EL FRENTE: LOS PACTOS SECRETOS

Nadie sabe realmente para quién trabaja. El 26 de octubre del año pasado se dio a conocer en este espacio la negociación entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para materializar una vieja idea del veracruzano, la creación de un cuarto polo de cara a las elecciones de 2018. Un año después, Delgado lo traicionó y se alió con el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, para empujarlo a la candidatura presidencial de una coalición de oposición, que se formalizó este viernes como Por México al Frente. Lo paradójico de todo es que no fue una vindicta natural la de Delgado, sino resultado de la construcción de una serie de condiciones que llevaron a decisiones pragmáticas, incluido al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que estuvo involucrado en varios momentos del fortalecimiento de la coalición.

Durante más de seis meses, Anaya se convirtió en el enemigo declarado número uno del Gobierno federal, impulsado por la molestia del Presidente Peña Nieto quien había pactado con el líder del PAN un proceso electoral en el Estado de México donde se unieran contra Morena, y sintió que lo había engañado cuando comenzó a criticar a los priistas de corruptos y hacerlos los principales enemigos a vencer. A través de El Universal, buscaron aniquilarlo con revelaciones sobre el oscuro crecimiento de su fortuna familiar, a lo que Anaya se creció y respondió con denuncias sistemáticas de la injerencia directa del gobierno. No lo pudieron liquidar políticamente y lo fortalecieron, aunque en ese momento no era suficiente para que alcanzara la candidatura presidencial del Frente, que deseaba también Mancera.

La campaña contra Anaya desde el Gobierno federal se fue desvaneciendo de manera misteriosa. “Estamos esperando algo muy fuerte”, dijo uno de sus principales asesores. “Nos lo vienen anunciando en la prensa”. Nunca llegó esa nueva bomba porque, en otra de las paradojas de la construcción de la candidatura presidencial de Anaya, un par de aliados inopinados cambiaron el rumbo del Frente. La Senadora Dolores Padierna y su ex esposo René Bejarano, líderes de Izquierda Democrática Nacional, una de las corrientes históricas y poderosas del PRD, fueron detonantes de lo que hoy se vive.

A principio de septiembre renunciaron al partido en el que militaron por 28 años en protesta por la alianza con el PAN, anunciada en mayo por Anaya y la líder del PRD, Alejandra Barrales, para formar un frente amplio opositor en 2018. Desde agosto habían amagado con irse, pero dentro del PRD no hubo los reflejos necesarios para evitar su renuncia. La salida de ellos dos hacia el campo de Andrés Manuel López Obrador en Morena, debilitó al PRD como una opción real de poder, con lo cual se detuvo la campaña contra Anaya desde el gobierno, y se inició una negociación secreta con Delgado.

A través del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, Delgado habló con el Presidente Peña Nieto en Los Pinos y sostuvo un diálogo continuo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El propósito era uno. Movimiento Ciudadano, que coqueteaba con el Frente y Morena, no podía sumarse a López Obrador. Lo apoyarían en Jalisco, donde el Alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, parece ir caminando sobre nubes hacia la gubernatura el próximo año, a cambio de permanecer en el Frente. Para ampliar la convergencia de partidos en el Frente, Anaya buscó a principios de octubre a Luis Castro, líder de Nueva Alianza, para proponerle que se uniera a la coalición. Lo que Castro pedía a cambio era un número proporcionalmente igual de posiciones que las de Movimiento Ciudadano. En automático, Castro se volvió un estorbo para Delgado, el político más sagaz dentro del Frente. Si se unía Nueva Alianza, perdería posiciones, poder y presupuesto.

La propuesta de Castro se dejó pudrir, hasta que 50 días después de haberla presentado, el líder de Nueva Alianza retiró la posibilidad de unirse al Frente. Para entonces, Anaya y Delgado ya habían forjado un pacto al margen de Mancera. La primera señal pública de ello la reveló el Jefe de Gobierno en un foro político convocado por El Financiero en la última semana de noviembre, en el inicio de su sprint final para que la selección del candidato presidencial del Frente no fuera, como lo llamó, una “imposición”. Para ese momento, se puede ver hoy con mayor claridad, era demasiado tarde. El PAN no cedía para que le quitaran la candidatura presidencial a ese partido, y el PRD no tenía opciones. “Aceptaré lo que los partidos decían”, dijo Mancera.

La salida de Padierna y Bejarano volvió al PRD rehén del PAN. Con Movimiento Ciudadano amarrado con el gobierno y el PAN en el Frente, el PRD se quedó sin alternativa: o firmaba la coalición, con lo cual obtendría posiciones de gobierno y legislativas en 2018 para repartir entre sus militantes, o sin ser una opción de poder real, colapsaría con la diáspora hacia Morena. Sacrificar a Mancera fue una decisión pragmática, tras una gestión débil de Barrales para sostener al partido en una posición de fuerza dentro de las negociaciones del Frente. Tampoco, es cierto, el PRD daba para más.

