lunes, 21 de diciembre de 2015

LE LLOVIÓ A BRENDA RUACHO (AGUA Y PROTESTAS EN EL CRIT)


Sin que inicie operaciones, el CRIT de Baja California fue inaugurado en medio de una manifestación en contra de la primera dama del Estado. El centro de rehabilitación apenas atenderá al 1.6 por ciento de los pacientes bajacalifornianos con discapacidad motora, a pesar de que será sostenido con recursos públicos -a razón de 420 millones de pesos- por los siguientes 10 años

A punto de ser quemada su efigie, a Brenda Ruacho le llovió en la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil  Teletón (CRIT) número 22.

No solo la chorreó la precipitación pluvial que ese día se desató en Tijuana, justo cuando daba su discurso en la inauguración de la obra en la que se empecinó desde el inicio de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, sino que contra ella se registró una manifestación que exhibe las deficiencias del sistema DIF de Baja California que representa.

En tanto, los menores con discapacidad y candidatos a ser atendidos en el centro de rehabilitación de Tijuana, tuvieron que soportar las inclemencias del tiempo durante las dos horas que duró el evento inaugural.

Mientras Ruacho de Vega se desvivía en agradecimiento por el apoyo de su marido hacia el DIF y, sobre todo, hacia el CRIT, acaso un par de paraguas guareció de la pertinaz lluvia a los niños que fueron colocados en los costados para flanquear a los invitados especiales mientras el show se desarrollaba en el escenario dispuesto para tal ocasión.

LA PROTESTA

La no adecuada atención a una denuncia presentada por la Asociación Pro Defensa de Niños Víctimas del DIF, cuya presidenta Claudia Martínez Villa señala manipulación en la asignación de los menores de edad entregados en adopción, desencadenó una airada protesta el día que el CRIT de Baja California fue inaugurado.

Una decena de inconformes se apersonaron el viernes 11 de diciembre en el ingreso del Centro de Rehabilitación Infantil  Teletón que se construyó este año en Tijuana; consigo llevaban una figura de la imagen de Brenda Ruacho que estuvieron a punto de quemar, de no ser por la intervención de Enrique Méndez, en la víspera nombrado subsecretario de Gobierno.

No fue fácil para el funcionario persuadir para que los integrantes de la asociación que dice tener documentados varios casos de irregularidades en la adopción de niños -entre ellos el de Crystal Monique Villegas-, se retiraran del lugar.

Portando pancartas en las que se leía: “Brenda Ruacho, nuestros hijos no se venden”, los quejosos exigieron una investigación del tratamiento que se da a los menores en los albergues, pero sobre todo en los procesos de adopción que se siguen. Particularmente exigieron saber del paradero de la menor Crystal.

A decir de Claudia Martínez Villa, el juicio para que ella lograra la custodia de esta niña se encontraba avanzado, pero al arribo de la actual administración de DIF Estatal, Crystal Monique desapareció de un albergue de Mexicali, en el que se ubicaba.

Al pedir información y reclamar saber del paradero de la menor, Martínez Villa fue ignorada y, al dar seguimiento al trámite de adopción, el DIF de Brenda Ruacho sostiene que psicológicamente, Claudia no es apta para ello y requiere superar esa fase.

La afectada buscó el amparo y logró que una juez federal emitiera una sentencia, ordenando a DIF no tomar decisiones definitivas respecto a la niña, en tanto no se resolviera el caso.

No obstante, Consuelo Luna Pineda, coordinadora general de Adopciones, presente en el evento de apertura simbólica del CRIT, aseguró que no existen irregularidades en los métodos de DIF y que la menor se encuentra en un hogar sustituto, en vías de ser adoptada por la familia que la tienen en custodia; proceso que, subrayó, no tiene vuelta de hoja.

Entrevistada en el mismo evento, Brenda Ruacho también desestimó la acusación del organismo civil y calificó la acusación de Martínez Villa con fines políticos y sin sustento, a pesar de que la demandante cuenta con el amparo federal 68/2014 que le protege.

Con la promesa de que se le daría razón de Monique, los manifestantes se retiraron luego de media hora de protesta y el show de inauguración del CRIT 22 dio inicio.

ATENCIÓN LIMITADA EN COSTOSA OBRA

La edificación del CRIT de Baja California tuvo un costo de 242 millones de pesos, recursos provenientes de donativos, para cuya recaudación, Brenda Ruacho se aplicó durante el primer año de su gestión frente al DIF Estatal.

Pero ni el tamaño del inmueble, ni la millonaria inversión aplicada en su edificación, permitirán atender al cien por ciento de los bajacalifornianos que enfrentan una discapacidad motriz.

Los 42 millones de pesos anuales que el gobierno de Baja California se comprometió a aportar cada año para su sostenimiento, durante diez años consecutivos a partir de 2016, apenas permitirá que este centro brinde mil terapias al año.

Es decir, el CRIT Baja California acaso logrará atender al uno por ciento de los pacientes con discapacidad motriz.

Según números proporcionados por el propio gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, 108 mil 600 bajacalifornianos tienen algún tipo de discapacidad, y del 56 por ciento, su discapacidad es motora, “y éste es un centro de rehabilitación motora, así que va a cubrir ampliamente algo que requerimos y necesitamos, ese número de 56 -por ciento- es muy alto, es un gran logro, como bajacalifornianos hemos dado el ejemplo”, ponderó.

Si el CRIT bajacaliforniano cubriera el porcentaje dicho por Kiko Vega, estaría brindando atención a 60 mil 816 pacientes al año, algo muy alejado de la realidad del centro.
Los datos proporcionados por las autoridades del CRIT difieren con las cuentas alegres hechas por el mandatario estatal, al indicar que al año solo se podrán brindar mil terapias; es decir, acaso se estará atendiendo el 1.6% de la población que necesita rehabilitación física motora.

Además, el CRIT es excluyente en su selección de pacientes, al enfocarse solo a menores de 18 años, siempre y cuando su incapacidad sea neuromusculoesquelética, porque si sus condiciones físicas son de otra discapacidad, los pacientes serán canalizados a otras instituciones de rehabilitación.

PREDIO “INSIGNIFICANTE”

Edificado en un terreno de 29 mil 889 metros cuadrados, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Baja California, que este año se integró a los 21 ya existentes en la República Mexicana, luce majestuoso.

La obra diseñada con símbolos bajacalifornianos como el mar y las uvas, fue erigida durante nueve meses por la empresa de Juan Diego Gutiérrez Cortina, bajo la supervisión de Ricardo Dagdug Kalife.

