“BALCONEAN” EN REDES SOCIALES A PARTICIPANTES DE LA RAPIÑA EN LOS CABOS

Se espera el número de fotografías exhibidas en la página aumente conforme incrementen las zonas con el servicio eléctrico ya reestablecido.

Los Cabos Baja California Sur.- Con casi 7 mil “likes”, la página de facebook “Traidores de Cabo” se ha convertido en un foro de denuncia ciudadana en el que usuarios de la red social suben fotografías de personas capturadas infraganti al momento de sustraer artículos de alguna de las tiendas que fueron víctimas de la rapiña pocas horas después del paso de Odile.

Hasta el momento se han publicado poco más de cien fotografías que dan cuenta de diversos tipos de saqueo: los de comida, que han dividido la opinión ciudadana (¿es correcto robar comida?) o los que a todas luces se llevaron artículos que no son de primera necesidad: pantallas de plasma, reproductores de música, videos, aparatos para hacer ejercicio, refrigeradores y hasta lavadoras.

En muchas de las fotografías se incluyen números de placas vehiculares así como números telefónicos y hasta el domicilio del ladrón. Diariamente, se suben decenas de fotografías reportando a quienes participaron en los saqueos del 15 y 16 de septiembre, de igual manera en los comentarios se han dado debates entre quienes defienden a los saqueadores y llaman “falsos” y “con doble moral” a quienes denuncian y se dicen indignados por estos hechos.

Se espera el número de fotografías exhibidas aumente conforme incrementen las zonas con el servicio eléctrico ya reestablecido.

(PENINSULAR DIGITAL/ Redacción/ 28/09/2014)

GISELA PERAZA... Y LA JUSTICIA QUE NO LLEGA

En proceso irregular, Gisela Peraza purga condena por robo

   

Tres años después de que Gisela Peraza Villa fue encarcelada, torturada y acusada de robar dinero y joyas a la familia del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se encuentra como al principio: acusada sin pruebas y en espera de que termine el sexenio del mandatario estatal, pues tanto ella como su familia consideran que ése es el plazo para que salga de prisión.

A casi un año de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera al gobierno estatal la recomendación 54/2013 por la tortura a la que fue sometida Gisela por elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) a fin de obtener su confesión, el proceso se ha repuesto pues estaba plagado de irregularidades.

Padrés y su esposa acusaron a Peraza Villa de robar 450 mil pesos en efectivo y 250 mil en joyas. 

Sin haber acreditado una sola de las acusaciones, a Gisela se le dictó sentencia de cuatro años de prisión, sin ningún beneficio y sin derecho a fianza.

La sanción quedó sin efecto por apelación y se ordenó la reposición del proceso judicial dadas las anomalías en las que incurrieron principalmente los elementos de la PEI que dependen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

El pasado 19 de junio Gisela fue trasladada a San Luis Río Colorado, Sonora, en la frontera con Estados Unidos, a 804 kilómetros de Hermosillo, la capital del estado.

No hubo explicación alguna del traslado y sólo ante la insistencia de la familia se dijo que “por su seguridad” (de Peraza Villa). Para el pasado 19 de septiembre, tres meses después, le informaron que se concedió el amparo que interpuso por lo que la traerán en cualquier momento al Centro de Readaptación Social Femenil (Cereso) de Hermosillo.

En la recomendación de la CNDH del 31 de octubre de 2013 quedó asentado cómo y quiénes torturaron a Gisela Peraza con el fin de que se confesara culpable del delito de robo. No obstante, ella ha sostenido que desconoce el supuesto robo en la casa del gobernador de Sonora.

Empleada de toda la confianza de la familia Padrés Dagnino, Gisela Peraza Villa vivió arraigada en un hotel local, sin atención médica pese a presentar signos de haber sido golpeada, pateada, y violentada psicológicamente al igual que el encargado de la seguridad de la Casa de Gobierno, con quien supuestamente cometió el delito.

La CNDH establece que intervino en el caso ante la queja de la familia, pues su homóloga, la Comisión estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), había determinado que no hubo tortura.

Aunado a lo anterior, la CNDH describe en su recomendación cómo encontrándose en el penal de Huatabampo, Sonora, el 22 de septiembre de 2011, para entrevistar a personal y a la interna Villa Peraza, la directora del mismo en forma violenta retiró a los visitadores y les arrebató la cámara de video con la que grababan los testimonios.

