CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La
justicia en las Fuerzas Armadas es por consigna, a contentillo de los generales
y sus jefes políticos. Las faltas a la disciplina castrense son un argumento en
el que cabe todo cuando se trata de castigar a un militar que cayó de la gracia
de su mando.
Las acusaciones por
homicidios, lesiones y delitos graves de violaciones a los derechos humanos o
de colaboración con el narcotráfico también son una salida perfecta para el
castigo.
Las violaciones a los códigos
de Justicia Militar y Penal Federal sin duda que deben castigarse, siempre y
cuando estén comprobados. Abundan también esos casos en los que, a pesar de las
evidencias, los responsables han sido protegidos, también por “órdenes
superiores”.
En las prisiones militares
del país hay muchos detenidos por consigna o de plano venganza. En el menor de
los casos se les impide por todas las vías el ascenso. Al generalato en turno
no le ha importado ir incluso contra algunos de sus hombres que han favorecido
la imagen del Ejército.
Es el caso del general
Ricardo Martínez Perea, quien está por cumplir su condena a 15 años de prisión,
acusado de colaborar con el narcotráfico en Tamaulipas. Conocido como el último
general táctico, es decir, que ascendió por sus conocimientos en el campo y no
en las aulas como Diplomado de Estado Mayor, fue detenido cuando más
aseguramientos estaba haciendo en la zona de influencia del Cártel del Golfo,
justo cuando habían surgido Los Zetas, los militares de élite del Ejército que
desertaron para convertirse en el brazo armado de esa organización delictiva y
que años después cobró vida propia.
Qué o a quién afectó el
general Martínez Perea en sus aseguramientos, no se sabe. Era el sexenio de
Vicente Fox. Bastó un simple anónimo para que se le acusara, procesara y
sentenciara.
Nunca lo dejaron demostrar su
inocencia y, aunque está a punto de salir de prisión, mantiene su pelea
jurídica para que la justicia militar le reconozca como inocente.
El caso trascendió desde hace
varios años por el rango de Martínez Perea, al igual que el de otros generales
de división que han sido acusados por pugnas al interior del Ejército o
sentenciados por presiones políticas, con independencia de su responsabilidad.
Son los menos. La mayoría de
los presos son mandos medios, oficiales y tropa que con dificultad se defienden
de las órdenes que el ministerio público militar y los jueces castrenses
reciben de los mandos superiores del Ejército. Son incontables los internos de
las prisiones militares que están en esa situación.
Es difícil que la sociedad
salga en su defensa, sobre todo por la imagen que prevalece de que las Fuerzas
Armadas se han destacado como perpetradoras de violaciones a los derechos
humanos desde que entraron de lleno al combate del narcotráfico, hace una década.
La situación de esos presos
no es muy diferente a lo que ocurre en la justicia ordinaria, pero en las
instituciones en los que sus jefes no se cansan de mencionar “el honor” como
divisa, la lealtad se ha convertido en el privilegio de unos cuantos y que
están en la primera fila en las conmemoraciones, como la de este 19 de febrero,
Día del Ejército.
Hace 10 años, las familias de
65 mineros se estremecieron con la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en San
Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila. Sin embargo, después
de una década sólo quedó impunidad, pobreza, olvido y el sepulcro clandestino de
decenas de esposos y padres.
La tragedia de Pastas de Conchos ocurrió
el 19 de febrero del año 2006. Dejó un saldo de 11 trabajadores heridos y 65
mineros muertos, los restos de 63 aún yacen en el socavón. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México a 19 de
febrero (SinEmbargo).- “El Gobernador ya no quiso recibirnos. No nos han
recibido. Nos dicen que no está y que no está. Hemos estado ahí, en plantones
de una semana y nada. Yo no sé qué esconde la empresa, no fueron perros para
dejarlos ahí. Yo quisiera aunque sea un hueso que me entreguen de mi esposo,
pero no hacen el intento por sacarlos. No hacen nada. Sí con un hueso ya me
conformo”, dice Tomasita Martínez Almaguer, viuda de Reyes Cuevas Silva.
Reyes Cuevas quedó sepultado
junto con otros 64 mineros el 19 de febrero de 2006 a las 2:30 de la madrugada,
cuando explotó la mina de carbón Unidad 8 Pasta de Conchos, propiedad de
Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, y nunca fue rescatado.
Cada trabajador contaba con una reserva de oxígeno de seis horas.
Las llamas alcanzaron entre
600 y 900 grados centígrados. Antes de la explosión los mineros se habían
quejado de una concentración excesiva de gas metano, superior a los estándares
permitidos.
Hoy, como hace una década, su
cadáver yace junto al de sus compañeros a una profundidad aproximada de 490 metros,
en medio del silencio de un sepulcro clandestino, similar al que envuelve al
caso.