El terreno, de un costo promedio de 50 millones de pesos, fue otra de las aportaciones que tuvo que hacer el Gobierno del Estado para lograr que la fundación que preside Fernando Landeros, diera el visto bueno para que Baja California contara con un CRIT.
Asentado en Bosque de las Araucarias, el lote fue motivo de controversia, pues sin ser desincorporado del dominio privado al público, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid lo otorgó a Fundación Teletón, al rechazar este organismo otros predios ubicados en la periferia de Tijuana.
No obstante los costos del inmueble ubicado frente a la Central Camionera de Tijuana, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, lo refirió como un “predio que no significaba nada para nadie”.

“Hoy estamos aquí en un lugar lleno de colores, amor y fe, dónde el vacío se llenó de todo el amor del país”, expresó.

DESLUCIDO TELETÓN 2015

La falta de transparencia en el manejo de los recursos que recibe vía donativos y que en un amplio porcentaje provienen de recursos públicos de los Estados donde asienta sus centros, llevó a Fundación Teletón a no establecer metas de dinero para la edición de su evento 2015.

El desencanto por una causa que se sostiene con la manipulación de la imagen de menores con discapacidad, se vio reflejada desde el Teletón 2014, en el que apenas se logró la meta trazada de 474 millones de pesos.

Por ello fue que en este año, el organismo optó por poner como objetivo lograr 500 mil visitas en todos los centros del país, “para que la sociedad constante lo que se hace con su aportación”, dijo Fernando Landeros, para quien esta acción es una forma de transparencia y rendición de cuentas.

Pero evade informar sobre la aportación de cada uno de sus patrocinadores y las donaciones de los gobiernos que recibe, así como el beneficio fiscal que significa para la empresa Televisa.

Sin definir una cantidad, además de las visitas este año, la fundación recibió 327 millones 267 mil pesos en donativos, recursos que le permitirán sostener los 21 centros de rehabilitación ya en operación.

Excepto el de Baja California, porque éste iniciará operaciones hasta el 21 de enero de 2016, una vez que empiece a recibir la aportación anual de 42 millones de pesos que el gobierno de la entidad le otorgará para su operación anual; misma cantidad que, de acuerdo al contrato signado con la fundación y avalado por el Congreso del Estado, tendrá que ser aportada del erario para el sostenimiento de los primeros diez años del CRIT número 22.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Isabel Mercado Juarez / Fotos. Agustín Reyes/   21 de Diciembre del 2015 a las 12:00:46)

COBROS ABUSIVOS DE LA CFE


La dependencia afirma que no hay recibos locos, que los cobros están sustentados en el consumo del ciudadano. Activista social denuncia una sobrecarga en las redes de la dependencia como la causa de los cargos elevados. En cuanto a los precios de la energía, el economista Roberto Berrospe advierte: “Es falso que entrando la Reforma Energética van a bajar”

En la administración de Enrique Peña Nieto, las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros indebidos a nivel nacional aumentaron un 88 por ciento. Mientras que en 2012 se registraron 11 mil 936 inconformidades, en lo que va de 2015 ha habido 22 mil 531, según registros de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Así, a mitad del sexenio y por tres años consecutivos, la institución ocupa el lugar número uno en denuncias por cobro indebido, cobro extraordinario, negativa de bonificación, así como por error de cálculo.

En tanto, las querellas en contra al CFE por cobros injustos en Tijuana siguen presentándose mes tras mes. En el transcurso del presente año,  la Procuraduría del Derecho del Consumidor (PRODECO) tiene registradas 64 inconformidades en este municipio, en tanto,  la CFE reconoce solo 30 quejas registradas en la delegación regional de PROFECO.

De acuerdo con la página de la dependencia y por citar algunos casos, está registrado un reclamo por cobro indebido de 15 mil 553 pesos, pasando por cobro extraordinario por 3 mil 856 pesos. Otra es la negativa a la bonificación por 27 mil 302 pesos y también se encuentra un error de cálculo por 73 mil 471 pesos.

Así pues, a pesar de la implementación de la Reforma Energética, los usuarios domésticos no se han visto beneficiados en gran medida, pues los altos cobros siguen presentes.

La causa del cobro irregular se fundamenta en una sobrecarga de energía eléctrica que la propia dependencia genera, para luego cobrar más a los consumidores, según advirtió un activista social a ZETA.

Cabe mencionar que la institución tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete se aplican en distintas regiones del país, según la temperatura mínima de verano. En tanto que la tarifa número 8 depende del lugar donde se vive, sino de la manera de consumir.

La última es la tarifa Doméstica de Alto Consumo -mejor conocida como DAC-, que al sobrepasar los 500 kilowatts hora al bimestre, deja de recibir el subsidio de parte de la CFE, con lo que el costo sube al triple y es cuando llegan a los usuarios los denominados recibos locos.

El superintendente de la Comisión Federal en Tijuana, Luis Enrique Torres Inzunza, precisó que en lo que va del presente año solo tienen un registro de 30 quejas por cargos indebidos, del total, solo dos no fueron procedentes, pues los usufructuarios excedieron los consumos establecidos.

En otro orden de ideas, agregó que en lo que va del presente año la energía eléctrica ha tenido una baja del 6.88 por ciento en el sector industrial, en tanto que las cuotas DAC bajaron en un 2.4% ante a lo facturado en diciembre de 2014, lo que es muy poco.

EL PROBLEMA DE FONDO

La CFE debe entregar en las casas una presión eléctrica que se denomina voltaje de 120 volts, pero está entregando más de 120; esto hace que el medidor sea más rápido.

“En Tijuana los consumos son muy limitados y cualquier variación te afecta mucho porque te dan una cantidad de watts a un precio económico, algo así como 80 centavos; y si te pasas de lo estimado, te da un voltaje alto, te vas a brincar 2.85 pesos, esto provoca ese problema del sobrecobro”, explicó a ZETA el ingeniero Témoc Ávila Hernández.

Abundó que desde 2013 ha generado un estudio de caso en torno al suministro de la energía y es ahí donde ha encontrado la diferencia.

“Eso genera mayor consumo en la casa, es lo que te está provocando las denuncias. En Tijuana es similar. En el caso de Mexicali traemos 26 mil usuarios que reciben más de 130 volts, y 25 mil más que tienen doble de lo que debería ser. Si hacemos los cálculos con las fórmulas matemáticas, te están cobrando de más, en Mexicali es el 66 por ciento. Quiere decir que de cada mil pesos, 660 no deberían de cobrarse”, acotó.

ENERGÍA BARATA, LA MONEDA EN EL AIRE

En torno al problema, el economista Roberto Valero Berrospe dijo que en el caso de Mexicali hay muchas quejas registradas; de hecho existe una agrupación que se ha dedicado a denunciar los abusos que la CFE comete contra los usuarios.

“El problema tiene que ver con un cambio de medidores que no están funcionando, lo que ha estado generando los cobros locos, y que sobre todo no se entienden los cobros, se entienden menos que nunca porque ahorita los precios de la energía han bajado, pero sensiblemente”, indicó.

