de las personas y de ellos como regidores, están en todo su derecho de hacer valer la acción que ellos consideren procedente y el Congreso dictaminará lo conducente y estaremos preparados, yo estaré preparada en el caso particular de la síndico de comparecer ante el Congreso para el esclarecimiento de los hechos”.

La fiscal municipal reconoció que “yo no me puedo investigar a mí misma, pero aquí lo importante es que yo ya no puedo opinar más porque no conozco el contenido de ese expediente”.

LOS FUNDAMENTOS PARA OCULTAR INFORMACIÓN

“Se está tergiversando el hecho de que se clasificó la reserva de la información, no fue aislada, no se está reservando aisladamente el contrato y las documentales que contiene este arrendamiento, sino derivado de la investigación que se lleva acabo aquí en la Sindicatura, pues estas documentales forman parte de la misma”, expuso Marcela Guzmán en un intento por explicar por qué, al menos durante seis meses, se mantendrá oculto el contrato con Grupo Turbofin.



Foto: Isabel Mercado

No fue una decisión autónoma de la Sindicatura, sino colegiada; se sometió a consideración de la Comisión de Información de Transparencia la clasificación de su reserva hasta por seis meses, con motivo de la investigación que se está llevando, con motivo de la denuncia presentada por los regidores del PES, argumentó.

“Aquí es importante la fundamentación que prevé la Ley General de Transparencia, que es la Ley marco de la Ley Estatal de Transparencia, en su Artículo 113, por citar un fundamento, refiere en el capítulo 2 de la información reservada como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, y en su fracción décimo primera señala lo siguiente: ‘Vulnera la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado’”, asentó.

— ¿Por qué reservar la información, en que puede beneficiar a la investigación de la queja presentada?, se le cuestionó.

“Bueno, es que aquí no es un tratamiento especial que se le debe de dar a este expediente, es un tratamiento que se le debe dar a todos los expedientes de investigación que obren en esta Sindicatura”.

— ¿Así lo establece la Ley?

“Bueno, es una petición que hace la Sindicatura a efecto de proteger la investigación que debe revestir dentro del procedimiento administrativo, pero tiene que ser autorizado por la Comisión de Información, también conocido como Comité de Transparencia”.

— ¿Por qué se hace esta petición?

“Se hace en todos los expedientes, para cuidar el sigilo y la secrecía de las investigaciones, hasta en tanto no cause estado -se resuelva-.

“Como el expediente está en investigación hay que cuidar la secrecía que debe guardar, pero no es un tratamiento especial, sí quiero dejar aclarado, no es una reserva aislada como se ha estado manejando en algunas partes, nos es una reserva aislada del contrato y la documentación que ampara este arrendamiento, es una clasificación de reserva del expediente de responsabilidades, del expediente administrativo iniciado con motivo de la denuncia presentada ante Sindicatura en relación a la renta de los camiones -de basura-“. Respecto a los seis meses establecidos como reserva, subrayó que esto no implica que sea un plazo forzoso.

Y diciéndose respetuosa de las leyes y reglamentos, resaltó:

“Todos aquellos ciudadanos que hayan solicitado solicitudes de acceso a la información relacionadas con este tema podrán informarse de esta clasificación de reserva, ya al Instituto de Transparencia le tocará determinar sobre dicha clasificación”.

— Esta decisión se presta a suspicacias; además, el periodo de reserva es justo la duración del convenio -con Turbofin-, planteó ZETA a Guzmán Valverde, a lo que contestó:

“Te repito, ya no podría yo hablar más porque estos documentos forman parte de la investigación, tenemos que respetar esa reserva, hasta en tanto no exista resolución al contrario de parte del Instituto de Transparencia, en base a alguna inconformidad que hagan valer los ciudadanos, con motivo de sus solicitudes de acceso a la información que hayan sido negadas”.

— ¿Tiene que ver con cláusula de confidencialidad -con Turbofin-?