Aquel 19 de febrero, recuerda
Tomasita, llegaron cientos de personas a San Juan de Sabinas: políticos,
reporteros, funcionarios de la entidad y el entonces Gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira Valdés.
El caos se apoderó de la
situación y el rescate de los cuerpos nunca se realizó. La mayoría de las
familias se enteró por los noticieros a media mañana y conforme fueron pasando
las horas de ese 19 de febrero, la esperanza de rescatarlos con vida, se fue
agotando.
“Ese día había mucha gente.
Andaba el Gobernador [Humberto Moreira*, había extranjeros, todo el mundo
entrevistando. Ahora estamos solas las viudas en el campamento. El actual
Gobernador Rubén Moreira ya ni siquiera nos recibe. Nos ven como locas”, dice
Tomasita.
En enero pasado, un grupo de
viudas acudió al Palacio de Gobierno estatal, donde ahora despacha el hermano
de Humberto Moreira. Pidieron una reunión con el mandatario, pero nunca las
recibió.
“El caso ya se cerró, porque
son 10 años. Ahí nos dieron unas actas de defunción mal hechas. El error de
nosotras es haber agarrado esas actas, porque a nosotras no nos han dado los
cuerpos. Si no hay cuerpo, no debimos aceptar las actas”, dice.
EL ACUERDO GOBIERNO–GRUPO MEXICO
Cuando ocurrió la tragedia,
el Presidente de la República era el panista Vicente Fox Quesada y su
Secretario de Trabajo y Previsión Social el poblano Javier Lozano Alarcón,
actual Senador por el Partido Acción Nacional (PAN).
Los familiares de los mineros
han acusado desde entonces que hubo contubernio entre las autoridades federales
y estatales con Grupo México, para evitar el rescate de los fallecidos.
Fue en febrero de 2007 cuando
el Gobierno de Coahuila, según afirman las viudas, emitió 65 actas de defunción
certificadas por un médico forense. Sólo dos cuerpos fueron rescatados.
Grupo México argumentó, para
suspender la búsqueda, que los mineros murieron calcinados. Pero los cadáveres
que fueron recuperados presentaron evidencia de que murieron por asfixia.
En abril de 2007, dos meses
después de que se entregaron las actas de defunción, la compañía de Germán
Larrea Mota-Velasco, suspendió el rescate de los cuerpos por petición de la
Secretaria del Trabajo. La empresa argumentó, gracias a un peritaje que mandó
hacer a cargo del estadounidense Daniel Wooton, que entre 25 y 75 por ciento de
Pasta de Conchos estaba inundada.
El agua estaría posiblemente
contaminada con VIH, tuberculosis y hepatitis, les dijeron a los familiares. La
contaminación podría contagiar a los rescatistas.
La versión completa del
perito fue difundida el miércoles por el periódico Vanguardia. De acuerdo con
un documento difundido por el diario, la conclusión del peritaje “Evaluación de
las Operaciones de Recuperación en la Mina de Pasta de Conchos y Resultados de
los Futuros Esfuerzos de Recuperación”, elaborado por el experto D.G. Wooton, a
petición de Grupo México, establece que el agua contaminada con enfermedades
infecciosas como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos [causantes
de pérdidas en ls producción de frutales], que podrían ser contagiosos para
quienes entren.
La investigación —realizada
del 23 al 27 de marzo de 2007– concluye que los mineros atrapados podrían estar
infectados por alguna enfermedad potencialmente mortal.
“El nivel de agua cubre el
área donde las víctimas estaban trabajando, resultando que el agua ha estado en
contacto con los cuerpos en descomposición…”, establece el documento. “No
obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate
pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH,
patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos
riesgos a la salud al personal de la mina, a sus familias o a la comunidad
entera”.
El análisis, entregado a las
familias de los 63 mineros atrapados fue realizado con base a entrevistas con
funcionarios de GMéxico y expertos en seguridad laboral.
La investigación indica que
fueron analizadas muestras de agua tomadas de un agujero de bombeo donde se
encontraron altos niveles de bacterias coniformes y aeróbicas, comúnmente
encontradas en cadáveres en descomposición.
Esta teoría es reforzada por
un segundo informe —también ordenado por GMéxico y elaborado por Donald
McBride, Supervisor Inspector para la Oficina de Minas y Minerales de Illinois—
que indica que la mina “podría contener agua contaminada de enfermedades
posiblemente mortales”.
En su “Informe de Condiciones
y Riesgos en la Mina Pasta de Conchos”, McBride advierte que arriesgarse a recuperar
los cuerpos podría ser un peligro para la salud.