PESADILLA

El arraigo de Gisela terminó el 2 de junio de 2011; luego fue trasladada al Cereso Número 1 de Hermosillo donde permaneció dos días y fue golpeada.

En entrevista, Delma Peraza Villa, hermana de Gisela, contó que en esos días la dejaron sin su vestimenta, sin zapatos y le dieron ropa trozada que no era de ella.

Las autoridades carcelarias no permitieron a la familia ver a Gisela, pues ella “necesitaba adaptarse al Cereso”, según les dijeron.

Luego la familia supo que Peraza Villa había sido llevada al penal de Huatabampo. Entonces sus familiares recordarían la sentencia que la señora Padrés le dijo a Gisela cuando ocurrió la retención inicial (ilegal, según la CNDH) en la Casa de Gobierno: “Te voy a mandar a la cárcel más lejana para que no te puedan ir a visitar”.

En su recomendación la CNDH estableció: “(Gisela Peraza Villa) sufrió una retención ilegal, toda vez que no fue puesta a disposición de la autoridad ministerial hasta aproximadamente ocho horas después de su detención”.

Un año después y otra vez sin explicación alguna fue trasladada al Cereso Número 1 de Hermosillo, al tiempo que se le dictó sentencia de cuatro años de prisión por el delito de robo simple.

El pasado 19 de junio fue llevada al penal de San Luis Río Colorado, de lo cual la familia se enteró por una compañera interna que les soltó: “Se llevaron a tu hermana”.

Según dijo la familia, ese día Gisela iba a ser visitada por la CNDH. Consideraron que fue trasladada para impedir que hablara con los visitadores del organismo. La sentencia de cuatro años de prisión coincide con el término del sexenio del actual gobernador de Sonora.

Al jefe de seguridad de la Casa de Gobierno, Roberto Munro, le han tomado tres declaraciones. En la primera dijo que ambos robaron el dinero; en la segunda que fue él solo, y en la tercera que ninguno de los dos robó, pero que confesó presionado por la tortura.

Ahora, por recomendación de la CNDH, Gisela recibe terapia psicológica. La familia ha hecho gastos que no haría en toda su vida para poder apoyar a su hermana.

Son tres los abogados que han llevado el caso, pues los dos primeros recibieron amenazas para que dejaran el caso. Por todo eso, Gisela ha concluido: “Yo no voy a salir de aquí mientras el señor (Guillermo Padrés Elías) no salga del gobierno”.

(DOSSIER POLÍTICO/  Silvia Nuñez Esquer / 2014-09-28)

SE CULPA SERAFÍN ZAMBADA: PRETENDE NEGOCIAR UNA PENA MENOR

El caso contra Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael el Mayo Zambada, dio el viernes pasado un vuelco inesperado, al declararse culpable de cargos por introducir cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos.

De acuerdo a la fiscalía estadounidense, Zambada Ortiz aceptó conspirar con terceros para comprar más de 100 kilos de cocaína y mil kilogramos de mariguana en Centroamérica, y llevarlos de contrabando a Culiacán, Sinaloa, México, desde donde posteriormente buscó la manera de introducirlos a Estados Unidos por el área de Caléxico, California.

El hijo de uno de los capos más buscados del mundo, detalló cómo él y otros preparaban la droga para su transportación desde la capital sinaloense hasta los Estados Unidos, y posteriormente proveerla a gente a su servicio para la venta del enervante en el Distrito Sur de California.

En el acuerdo, Zambada Ortiz accedió a entregar 250 mil dólares de las ganancias obtenidas por el narcotráfico, sumándose así a la larga lista de narcotraficantes que cede parte de sus ganancias al gobierno de Estados Unidos a cambio de una “sentencia justa”, como fue el caso de Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Vicente Zambada Niebla, Francisco Javier Arellano Félix, entre otros.

“Su declaración de culpabilidad es un paso adelante en nuestros esfuerzos para desmantelar el sindicato del crimen más poderoso de México”, dijo la fiscal del sur de California, Laura Duffy.

“El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones del narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo. No vamos a parar hasta que la hayamos desmantelado por completo”, enfatizó la fiscal en un comunicado de prensa.