En su opinión, el gobierno se está preparando para dentro de dos años liberar los precios de la energía eléctrica: “Es falso que entrando la Reforma Energética van a bajar. Lo que se puede ver es que las tarifas entren a una economía de libre mercado. Va a ser como los precios de la gasolina, van a subir y van a bajar. No hay nada seguro”.

LA POSTURA DE CFE

A octubre de 2015, la CFE tiene registradas 644 mil 689 cuentas de energía en Tijuana; de esa cifra, 558 mil son clientes de tarifas domésticas.

El superintendente Torres Inzunza dijo desconocer las cifras del aumento en las denuncias a nivel nacional, pero en Tijuana, durante 2015 solo tiene registradas 33 quejas en PROFECO y dos de ellas resultaron procedentes a favor de los usuarios, porque una fue un error de lectura, y otra, un cargo por reconexión indebida. 

“La mayoría (14) de las reclamaciones son por inconformidad en la tarifa doméstica DAC, lo que quiere decir que el cliente consumió más de 500 kilowatt hora (kwh) bimestrales, por lo que ya no recibe subsidio del gobierno, ya que sobrepasa la tarifa 1F para la región, por lo que los consumos están justificados”.

Abundó que el costo del kilowatt sin subsidio es de 3 pesos. Quien consume por debajo de 500 kwh es considerada persona de escasos recursos y se le subsidian 2 pesos, y por el contrario, si tan solo se pasa con un kilowatt hora de los 500 kwh, pagará el triple.

Cabe recordar que con la Reforma Energética se establece que desaparezca el subsidio que reciben los usuarios del servicio, en el sentido de que habrá otras empresas que oferten el energético a un mejor precio.

En dicho punto, el funcionario de la CFE expresó que la reforma no regula las tarifas, sino los mercados y las empresas inversionistas, por lo que la Comisión será un actor más en el mercado eléctrico y corresponderá al Centro Nacional de Control Eléctrico (CENACE) y la Secretaría de Energía regularlos.

Respecto al subsidio, agregó que en 2016 permanecerá, y que la Reforma Energética contempla el Consumidor Calificado con demandas mayores de 3 megawatts; posteriormente será el usuario calificado aquel que consuma un megawatt de demanda (un millón de watts), es decir, clientes comerciales grandes e industriales, son los que van a optar.

“Únicamente el usuario calificado de inicio va a poder comprar energía al mejor postor. Tendrías que ser un usuario calificado como lo manda la Ley, y deberías tener una demanda de tres megawatts. Tú como consumidor final residencial, no. Tendrás que seguir comprando a la CFE”.

— Con la reforma ¿dónde está el beneficio para los consumidores residenciales? Se vendió la idea de que podrían comprar energía barata a cualquier oferente, se le planteó.

“De hecho ya bajaron las tarifas el 1 de enero de este año, lo que es el primer paso para la Reforma Energética. En la tarifa DAC bajó un 10 por ciento. La tarifa comercial e industrial ha bajado de un 20 a 30 por ciento y esto es efectivo. ¿Por qué no bajó más la tarifa doméstica? Pues porque tiene un subsidio, de 3 pesos que cuesta, solo se paga un peso y a ese se le bajó un 6  por ciento acumulado”.
Cabe recordar que en 2014, la dependencia puso en marcha el servicio de facturación electrónica que contempla la programación del pago y una reconexión del servicio sin costo.

Este sistema aplica con los medidores electrónicos de tipo V-14, proporcionados sin costo a quienes se den de alta en dicho sistema. De acuerdo con el entrevistado, de 644 mil cuentas que se tiene en la ciudad, solo 151 mil 902 disponen de esa modalidad.

FUTURO INCIERTO EN PRECIOS

Previo a la aprobación de la Reformas Estructurales, el gobierno de Enrique Peña Nieto afirmaba que gracias a la Reforma Energética se daría el abaratamiento de los costos de energía eléctrica, sin embargo, dicho ahorro no se ha sentido significativamente en el bolsillo de los usuarios.

Para la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Gabriela Muñoz Meléndez, lo único cierto al momento es que no se puede prometer que los precios de la electricidad bajarán.

Acotó que hay tantos posibles escenarios, que es probable que los precios aumenten, o bien, se dé una baja de manera incidental e incluso que se mantengan estables; esta incertidumbre no se debe -únicamente- a la obsolescencia de la red de transmisión que tiene la CFE de más de 40 años, sino al propio diseño de la Reforma Energética en el sector eléctrico y su resultado final.

“Cabe recordar que el primer de enero de 2016 entra en vigor el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donde los generadores de electricidad privados incluida la propia CFE, venderán su energía en un mercado “spot” a un precio marginal que varía cada hora, donde se podrán mezclar diferentes tecnologías de generación; en tanto que los derechos de transmisión serán subastados.

TARIFAS DAC

Tarifa                                               Límite para ingresar a tarifa de alto consumo
1                                                         500 kwh/bimestre
1A                                                       600 kwh/bimestre
1                                                         800 kwh/bimestre
1C                                                         1,700 kwh/bimestre
1D                                                         2,000 kwh/bimestre
1E                                                          4,000 kwh/bimestre
1 F                                                         5,000 kwh/bimestre

Al sobrepasar los límites de kilowatt el cobro para el consumidor subirá al triple

En el mejor de los casos, se esperaría que la competencia entre empresas proveedoras de electricidad (no necesariamente generadoras) sea transparente y el consumidor calificado tenga elección de optar por la opción más eficiente y menos cara. En el peor caso, podría surgir la especulación por la diversidad de actores involucrados (generadores, suministradores, transmisores, comercializadores, etcétera) en el proceso.

Muñoz afirmó que en otros países donde opera el MEM ha habido resultados diversos; en España, por ejemplo, los precios de electricidad aumentaron debido principalmente al fracaso de incorporación de renovables a la red, y en otros países los precios se han mantenido estables.

En torno a la posibilidad de que los usuarios de servicio residencial puedan comprar energía eléctrica a otras empresas como lo contempla la Reforma Energética, la catedrática dijo que si bien, en un principio podrá participar del mercado cualquier “usuario calificado”, nada impide que un grupo de hogares que agregue sus cargas no pueda registrarse como usuario calificado.

Por último, se refirió a la futura desaparición del subsidio a la energía eléctrica:

“Éste no desaparece, pero no se aclara de dónde saldrá. Aunque la Ley menciona también que los subsidios serán focalizados y no generalizados”.
  
COMBATEN ROBO DE ENERGÍA

Según  información de la CFE, de enero a noviembre de 2015 han detectado 11 mil 973 usos ilícitos (robo de energía) en Tijuana, de los cuales son 680 comerciales y 11 mil 293 residenciales.