La emisión de actas de
defunción evitó el pago de pensiones e indemnizaciones. La empresa otorgó 750
mil pesos a cada una de las familias de los 65 mineros fallecidos y gastos para
la educación de los menores que quedaron huérfanos. Pero los familiares no
quedaron conformes. Hubo marchas y protestas exigiendo el rescate de los
cuerpos.
En la tragedia de Pasta de
Conchos hay recomendaciones al Gobierno, por parte de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) en favor de las familias de Pasta de Conchos.
La recomendación 26/2006
estudió la violación de derechos humanos cometida por la delegación de la
Secretaría del Trabajo en Coahuila.
Entre las irregularidades que
se encontraron destacan que la compañía no contaba con 19 documentos sobre la
seguridad de la mina Pasta de Conchos en una inspección realizada el 12 de
julio de 2004. También se realizaron 48 observaciones y se dictaron 34 medidas
a ser atendidas.
El Gobierno pidió a la
empresa corregir los puntos solicitados. El 7 de febrero de 2006, 12 días antes
de la tragedia, se verificó el cumplimiento de las medidas. Sólo 28 estaban
cumplidas.
La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) desestimó la recomendación de la CNDH, argumentando que
no era competente para conocer la queja de Pasta de Conchos, porque no era de
carácter laboral. Sin embargo, en julio de 2006, aceptó la recomendación y la
Comisión notificó a la STPS que se tenía como “aceptada, con cumplimiento
insatisfactorio”, debido al pago insuficiente de indemnizaciones.
Por su parte, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) también emitió un dictamen en el que señaló que
el Gobierno de México tuvo responsabilidad por negligencia en la muerte de los
mineros de Pasta de Conchos y en su rescate.
Los cuerpos de los mineros
que fueron rescatados son: Felipe de Jesús Torres Reyna, que contaba con 49
años de edad al momento del accidente y su cadáver fue recuperado el 23 de
junio de 2006.
El 1 de enero de 2007 fue
localizado y rescatado el cuerpo de José Manuel Peña Saucedo, del poblado de
Palaú. Los familiares y mineros echaron andar un plan de rescate independiente
que fue frustrado por la empresa y autoridades de Coahuila en 2008.
El día de la tragedia, hace ya una
década, familiares de los mineros permanecieron durante horas a la espera de
información. Desde entonces, mantienen un campamento afuera de la mina. Fotos:
Cuartoscuro
EL DÍA TRÁGICO
Tomasita y otras viudas
entrevistadas por SinEmbargo recuerdan ese día.
“En 2008 estuvimos a casi
nada de encontrarlos, pero al darse cuenta de que estábamos por encontrarlos,
cerraron la mina y nos sacaron. Nos dicen que fueron los estatales [policías],
todavía estaba Humberto Moreira”, dice.
Tomasita indica que después
de 10 años de la tragedia, las viudas y los hijos desean recuperar los cuerpos
para sepultarlos y tener una tumba para visitar.
“Llega el Día del Padre, el
día del finado y se nos hace muy duro. Dicen que quieren abrir la mina para
trabajarla. Yo digo que no lo vamos a permitir, no van a trabajar arriba de
ellos, que nos den lo que es de uno. No son animales, no se vale, son nuestros
esposos”, dice.
María Guadalupe Hernández
Leyva, viuda de José Alfredo Silva Contreras, coincide en que el Gobernador
Rubén Moreira, ya no las recibe.
“Me siento desesperada porque
no tenemos respuesta, ni por la empresa ni por el Gobierno. La semana antepasada
fuimos a ver al Gobernador y no nos recibió. Nos puso unos achichincles, que
nos juzgaron locas”, dice.
La mujer asegura que Germán
Larrea nunca se presentó ante los familiares de los 65 mineros muertos.
“Cuando pasó el accidente no
tuvo la dignidad de avisarnos. Nos enteramos por la televisión. En 10 años nos
hemos sacrificado mucho y no hemos logrado nada. Sentimos que ya no vamos a
lograr nada”, indica.
En una década han muerto tres
viudas, cuenta María Guadalupe. Las que quedan se reúnen en ocasiones. En el
campamento aún hay unas 10 mujeres de manera constante.
María enviudó con tres hijos
pequeños: de 13, 11 y tres años de edad. La empresa les dio ayuda sólo un
tiempo. Sus hijos no estudiaron una carrera.
En 2010 la asociación de
familiares de las víctimas de la mina “Pasta de Conchos“, el Equipo Nacional de
Pastoral Laboral, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentaron
un informe sobre Pasta de Conchos.
En ese informe compararon la
acción de las autoridades de Chile, que tras 17 días de búsqueda rescataron a
los 33 mineros que quedaron atrapados luego del derrumbe ocurrido el 5 de
agosto de 2010.