La jueza Sabraw dijo que Zambada Ortiz sería sentenciado el 22 de mayo de 2015, y de acuerdo al código penal estadounidense, se espera una pena que iría de la mínima de 10 años de prisión, hasta la pena máxima que es cadena perpetua.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no reveló qué otros acuerdos tuvieron con la defensa de Zambada Ortiz y la fiscalía estadounidense, como tampoco se explicó del cambio tan repentino por parte del acusado, aunque según los acuerdos que se hacen en este tipo de situaciones, Zambada Ortiz podría ser testigo en casos contra narcotraficantes sinaloenses encarcelados en Estados Unidos, y uno de sus primeros careos podría ser, incluso, contra José Rodrigo Aréchiga el Chino Ántrax, brazo ejecutor del cártel de Sinaloa, quien también enfrenta cargos en el mismo juzgado del Distrito Sur de California donde será sentenciado Serafín.

Luego del arresto de Serafín Zambada, en noviembre del año pasado, el Chino Ántrax fue detenido cuando viajaba de la ciudad de México a Ámsterdam, en un vuelo comercial.

“Este caso no tiene nada que ver con el Chino Ántrax, sino es de Serafín, y nosotros consideramos que es un buen muchacho, es joven, es padre de familia, tiene un diploma universitario, y realmente no ha hecho nada comparado con otros criminales, y merece otra oportunidad”, dijo su abogado Saji Vettiyil.

Con esta aceptación de culpa, Serafín finalmente optó por seguir los pasos de su hermano Vicente Zambada Niebla, encarcelado en una prisión de mediana seguridad en Michigan, quien este año también se declaró culpable, luego de tres años de haberle declarado la guerra al gobierno de Estados Unidos.

Apenas, el pasado 15 de septiembre había sido su audiencia preliminar, aunque ésta fue pospuesta a solicitud de la defensa bajo el argumento de “necesitar más tiempo”.

La jueza Sabraw reprogramó la audiencia para el próximo 5 de diciembre, en una corte federal del Distrito Sur de California, en el centro de San Diego.

Zambada Ortiz fue arrestado por agentes del ICE y de la DEA el pasado 20 de noviembre de 2013, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos por Nogales Arizona, luego de una investigación encubierta que desde principios de 2011, desarrollaban agentes de la DEA.

De acuerdo a documentos del USDOJ, Serafín enfrentaba tres investigaciones pendientes en Estados Unidos, y estaba ligado al menos a otros 12 acusados, aunque en los documentos no se mencionan nombres de esas personas.

Serafín Zambada nació en San Diego California.

(RIODOCE/ MIGUEL ANGEL VEGA/ Septiembre 28, 2014)

CONDECORADOS

Los militares vieron el maizal tupido y con elotes listos para ser cosechados. Iban en dos patrullas y el jefe le dijo al chofer de la que iba adelante: deténgase. Se bajó de la camioneta y se dirigió al plantío. Los elotes erguidos, apuntando al cielo, ofrecidos, envueltos en esas verdes hojas como un regalo incitante que espera ser desempacado.

Tomó dos. Uno en cada mano, pesándolos. Hacia arriba y hacia abajo, con ligeros movimientos de sus brazos. Se antojan, dijo. Peló parcialmente uno y lo mordió. Con un ademán invitó al resto a que hicieran lo mismo. Pelaron, mordieron, saborearon, acopiaron para llevarse unos cuantos que luego fueron varias decenas.

Las cajas de las patrullas tenían el tapiz verde fresco de los elotes recién arrancados. Uno más y otro y otro y otro. Penetraron los muros de plantas. Parecían orugas disciplinadas, avanzando, recolectando, expropiando el territorio ese y venciendo el maizal y sus frutos. Inspirados, cortaron y cortaron y cortaron. Ya estaban a quince pasos del camino vecinal, donde los esperaban las camionetas verde olivo. Habían avanzado silentes, crujiendo apenas algunas ramas y aplanando los surcos con esas góndolas de cuero que vestían sus pies. Fue así que en ese ir y venir escucharon.