Derivado de una campaña permanente para detectar el desfalco de energía, en el sector residencial han recuperado 18.4 megawatts, lo que equivale a 32 millones de pesos, mientras que en el sector industrial recuperaron 8.3 gigawatts hora, equivalentes a 23.4 millones de pesos.

Con lo anterior han bajado la pérdida de energía eléctrica en el último año de 6.5 por ciento, al 5.7%.

El superintendente de la Comisión Federal en Tijuana, Luis Enrique Torres Inzunza, dijo que si bien la ratería en la ciudad se da con mayor frecuencia en las zonas de la periferia, así como en la Zona Este, se ha detectado el hurto en fraccionamientos de nivel socioeconómico alto, como son Lomas de Agua Caliente, Chapultepec, Cacho, Hacienda Agua Caliente, por mencionar algunas áreas. Agregó que las casas que deberían estar pagando de 6 mil a 8 mil pesos, cubrían un recibo de 500 y 600 pesos, por lo que ya están haciendo las mediciones correctas para que los usuarios cubran los montos que les corresponden, además de que deberán corregir las instalaciones para que se dé el correcto funcionamiento.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Francisco Navarro Fausto / Fotos. Jorge Dueñes/   21 de Diciembre del 2015 a las 12:00:46)

EL FRAUDE DEL FIDE


Un desfalco similar al que ocurrió con el programa ASI se está realizando con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. A la fecha se ha detectado una decena de afectados, las denuncias involucran a CFE, FIDE y empresas concesionadas

El FIDE es un fideicomiso privado constituido en 1990 por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía Eléctrica para “coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica”, según señala su portal de internet.

Al igual que el programa ASI, funciona a través de terceros, presta apoyos para la instalación de aires acondicionados y se descuenta por medio del recibo de CFE, o por lo menos eso indica la información oficial.

Para Israel Ochoa Gasca, una oportunidad para arrancar con su negocio se transformó en un fraude de más de 70 mil pesos, pese a que nunca solicitó el préstamo al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Luego de trabajar por 26 años en la taquería Asaderos Said, su patrón se retiró por su edad avanzada, por lo que le ofreció quedarse con la taquería como pago de liquidación, lo cual ocurrió en junio de 2013.

A mediados de octubre del mismo año, un cliente de nombre Pedro Esteban Casillas Enríquez le dijo tener un conocido que le podía apoyar pasa sacar el préstamo del programa federal FIDE, estaba realizando mejoras al negocio y aceptó el ofrecimiento, pero tan solo de un presupuesto para saber si le convenía.

El único requisito que le pidió fue su recibo y la credencial de elector, con la promesa de darle el presupuesto por escrito y con toda la transparencia posible.

El presupuesto, dinero o equipo nunca llegó, pero sí los cobros; en enero de 2014, en su recibo de consumo eléctrico apareció un cobro por 2 mil 260 pesos bajo el concepto de Pequeña Industria FIDE.

Luego de preguntarles a varios trabajadores de la CFE, uno de ellos le explicó que se podría tratar de un préstamo, por lo que se comunicó con Pedro Esteban para saber qué había ocurrido, éste le confirmó que se trataba del préstamo del FIDE y que a pesar de no recibir el dinero, debía pagar el primer mes, ya que para el segundo cobro recibiría el apoyo. En su momento le indicó que” así trabajan”, según explicó la víctima.

Durante los siguientes meses, a Ochoa le dieron múltiples excusas, para el quinto mes no pudo pagar con el recibo electrónico, por lo que para “hacerle el paro”, el mismo Pedro Esteban le prestó mil pesos con la condición de que cuando le dieran el préstamo, se los regresaría.

En el sexto mes, Israel ya no tuvo los recursos para cubrir el importe del recibo porque su clientela se basa en estudiantes y, al salir de vacaciones, las ventas caen.

Ante la desesperación, recurrió al programa FIDE a preguntar. Ahí le dijeron que David González era responsable del fideicomiso, por lo que acudió en varias ocasiones hasta que fue atendido por Rubén Guízar Bejarano, gerente regional del programa, quien le pidió los datos y le dijo que revisaría su asunto.

Finalmente se comunicó con David González, quien le señaló que no tenía ninguna cuenta con ellos, entonces les reclamó por qué le cobraban si no aparecía como solicitante del préstamo; le indicaron que el Gobierno Federal no prestaba dinero y que si había recibido o firmado algún documento, caería a la cárcel.

Luego de múltiples vueltas a las oficinas del FIDE le informaron que se cargaron tres refrigeraciones por un monto total de 79 mil pesos, a nombre de Pedro Esteban Casillas Enríquez, quien supuestamente se hizo pasar como dueño de la taquería y puso como aval a Israel Ochoa.

Israel le explicó que él era el legítimo dueño del negocio, por ello el funcionario el FIDE le pidió tiempo para hablar con Grupo Comfort y Pedro Esteban Casillas para ver si se podían arreglar de alguna manera y evitar la denuncia penal por fraude; nadie se quiso hacer responsable.

El 19 de agosto de 2014 interpuso la demanda por fraude, falsificación de documentos y/o lo que corresponda, bajo Número Único de Caso (NUC) 0202-2014-33136, recibida por el agente del Ministerio Público, Omar Toledo García.

En su declaración, Israel acusa a personal de la CFE, ya que un trabajador de nombre Abel Corona Félix cambió el nombre de la cuenta de usuario de la Comisión de la taquería a nombre de Pedro Esteban por la mañana, y por la tarde volvió a estar a nombre de Ochoa; además, el mismo trabajador de la CFE realizó otros siete cambios ese mismo día.

El afectado expuso que la investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) perdió mucho tiempo, ya que pensaban que era un aval, hasta que finalmente se percataron de que era el dueño del lugar.

Ante la falta de solución, Israel no pudo cubrir el pago y le cortaron el suministro,  por lo que tiene desde marzo del 2015 trabajando en la taquería con una planta de energía a gasolina, ya que en caso de abonar al recibo de CFE, automáticamente se canalizaría para pagar al FIDE.

Ochoa señala como responsables a los representantes del FIDE al otorgar un crédito sin la documentación correcta, entre ellos David González Pech, encargado de revisar las instalaciones donde se colocarían los aires acondicionados; además del titular Rubén Guízar Bejarano, quien debió supervisar al primero, también personal del CFE y las empresas involucradas.

Según el afectado, intentó denunciar ante las procuradurías Federal del Consumidor (PROFECO) y General de la República (PGR), pero ambos lo remitieron a la PGJE.

PROMOTORES TRAMPOSOS

Sergio Tamai, representante del Frente Cívico Mexicalense, expresó que uno de los promotores que denunció del fraude del Programa ASI hace algunos años le confirmó que David González y Rubén Guízar eran parte de los involucrados de aquel entonces, ahora como representantes del FIDE.

Se buscó la versión del responsable del FIDE, pero aduciendo que son un fideicomiso privado, no podían dar una entrevista a este medio.