Las organizaciones criticaron
que Grupo México agotó la búsqueda en menos de 48 horas y declaró muertos a los
mineros en menos de cinco días. No instaló un equipo de monitoreo sísmico para
ubicar a los mineros y no entregó información confiable a las cuadrillas de
rescate.
Hace unos días, el Obispo de
la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, responsabilizó a Humberto Moreira por
la muerte de los mineros de Pasta de Conchos.
“Ahí está, él fue el que
empezó a cooptar a las viudas cuando las empezamos a organizar en Pasta de
Conchos y empezaron a prohibirles y a decirles que lo que estaban haciendo no
les iba a ayudar a ellos y esto me consta a mí”, dijo Vera López.
LAS “BECAS” DE GRUPO MÉXICO
Elizabeth Castillo Rábago es
viuda del minero Gil Rico Montelongo y recuerda la tragedia de Pasta de
Conchos, como el hecho que le dio un giro a su vida.
Un giro negativo. Hasta ese
momento, el 19 de febrero de 2006, su esposo llevaba los gastos del hogar.
La pareja procreó tres hijos
que, cuando ocurrió la tragedia tenían 15, 13 y nueve años. Los pequeños eran
muy apegados a su padre, cuenta Elizabeth y la pérdida significó un problema
fuerte emocional para la familia, adicional al económico.
“Ellos estaban muy apegados a
él y él con ellos. Ha sido difícil, porque nunca nos atendió un psicólogo. En
estos largos años uno desea haber tenido una estabilidad y ayuda con un
psicólogo, porque he sabido sacar adelante a mis hijos, pero ha sido muy
difícil”, indica.
Sus hijos mayores Gil y
Agustín no concluyeron sus carreras técnicas. Pero Pablo, el menor estudió y
trabajó para poder costear su carrera en Desarrollo de Negocios.
“Al del medio le faltaron dos
años para terminar su carrera. Al mayor le faltó un semestre para terminar
Técnico en Computación. Él más chiquito siguió estudiando, pero ya sin beca”,
dice.
La beca que Grupo México les
dio a sus hijos era de 490 pesos al mes para primaria; 690 para educación
secundaria; 900 para cursar preparatoria y mil pesos para una carrera técnica.
“A veces la daba cada mes, a
veces cada dos meses. La verdad fue muy difícil sacar adelante a mis hijos,
todavía el mayor se queja de que si su papá estuviera, las cosas hubieran sido
diferentes”, narra.
Pablo, el menor, quiere
estudiar gastronomía. Lo hará con el salario que gane de su trabajo con la
carrera técnica que ya tiene.
Los hijos de Gil Rico y su
esposa se han recuperado a medias de la tragedia. Aún esperan los restos de su
padre.
“La esperanza es la última
que muere. Esperamos que sí nos hagan justicia. Aunque son 10 años y lo vemos
difícil, el Gobernador [Rubén Moreira] ya no nos atiende, antes sí nos atendía
y nos había dicho que nos iba ayudar. Pero ya a partir de este año ya ni nos
contesta. Ahorita sólo hay silencio”, dice.
Hoy las esposas e hijos de
los mineros sepultados en Pasta de Conchos realizarán una marcha en Coahuila y
una vigilia en la madrugada en la mina, para recordar aquel 19 de febrero.
(SIN EMBARGO.MX/ Shaila Rosagel /
febrero 19, 2016-00:00h)
Hilda García cenó champán, caviar y
salmón ahumado en el restaurante de la parte superior de Harrods, en Londres.
Jorge Pulido gastó en dos taxis y una comida 500 dólares. Alejandro Bonilla
“disfrutó tanto de los calamares en su hotel en Kona que se comió tres rondas
en 24 horas”. Todos son empleados de la Secretaría de la Función Pública. Un
reportaje publicado este día por Reuters –y firmado por la periodista Elinor
Comlay– revela los viáticos de funcionarios mexicanos dedicados, en teoría, a
combatir la corrupción. El texto dice que, además, la SFP a cargo de Virgilio
Andrade ni siquiera transparenta sus propios gastos y tampoco lleva control de
sus empleados.
Virgilio Andrade, Secretario de la
Función Pública. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 19 de
febrero (SinEmbargo).– Algunos empleados de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), esa dependencia que absolvió a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray
Caso de posible corrupción con sus mansiones adquiridas a un contratista que
obtuvo millonarios contratos con el Gobierno federal, se dan vida de
príncipes. Con cargo al erario público.
Así lo da a conocer un reportaje de Reuters publicado hoy.