Voces queditas. Voces como ecos. Voces lejanas, de esas que arropa el viento. Hicieron señas. Un puño, los dos dedos del capitán apuntando sus ojos: exhibición de medidas de seguridad y prevención. Dejaron de cortar y morder y de avanzar con torpeza. Levantaron sus fusiles hasta abdomen, pecho y hombros. Metros adelante, no muchos. Siete hombres jóvenes, con aspecto de rancheros y desarrapados, cuidaban un plantío de mariguana, entre las espigadas matas de maíz. Traían armas pero no todos. Un ruido, un movimiento, una silueta. Algo los delató y los dos grupos se tuvieron de frente, y empezaron los chingazos. Disparos por allá y por acá. Ráfagas. Detonaciones separadas por silencios de adrenalina. Gritos, tracatera y corredera.

Alguien dijo alto el fuego. Tres hombres estaban en el suelo, boca abajo. Uno de ellos tenía la bota de un militar sobre la espalda. Cuatro armas decomisadas y unas trescientas plantas de yerba de follaje tupido, tipo cronic. El área fue asegurada y el mando recibió el reporte de dos patrullas que recorrían la zona y que en actividades de reconocimiento fueron agredidos.

Mi comandante. Los efectivos íbamos realizando labores de vigilancia y reconocimiento en la zona. Vimos gente sospechosa y antes de que pudiéramos darnos cuenta ya nos estaban disparando. Dos semanas después, en ceremonia, los soldados fueron condecorados. No dijeron en sus informes que todo empezó porque estaban robando elotes.

(RIODOCE/COLUMNA MALAYERBA DE JAVIER VALDEZ/ EPTIEMBRE 28, 2014)

MALOVA’ Y VIZCARRA: MAL DE SOBERBIA

En realidad no podía decir otra cosa: era una respuesta de librito, como esas jugadas del béisbol que, si no las haces, corres el riesgo de perder el juego y la chamba. El gobernador dijo que no fue invitado al evento de Jesús Vizcarra, donde estuvo el secretario de Agricultura, porque fue un acto privado, de amigos, entre ellos, y que eso no le afecta, que sigue trabajando para Sinaloa.

La verdad es que el Gobierno estatal, en todos los círculos desde el gobernador y su grupo compacto, hasta el que barre las escaleras, se cimbró con la actitud del empresario y el desprecio por los que le ganaron la gubernatura en 2010.

En los niveles de abajo, muchos hasta festinaban el agravio y pronosticaban desenlaces si Jesús Vizcarra llegara a ser gobernador. Pero otros, a los de mero arriba, les sudaban las manos de nerviosismo.

Hay mucho miedo en ciertos círculos malovistas, y algunos no lo ocultan. Están seguros de que, si se diera el caso, habría una persecución implacable y el empresario recién galardonado por el presidente Enrique Peña Nieto, sí haría lo que Mario López Valdez nunca se animó.

No es posible saber qué pasará. Falta mucho tiempo para que se definan las cosas del 2016, si Vizcarra será o no candidato y, si lo es, menos es posible saber si ganaría la elección.

Lo que debería preocupar a los sinaloenses es el presente, pues a la vuelta de cuatro años, los enconos entre Mario López Valdez y Jesús Vizcarra —y en muchos malovistas y vizcarristas— se mantienen como estaban semanas después de que pasó la elección.

No se hizo política, eso es evidente, y aquí la mayor responsabilidad era de López Valdez, porque es el gobernador. A él, y a nadie más, tocaba abrir puertas y ventanas para que la inquina y el odio que quedaron después de aquel 4 de julio se disiparan. No lo hizo y, por el contrario, se burló, siguió bailando sobre la frustración de los otros, amenazó y desplazó de la estructura del Gobierno todo lo que tuviera el tufo de Vizcarra. Todo creyendo que el poder era eterno.

Malova despreció la oportunidad de mostrarse como un hombre de política y prefirió hacerla de bufón de carpa. El tiempo que tenía para tender puentes, no solo con Vizcarra sino con el grupo que lo rodeaba y lo rodea, incluyendo al ex gobernador, Jesús Aguilar Padilla, lo dedicó a hacer creer que él podía solo con el paquete de gobernar, incluso sin estar afiliado a ningún partido.

Tarde se ha dado cuenta López Valdez que el poder no es eterno y que, en su caso, ha sido instantáneo. Malova, ya se demostró con la descortesía de Enrique Martínez y Martínez, no tiene asideros firmes en el Gobierno federal, el CEN del PRI lo ha emplazado a mantener distancia de los procesos electorales que se avecinan y sectores importantes del PAN estatal y nacional le han dado la espalda. Por si esto fuera poco, buena parte de su gabinete ya está pensando a dónde irse con cualquier pretexto. Y todavía no termina el cuarto año de su administración.