Según Tamai, hasta el momento han detectado alrededor de diez casos similares en Mexicali, Valle y San Felipe, incluso una integrante del Frente Cívico de nombre Denisse fue afectada por más de 100 mil pesos.

“Es tanta la corrupción que se cubren entre ellos, si se aventaron las transas acá (ASI), me dicen que los de Comfort son los que se mochan con la CFE y hacen los amarres”, afirmó Tamai, quien no descarta que muchos de los involucrados sean ex trabajadores.

Otro caso documentado por ZETA, con NUC 02-02-2015-24819, recibido en octubre de 2015 por parte de un comerciante -que se reservó su nombre-, involucra a otra empresa de nombre Proclimas, representada por María del Rosario Camacho Alcaraz.

En este caso, a la afectada le cobran un supuesto préstamo por 170 mil pesos, pagando 3 mil 572 pesos en 48 mensualidades, bajo el mismo modo de operar.

Esta persona llegó al negocio ubicado en un centro comercial al poniente de la ciudad, ahí le ofrecieron todo un paquete de aires acondicionados, le pidieron una identificación y el recibo eléctrico.

Incluso se llegó al punto de realizar un montaje donde le tomaron fotos al local con una supuesta entrega de los aires acondicionados, aunque en el expediente, la constancia pertenecía a un negocio denominado Limpiaduría Anita.

De igual manera, los promotores del programa FIDE le ofrecieron dinero en efectivo, pero el comerciante lo rechazó, ya que solo quería un presupuesto; finalmente su firma fue falsificada, con lo que se consumó el fraude.

IGUAL QUE ASI

Desde 2010, en Mexicali y Tijuana se presentaron decenas de quejas fraudulentas en torno al programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI).

En aquella ocasión quedó constancia de que tanto empresas como funcionarios se encontraban involucrados en las irregularidades, por lo que se presentaron diversas denuncias penales.

En diciembre de 2012 fue detenido Eulises Parra Ortega, de 37 años de edad, vinculado al fraude de la compra de aparatos electrodomésticos a través de ASI.

La presunción en ese caso fue que representantes de las empresas proveedoras y funcionarios del programa se coludieron para aceptar las firmas apócrifas.

El 12 de diciembre del mismo año, la entonces subprocuradora de Mexicali, María Elena Andrade, informó que Parra Ortega era empleado de una compañía proveedora de ASI.

Según la declaración, el detenido confesó que él había fungido como aval de la afectada y, a su vez, él utilizó el aval de ella, una especie de “avales cruzados”, como documentó ZETA en su momento.

Por ese desfalco se asentaron cerca de 60 denuncias, cada una con dos o tres acusadores, por lo que se abrieron al menos 30 carpetas de investigación.

22 DENUNCIAS DE ASI Y 5 DE FIDE


El subprocurador de Justicia en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, indicó que hasta el momento, en la PGJE tienen registradas  22 denuncias relacionadas al programa ASI; la mayoría se han resuelto mediante acuerdos preparatorios. En el caso de FIDE son cinco.

El funcionario estatal señaló que en la mayoría de los casos, las personas afectadas se enteran por medio de un cobro en el recibo de energía eléctrica sin que hubieran solicitado algún crédito o equipo de aire acondicionado.

El modo de operar de los defraudadores es que los inscriben como avales de una tercera persona, o de buena fe, ellos mismos proporcionaron un recibo de energía eléctrica y su credencial electoral bajo engaños. 

Ramírez señaló que en el caso del FIDE las cantidades de los cobros mensuales van desde los 3 mil pesos en adelante, pero en estos casos, al ser más recientes, aún no se han podido realizar acuerdos reparatorios, al encontrarse en investigación.

Para concluir, Ramírez Amador dijo que, si bien son varias empresas las involucradas, “no es tan grande todavía la problemática”.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Cristian Torres Cruz / Fotos. Cristian Torres/   21 de Diciembre del 2015 a las 12:00:46)

EN CARAVANA, TRANSPORTISTAS REALIZAN PROTESTA EN TIJUANA


Miembros de diversas agrupaciones del transporte público de Tijuana, tanto de taxis como de unidades de transporte colectivo, organizaron una caravana para mostrar a las autoridades municipales su inconformidad por la falta de espacios para transmitir sus propuestas.

Esta mañana, previo a la reunión que finalmente se les concedió con el alcalde, Jorge Astiazarán, transportistas decidieron transitar desde la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Tercera Etapa del Río Tijuana, hasta Palacio Municipal por la Vía Rápida Oriente.

De esta forma, aseguraron muestran la representatividad del gremio inconforme. Además, entregaron una queja en la Sindicatura Municipal por la falta de acción en pro de la regularización del transporte, contra el titular de la  Dirección de Vialidad y Transporte, José Luis Hernández Silerio.

Algunos de los manifestantes denunciaron que se haya permitido un aumento de las unidades irregulares o clonadas.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Saúl Alejandro Ramírez / Fotos. Saúl Ramírez/   21 de Diciembre del 2015 a las 11:45:55)

LAS COMPRAS FICTICIAS DEL G-20


El gobierno del ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, desapareció 12 millones 533 mil 14 pesos de un presupuesto de más de 28 millones de pesos de recursos federales etiquetados para compra de cámaras de seguridad, patrullas y equipo táctico para la Cumbre del G-20. Los equipos no aparecieron físicamente en la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal

Los Cabos, Baja California Sur.- La llamada cumbre del G-20, celebrada el 18 y 19 de junio de 2012, no únicamente sirvió de plataforma para la promoción internacional del principal destino turístico del Estado.

La Séptima Cumbre de jefes de Estado -que tuvo de sede a Los Cabos- también sirvió para construir el Centro Internacional de Convenciones de San José del Cabo y, sobre todo, bajar recursos federales y gastarlos en la adjudicación directa de contratos millonarios, amparados en el poder del gobierno del ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño.

Según pruebas documentales obtenidas por ZETA del gasto corriente de los más de 224 millones de pesos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del XI Ayuntamiento de Los Cabos aprovechó la disponibilidad de recursos etiquetados y en 13 días autorizó y presuntamente ordenó el gasto de 28 millones 747 mil 400 pesos en compras de cámaras de seguridad, motocicletas, automóviles, pick-ups, camiones, grúas, chalecos antibalas, escudos y cascos antimotines.

Lo anterior  -con  base en copias de actas, contratos de compraventa, facturas y pólizas de cheques en poder de este Semanario- fue validado el 15 de mayo de 2012 por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y consumado el 28 de mayo del mismo año.