Mancera fue lastimado la semana pasada por Delgado, quien anticipando lo que vendría días después, repartió candidaturas y dijo que Mancera podría coordinar al Frente en el Senado. Barrales apuntaló: puede coordinar la campaña presidencial. Esto no es, sin embargo, lo que quieren proponerle.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio/ 11/12/2017 | 04:00 AM)   

EL RIESGO (REAL) DE MEADE

Algo muy bueno hay que decir del Presidente Enrique Peña Nieto: desde la victoria del PRI en la Gubernatura del Estado de México, reposicionó a su partido como un contendiente real para las elecciones presidenciales de 2018. Esto, sin, embargo, en el imaginario de la clase empresarial y la prensa política, porque entre el resto del electorado, el PRI y su precandidato José Antonio Meade, bañados por el confeti vertido sobre la escena pública adornando la coreografía excelsa que hizo Peña Nieto para sacar como abanderado del partido en el poder a quien deseaba, sin necesidad de cesárea, sigue donde estaba antes de toda la parafernalia litúrgica tricolor: en tercer lugar de las preferencias electorales por partido, con el rival a vencer Andrés Manuel López Obrador superando Meade dos a uno, y con la mayoría de los ciudadanos que dicen que por el PRI, jamás votarían.

El periódico El Universal, que el miércoles publicó la última encuesta de Buendía y Laredo, donde reflejaba que el llamado bound convention, que es la burbuja que sube cuando se nomina a un candidato o candidata no había dado los resultados obtenidos, publicó el jueves el antídoto del PRI. Según un informe del equipo de Meade que citó, la tendencia en el voto, en una combinación -cuya fórmula no menciona ni explica el periódico- de conocimiento de nombre y porcentaje de voto actual, le va a permitir al precandidato del PRI superar a López Obrador en la elección presidencial. La medición demoscópica vis-a-vis la interpretación de la misma en la primera plana de uno de los diarios de mayor impacto en el país, sólo llevan a la confusión. Pero después de todo, de eso se trata. La pregunta es si a río revuelto, la ganancia será del pescador que gane la opinión pública.

La respuesta inmediata es que no será así. Un análisis cuantitativo que realizó la edición impresa de Eje Central de los 35 últimos años de comportamiento electoral del PRI, refleja que el desgaste de décadas de gobierno del PRI ha cobrado su cuota. En 1985, a la mitad del sexenio del Presidente Miguel de la Madrid, cuando se dio el cese masivo de decenas de miles de burócratas, el PRI gobernaba a 11 millones 575 mexicanos, que representaban al 64.8 por ciento de los electores. En 2015, a mitad del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, el PRI gobernaba a 11 millones 683 mil mexicanos, pero que ante el crecimiento poblacional representaban al 30.6% del padrón electoral. Aún con un PRI hegemónico, el partido en el poder fue perdiendo votación nacional: gobernó al 50.3 por ciento en 1988 y seis años después, en el turbulento 1994, había bajado al 48.6 por ciento. Pero además, ahí comenzó su caída de casi 45 grados.

En 2000 perdió la elección presidencial, y se repitió la derrota en 2006, cuando el candidato presidencial, Roberto Madrazo, tiró al mínimo histórico la votación tricolor: 22.2 por ciento del electorado, que representaban a 9 millones 301 mil mexicanos. Recuperaron el poder en 2012, cuando Peña Nieto alcanzó el 29.8 por ciento de la votación, con 14 millones 409 mil votos. La estabilidad entre 2012 y 2015 en número de votos no corresponde con la pérdida de estados con alta densidad de población. Actualmente, de los seis estados donde se concentra poco más del 50 por ciento de los electores, sólo gobierna en el Estado de México y Jalisco, donde todas las mediciones electorales indican que Movimiento Ciudadano ganará la gubernatura. De esas seis entidades, en cinco habrá elecciones concurrentes para Gobernador, y la tendencia de voto es que en todas irán contra el PRI.

Vistos los números de manera muy fría, los momios no favorecen a Meade.

Hay un factor adicional que tampoco se puede soslayar, la cohesión del partido en torno a su candidato. En 2000 fue un diferendo dentro de la campaña presidencial de Francisco Labastida que lo hizo perder una ventaja de 20 puntos sobre Vicente Fox al arrancar el proceso. En 2006, se dio la ruptura del partido cuando Roberto Madrazo, construyó desde la dirigencia su candidatura, y provocó la traición de los gobernadores. En 2012 no hubo ese rompimiento porque pese a una chicanada en el manejo de la convocatoria para el registro de la candidatura presidencial para hacer de lado a Manlio Fabio Beltrones, el entonces Senador reclamó y se enfrentó al líder nacional del PRI, Humberto Moreira, pero respaldó a quien había beneficiado, Peña Nieto.