Por lo que toca a Jesús Vizcarra, si piensa que actitudes como la que tuvo al no invitar más que a sus “amigos” a la inauguración de las oficinas corporativas de Sukarne, le ayuda a construir una alternativa atractiva de Gobierno, se equivoca. Con ello confirmó —ya lo había demostrado en Mazatlán cuando no se despidió del gobernador— que sus heridas no han sanado, que guarda rencor por los que lo derrotaron en las urnas y que la venganza gravita entre sus prioridades en Sinaloa. Y eso no le traerá simpatías en sectores importantes de la entidad, que lo que quieren son condiciones para crecer, no vendettas.

Trae todo el apoyo del presidente de la República, es cierto, pero las sombras que entorpecieron su llegada a la gubernatura hace cuatro años siguen allí, son como tatuajes indelebles. Y, en todo caso, seis años después, la pregunta sería la misma “¿Es o no compadre de Ismael Zambada García?”.

Al final, los dos pecan de un defecto que debiera ser veneno para los políticos: la soberbia. Uno ya le hizo demasiado daño a Sinaloa. Y no están las cosas para que los electores se vuelvan a equivocar.

BOLA Y CADENA

OTRA DE LAS COSAS QUE declaró el gobernador López Valdez esta semana que pasó, es que nadie ha adelantado los tiempos electorales. Y no habla de los que conciernen al 2015, cuando habrá elecciones federales, sino del 2016, cuando se buscará a su sucesor. Pues resulta que el que los adelantó es el mismísimo presidente Peña Nieto en Mazatlán, muy al estilo del mochitense, entre chiste y chiste. ¿Ya se le olvidó, gobernador?

SENTIDO CONTRARIO

EL SENTIDO COMÚN DIRÍA QUE, ante la posibilidad de que alguien del PRI llegue a la gubernatura para el próximo periodo, los funcionarios solitos se van a amarrar las manos, limpiarán la casa y tratarán de tener todo en orden. Pero el tema de los dos hospitales que se quieren construir mediante el sistema de las Asociaciones Público-Privadas habla de lo contrario. Allá ellos.

HUMO NEGRO

LA RESPUESTA DE Gerardo Vargas Landeros a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el derecho que tienen las personas del mismo sexo para unirse en matrimonio, advierte de qué líneas de mando han salido tantas burradas legales, el artículo 51 bis entre ellas. La SCJN es la máxima autoridad para estos litigios y a las entidades públicas solo les toca acatar sus resolutivos. Decir que el tema debe pasar antes por quienes conforman el grupo de los Compromisos por Sinaloa, es babear sobre la Ley.

(RIODOCE/  Columna Altares y Sótanos de Ismael Bojórquez/ septiembre 28, 2014)

JUZGADOS BAJO SOSPECHA

Libera poder judicial a quienes fueron presentados como grandes capos

Autoridades judiciales están bajo sospecha, investigadas o sancionadas, luego de haber liberado a presuntos líderes o capos del narcotráfico en el país. En la lista de beneficiarios de estos fallos del Poder Judicial están Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Jalisco; Sandra Ávila, a quien llaman Reina del Pacífico, e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa y actualmente preso en el penal del Altiplano, Estado de México.

El caso más reciente es el de Martín Alejandro Beltrán Coronel, apodado el Águila, sobrino de Ignacio Coronel, quien fue uno de los principales jefes del Cártel de Sinaloa y fue abatido a tiros durante un enfrentamiento en julio de 2010, en Zapopan, Jalisco, con elementos del Ejército Mexicano.

Beltrán Coronel fue aprehendido el 12 de mayo en Guadalajara, dentro de un inmueble. Los uniformados llegaron al lugar e ingresaron para detenerlo, a pesar de que no tenían orden de cateo. Ese fue uno de los factores que permitieron su liberación.

Un día después de su detención, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) presentó a Martín como un delincuente de alto nivel y sucesor de Nacho Coronel. Informó además que el Águila mantenía subordinados el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Resistencia, quienes tenían sus bases de operación en los estados de Jalisco y Colima.