Los integrantes del Comité que estuvieron ese día, en presencia del entonces director de Administración de Servicios Públicos, y hoy regidor del Partido de la Revolución Democrática, Samir Savín Ruiz, comentaron haber recibido el recurso de carácter extraordinario para “garantizar la seguridad de los representantes de las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo”, por lo cual habrían firmado un convenio el 8 de mayo con el Gobierno del Estado y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, donde habían quedado asentadas las siguientes compras:

* 9 millones 825 mil pesos por concepto de suministro, configuración e instalación del sistema de videocámaras para vigilancia y monitoreo vial en San José del Cabo.

* 4 millones 740 mil pesos por compra de camionetas pick-up doble cabina y acondicionadas como patrullas.

* 2 millones 432 mil 500 pesos por adquisición de automóviles acondicionados de patrullas.

* Un millón 560 pesos por concepto de paneles de 20 plazas.

* 2 millones 590 mil pesos por compra de motocicletas.
* Un millón 350 mil pesos por adquisición de transportadores personales.

* Un millón 62 mil 500 pesos por concepto de chalecos antibalas.

* 990 mil pesos por compra de grúa con plataforma.

* 450 mil pesos por adquisición de cascos y escudos antimotines.

Independientemente de los 25 millones de pesos, el XI Ayuntamiento local había firmado un segundo convenio el 29 de febrero de 2012, donde formalmente se comprometieron a gastar 3 millones 747 mil 400 pesos provenientes del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) 2012,  distribuidos de la siguiente manera:

* 2 millones 467 mil 400 pesos por concepto de pick-ups doble cabina y acondicionados como patrullas.

* Un millón 250 mil pesos por compra de chalecos antibalas.
* 30 mil pesos por adquisición de impresoras de “alto rendimiento”.

En suma, y según la firma de los dos convenios, gastarían 28 millones 747 mil 400 pesos.

Los recursos habían sido depositados en la cuenta número 0101-0007-0018-00-00 del banco Banorte, etiquetados como “Subsidio Especial otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores” y programa SUBSEMUN 2012.

Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios eran: José Antonio Agúndez Montaño, ex alcalde cabeño; Oswaldo Murillo Martínez, ex síndico municipal; Guillermo Marrón Rosas, ex secretario general; Gerardo Manríquez Amador, ex tesorero municipal; Edilberto Graciano Chávez, ex oficial mayor; Alejandro Rosas Cañedo, ex director de Asentamientos Humanos y Obra Pública; Héctor Alejandro Aréchiga Peña, ex contralor municipal; Reynaldo Zatarain Valera, ex tercer regidor; Gustavo Castro Sánchez, ex director de Servicios Públicos y María Verónica Olvera Guevara, ex directora municipal de Administración.

Los que ese día no se presentaron a la reunión del comité fueron el ex tesorero Gerardo Manríquez Amador -en su lugar estuvo el ex director de Egresos, Jesús Olmos Ceseña- y el ex director de Servicios Públicos, Gustavo Castro Sánchez, cuyo lugar fue ocupado por su entonces director de administración, Samir Savín Ruiz.

LAS ADJUDICACIONES

La tercera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del XI Ayuntamiento cabeño transcurrió en secreto.

Los integrantes se reunieron a puerta cerrada la tarde del 15 de mayo de 2012 en la sala de juntas de la presidencia municipal de Los Cabos,  donde después de pasar lista y declarar “quórum legal”, tocaron el único punto a tratar: la adquisición de equipamiento de seguridad pública para el evento de la Cumbre del G-20, a realizarse en Los Cabos durante el 18 y 19 de junio de 2012.

El entonces oficial mayor, Edilberto Graciano Chávez, informó a los integrantes que el gobierno municipal contaba con dos fuentes de recursos para equipar a la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos: el recurso extraordinario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el del programa SUBSEMUN 2012.

Después de hablar de “responsabilidad” y “honorabilidad”, los integrantes del Comité determinaron “la adjudicación de las contrataciones mediante el procedimiento de adjudicación directa en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado”, bajo la justificación de las excepciones fundadas en el Artículo 41, fracciones IV y V de la citada Ley, que transcriben:

Artículo 41. “Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación cuando:

“Fracción IV: ‘Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública, ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes en la materia’.

“Fracción V: “Derivado de caso fortuito o de fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades en conceptos, deben limitarse a los estrictamente necesario para afrontarla’”.

Sin embargo, el Artículo 51 de la citada Ley, explica que “el procedimiento deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias de cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.

De manera discrecional, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado asignó los contratos de manera directa a las siguientes personas físicas y morales:

Enrique Karchmer Lask. Propietario del grupo Comercial Kar, S.A, de C.V., quien fuera favorecido con un contrato de 9 millones 400 mil pesos por suministro, configuración e instalación del sistema de video vigilancia en San José del Cabo.

Harley Davidson Los Cabos, S.A. de C.V. Obtuvo un contrato de 2 millones 781 mil 062 pesos con 26 centavos por la venta de siete motocicletas Electra Glide Police modelo 2012.

Nueva Automotriz del Toro, S.A. Se le favoreció con un contrato de 7 millones 172 mil 500 pesos por la venta de cinco automóviles Charger y 10 pick-ups Ram 2500 año 2012.

Nueva Automotriz del Toro, S.A.  Se le asignó un contrato por 2 millones 370 mil pesos por la venta de cinco pick-ups doble cabina Ram Crew Cab 2012.

Automotriz Transmar de Cortés, S.A. de C.V. Contrato por un millón 556 mil pesos por la venta de dos camionetas tipo panel Crafter 2012.

Camionera del Pacífico, S.A. de C.V. Contrato por un millón 116 mil 660 pesos por la venta de un camión con grúa de plataforma marca International, modelo 2013.

Segway de México, S.A. de C.V.  Contrato por un millón 339 mil 635 pesos con 28 centavos, por la venta de diez transportadoras personales para personal de vigilancia y seguridad.

Gloria Esperanza Chaidez Villanueva. Propietaria de Ussyale Uniformes, la cual obtuvo un contrato por un millón 58 mil 135 pesos con 25 centavos por la venta de 85 chalecos antibalas nivel IIIA escalados a nivel IV.

Ana Lilia Camacho Favela. Dueña de Óptima Imagen, con un contrato por 430 mil 360 pesos por la venta de 100 escudos antimotines e igual número de cascos antimotines.

En total, 27 millones 389 mil 276 pesos con 53 centavos.

El Artículo 53 de la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Estado establece que los contratos podrán asignarse de manera directa, siempre y cuando sea considerado lo siguiente:

* Podrá contratarse por adjudicación directa, cuando el reporte de cada operación no exceda del equivalente a 4 mil 700 pesos el salario mínimo -a razón de 67.29 pesos por día- vigente en el Estado; es decir, 316 mil pesos.

* Podrá contratarse por invitación a cuando menos tres personas, cuando el monto superior al equivalente a la cantidad de 4 mil 700 y hasta 12 mil 821 veces el salario mínimo vigente en el Estado (862 mil 725 pesos con 9 centavos).