De acuerdo con el texto de la
periodista Elinor Comlay –editado por Simon Gardner y Kieran Murray–, los
funcionarios de la dependencia a cargo de Virgilio Andrade, cuando están de
viaje, se pagan lujos con cargo a los ciudadanos de México.
“Una cena de champán, caviar
y salmón ahumado en el restaurante de la parte superior de Harrods fue cómo Hilda
García, funcionaria en la lucha contra la corrupción mexicana, gastó parte de
sus 450 dólares por día de dieta de viaje en Londres, el año pasado”, dice el
reportaje.
Al tipo de cambio de hoy
viernes 19 de febrero, eso significan 8 mil 410 pesos por día para comer.
“Un colega, Jorge Pulido,
enviado a Kuala Lumpur para una conferencia, se las arregló para gastar más en
los taxis y comidas durante una escala en Frankfurt, que lo que lo dispuso en
su seis días estancia en el hotel en Malasia”, agrega el texto.
El Portal de Obligaciones de
Transparencia del Gobierno federal expone que Pulido tiene un salario bruto de
175 mil 828 pesos con 64 centavos, de acuerdo con una búsqueda realizada este
día por SinEmbargo. Hilda García no aparece en el directorio de la Función
Pública.
La agencia internacional de
noticias cuenta que Alejandro Bonilla “disfrutó tanto de los calamares en su
hotel en Kona que se comió tres rondas en 24 horas”. Bonilla es un funcionario
de la Función Pública que estuvo en Hawai para las negociaciones del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
En el mismo portal aparece
Alejandro Bonilla Muñoz como director de contrataciones electrónicas. Tiene un
suelto bruto de 113 mil 588 pesos con 13 centavos, de acuerdo con la búsqueda
realizada por SinEmbargo.
“Jaime Cerdio era más
austero. En un viaje a Washington, vivía con sándwiches y refrescos de 10
dólares que compró en el Safeway local, y pagó casi un tercio de su total de
dinero asignado para diario, por lo que repuso a las arcas del gobierno más de
mil dólares”, dice Reuters.
Virgilio Andrade llegó a la
Secretaría de la Función Pública hace un año, el 3 de febrero de 2015. Fue
designado por el Presidente Enrique Peña Nieto, quien mantuvo ese cargo
anticorrupción vacío durante dos años, desde 2012 que llegó a Los Pinos.
Andrade tuvo un primer
encargo: investigar a Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera, así como el
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por haber adquirido mansiones a
Grupo Higa, una empresa ampliamente beneficiada con contratos gubernamentales
federales y en el Estado de México.
El funcionario, ex empleado
de Videgaray, concluyó que no había ningún “conflicto de interés”.
Virgilio Andrade es hijo de
Virgilio Andrade Palacios, representante legal del líder petrolero Carlos
Romero Deschamps y asesor de Ana Paula Gérard, esposa de Carlos Salinas de
Gortari.
Virgilio Andrade, Alfredo Castillo y
Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro
La Secretaría de la Función
Pública (SFP) está encargada de la
supervisión y la rendición de cuentas en el gobierno. Es responsable de frenar
el gasto y de la lucha contra la corrupción. “Pero admite que tiene poca idea
de cómo sus propios empleados gastan el dinero público en el extranjero, de
acuerdo una investigación realizada por Reuters”, agrega Elinor Comlay.
El reportaje revela que la
SFP tiene sólo registros en papel de los gastos de viaje, y los empleados de
gobierno sólo deben entregar boletos de avión y recibos del hotel. “Esto
significa que una gran parte de los gastos de viáticos de los empleados no se
controlan”.
El departamento de finanzas
de la Secretaría no supo informar a Reuters cuántos empleados de la Función
Pública viajaron el año pasado, por cuánto tiempo y cuánto gastaron. “En su
lugar, se entregaron mil páginas de archivos de papel en cajas de cartón para
su revisión”.
“Estamos revisando esto para
asegurarnos de que las mejores prácticas se aplican a este tipo de gastos”,
dijo Andrade a Reuters.
Pulido, jefe de asuntos
legales de la SFP, explicó que Frankfurt –a donde llegó sólo para transbordar
porque iba a “una conferencia contra la corrupción en Kuala Lumpur”– es caro.
Requirió quinientos dólares en dos taxis y dos comidas allí, y se quedó corto,
dijo, porque gastó 450 dólares más.
Reuters dice que en Estados
Unidos los funcionarios públicos tienen derecho a dietas en circunstancias
limitadas y deben presentar los recibos para los reembolsos.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / Sin Embargo
febrero 19, 2016- 18:00h)
En México existe sacerdotes alejados de
los lujos y la clase política, que pese a ser amenazados por grupos de la
delincuencia organizada ayudan y predican con acciones
En México existe un grupo,
alejado de los lujos y la clase política, que realiza trabajo con agrupaciones
vulnerables en varias partes del país.