La Judicatura federal informó a través de un comunicado que el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales de Jalisco dictó la sentencia absolutoria al operador del Cártel de Sinaloa al estimar que no se probó el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero. Este fallo forma parte de la causa penal 303/2011.

Además, absolvió del delito de lavado a sus acompañantes y presuntos cómplices, entre ellos Rita Angélica Terrazas Avilés, la Gely; Jennifer Lissete Castolo Cruz, la Yuli; Juan Francisco López Coronado, el Cachondo, y Edgar Filemón Corrales Gaxiola.

La PGR no demostró que Beltrán Coronel fuera parte de un cártel del narcotráfico, debido a que la fuente de estas imputaciones eran testigos protegidos de baja probidad.

“Las declaraciones de diversos testigos colaboradores, que se tomaron en cuenta para acreditar la probable responsabilidad en el auto de formal prisión, fueron desvirtuadas por las pruebas que se desahogaron en la etapa de instrucción del proceso penal federal, estimando que las manifestaciones primigenias rendidas ante el MP integrador se consideraron faltas de probidad y credibilidad”, argumentó el juez.

Además, “se concluyó que las diligencias practicadas con motivo de la intromisión aludida, resultaron ilegales y como consecuencia carentes de valor probatorio”.

BAJO LUPA

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció que se revisará la actuación de los servidores y exservidores públicos que llevaron el asunto de Martín Alejandro Beltrán Coronel.

Entrevistado por los reporteros, luego de la clausura del foro Sumemos Causas, el funcionario federal advirtió que en caso de encontrarse irregularidades se procederá en contra del titular de este juzgado.

En junio de 2012, el Consejo de la Judicatura Federal decidió suspender al magistrado en materia penal, Jesús Guadalupe Luna, para que se le investigue ante posibles “conductos irregulares”, ya que en 2008 ordenó la liberación de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

“La decisión se adoptó como una medida cautelar temporal que no prejuzga, pero que permitirá continuar con las investigaciones que están en curso, y que se llevan a cabo por separado, en torno a la posible comisión de conductas irregulares”, señaló la institución, a través de un comunicado.

Además, el magistrado Luna Altamirano ordenó un año antes la libertad de Arturo Culebro Arredondo, un presunto colaborador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, a quien la PGR lo acusaba de incurrir en el delito de lavado de dinero. Este magistrado también avaló la absolución de Sandra Ávila Beltrán, llamada Reina del Pacífico, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes históricos del narcotráfico en México y a quien se le ubica como mando del Cártel de Sinaloa, su orden de libertad, dictada en agosto de 2013, luego de que un tribunal local determinó que debería haber sido juzgado a nivel estatal y no bajo cargos federales.

El fallo fue revocado por la Corte Suprema de México tras su desaparición. Caro Quintero también fue procesado por el secuestro y homicidio de Camarena por un gran jurado federal de Los Ángeles en 1991 y su liberación provocó airados reclamos del gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Ahora, una nueva orden de arresto fue dictada por autoridades mexicanas en contra de Rafael Caro Quintero.

(RIODOCE/  Javier Valdez/ septiembre 28, 2014)

NIEGA SEMARNAT PERMISO PARA PRESA EN SINALOA

Sin licitación, se pagaron 10 millones del megacrédito para el proyecto Elota-Piaxtla… que no es viable

Nelda Ortega/Mazatlán

El anuncio lo hizo en noviembre del 2009 el ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, durante una gira de trabajo en Casas Viejas, Elota, donde se jactó de haber resuelto lo básico. “Vayamos ahora por las grandes obras”, dijo, refiriéndose al proyecto Elota-Piaxtla.

Las obras proyectadas en este proyecto son la presa derivadora Las Juntas, la Ixpalino, una red principal con una longitud de 113.4 kilómetros conformada por un ducto cerrado de concreto y 9.15 kilómetros de diques y sifones principalmente, además de obras complementarias de drenaje, caminos y cárcamos.

A casi cinco años de distancia, y con una inversión de casi nueve millones de pesos, el gobierno estatal, ahora con Mario López Valdez al frente, tiene un proyecto inconsistente y rechazado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La cifra que el gobierno del estado pagó por la elaboración del proyecto fue de 8 millones 993 mil 786 pesos, cantidad justificada en la página del Consejo Ciudadano en la que se publica que se asignaron 10 millones de pesos, “de los cuales 8.9 millones ya están contratados, por asignación directa, a José Marco Murillo Ruiz” y corresponden al mega crédito adquirido por el ejecutivo estatal.