La diferencia entre todas aquellas candidaturas y la de Meade es una, grande y profunda: todos ellos eran priistas; el actual precandidato es apartidista.

En este mismo espacio se describió el jueves cómo un nuevo grupo de poder se había incrustado en el corazón político de Peña Nieto, que perfilaba una lucha soterrada dentro del PRI en contra de esta nueva generación de políticos que buscaba hacerse del poder con la bandera tricolor. En 1988 se dio un fenómeno parecido con el arribo de Carlos Salinas a la Presidencia, que generó la reacción del viejo PRI que definió como la nomenklatura, que emergió en el fatídico 1994. El grupo compacto de Salinas se fracturó y Ernesto Zedillo, que nunca apoyó la campaña de Labastida, entregó la banda presidencial a Fox. La candidatura de Salinas rompió los equilibrios dentro del PRI, que nunca acabaron de restablecerse. Con Meade hay un déjà vu, con la creencia de Peña Nieto de que no habrá traiciones dentro del PRI contra su candidato, ni lucharán para que la derrota de él, sea también la del Presidente.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 08/12/2017 | 02:00 AM)

EL NUEVO GRUPO DE PODER

El nuevo ajuste de gabinete dado a conocer en Los Pinos, va más allá de preparar la campaña presidencial. Es el segundo relevo donde la influencia de la dupla de Luis Videgaray, el todavía muy poderoso Secretario de Relaciones Exteriores, y José Antonio Meade, el virtual candidato del PRI a la Presidencia, mostró lo que desde el último tramo del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, empezaron a construir: el nuevo grupo de poder dentro del partido en el Gobierno, tecnócrata, mayoritariamente apartidista, y con clara inclinación a despojarse de los históricos lastres tricolores y las manchas de corrupción. Peña Nieto no tuvo que esperar al resultado de la elección presidencial para ver el relevo del mando, y por una muy probable decisión propia, está entregando el poder de facto a este nuevo grupo.

La primera decisión en esta dirección se dio con el relevo en la Secretaría de Hacienda, donde José Luis González Anaya, economista muy respetado por Videgaray y Meade, asumió el cargo que dejó su amigo. Las dos siguientes son las de Aurelio Nuño, que entró al corazón del Gobierno peñista por la puerta de Videgaray, quien renunció a la Secretaría de Educación para ser el coordinador de la campaña de Meade, como enlace con el estratega en jefe de la contienda presidencial, Peña Nieto, y la candidatura de Mikel Arriola, quien renuncia este jueves como director del Seguro Social, al Gobierno de la Ciudad de México. “Van por todo”, dijo uno de los políticos más experimentados en este país.

Ese grupo se formó en los años del ITAM, y sólo existe analogía con el equipo compacto que formaron en la Facultad de Economía en la UNAM los compañeros de salón en un proyecto piloto para estudiantes avanzados, que por sus características socioeconómicas llamaban “Los Toficos”, por los chiclosos que en sus comerciales remataban con la frase “¡uy qué ricos!”, que encabezaban Carlos Salinas, Manuel Camacho y Emilio Lozoya Thalman -padre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin-. Ellos tres se comprometieron a luchar por la Presidencia para uno de ellos. No se conoce pacto similar entre Videgaray y Meade, pero el respaldo recíproco en diferentes momentos ha sido de apoyo, protección y comportamiento de equipo, como el del trío de antaño.

La tríada puma llegó al poder y se rodeó de una generación de economistas de primer nivel, que al ser complementado por algunas figuras políticas en el gabinete -Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación, Carlos Hank González en Agricultura, Arsenio Farrell en Trabajo, y Fernando Solana en Relaciones Exteriores-, se le llegó a considerar, como describió el semanario londinense The Economist, un dream team. El de Peña Nieto ha quedado muy lejos de ser algo parecido, pero fuera del gabinete civil de seguridad y algunas posiciones para mexiquenses, el equipo para gobernaar lo decidió Videgaray con el Presidente.

Lo que está siendo diferente es que el equipo compacto durante el salinismo rompió desde la Presidencia lo que describió Luis González y González en “La Ronda de las Generaciones”, un grupo obtenía el poder a costa del otro, sabiendo este que al siguiente Gobierno volvería a adquirir fuerza y poder, y ahora se está haciendo lo mismo un año antes de que termine la administración peñista. Los cambios que se han dado en el gabinete y los que vienen en camino, como el relevo de Gerardo Ruiz Esparza en Comunicaciones por el ex subsecretario de Meade, Sergio Alcocer, y el nombramiento de Vanessa Rubio, que acompañó a Meade por tres secretarías en este Gobierno y se convirtió en una pieza funcional e incondicional de él, como Secretaria de Desarrollo Social en sustitución del compadre del Presidente, Luis Miranda, no son de manufactura químicamente peñista. Incluso en el reciente pasado, cuando Peña Nieto le dijo a Meade que tenía que dejar Desarrollo Social para irse a Hacienda y el Secretario le propuso como relevo a Rubio, le respondió que si era tan buena como decía, falta le haría en el nuevo encargo. Las cosas ahora son diferentes.