“No tiene nada que ver, en cualquier contrato se pudiera establecer alguna confidencialidad entre las partes, pero no puede estar por encima de la Ley de Transparencia”, justificó la síndico.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ISABEL MERCADO /LUNES, 19 JUNIO, 2017 12:00 PM)

“KIKO” HA ENDEUDADO BC POR 85 MIL MILLONES DE PESOS: 72 MIL EN APP Y 13 MIL EN CRÉDITOS


Foto: Cortesía

Entre créditos bancarios e “inversiones” mediante Asociaciones Público Privadas que se traducen en contratos multimillonarios a pagar por décadas, Francisco Vega de Lamadrid y su gobierno han aumentado los pasivos de Baja California en mil 200 por ciento

Francisco Vega de Lamadrid, junto con algunos de sus funcionarios clave, tales como Antonio Valladolid, secretario de Finanzas; la oficial mayor Loreto Quintero y Manuel Guevara, secretario de Desarrollo Urbano, han llevado el endeudamiento de Baja California.

Por un lado se encuentran los créditos solicitados a instituciones bancarias que suman cerca de 19 mil millones de pesos; y por otro, es el “flujo de presupuesto a largo plazo” o el endeudamiento del presupuesto -incluso de futuras administraciones– que el gobierno se ha comprometido a pagar por medio de Asociaciones Público Privadas (APP), las cuales finalmente afectan la capacidad de pago de la entidad.

 
BC estancado con Kiko y Valladolid.

Sin contar los contratos de miles de millones de pesos adquiridos por las APP, el gobierno panista de “Kiko” Vega triplicó en menos de tres años la deuda histórica de Baja California. Pero sumando los compromisos financieros que le generan los montos y plazos de las APP, el Estado debe más de 92 mil millones de pesos.

13 MIL MILLONES DE PESOS A LA MITAD DEL KIKIATO

En 37 meses de gobierno, es decir, en tres años, la administración de Vega de Lamadrid contrató créditos bancarios por 13 mil millones de pesos. Más de doble -casi el triple- de los más de 7 mil 253 millones 460 mil pesos que heredó de deuda pública de la administración pasada.

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la administración estatal tiene la obligación de publicar la información relativa a la deuda pública en su portal de internet. Sin embargo, la información que presenta el Ejecutivo no está completa, no está concentrada y no expone siquiera la “autorización de la propuesta”, la cual debe de estar en línea.

Reportes del Poder Legislativo detallan que la administración actual ha contraído créditos con diversas instituciones financieras por  19 mil millones de pesos. Mientras que en la información pública solo se puede saber que desde 2006 hasta enero de 2017, Baja California ha obtenidos créditos por 17 mil 600 millones 443 mil 726 pesos.

No obstante en esta investigación realizada por ZETA se han localizado contratos de créditos no contemplados en esta suma. Un ejemplo: la deuda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) en el portal aparece en ceros, contrario a informes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

Según datos obtenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno Federal, Baja California tenía una deuda de 20 mil 716 millones 160 mil pesos en 2006, situándose en el número 7 de los 10 estados más endeudados del país. Recordando que la administración pasada heredó 7.26 mil millones de pesos en deuda, el restante, más de 13 mil 450 millones de pesos, fueron comprometidos por Vega de Lamadrid y su gabinete.

PÚBLICOS A MEDIAS, SOLO 7 MIL 643 MILLONES DE PESOS

El Gobierno del Estado solo estuvo dispuesto a publicar mediante su obligación por la Ley de Transparencia, los montos y los acreedores de cierta parte de su deuda pública (en el cuadro también se muestra los años por los que fue contratados los créditos, la mayoría por 20 años).


Estos son los montos que publica el gobierno sobre sus dependencias centrales. En las paraestatales únicamente publica las contraídas por las diversas Comisiones Estatales de Servicios Públicos.

Por ejemplo, la CESPT (Tijuana-Rosarito) debe 2 mil 111 millones 734 mil 977 pesos en créditos bancarios, de los cuales 892 millones 108 mil pesos fueron adquiridos en solo dos meses de la administración de Vega.