LAS IRREGULARIDADES

En la revisión y análisis de toda la documentación del gasto del excedente de los más de 224 millones de pesos, obtenida vía Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), ZETA hizo el hallazgo de las millonarias adquisiciones en el catálogo de compras del mes de junio del ejercicio fiscal 2012.

La documentación que obra en el expediente del concepto “Compras de Equipamiento de Seguridad Pública para la Cumbre del G-20”, arrojó un faltante de un millón 358 mil 123 pesos con 47 centavos.

Según el acta, el gasto autorizado  fue de 28 millones 747 mil 400 pesos, pero en el expediente, únicamente aparece la documentación probatoria del gasto de 27 millones 389 mil 276 pesos con 53 centavos.

Peor aún, la mayoría de los contratos de compraventa fueron elaborados el 16 de mayo de 2012, es decir, el mismo día en que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, autorizó y validó las millonarias operaciones, lo que deja entrever que los principales integrantes del Comité planearon con alevosía y ventaja quiénes serían los proveedores y cómo se repartiría el dinero federal.

De hecho, con base al expediente de ese gasto, no aparecen copias de las cotizaciones de los proveedores, lo que indica que ni siquiera las requirieron y compraron a sobreprecio, contravenido “el criterio de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”, determinado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

En este manoteo del presupuesto, de acuerdo a las pruebas documentales en poder de ZETA, no únicamente se perdió casi un millón y medio de pesos, también:

* Dos motocicletas Harley Davidson modelo Electra Glide Police 2012, las cuales tienen un valor unitario de 26 mil 512 dólares. Según el contrato de compraventa, bajo el número de folio DGSPPPYTM/OM/SUBG20/2012, firmado entre el XI Ayuntamiento de Los Cabos y Harley Davidson Los Cabos, S.A. de C.V., la operación fue por siete motocicletas, pero en el expediente solo existe documentación de cinco; por lo que el faltante es de dos motos, cuyo valor total es de 53 mil 24 dólares, es decir, de 848 mil 384 pesos.

* Cinco automóviles marca Dodge Charger 2012, con valor unitario de 407 mil pesos y 15 camionetas pick-up Dodge  Crew Cab SLT 4x4  modelo 2012, con valor unitario de 370 mil pesos. En el contrato de compraventa, bajo el número de folio DGSPPPYTM/OM/SUBG20/01/2012, firmado entre el XI Ayuntamiento de Los Cabos y Automotriz del Toro, S.A. de C.V., aparecieron las siguientes facturas de más: 684, 685, 686, 687 y 688, por concepto de la compra de automóviles; y las 728,729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 744, 745, 746, 747 y 748 por la adquisición de las unidades pick-up, las cuales amparan un gasto por 7 millones 585 mil pesos.

Lo más grave es el gasto de 9 millones 400 mil pesos por concepto de suministro, configuración e instalación del sistema de video vigilancia en San José del Cabo.

En el contrato bajo el número de folio DGSPPPYTM/OM/SUBG20/07/2012, firmado entre el XI Ayuntamiento de Los Cabos y Grupo Comercial Kar, S.A. de C.V., no se establece el número de videocámaras de seguridad ni los puntos donde habrían de ser instaladas, y en la cláusula 13, se especifica que “responderá por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los mismos, y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia, puedan causar al municipio o terceros”.

El contrato indica que la forma de pago sería de 4 millones 51 mil 724 pesos con 14 centavos de anticipo, y el resto en un pago de 4 millones 700 mil pesos, después de entregado el trabajo.

No obstante, en la revisión del expediente solo aparecen dos pólizas de cheque:

* El 30 de mayo de 2012 se expidió el cheque 21 por 4 millones 700 mil pesos.

* El 5 de junio de 2012, el cheque 02 por 2 millones 350 mil pesos.

Ambos documentos ampara un gasto de 7 millones 50 mil pesos, de los 9 millones 400 mil pesos transcritos en el contrato,  donde existe un faltante de 2 millones 741 mil 507 pesos.

En total -según las pruebas documentales en poder de ZETA-, el monto del quebranto, tan solo en el rubro de “Compras de Equipamiento de Seguridad Pública de la Cumbre del G-20”, asciende a 12 millones 533 mil 14 pesos.
Por si fuera poco,  durante la revisión física del inventario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, por parte de reporteros de este Semanario, la gran mayoría de los equipos presuntamente comprados, ni siquiera existen o aparecen físicamente en las oficinas de la corporación.

Si acaso, por el número de serie, se encuentran físicamente una motocicleta Harley Davidson, dos automóviles Dodge Charger, una camioneta tipo panel y cuatro pick-ups Ram 2500. Del resto, nada se sabe.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco / Fotos. Gerardo Zuñiga/   21 de Diciembre del 2015 a las 12:00:34)

UNOMÁSUNO, LA SOSPECHA DEL NARCO


El periódico unomásuno, el Diario Amanecer y otras dos compañías de Naim Libien Tella, junto con el propio empresario, están en la mira del gobierno norteamericano. Les atribuyen nexos con la organización delincuencial de “Los Cuinis” de Michoacán. Libien Tella se desmarca a través de un mensaje en internet, negando vínculos con el narcotráfico. Ya había solicitado un amparo en 2011 en contra de la SEIDO, pues temía se integrara una averiguación previa en su contra


El señalamiento llegó.

Otros tantos se han recibido sobre las actividades del mundo del narcotráfico en nuestro país, por parte de los Estados Unidos. Pero esta vez impactó al ámbito periodístico mexicano, y no precisamente por el ejercicio del periodismo, sino por la facción empresarial o directiva, al ser vinculado Naim Libien Tella, vicepresidente del diario unomásuno, con la organización criminal de “Los Cuinis”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, añadió a su lista de cabecillas del narcotráfico al referido empresario y a cuatro empresas de las compañías en que tiene relación: el periódico unomásuno, Valgo Grupo de Inversión, Diario Amanecer y Aerolíneas Amanecer.

La información proveniente del otro lado de la frontera afirmó que Naim Libien Tella proporciona apoyo a las actividades de tráfico de drogas del grupo delincuencial que lidera Abigael González Valencia, actualmente preso en el penal federal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora.

El director interino de la OFAC, John E. Smith, dijo que a través de su relación con Libien el clan de “Los Cuinis”, “ha utilizado al diario mexicano unomásuno para promover sus actividades de tráfico de drogas”.

A través del comunicado se enfatiza que el vicepresidente del diario tiene una larga relación con González Valencia, involucrado en el tráfico de drogas desde la década de los noventa. En 2007, “El Cuini” confirió a Libien Tella el poder notarial de su empresa de inversiones Valgo Grupo de Inversión, con sede en Guadalajara, Jalisco.