Se trata de sacerdotes que
llevan la ayuda a sus comunidades y que predican con acciones, no solo con
discursos.
Algunos de ellos ni siquiera
estuvieron presentes en los eventos del Papa Francisco en México. Han sido
amenazados por grupos de la delincuencia organizada o ignorados por las
autoridades; aun así, no han cejado en su actividad.
Este es el otro sacerdocio,
el que todos los días se reúne con las víctimas y trabaja por los derechos humanos.
SOLALINDE
Protector de los migrantes
El director del albergue
“Hermanos en el Camino”, trabaja en la región de Ixtepec, Oaxaca, donde todos
los días da cobijo, comida y consuelo a decenas de migrantes centroamericanos
en su camino hacia Estados Unidos.
Solalinde ha tomado
notoriedad al pronunciarse sobre temas polémicos relacionados, sobre todo, con
cuestiones de seguridad pública y migración.
El sacerdote ha sido
amenazado de muerte varias veces; incluso, ha tenido que salir del país para
resguardar su integridad física.
El también coordinador de la
Pastoral Social de Movilidad Humana, ha criticado que el Papa Francisco no
tocara temas cruciales para México, como las desapariciones.
“Hay una ausencia de ver y
escuchar a las víctimas y a sus familias”, dijo Solalinde en una entrevista con
Radio Fórmula.
Solalinde no fue requerido
para asistir a la misa que el Papa Francisco llevó a cabo en Ciudad Juárez con
el tema de las víctimas y la migración.
Acusó que Jorge Mario
Bergoglio fue “secuestrado” por la alta jerarquía de la Iglesia mexicana y del
Estado.
RAÚL VERA
El obispo progresista
El obispo de Saltillo es uno
de los sacerdotes más polémicos del país.
Lo mismo organiza misas con
trabajadoras sexuales que con la comunidad homosexual, las víctimas de la
violencia, los mineros o con migrantes.
Aunque la mayor parte de su
labor social la realiza en su diócesis, su fama ha alcanzado otros países por
las ideas progresistas que defiende.
Las personas despojadas,
violadas en sus derechos humanos o familiares de asesinados o desaparecidos
acuden a él y busca cómo apoyarlos.
Ha acompañado a los
familiares de los mineros de Pasta de Conchos y ha afirmado sin ambages estar a
favor de las uniones entre personas del mismo sexo.
Junto a él, el padre Pedro
Pantoja, también de la diócesis de Saltillo, sigue una doctrina más abierta,
que ha sido criticada por los grupos conservadores.
PADRE GOYO
Rezos antibalas
En Apatzingán, Michoacán, los
hechos de violencia estaban a la orden del día y fue el “Padre Goyo” quien
comenzó a denunciar las desapariciones y asesinatos que ocurrían en su
comunidad.
Denunció que el presidente
municipal de esa localidad estaba relacionado con Los Caballeros Templarios.
Bendecía las armas de las autodefensas y denunciaba desde el púlpito a quienes
habían tomado el camino del mal.
Goyo ganó notoriedad cuando,
en uno de los picos de violencia en la entidad, oficiara misa portando un
chaleco antibalas, pues sus constantes denuncias ya le habían hecho ganar
varias amenazas de muerte.
Las constantes denuncias y
declaraciones polémicas –como aquella donde dijo que las ejecuciones del 6 de
enero del 2015 en Apatzingan habían sido un “remedio necesario”- provocaron que
Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, lo sacara de su parroquia y le diera
“un año sabático”, por lo que fue confinado sin posibilidad de dar misa.
En septiembre del 2015,
cuando se había dado a conocer que el Papa no visitaría México esos meses,
Gregorio hizo pública una carta donde le agradecía al Papa Francisco no venir
al país a dar la mano a la clase política y eclesiástica.
PADRE PRISCI
Un remanso en el desierto
Así haga un calor inclemente
o un frío devastador, Prisciliano Peraza, “El padre Prisci”, como le dicen en
la comunidad, se dedica a dar cobijo, comida y consuelo a los migrantes que
cruzan a Estados Unidos por la frontera de Altar, Sonora.
En medio de una región
dominada por los grupos del crimen organizado, que ahora usan a los migrantes
como burreros para el paso de droga, el padre Prisci intenta proteger a
migrantes de México y Centroamérica que llegan a la localidad.
En su Centro Comunitario de
Atención al Migrante, Prisci da todos los días dos comidas a los migrantes, así
como hospedaje y atención médica, además de un kit con el que les ayuda a hacer
el cruce por el desierto.