De los más de 892 millones a pagar hasta 2035, Vega de Lamadrid contrató más de 662 millones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el resto, un crédito de 230 millones de pesos, con Banco Multiva, SA.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali es la segunda paraestatal más endeudada, con mil 126 millones 287 mil pesos, la mayoría adquirida en la administración en curso. El gobierno de Vega obtuvo un crédito con Banobras por 926 millones 287 mil 935 pesos; el resto se contrató con su antecesor, Osuna Millán, con Corporación Financiera de América del Norte.



Rueda, Álvarez (ex director de CESPT) y Loreto.

En la CESPE (Ensenada) únicamente se ha contratado un crédito en el gobierno actual por 112 millones de pesos, también con Banobras, y se pagará hasta 2035. Tecate tiene un contrato por 10 millones 170 mil pesos con una tasa de interés de casi el 10% y a pagar hasta 2023, pero firmado en el gobierno pasado.

El resto de los créditos son ocultos. Pero una revisión a la cuentas públicas de algunas paraestatales, por ejemplo, la del Issstecali, revela que la dependencia tiene una deuda de más de 2 mil 184 millones de pesos, parte de ella convenida en diciembre de 2015 y el resto financiada en 2014.

UN ESTADO ESTANCADO

De acuerdo con información de la SHCP, “Kiko” Vega triplicó, en sus primeros tres años de gobierno, el importe de la deuda contraída por José Guadalupe Osuna Millán, quien a su vez, quintuplicó la deuda contraída por el ex mandatario Eugenio Elorduy y contrajo once veces más deuda que en el período de los ex titulares del Ejecutivo, Héctor Terán Terán y Alejandro González Alcocer.

Del presupuesto ejercido por el gobierno estatal, solamente el 18% es generado por sí mismo, el 82% de los ingresos restantes, los recibe vía participaciones y aportaciones del Gobierno Federal.

Para Nancy Sánchez, diputada federal priista, el gobierno de Baja California ha optado por una salida “tan fácil como opaca al recurrir a un mayor endeudamiento y trasladar los costos de su ineficiencia a la administración federal”.

Explica que los montos contraídos como deuda pública “no se reflejan en obras de infraestructura que puedan ser detonantes de desarrollo, ni en una mejor red de vías de comunicación”.

La también presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, califica como caótico y opaco el manejo financiero de la actual administración estatal.

“La capacidad del Gobierno del Estado para destinar el mejor de los usos a estos recursos, provocan el estancamiento del Estado en los principales indicadores productivos”, observa.

Y para ello utiliza un ejemplo: “En caso de una contingencia, el Estado tendría que destinar nueve de cada diez pesos recibidos vía participaciones federales para pagar la deuda, lo cual enciende los focos rojos ante un escenario de alta volatilidad financiera internacional”.

EL OTRO ENDEUDAMIENTO QUE NO ES DEUDA PÚBLICA

El 10 de julio de 2014 se aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas en Baja California, con el objetivo de realizar “proyectos para el desarrollo de infraestructura y de prestación servicios públicos”, a decir de la misma Ley.

Y esos “proyectos”-define la Ley en su Artículo 2- son “aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público”.

Por otro lado, la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus municipios considera deuda pública la “suscripción o emisión de títulos de crédito o de cualquier otro documento pagadero a plazos”, o bien, “la adquisición de bienes o contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos”; e incluso en su Artículo 6 fracción V anota: “Cualquier otra operación de financiamiento que para su cobertura se utilicen recursos públicos, independientemente de la forma como se le denomine o documente”.

Resultado de la Ley de las APP, el gobierno de Francisco Vega ha concretado seis proyectos públicos privados (otros en espera de aprobarse) justamente para “la adquisición de bienes o contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos”.



Guevara y sus APP´s.