La implantación de un nuevo grupo de poder no se nota entre la opinión pública, pero dentro del Gobierno y del PRI se siente que es un proceso tan acelerado como brutal. “No está gustando”, dijo un Secretario de Estado que no pertenece al equipo tecnócrata, “que el candidato sea apartidista y que al hablar sobre Mikel, se resalte que también es apartidista. No se siente bien”. Otros priistas comentaron con cierta molestia que el código de vestimenta para el mitin del domingo en el PRI para el registro de Meade como candidato, subrayaba que fuera casual y de saco, contraviniendo la ropa que por años fue como respirar, la chamarra roja.

Despojar de una manera tan acelerada al PRI del PRI se está sintiendo como si el partido fuera lo que el año pasado su ex líder Manlio Fabio Beltrones llamó un “taxi” para candidaturas que recogieron delincuentes. Lo que se percibe es más grave que lo advertido. Toda una estructura puesta al servicio de no apartidistas, para un nuevo grupo que, de mantener el poder, probablemente lo primero que haga es deshacerse de los remanentes tricolores. Todo esto tiene que ver con un punto de alta relevancia: la cohesión en el partido. Si unidos la contienda es cuesta arriba, desunidos, 2006 será una broma comparada con 2018. Las fisuras en el PRI ante el advenimiento de este grupo ya están y podrán convertirse rápidamente en fracturas.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 07/12/2017 | 03:00 AM) 

EL ERROR DE LÓPEZ OBRADOR

Si quería captar la atención de la respetable opinión pública y la sociedad política, Andrés Manuel López Obrador lo logró con creces, aunque negativamente, por su declaración de que analizaría darle amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio de regresar la paz a las calles mexicanas. No ha habido nadie con autoridad moral o representatividad, salvo la secretaria general de Morena, Yeidkol Polevsky, que haya salido a defender o explicar las razones de López Obrador. Tampoco él tuvo los reflejos para enfrentar y salir de la avalancha que le cayó encima. En su propio portal no se registró la declaración que hizo el sábado en Guerrero, donde adelantó la propuesta que tanto daño le está causando. La errata comenzó a ser reconocida en casa, pero orgulloso, no la admite todavía.

Si quería López Obrador confrontarse con todos, comenzar a ser criticado por el simplismo de su propuesta y mofa en las redes sociales -donde circuló desde el lunes al mediodía un meme de Joaquín El Chapo Guzmán con la leyenda de campaña, “estaría mejor con López Obrador”-, este fue el mejor camino. Si quería seguir agraviando a las Fuerzas Armadas, fue el atajo más rápido. El Gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada, dijo el Secretario de la Marina, el almirante Vidal Soberón, porque sería convertir al Estado en parte de la delincuencia organizada. ¿Habrá pensado López Obrador que su propuesta convertiría a su eventual Gobierno en un delincuente?

López Obrador necesita corregir rápidamente su dicho y rechazar esa propuesta. Su autoridad moral como líder depende de ello y no puede refugiarse en su base electoral que es incondicional y a la que no le importa estar dentro de la ley o en la ilegalidad, o que sus dichos y ocurrencias le causen daño político a aspiraciones presidenciales, o lo descalifiquen como un aventurero que no entiende la complejidad de los temas de fondo. No puede jugar con su gradería que, en dos elecciones presidenciales, ha mostrado ser insuficiente para llegar al poder.

Desde el lunes varios analistas han mostrado lo inútil que ha sido esta medida en experiencias internacionales. Tiene una doméstica, emprendida por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en Michoacán, donde en 2013, con la finalidad de liquidar a Los Caballeros Templarios, armó grupos paramilitares denominados grupos de autodefensa civil con protección del Ejército y la Policía Federal, inspirados e infiltrados por los cárteles Jalisco Nueva Generación y de los hermanos Beltrán Leyva. Esas acciones representan el elemento más vulnerable que tiene el Presidente Peña Nieto para que pueda ser llevado a cortes internacionales acusado de genocidio. ¿Qué nadie le explicó a López Obrador aquél episodio que consideraría repetir, a nivel nacional, de ser Presidente?