José Rosendo Castro Amarillas, integrante de la institución de asistencia privada “Bosque a Salvo”, declaró que la información del Consejo Ciudadano alertó a los ambientalistas y académicos para solicitar ante la federación una consulta pública.

Expuso que de todas las opiniones técnicas solicitadas para validar el proyecto, Ayuntamientos, Organismos Ambientales y dependencias federales coincidieron ante la SEMARNAT que no debería de aprobarse por el negativo impacto ambiental que tendría, mientras que gobierno del estado y la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dieron su opinión favorable.

En el resolutivo que emite la SEMARNAT se indica que durante la consulta pública se recibieron cuatro solicitudes: la de Castro Amarillas, Jesús Alberto Humarán Lizárraga y Tomás de Jesús Vega Martínez como miembros de la comunidad de Culiacán y San Ignacio.

A nombre de las organizaciones Cuerpo Académico “Ciudad y Región”, “Bosque a Salvo” y la Unidad Académica de la Escuela de Biología de la UA, se presentaron 23 puntos en los que se destaca que la cuenca hidrológica del río Piaxtla cuenta con veda superficial vigente y aprobada por la propia CONAGUA.

Asimismo, que se afectará la integridad del flujo hidrológico del ecosistema y su zona de influencia, zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación de alevinaje e interacciones, y provocará cambios en las características y servicios ecológicos que provee el ecosistema, todo esto no descrito en el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Regional.

Castro Amarillas detalló que en la consulta pública se expuso, entre otras, que las acciones propuestas son insuficientes para remediar los impactos que sufrirán las poblaciones de especies de gran valor, por lo que propusieron para compensar las afectaciones, señalar con exactitud un área de superficie similar a la afectada con un presupuesto, para que las medidas tengan mayores posibilidades de instrumentarse y que se elabore un programa detallado de reubicación de flora y fauna.

El estudio actual no especifica las hectáreas de selva que se perderían en la represa de Ixpalino, ni como se protegería a la región contra el avance de las actividades antropogénicas como la agricultura, ganadería y minería.

INFORMACIÓN A MEDIAS

La SEMARNAT determinó que el promovente de la obra, es decir, el Gobierno de Sinaloa, no proporcionó en el proyecto la información requerida conllevando a la imposibilidad de identificar los posibles impactos generados durante cada una de las etapas del desarrollo del proyecto, repercutiendo de esta forma con la correcta identificación de las medidas de mitigación y compensación necesarias a implementarse.

La dependencia federal señaló que aunque aportó las superficies susceptibles de cambio de uso de suelo de áreas forestales e indicó el número de especies, la información resultó insuficiente para evaluar de forma particular las alteraciones generadas en el ambiente.

Castro Amarillas, indicó que aunque gente del gobierno estatal involucrada con el proyecto podría argumentar que se trata de un procedimiento y que están en proceso de solventar las observaciones, se trata de algo definitivo.

Aunque no se manifiestan en contra del proyecto, sí le apuestan a que se presente un estudio completo en el que consideren más valores, factores ambientales de todas las estaciones del año y que se tome en cuenta la respuesta que tienen los organismos de flora y fauna ante las variables de flujo de agua y su impacto en el entorno.

“El promovente tiene que hacer un estudio integral que comprenda toda la flora y fauna y las áreas adyacentes por lo menos de lo que es el río, pero también de toda la obra hidráulica que va a desarrollar, porque se hizo de lo que es de la presa hacia arriba, no les interesó lo que es de la presa hacia abajo”, indicó.

Un MIA mejor elaborado

En la página del Consejo Ciudadano de Sinaloa se detalla que el pago fue por la elaboración del estudio de Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional del proyecto Elota-Piaxtla, segunda etapa (Presa de almacenamiento “Las Juntas” y derivadora “Ixpalino” y zona de riesgo 30 mil 376 hectáreas en los municipios de Culiacán, Elota y San Ignacio en el estado de Sinaloa).

El domicilio del despacho corresponde al Distrito Federal, y no cuenta con fecha de concurso ni de licitación, el estatus es que se encuentra es del 100 por ciento y la inversión autorizada y pagada es de 10 millones de pesos.