“REVÍSENME”, DICE LIBIEN

El mismo miércoles 16 de diciembre que trascendió la información, el directivo de los rotativos respondió a través de un mensaje publicado en el portal web del periódico unomásuno, negando rotundamente cualquier vínculo con narcotraficantes como el que refirió el gobierno estadounidense.

El empresario afirmó que pone a disposición de las autoridades norteamericanas y de las mexicanas, “cualquier información acerca de mis actividades comerciales y privadas en el entendido de que el suscrito no tiene nada que ocultar tanto en bienes como en dinero, sobre lo difundido en el boletín fechado 12/16/15 de esa institución americana”.

Naim Libien argumentó que los medios de comunicación que dirige han sido “severamente críticos” contra el narcotráfico y sus variantes, por lo que se hace difusión y se exhiben las acciones de los cárteles que envenenan a mexicanos y estadounidenses.

El directivo editorial siente que “fuentes mexicanas” que están informando al gobierno norteamericano tienen malas intenciones. “Prueba es que intereses oscuros pretenden callar a estos rotativos por la línea editorial, como tratar de quitarnos ‘EL CABEZAL de unomásuno’ por no apegarnos a vender la línea ágata.

“El editorial de los diarios UNOMASUNO o Diario Amanecer del cual funjo como vicepresidente, es altamente crítico y veraz, sin duda esto ha molestado a las autoridades, esto solo lo tomo como un ataque vil contra mi persona, para tratar de amedrentarme y buscar como en otros medios de comunicación exista contubernio para bajar la línea editorial”, externó Naim.

Libien Tella reiteró que en el momento que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo quiera, puede revisar cualquiera de sus actividades comerciales o morales, así como de los propios rotativos y la aerolínea, hoy enlistados. A la empresa Valgo Grupo de Inversión, a la que le vinculan los estadounidenses, no la mencionó.

Por su parte, en el portal del periódico mexiquense Amanecer se apuntó: “Es fácil calumniar, haciendo uso de información falseada, sin sustento. Si algo ha demostrado Diario Amanecer es que siempre se conduce con objetividad, con pruebas que sustenten sus dichos, no han sido pocos los actores políticos que se han sentido atacados, sin embargo, se saben culpables, ignorantes y poco aptos para las labores encomendadas. Casos hay muchos, en los tres ámbitos de la administración pública. Seguimos y seguiremos exhibiéndolos haciendo a un lado la difamación. ¡Cuenten con ello!”.

LOS AMPAROS DE NAIM

Aunque es la primera vez que se mencionan públicamente los supuestos nexos de Naim Libien en actividades antisociales, el empresario ya había recurrido ante la justicia federal hace cuatro años para solicitar un amparo contra alguna posible acción de la entonces SIEDO, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO).

El 13 de octubre de 2011, Naim Libien Tella promovió una demanda de garantías (1053/2011) ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, pues temía “la integración de una averiguación previa y una orden de presentación o de detención” en su contra.

El personaje señaló como sospechosa una indagatoria con número PGR/010/LD/2003 y también pidió la protección contra actos de los titulares de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Libien echó mano de los abogados: Mario Enrique Selvas Carrola, María de Lourdes Renee Anaya Chávez y Sandra López Valderrama para que averiguaran lo más que pudieran sobre el asunto que lo mantenía preocupado. El 27 de octubre de ese mismo año, el juicio de amparo fue sobreseído al no existir el acto reclamado.

Tres años antes, el 8 de octubre de 2008, el mismo quejoso había acudido ante el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal del DF para solicitar su protección debido a que el Juez Cuarto de lo Penal de Primera Instancia en Quintana Roo había dictado una orden de aprehensión en su contra, sin que se informara el delito imputado.

Debido a que no era competente territorialmente, el juzgador federal capitalino declinó la competencia a favor del Juez Tercero de Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, quien el 24 de abril de 2009 concedió el amparo a Naim Libien y se dejara sin efecto el mandamiento judicial.

Sin embargo, el asunto que más ha ocupado de la atención del vicepresidente de unomásuno, es el embargo de diversos títulos de marcas del periódico, adjudicadas a favor de la Administración Local de Recaudación de Toluca el 4 de junio de 2014, así como la solicitud de fecha 11 de junio de la autoridad recaudadora (oficio 400-53-00-03-02-2014-3645) al director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el cambio de titular de las siguientes marcas mixtas a nombre de la Tesorería de la Federación:

*  “UNO MÁS UNO”.
* “UNOMASUNO”.
*    WWW.UNOMASUNO.COM.MX
*  “UNO NOTICIAS”.
*  “ACCIÓN DE MÉXICO”.

Contra lo anterior, Libien Tella ha librado una batalla jurídica y actualmente se encuentra en curso el juicio de amparo 1875/2014 ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, del que se han derivado un sinfín de recursos de revisión y de queja en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la capital del país. A este asunto es al que alude Naim en su comunicado de que pretenden quitarle el cabezal del periódico.

MAL COMIENZO

El arribo de Naim Libien Tella al periódico unomásuno hace poco más de una década no fue del todo afortunado. Su padre Naim Libien Kaui y él adquirieron en noviembre de 2002, a precio de ganga, aseguran, una parte importante de las acciones de Editorial Uno S.A. de C.V., que enfrentaba serios problemas financieros y se encontraba emplazada a huelga.

El diario, que contaba con un prestigio desde su fundación el 14 de noviembre de 1977 por Don Julio Scherer (obligado por presión presidencial de Luis Echeverría a dejar la dirección de Excélsior el 8 de julio de 1976), andaba dando tumbos económicos y en su relación laboral. Manuel Alonso Muñoz era el presidente del diario.

Una de las primeras maniobras para salvar a la empresa -que se hallaba en concurso mercantil- fue publicar a través de edictos que la compañía editorial estaba en “etapa de quiebra”, lo que significó que diversos deudores y proveedores dejaran de cumplir con obligaciones y pagos a Editorial Uno, según se refiere el portal cultural www.ficticia.com en una colaboración de Marcial Fernández del 13 de diciembre de 2002.

De acuerdo con el texto, los nuevos dueños dejaron de pagar el salario de los trabajadores de planta y de confianza, así como de los colaboradores, a quienes ya se les adeudaban hasta más de año y medio de colaboraciones.

También se destacó la relación que los Libien ostentaban con la entonces primera dama de México, Marta Sahagún de Fox, y el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, lo que presuntamente motivó la orden editorial de no escribir notas contrarias a dichos personajes, a los que se sumaban el propio presidente Vicente Fox y el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Aunque las violaciones laborales prevalecieron contra muchos ex trabajadores del periódico, con el tiempo la vida del rotativo continuó su marcha hasta nuestros días, en los que se formula el señalamiento del Departamento del Tesoro norteamericano.



(SEMANARIO ZETA/REPORTAJEZ/ INVESTIGACIONES ZETA / FOTOS. INTERNET/  21 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 12:00:49)