Una línea de discusión en los medios comenzó, en cambio, a socializarse. Si López Obrador pllantea la amnistía para los líderes de los cárteles de las drogas, ¿no está buscando también financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial? Cercanos a López Obrador aseguran que es un disparate, pero al igual que las técnicas que él maneja, las percepciones se van construyendo hasta convertirlas en realidad. Para que una percepción cobre legitimidad -que no es lo mismo que legalidad o certeza-, debe haber elementos que la alimenten. López Obrador los tiene. Recientemente en Guerrero, donde hizo esa declaración, nombró como su coordinador de campaña al ex Alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, de quien se escribió en este espacio en febrero de 2007:

“¿Qué tanto se metió el Alcalde de Acapulco con los cárteles de las drogas? No hay acusaciones contra él a nivel federal, ni averiguación previa en marcha. Sí se tiene indicios en el Gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, de los dos cárteles que se disputan Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo, que encabezan los hermanos Beltrán Leyva y su socio Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas”.

Los nexos oscuros de López Obrador en Guerrero no le ayudan en absoluto. En 2006, Salgado Macedonio acumulaba 20 amenazas de muerte con vida y había bajado cerca de 30 kilos de peso por las angustias. Salvó su vida por la protección federal y porque los cárteles comenzaron su guerra de unos contra otros. Otro asociado a López Obrador en Guerrero es Lázaro Masón, que fue Secretario de Salud en el Gobierno de Ángel Heladio Aguirre, quien lo separó después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa por su relación con el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien presentó a López Obrador para que lo apoyara en su carrera política. Abarca está preso por aquél crimen, y se han ido recopilando evidencias que lo vinculan directamente con aquella desaparición y el asesinato de varios de esos estudiantes.

López Obrador va a seguir abriendo espacios para que lo critiquen o denuesten si no lo frena. Las analogías se van a trazar rápidamente con Venezuela, donde ya lo han estado equiparando con el finado Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, que han tenido conexiones con los cárteles de las drogas y crearon un incipiente narco Estado. Es claro lo que tiene que hacer el precandidato presidencial aquí: rectificar y establecer una postura contundente contra los criminales sin matices. O está a favor, o está en contra de los cárteles de las drogas. No hay más para dónde hacerse. Como es su comportamiento público, está entre el todo o el nada, sin nada en medio.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 06/12/2017 | 04:05 AM)  

LA PAX NARCA DE ANDRÉS MANUEL

De manera innecesaria, Andrés Manuel López Obrador, quien sería Presidente de la República si en estos momentos se realizaran las elecciones presidenciales, dijo estar abierto a analizar la propuesta de darle amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio que se comprometan con la paz. La propuesta no viene incluida en el proyecto de nación que dio a conocer en noviembre, pero no es algo que haya estado fuera de su cabeza durante algún tiempo. La diferencia es que, si en otros momentos parecía una más de sus ocurrencias, hoy, ante la inminente campaña electoral, se convierte en un arma. La más letal, en su contra, la disparó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que esa idea haría de México un narcoestado.

López Obrador tiene una lengua muy suelta, que como dice unas cosas, dice otras, y se corrige sin prurito alguno. Así sucedió con su propuesta de descentralizar las secretarías de Estado, que menos de 24 horas después rectificó y dejó en su lugar actual a dependencias como las que albergan las Fuerzas Armadas. Ya explicaría las razones de ese cambio, dijo para justificar su súbito cambio de señal, sin que hasta ahora haya aportado claridad sobre la marcha para atrás. Pero ahora, con la amnistía que propone para los líderes de los cárteles de las drogas, volvió a lastimar a las Fuerzas Armadas y, sobretodo, a los familiares de decenas de miles de víctimas de la cruenta lucha contra las bandas criminales.

No entiende mucho López Obrador del tema del narcotráfico, aunque critica de manera regular todo tipo de estrategia. No combatir al narcotráfico durante los primeros ocho meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, ignora, provocó el reforzamiento de los cárteles de las drogas y el inicio del fin de la inútil estrategia de seguridad en la administración, que en buena medida le costó la candidatura presidencial a su arquitecto, el Secretario de Gobernación. La propuesta de amnistía la acompaña de una estrategia integral que, si se excluye el perdón a criminales, es lo mismo que propuso el ex Presidente Felipe Calderón en 2009, y buscó concretar Peña Nieto desde el principio de su gestión. La única analogía con su propuesta es con Vicente Fox, quien la planteó como ex Presidente en 2011.

Lo preocupante no es la falta de novedad en sus ideas, sino lo reiterativo de su propuesta para perdonar criminales, que sugiere que no es una “locura”, como calificó presidente del PAN, Ricardo Anaya, sino una semilla que está floreciendo en su cabeza.