Ante esto, Castro Amarillas consideró que es un precio suficiente para haber hecho bien las cosas, pero que se trata de un recurso que se fue a la basura por no estar completo. Incluso en un sondeo extraoficial entre la comunidad científica que hace ese tipo de estudios comentaron entre sí, que con la mitad del recurso podría haberse hecho.

-Con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento y normas ambientales, la SEMARNAT negó al gobierno de Sinaloa la autorización para el proyecto Elota-Piaxtla segunda etapa en los municipios de Elota, San Ignacio y Culiacán, promovido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

-SEMARNAT previene que, hasta que no cuente con autorización respectiva en materia de impacto ambiental, no se podrá realizar obra y/o actividad alguna relacionada con el proyecto.

-El gobierno estatal puede impugnar, mediante un recurso de revisión, la negativa.

OBSERVACIONES EN LA CONSULTA PÚBLICA

-La cuenca hidrológica del Río Piaxtla cuenta con una veda superficial vigente emitida por la CONAGUA.

-El escurrimiento anual de 2.04 millones de metros cúbicos en la MIA es inexacto; sumó dos lecturas: Las Juntas (902 mm3) e Ixpalino (1,138 mm3), valores no confiables toda vez que datan de 1995 y ha estado disminuyendo.

-La MIA excluye inventarios del ecosistema acuático el fitoplancton, macroalgas, plantas acuáticas, zooplancton, macroinvertebrados, peces y anfibios, al igual que su dinámica y distribución, períodos reproductivos y migraciones.

-El Río Piaxtla preserva una integridad biológica alta por lo que es de alto valor ecológico.

-No analizó los impactos ambientales sobre las especies bajo protección; debe contemplar una franja de amortiguamiento en las colindancias del proyecto por la alta presencia de pantera onca alrededor de la derivadora.

-Sus acciones son insuficientes para remediar los impactos que sufrirán las poblaciones de gran valor.

-Deben protegerse las selvas de San Ignacio; la selva subcaducifolia en Sinaloa se ha perdido casi en un 50 por ciento ya que de 1994 al 2005 se redujo de 89 mil a 48 mil 776 hectáreas.

-Aunque la desembocadura del río Piaxtla no se ubica dentro de algún humedal costero importante, sí tiene conectividad; el proyecto no señala medidas para su conservación ni de mitigación de los impactos dados por la disminución de agua dulce.

-No reconoce que el Área Natural Protegida Meseta de Cacaxtla queda dentro de la cuenca del río Piaxtla, por lo que se debe requerir información sustentada para justificar que la disminución del acuífero del Piaxtla no afectará el sistema hidrológico de esta reserva.

-No especifica de manera clara de qué manera promoverá la ejecución de medidas preventivas para la protección de la fauna que habita en el área de influencia del proyecto.

-El estudio no establece adecuadamente ninguna medida de recuperación ni de mitigación para la pérdida de biodiversidad.

-Es insuficiente el monto presupuestado para las medidas de mitigación (1.5 millones en cinco años), ya que para la presa Picachos se dispuso de 9 millones en el rescate de flora y fauna, además de destinar 10 millones de pesos para una reserva ecológica de 10 mil hectáreas.

ANTECEDENTES

Noviembre del 2009, Jesús Aguilar Padilla anunció el proyecto con 100 millones de pesos etiquetados por la federación.

Marzo del 2013. El gobierno del estado anunció como un hecho la construcción del proyecto Elota-Piaxtla luego de una reunión que celebraron en el DF los titulares de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, y de CONAGUA, David Korenfeld Federman con Malova.

13 enero 2014. Sinaloa y CONAGUA signaron un convenio para canalizar recursos a las obras hidroagrícolas, con lo que se espera sumar más de un millón de hectáreas de riego en la entidad.

27 febrero 2014. Malova toma protesta al Comité Pro Construcción de la segunda etapa del proyecto Elota-Piaxtla, en la que dice, invertirán 800 millones de pesos.

Estos recursos fueron comprometidos en el convenio signado entre el gobernador Mario López Valdez y el presidente de CONAGUA, David Korenfeld Federman, el pasado 13 de enero en la Ciudad de México.

(RIODOCE/ NELDA ORTEGA/ septiembre 28, 2014)