En proceso irregular, Gisela Peraza
purga condena por robo
Tres
años después de que Gisela Peraza Villa fue encarcelada, torturada y acusada de
robar dinero y joyas a la familia del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés
Elías, se encuentra como al principio: acusada sin pruebas y en espera de que
termine el sexenio del mandatario estatal, pues tanto ella como su familia
consideran que ése es el plazo para que salga de prisión.
A
casi un año de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera al
gobierno estatal la recomendación 54/2013 por la tortura a la que fue sometida
Gisela por elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) a fin de obtener
su confesión, el proceso se ha repuesto pues estaba plagado de irregularidades.
Padrés
y su esposa acusaron a Peraza Villa de robar 450 mil pesos en efectivo y 250
mil en joyas.
Sin
haber acreditado una sola de las acusaciones, a Gisela se le dictó sentencia de
cuatro años de prisión, sin ningún beneficio y sin derecho a fianza.
La
sanción quedó sin efecto por apelación y se ordenó la reposición del proceso
judicial dadas las anomalías en las que incurrieron principalmente los
elementos de la PEI que dependen de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora.
El
pasado 19 de junio Gisela fue trasladada a San Luis Río Colorado, Sonora, en la
frontera con Estados Unidos, a 804 kilómetros de Hermosillo, la capital del
estado.
No
hubo explicación alguna del traslado y sólo ante la insistencia de la familia
se dijo que “por su seguridad” (de Peraza Villa). Para el pasado 19 de
septiembre, tres meses después, le informaron que se concedió el amparo que
interpuso por lo que la traerán en cualquier momento al Centro de Readaptación
Social Femenil (Cereso) de Hermosillo.
En
la recomendación de la CNDH del 31 de octubre de 2013 quedó asentado cómo y
quiénes torturaron a Gisela Peraza con el fin de que se confesara culpable del
delito de robo. No obstante, ella ha sostenido que desconoce el supuesto robo
en la casa del gobernador de Sonora.
Empleada
de toda la confianza de la familia Padrés Dagnino, Gisela Peraza Villa vivió
arraigada en un hotel local, sin atención médica pese a presentar signos de
haber sido golpeada, pateada, y violentada psicológicamente al igual que el
encargado de la seguridad de la Casa de Gobierno, con quien supuestamente
cometió el delito.
La
CNDH establece que intervino en el caso ante la queja de la familia, pues su
homóloga, la Comisión estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), había
determinado que no hubo tortura.
Aunado
a lo anterior, la CNDH describe en su recomendación cómo encontrándose en el
penal de Huatabampo, Sonora, el 22 de septiembre de 2011, para entrevistar a
personal y a la interna Villa Peraza, la directora del mismo en forma violenta
retiró a los visitadores y les arrebató la cámara de video con la que grababan
los testimonios.
PESADILLA
El
arraigo de Gisela terminó el 2 de junio de 2011; luego fue trasladada al Cereso
Número 1 de Hermosillo donde permaneció dos días y fue golpeada.
En
entrevista, Delma Peraza Villa, hermana de Gisela, contó que en esos días la
dejaron sin su vestimenta, sin zapatos y le dieron ropa trozada que no era de
ella.
Las
autoridades carcelarias no permitieron a la familia ver a Gisela, pues ella
“necesitaba adaptarse al Cereso”, según les dijeron.
Luego
la familia supo que Peraza Villa había sido llevada al penal de Huatabampo.
Entonces sus familiares recordarían la sentencia que la señora Padrés le dijo a
Gisela cuando ocurrió la retención inicial (ilegal, según la CNDH) en la Casa
de Gobierno: “Te voy a mandar a la cárcel más lejana para que no te puedan ir a
visitar”.
En
su recomendación la CNDH estableció: “(Gisela Peraza Villa) sufrió una
retención ilegal, toda vez que no fue puesta a disposición de la autoridad
ministerial hasta aproximadamente ocho horas después de su detención”.
Un
año después y otra vez sin explicación alguna fue trasladada al Cereso Número 1
de Hermosillo, al tiempo que se le dictó sentencia de cuatro años de prisión
por el delito de robo simple.
El
pasado 19 de junio fue llevada al penal de San Luis Río Colorado, de lo cual la
familia se enteró por una compañera interna que les soltó: “Se llevaron a tu
hermana”.
Según
dijo la familia, ese día Gisela iba a ser visitada por la CNDH. Consideraron
que fue trasladada para impedir que hablara con los visitadores del organismo.
La sentencia de cuatro años de prisión coincide con el término del sexenio del
actual gobernador de Sonora.
Al
jefe de seguridad de la Casa de Gobierno, Roberto Munro, le han tomado tres
declaraciones. En la primera dijo que ambos robaron el dinero; en la segunda
que fue él solo, y en la tercera que ninguno de los dos robó, pero que confesó
presionado por la tortura.
Ahora,
por recomendación de la CNDH, Gisela recibe terapia psicológica. La familia ha
hecho gastos que no haría en toda su vida para poder apoyar a su hermana.
Son
tres los abogados que han llevado el caso, pues los dos primeros recibieron
amenazas para que dejaran el caso. Por todo eso, Gisela ha concluido: “Yo no
voy a salir de aquí mientras el señor (Guillermo Padrés Elías) no salga del
gobierno”.
(DOSSIER
POLÍTICO/ Silvia Nuñez Esquer / 2014-09-28)
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