Sin embargo, otro artículo reformado a la Ley de Deuda Pública establece que “no se considerarán deuda pública (…) las obligaciones plurianuales derivadas de los contratos que se celebren al amparo de la Ley de Proyectos de Asociaciones Público Privadas para el Estado”.

Sin ser considerada deuda pública, el Estado compromete su presupuesto a plazos largos en los mencionados proyectos y por sumas multimillonarias. Por ejemplo, el de la Construcción de la desalinizadora de Playas de Rosarito adjudicada a la empresa Aguas de Rosarito, a la cual se le pagarán durante 37 años 149 millones 312 pesos cada mes. Sumando a lo largo del plazo, 66 mil 294 millones 535 mil 992 pesos en los años pactados.

El Comité de Asociación Público Privadas que otorga los contratos se conformó por el gobernador “Kiko” Vega, Antonio Valladolid, titular de Finanzas (cargo actualmente ocupado por Bladimiro Hernández), la oficial mayor Loreto Quintero y Manuel Guevara, secretario de Desarrollo Urbano.

El gobierno de Vega ya ha comprometido 72 mil 303 millones 239 mil pesos en los seis proyectos de las APP contratados hasta la fecha. Sin embargo, para 2017 están contemplados cinco contratos más.

Así los proyectos por ahora aprobados de APP, sus montos, los pagos y los tiempos:

ES DEUDA DISFRAZADA

Para Fernando Rosales, abogado del Movimiento Mexicali Resiste y vicepresidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, “el Decreto 57 que crea el endeudamiento millonario a cargo del Estado, se utiliza a través de las APP sobre la Ley vigente para encubrir el gasto corriente con la deuda pública”.

El licenciado, quien ha encabezado un movimiento social en la Capital del Estado, asegura que “los más de 65 mil millones de pesos que se endeudó el Estado para pagarse en tres décadas (en el caso de la desalinizadora), no va entrando como deuda pública, sino como gasto corriente, y ésa es la simulación jurídica que fue orquestada y votada por el Congreso del Estado”.

Y amplía:

“A final de cuentas, es un endeudamiento muy alto que está pagándose más de cuatro veces, el costo de una obra. Sin pasar por alto, la dirección que le da el Gobierno del Estado a ciertos entes como Víctor Hermosillo, que tiene un conflicto de intereses grandes. Se va a privilegiar ese gasto corriente sobre el tema de pensión, salud, educación y cultura”.

Rosales remata: “Las APP finalmente son una deuda. El presupuesto es uno solo y el Gobierno del Estado tiene que capitalizar ingresos para pagar a esas personas morales. El Gobierno del Estado se convierte en un obligado solidario”.



(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ISAÍ LARA BERMÚDEZ /LUNES, 19 JUNIO, 2017 12:00 PM)

“YO TAMBIÉN ME HE SENTIDO ESPIADO”; “NADA MÁS FALSO QUE EL GOBIERNO ESPÍE”: PEÑA NIETO [VIDEO]


El presidente de México, Enrique Peña Nieto rechazó “categóricamente”, este jueves, que su Gobierno espíe a periodistas, activistas y comunicadores, tal como lo documentó un reportaje del diario The New York Times, e indicó que él mismo es cuidadoso con lo que dice por teléfono, ya que ha “recibido mensajes” de destinatarios desconocidos, afirmó.

“Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo como presidente, a veces recibo mensajes cuya fuente desconozco pero procuro, en todo caso, ser cuidadoso con lo que hablo telefónicamente”, indicó el mandatario nacional, en el marco de la inauguración de un nuevo parque industrial en Lagos de Moreno, en Jalisco.

“No faltará que alguna vez exhiban una conversación mía. Ya ha ocurrido. Pero nada más falso, y nada más fácil, que señalar y apuntar a un gobierno de que se dedica a esta actividad”, agregó Enrique Peña Nieto. “El uso de inteligencia que tiene el gobierno es para mantener condiciones de seguridad para la sociedad mexicana”, dijo el presidente.