Alexia Incómoda, el nombre bajo el cual conversa una de las personas más informadas en seguridad y política que habitan el universo de Twitter, recordó el lunes, como contexto de los dichos de López Obrador, que esa propuesta la ha hecho a lo largo de todo el año, comenzando en Sinaloa, cuando la Marina realizó operativos quirúrgicos en contra de las bases de apoyo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y cuando en febrero sus comandos abatieron a Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado “El H-2”, quien era el jefe de plaza del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, enemistados con Guzmán y el Cártel del Pacífico desde 2008, en Nayarit. La historia del perdón a criminales por parte de López Obrador no es nueva. La idea de cómo se puede trabajar desde el poder con el narcotráfico, tampoco. Quizás, tampoco originalmente de él.

El pacto con los narcos desde el poder ha dominado los libretos más exitosos en la producción de telenovelas de Epigmenio Ibarra, director general de Argos Comunicación, que desarrollan las vinculaciones criminales con funcionarios de los tres niveles de gobierno. La historia de las narconovelas producidas por la empresa co-fundada por Ibarra en 1992, comenzó en 1996 con “Nada Personal”. En 2012 produjo “Infames”, que planteó la relación de los líderes del narcotráfico con una poderosa Secretaría de Hacienda, donde la mano derecha del titular era familiar de uno de los líderes. La más famosa de todas sus narconovelas es “El Señor de los Cielos”, que recrea la vida de Amado Carrillo, el jefe del Cártel de Juárez, y jefe de todos los barones de la droga, que acordaba con la Presidencia la pax narca, cuya primera temporada se transmitió en 2014. De ella se desprendió “El Chema”, en 2016, que recrea la vida de “El Chapo” Guzmán.

Ibarra, quien ha trabajado o estado cerca de López Obrador desde hace unos 15 años, es uno de los principales responsables del aparato de propaganda del precandidato presidencial, quien a través de sus redes sociales hizo virales temas como el movimiento #YoSoy132, o cruzadas contra Peña Nieto en el mundo virtual, como el aglutinado en el hashtag #RenunciaYa. Paralelamente, ha hecho a Peña Nieto responsable del “crimen de Estado” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Probablemente, vista la propuesta en este contexto, es Ibarra quien sembró en su cabeza la idea de amnistiar criminales.

López Obrador, en todo caso, es el responsable de sus palabras, al ser el diseminador y promotor de esta propuesta y pensar incorporarla a su proyecto de nación. Bien se vería México de concretarla: el Ejército y la Marina a los cuarteles; los jefes de los cárteles de la droga, asesinos de militares y policías, a las calles. La pax narca renacería bajo su gobierno. A menos que rectifique la propuesta.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 05/12/2017 | 04:04 AM)  

FINANCIERO ELECTORAL DE ODEBRECHT OPERÓ EN MÉXICO

Operador financiero de elecciones presidenciales en Latinoamérica fue quien depositó 3.1 mdd a cuenta ligada a Lozoya en días de la campaña de Peña Nieto; en años anteriores, que coinciden también con comicios, transfirió otros 6 mdd.

Olivio Rodrigues Júnior, experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales, fue el responsable de transferir 3.1 millones de dólares entre abril y junio de 2012 a una cuenta ligada a Emilio Lozoya, coordinador de vinculación internacional del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

El mismo personaje transfirió otros 951 mil dólares a una segunda empresa -también ligada a Lozoya- en tres depósitos realizados en noviembre de 2012, días antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de México.

Además, en años anteriores, que coincidieron también con comicios locales y federales, dos empresas offshore de Olivio habían transferido otros seis millones de dólares a una compañía fachada en Veracruz.

En las órdenes de depósito realizadas en bancos de Suiza y Liechtenstein –reveladas por la organización El Quinto Elemento- aparece el código “Gigolino” como el personaje responsable de ordenar los pagos a las empresas offshore Zecapan SA y Latin America Asia Capital Holding Ltd., que han sido vinculadas por ex directivos de Odebrecht con Lozoya.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a un expediente del Ministerio Público Federal de Brasil, en el que se revela que el código “Gigolino” corresponde a Olivio Rodrigues Júnior, el principal operador de Odebrecht en el extranjero, responsable de lavar dinero y transferir sobornos a políticos de toda Latinoamérica a través de 20 empresas offshore o ‘de papel’, afincadas en paraísos fiscales. Una de sus tareas era destinar fondos para fines electorales.

El caso más emblemático en el que estuvo involucrado fueron las transferencias millonarias al publicista Joao Santana, conocido como el “Creador de Presidentes”, quien encabezó con éxito las campañas de seis mandatarios en Brasil, Venezuela, El Salvador, República Dominicana y Panamá.

Joao Santana y su esposa Mónica Moura recibían los depósitos ilegales de Odebrecht a través de empresas offshore que controlaba Gigolino para encubrir así que el dinero era en pago a asesoría electoral.