Casi nunca se le ve vestido
con sotana, salvo cuando oficia misa en su parroquia. Por lo regular viste
pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y sombrero vaquero.
Así recibe también a
familiares de migrantes desaparecidos que van a buscarlos por la ruta que
pudieron seguir. Y cuando la tragedia alcanza a quienes cruzan, va a recoger
sus cadáveres a Estados Unidos para intentar repatriarlos a sus lugares de
origen.
MIGUEL CONCHA
La protesta social
Es director del Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria, una de las organizaciones de defensa de los
derechos humanos más activas del país.
Con una visión progresista,
que le ha valido críticas de los sectores más conservadores, ha defendido el
derecho a la protesta social, la soberanía alimentaria y la defensa del
territorio.
En una de sus declaraciones
más polémicas, el sacerdote pidió que en la investigación de los hechos de
Ayotzinapa se incluyera a los militares, para definir si habían tenido o no
responsabilidad.
Antes de la visita del Papa
Francisco a México, el padre Miguel Concha dijo que era “fácil” que el sumo
pontífice se reuniera con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
PADRE PATO
Bendición tarahumara
Es un sacerdote que trabaja
principalmente con los indígenas de la Sierra Tarahumara, quienes lo conocen
como “El padre Pato”, pero también se ha vuelto compañero de las víctimas de la
violencia.
Presidente de la Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el padre Pato ha acompañado, por
ejemplo, a los familiares de quienes fueron asesinados en la masacre de Creel,
en Chihuahua.
La masacre ocurrió en
noviembre del 2008 y cobró la vida de 11 personas; fue una de las primeras
matanzas que pasó en México y tuvo gran impacto por ser de las primeras
consecuencias de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el
expresidente Felipe Calderón.
De formación jesuita, Jesús
Ávila también se ha convertido en el defensor de las comunidades por obras que
se han querido realizar en sus territorios.
Ha sido amenazado en varias
ocasiones, por lo que hasta le han sido dictadas medidas cautelares para su
protección.
(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ Viernes
19 de febrero de 2016)
Las cámaras de circuito cerrado del
Penal del Topo Chico grabaron la matanza ocurrida la semana pasada en este
reclusorio de Nuevo León donde hubo 49 reos muertos
Un video del interior del
Penal del Topo Chico revela las imágenes de la masacre de 49 reos registrada la
semana pasada en este reclusorio de Monterrey.
La videograbación de las
cámaras de seguridad del Topo Chico muestra que los internos ambulaban antes de
la tragedia por la cárcel sin ninguna restricción por parte de los celadores.
Se aprecia cómo un grupo de
internos se organizan para iniciar una batalla campal en los patios de este
centro penitenciario, pues con palos y bates los reos se arman para ubicar a
sus rivales durante la noche del pasado 10 de febrero.
También las imágenes exhiben
cómo asesinan con palos a una persona en el patio central del Penal del Topo
Chico, y el cuerpo queda inerte y es "rematado" por un interno que
vestía una camisa a cuadros.
Los gritos de muerte y
venganza se escuchaban en cada rincón de las celdas de este centro
penitenciario, algunos reos buscaban cómo ocultarse, incluso otros lograron
sobrevivir al embarrarse de sangre y se hacían pasar por muerto.
Otros subieron a la azotea de
los ambulatorios para ponerse a salvo de la furia mortal desatada por internos
hacia el interior del reclusorio.
En el video también se
observa varios muertos afuera de un supuesto restaurante, así cómo se incendia
un edificio.
(REPORTE INDIGO/ JESÚS PADILLA / Viernes 19 de febrero de 2016)
El Debate | Ciudad de
México.- Muchos quedaron sorprendidos con la entrevista que hoy dio a la cadena
Telemundo, Emma Coronel Aispuro, actual esposa de Joaquín "El Chapo"
Guzmán Loera, quien fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa.
Emma Coronel Aispuro, es una
exreina de belleza de 26 años, que se convirtió en la tercera esposa de “El
Chapo” cuando ella tenía 18 años de edad.
Nació en California y se
encontraba con Guzmán Loera cuando fue detenido por segunda vez en 2014. Ambos
se encontraban en un condominio llamado Miramar, ubicado en la zona del malecón
del puerto de Mazatlán.
Ese año, Emma también fue
detenida, pero puesta en libertad luego, porque no se le comprobó crimen alguno
y sus abogados le consiguieron un amparo judicial para evitar un futuro
encarcelamiento.
Desde entonces se desconocía
su paradero, y fue hasta ahora que salió a la luz la entrevista de la esposa
del narcotraficante más buscado en América Latina, en la que dice temer por la
vida de su esposo.