“Espero que la [Procuraduría General de la República] PGR pueda deslindar responsabilidades y, al amparo de la ley, [esta] pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra el gobierno”, añadió el mandatario nacional.

Además dijo, que prueba de la falsedad de los denunciantes del supuesto espionaje, es que “Ninguna de las personas que se sienta agravada puede demostrar que su vida se haya visto afectada por esas supuestas intervenciones”.

“Nadie puede señalar o advertir que este gobierno no haya tolerado, haya sido condescendiente, haya aceptado y haya reconocido que la crítica enriquece el actuar del gobierno. Por eso somos un gobierno que condenamos de manera categórica cualquier intervención que se tenga de la vida privada de quienes son activistas y de cualquier personal”, señaló Peña.


El lunes pasado el rotativo estadounidense implicó al Gobierno mexicano en un supuesto caso de espionaje contra activistas y periodistas mexicanos, usando el programa Pegasus -que con un spyware interviene conversaciones telefónicas- que en teoría solo debe utilizarse para obtener información de criminales o terroristas.

-Información en desarrollo…


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  /CARLOS ÁLVAREZ /JUEVES, 22 JUNIO, 2017 03:12 PM)

BALEAN A POLICÍAS ESTATALES EN TIJUANA


Foto: cortesía/Fueron atacados en el Guaycura

Elementos de la Policía Estatal Preventiva que atendían una denuncia relacionada con trasiego de droga en la zona del Murúa, fueron recibidos a balazos y repelieron la agresión.

El ataque ocurrió poco antes de la 6 de la tarde del jueves 22 de junio de 2017, en las inmediaciones del Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) del Campestre Murúa en Tijuana.

Desde la Secretaría de Seguridad del Estado informaron que no se trató de un ataque directo, detallaron que los elementos fueron enviados a esa área para responder a una denuncia ciudadana en la que un anónimo reportó que en un auto Honda dos sujetos estaban bajando droga.

Al llegar al lugar los elementos fueron recibidos a balazos, respondieron el ataque pero los sospechosos del trasiego lograron huir en el auto Chevrolet HHR, color negro, con placas fronterizas.

Tras un operativo un presunto agresor fue detenido.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ JUEVES, 22 JUNIO, 2017 06:26 PM)

jueves, 22 de junio de 2017

CONFIRMA GOBIERNO FEDERAL DETENCIÓN DE JEFE DE PLAZA EN #LOSCABOS

Derivado de las acciones que realiza el Gobierno de la República en apoyo a las tareas seguridad pública en todo el país, el Gabinete de Seguridad informa que hoy, en Los Cabos, Baja California Sur, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, lograron la detención de Abraham “N”, identificado como presunto jefe de un grupo de la delincuencia organizada que opera en esa entidad y quien era uno de los principales generadores de violencia en ese municipio.

Los hechos ocurrieron como resultado de intercambio de trabajos de inteligencia y de seguimiento y vigilancia entre las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República.

En el marco de esas labores que realiza el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, personal naval detectó a estas dos personas cuando viajaban a bordo de un vehículo, por lo que les marcaron el alto y procedieron a revisar la unidad.

En el interior del vehículo se encontraron dos armas largas y una corta, así como varias dosis presumiblemente de droga, dinero en efectivo y equipos de comunicación, por lo que se procedió a la detención de las dos personas (una mujer y un hombre) y el aseguramiento del armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La pareja detenida, así como los artículos encontrados fueron puestos a disposición de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Los Cabos, Baja California Sur. En esta acción, no se presentaron enfrentamientos ni hubo personas lesionadas.

Con estas acciones, el Gobierno de la República, reafirma la indeclinable decisión de seguir contribuyendo a fortalecer el clima de orden y seguridad que merece la sociedad mexicana, mediante la realización de operaciones contundentes de manera indistinta y frontal a cualquier organización delictiva que lleve a cabo actividades ilícitas en nuestro país, siempre en un marco de respeto al Estado de Derecho.


(COLECTIVO PERICU/ REDACCION/ JUNIO 19, 2017)