Mediante este esquema de transferencias encubiertas fueron financiadas por Odebrecht entre 2006 y 2015 las campañas presidenciales de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, Mauricio Funes en El Salvador, Hugo Chávez en Venezuela y Domingo Arias en Panamá, según consta en expedientes judiciales consultados para esta investigación.

Orden de pago realizada por Gigolino, código que utilizaba Olivio Rodrigues, para transferir 500 mil dólares de una cuenta del Meinl Bank de Antigua –propiedad de Odebrecht- a otra cuenta en el banco suizo Gonet & Cie, a nombre de Latin America Asia Capital Holding, que según delatores en Brasil, está ligada a Emilio Lozoya. La transferencia se realizó en mayo de 2012, en plena campaña presidencial.

ENCUBRIÓ PAGOS ELECTORALES

Gigolino fue condenado el 26 de junio de este año en Brasil por lavado de dinero. En la sentencia el juez Sergio Moro detalló que Gigolino y/o Olivio Rodrigues utilizaba la estructura offshore para ocultar financiamiento electoral, en concreto en el caso de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras.

“El lavado encubrió la utilización del producto de corrupción para remuneración de servicios electorales, con afectación de la integridad del proceso político democrático, lo que considero especialmente reprochable”, anotó Moro en la sentencia, de la cual MCCI tiene copia.

“Tal vez sea ésta, más que el enriquecimiento ilícito de los agentes públicos, el elemento más reprobable del esquema criminal de Petrobras, la contaminación de la esfera política por la influencia del crimen, con perjuicios al proceso político democrático. El lavado de alta cantidad de dinero, con grado de sofisticación, y teniendo como consecuencia la afectación del proceso político democrático merece reprobación especial”.

Klienfeld, una de las empresas offshore que controlaba Gigolino desde la isla de Antigua, transfirió 3 millones de dólares entre 2012 y 2013 a Joao Santana, el publicista de presidentes en al menos cinco países.

Investigación de la Policía Federal de Brasil en la que se reveló que la identidad del operador secreto de Odebrecht que utilizaba el código Gigolino, corresponde a Olivio Rodrigues Júnior.

TRANSFERENCIAS EN MÉXICO

Dos empresas offshore de Gigolino fueron utilizadas para pagos en México en años que coinciden con elecciones.

Se trata de Innovation Research Engineering and Development (IREAD), afincada en la isla de Antigua, y Constructora Internacional del Sur, ubicada en Panamá, que entre 2009 y 2012 transfirieron más de 9 millones de dólares a cuentas ligadas a funcionarios o políticos mexicanos.

MCCI obtuvo documentos que demuestran que ambas empresas offshore eran controladas por Gigolino.

Un expediente del Ministerio Público de Brasil, fechado el 30 de agosto de 2017, incluye copias certificadas obtenidas mediante pedidos de cooperación jurídica internacional con los gobiernos de Panamá y Antigua, en las que consta que el accionista principal de las mencionadas empresas y titular de sus cuentas bancarias era Olivio Rodrigues Júnior.

IREAD, una de las empresas ‘fachada’ de Gigolino, fue la que transfirió 3.1 millones de dólares a una cuenta de Latin American Asia Capital Holding entre abril y junio de 2012, que corresponde al periodo de campaña de Peña Nieto, de acuerdo con los estados de cuenta obtenidos por MCCI.

La misma empresa offshore había sido utilizada en 2010 para transferir casi un millón de dólares a una compañía fantasma establecida en Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss Company SA de CV, detrás de la cual opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, según constató MCCI. Este traspaso de fondos se realizó en los días posteriores a la elección de Gobernador.

Otra firma controlada por Gigolino, de nombre Constructora Internacional del Sur, transfirió entre 2009 y 2010 más de 5.1 millones de dólares también a Blunderbuss de Veracruz, de acuerdo con documentos en poder de MCCI.

Los primeros depósitos de esta compañía fueron en junio de 2009, unos días antes de las elecciones federales de aquel año, y el dinero siguió fluyendo en 2010, cuando hubo en Veracruz comicios locales.

Sentencia contra Olivio Rodrigues Júnior, ‘Gigolino’, el operador de los pagos en el extranjero de Odebrecht. El juez Sergio Moro consideró en su sentencia que el lavado de dinero encubrió la utilización del producto de corrupción para remunerar servicios electorales.

OTRA INTERMEDIARIA EN ESCOCIA

En el listado de 20 empresas offshore que manejaba Olivio Rodrigues estaba Grangemouth Trading Company LP, creada el 15 de marzo de 2013 en Edimburgo, Escocia, y que fue utilizada como intermediaria en más depósitos realizados a Zecapan y a Latina America Asia Capital Holding, cuando Lozoya ya era director de PEMEX.