Algunos de sus familiares han
sido relacionados con el tráfico de drogas, como Ignacio Coronel, su tío, quien
fue abatido por el Ejército Mexicano, mientras era una figura importante del
Cártel de Sinaloa.
“El Chapo” y Coronel se
conocieron cuando ella se convirtió, a los 17 años, en la reina de la Gran Feria
del Café y la Guayaba en Durango, México, en el 2007. "El Chapo" esperó
para casarse con ella hasta que cumpliera la mayoría
de edad. Tuvieron dos hijas gemelas, nacidas en Estados Unidos.
Familiares de víctimas de
desaparición de varios estados del país, demandaron a las autoridades de
Morelos la exhumación inmediata de los 150 cuerpos que se encuentran en las
fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ubicadas en el
predio El Maguey, del poblado de Tetelcingo, al norte de Cuautla, Morelos.
La protesta de los
integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México ocurre
después de que este martes fueran vinculados a proceso los presuntos
responsables de la inhumación clandestina realizada el 28 de marzo de 2014, Ana
Lilia Guerrero Moreira, ex coordinadora Central de Servicios Periciales; y
Jerson Cervantes Gurrea, ex encargado de despacho de la Coordinación de
Servicios Periciales de la Zona Oriente.
A nombre de los familiares
provenientes de los estados de México, Nuevo León, Michoacán, Guerrero,
Jalisco, Morelos y la Ciudad de México, Valentina Peralta Puga, coordinadora de
la Red Eslabones por los Derechos Humanos, habló del objetivo de la manifestación
“lo que están buscando son a sus seres queridos desaparecidos, secuestrados,
hijos, padres, hermanos, esposas, esposos y sabemos que las fosas clandestinas,
que realizó la Fiscalía de Justicia en Morelos, de manera irregular, en un
predio en la comunidad indígena de Tetelcingo, en la ciudad de Cuautla, puede
darles una pista”.
Afirmó que se encuentran 150
cuerpos sin identificar, a quienes ni siquiera les practicaron las pruebas
periciales básicas que son la toma de muestra biológica para tener el perfil
genético y la superposición antropomórfica, que son radiografías y fotografías
al cráneo y restos, para poder cotejar con los seres humanos que se buscan.
“Sabemos que no lo hicieron,
explicó, por eso nosotros tenemos que exigir que esos cuerpos sean procesados
uno por uno, conforme a derecho, es decir, que se exhume cuerpo por cuerpo ante
la presencia de peritos de la PGR, de la Policía Federal, de personal de la
UAEM, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto
Comisionado, para que se obtengan los perfiles genéticos de cada ser humano que
ahí se encuentra, para que sea cotejado con los perfiles genéticos que han
aportado los familiares de los desaparecidos”, sostuvo.
Y recalcó, “queremos que el
28 de marzo saquemos el primer cuerpo de esa fosa, porque el 28 de marzo (de
2014) los sepultaron ahí, porque el 28 de marzo (de 2011) mataron a un grupo de
jóvenes, entre ellos el hijo de Javier Sicilia, porque el 28 de marzo (de
2013), Graco dijo que era el día de la víctima, porque ese día mataron a un
grupo de seres humanos en Tamaulipas y los depositaron en fosas, por eso el 28
de marzo es un día simbólico donde vamos a sacar contra viento y marea el
primer ser humano de las fosas de Tetelcingo, pese a quien le pese”.
Peralta Puga lamentó que la
respuesta del gobierno de Graco Ramírez sea la complicidad a favor de la
impunidad, porque después de seis horas de discusión con funcionarios del
gobierno del estado, en una reunión realizada hace dos meses en el palacio de
gobierno, llegaron a acuerdos, levantaron una minuta, que después los
funcionarios ya no quisieron firmar, una vez que se retiraron a un evento al
que les había convocado el mismo gobernador.
Este martes, el fiscal Javier
Pérez Durón estableció un plazo de mes y medio para que el propietario del
predio que es utilizado como panteón en Tetelcingo, “regularice el lugar” y
entonces sean exhumados los cuerpos que no han sido identificados y que la
Fiscalía establece que son cerca de 40.
En entrevista, informó que se
solicitará la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR), y
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para “transparentar” el
procedimiento de exhumación y la toma de muestras genéticas de los cadáveres
depositados en las fosas clandestinas, en las que dijo, se encuentran 118
cuerpos, negando como siempre, que hayan sido 150 como afirman las víctimas.
“Con la colaboración de la
PGR y de la CNDH, se garantiza certeza en el actuar de la Fiscalía General del
Estado, con respecto a la exhumación y la toma de muestras genéticas”, dijo el
fiscal, y se negó a opinar respecto de la posible participación del
Departamento de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), pues afirmó que se buscarán a instituciones a nivel nacional
como PGR y CNDH.