En 5 órdenes de pago realizadas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 aparece la offshore escocesa como la intermediaria en los pagos realizados por Odebrecht por 5 millones de dólares, que corresponderían a un supuesto soborno por una obra de Pemex en Tula, según han acusado delatores en Brasil.

El Quinto Elemento Lab difundió el miércoles un video en el que el ex director del departamento de sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, asegura que un intermediario, de nombre Rodrigo Tacla Durán –actualmente preso en España- era el beneficiario de la offshore, quien recibía el dinero a nombre de Lozoya, en una cuenta del banco HSBC en Mónaco.

Tacla Durán –al igual que Olivio Rodrigues- era intermediario de Odebrecht en el extranjero, y según la investigación en Brasil, llegó a manejar 12 empresas offshore en paraísos fiscales.

Las transferencias realizadas en 2012, a una cuenta en Suiza ligada al entonces coordinador de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, salieron de una cuenta en el Meinl Bank de Antigua a nombre de la empresa offshore Innovation Research Engineering and Development Ltd.

EL CÓDIGO SECRETO

Una investigación de la Policía Federal de Brasil detalla que los hermanos Olivio y Marcelo Rodrigues prestaban servicios al conglomerado de Odebrecht como operadores financieros encubiertos, en particular para la División de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de sobornos.

“Para disimular sus actividades ilícitas, Olivio utilizaba el código GIGO o GIGOLINO, mientras que Marcelo Rodrigues utilizaba el de GIGINHO”, asegura el informe policial.

En un cateo realizado a la residencia de la contadora de la oficina de sobornos de Odebrecht, María Luisa Tavares, la Policía de Brasil encontró en una libreta las anotaciones con las claves secretas de los hermanos.

En la misma libreta había anotaciones que confirmaban que Olivio y su hermano poseían poder de gestión sobre cuentas bancarias a nombre de Klienfeld Services, la empresa offshore que fue utilizada para disimular la transferencia de recursos ilícitos de Odebrecht a los publicistas Joao Santana y su esposa Mónica Moura, quienes coordinaron campañas presidenciales en al menos cinco países.

En la sentencia del juez Sergio Moro se mencionan antecedentes de Olivio Rodrigues, que permiten ubicar la importancia que este personaje tenía en la estructura criminal de Odebrecht.

Su primera responsabilidad en esta red fue como director de una casa de cambio en Brasil que lavaba dinero de Odebrecht y de dos personajes clave en la operación Lava Jato (Leonardo Mirelles y Alberto Youseff).

Junto con su hermano Marcelo, controlaban una red al menos 20 empresas offshore utilizadas para operaciones financieras encubiertas de Odebrecht en el extranjero.

Según la confesión de Olivio, cada semana recibía órdenes de directivos de la Oficina de Sobornos de Odebrecht (llamada División de Operaciones Estructuradas) de los pagos que debía hacer a funcionarios o políticos de distintos países, vía transferencias electrónicas de cuentas bancarias que estaban a nombre de las empresas offshore que él controlaba.

“El dinero era cien por ciento de Odebrecht”, declaró ante el juez Sergio Moro en el proceso que se siguió en su contra por lavado de dinero.

El Juez destacó que en su colaboración Olivio aportó información y pruebas relevantes que permitieron desmantelar un gran esquema criminal.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ RAÚL OLMOS/ MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN/ REDACCIÓN AN/ DICIEMBRE 13, 2017 9:01 AM)

LOS 14 PUNTOS DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, QUE PREOCUPAN A LA ONU

Señala que se favorece "la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley" en México.

Foto: Salvador Cisneros/ CuartOscuro

La Ley de Seguridad Interior, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y que está en vías de ser analizada por el Senado, contiene puntos que preocupan a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En una carta del representante en México del Alto Comisionado, Jan Jarab, señala a los senadores 14 de esos puntos, como la “ambigüedad de conceptos”, la “violación al principio de necesidad”, el “papel indebido de las Fuerzas Armadas” y el “sometimiento de la autoridad civil al mando militar”.

Así mismo, subraya la “ausencia de controles”, la “ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones”, la “indebida regulación del uso de la fuerza”, la “indebida protección y garantía de los derechos humanos”, además de las “afectaciones a la protesta social” y la “ausencia de transparencia”.

También anota la “lesión a la autonomía”, la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad”, el “ámbito de excepción del derecho procesal administrativo” y la “ausencia de explicitud de los principios rectores”.

Cada uno de ellos es explicado en un documento anexo. Por ejemplo, se expone que “el Presidente de la República podría en determinados supuestos ordenar acciones bajo el amparo de la ley sin estar sujetas a temporalidad alguna o a un marco de actuación determinado, lo que favorecerá la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley”.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/DICIEMBRE 4, 2017 4:30 PM)