Foto: Enrique Botello
En la revisión de la Cuenta
Pública 2015 por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja
California, se establece que el XXI Ayuntamiento debió solicitar la
autorización del Congreso del Estado, por tratarse de un convenio plurianual al
abarcar un periodo de vigencia de diez años, con lo cual adquirió obligaciones
que van más allá de su periodo de gobierno
La revisión de la Cuenta
Pública 2015 del gobierno municipal de Ensenada por parte del Órgano de
Fiscalización Superior (Orfis) del Estado de Baja California concluye que el
XXI Ayuntamiento, encabezado por Gilberto Hirata Chico, firmó de manera ilegal
un contrato de arrendamiento del alumbrado público y, además, su costo será de
564 millones de pesos, muy por encima del ahorro presumido en su momento.
Este contrato de
arrendamiento firmado con la empresa regiomontana Celsol, SAPI de CV por un
periodo de diez años, que incluye la colocación de 25 mil lámparas led en el
municipio, sigue igual y vigente con el actual Ayuntamiento presidido por el
empresario hotelero de extracción priista Marco Antonio Novelo Osuna, a pesar
de que públicamente se anunció en repetidas ocasiones la revisión de las
condiciones.
Según el documento intitulado
“Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Anual del H.
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el Ejercicio Fiscal 2015”, bajo
número de oficio DE/OP40/2016, con fecha 20 de septiembre de 2016 y firmado por
el auditor superior Carlos Padilla, se violentaron la Ley de Presupuesto y
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, además de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.
El 5 de febrero de 2015, el
Cabildo aprobó por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria, el
lanzamiento de la licitación pública internacional 001-2015 para el suministro
e instalación de lámparas led e inducción magnética para alumbrado público, a
fin de sustituir y modernizar la totalidad de luminarias del sistema de
alumbrado público actualmente instalado en Ensenada, bajo la figura jurídica de
arrendamiento, con vigencia de diez años.
El acta de fallo se firmó con
fecha 23 de marzo de 2015, para poner en marcha el Proyecto de Modernización
del Alumbrado Público para el Municipio de Ensenada, Baja California.
Las rentas, según se
desprende del numeral 9 del contrato firmado el 15 de abril de 2015 -expone el
Orfis-, se cubrirán inicialmente con los ahorros generados con la reducción del
consumo de energía eléctrica, al utilizarse nuevas tecnologías, “a fin de dar
mayor certeza al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el municipio
en el presente contrato, utilizar como fuente de pago y garantía del
Arrendamiento los remanentes que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deba
entregar a el municipio derivado del cobro del Impuesto de Alumbrado Público
(IAP) que realiza por cuenta y orden del municipio, después de restar el
consumo del alumbrado público”.
En su declaración II, numeral
4, el Municipio manifiesta que “… no
existe impedimento legal alguno para la suscripción del presente contrato por
el plazo de diez (10) años, toda vez que existen los fundamentos legales
necesarios para ello…”
Adicionalmente, en dicha
sesión se aprobó el Dictamen 086/2014, donde se autorizó la afectación de los
ingresos derivados de los remanentes del Impuesto de Alumbrado Público (IAP)
para ser utilizados como fuente de pago y garantía de la contraprestación que
se pactarán en el contrato de arrendamiento, así como la constitución de un
fideicomiso de administración y fuente de pago, continúa la exposición del
Orfis.
Como parte de la observación
número 21 de la cuenta pública, el auditor precisa: “… el monto de las rentas
por los 10 años de la vigencia de dicho contrato de renta asciende a $564.6
millones de pesos”.
LO QUE DICE EL ORFIS, LO QUE ESTABLECE LA LEY
Previo a la celebración del
contrato de arrendamiento para el proyecto de modernización de alumbrado
público, el Ayuntamiento debió solicitar la autorización del Congreso del
Estado de Baja California, en virtud de tratarse de un convenio plurianual al
abarcar un periodo de vigencia de 10 años, con lo cual obviamente adquirió
obligaciones que trascienden y van más allá de su periodo de gestión
constitucional, revela la revisión de la cuenta pública.
También se requiere la
aprobación del Congreso, “… ya que para afectar ingresos derivados de
contribuciones, productos y aprovechamientos aun cuando sean aprobados por su
cabildo, es necesario que la asamblea legislativa lo autorice, de tal forma que
en el caso al celebrarse un contrato plurianual cuyos efectos jurídicos
consistente en establecer obligaciones que trascienden el periodo de su gestión
constitucional, se requiere forzosamente dicha intervención y autorización”.
El Ayuntamiento incumplió con
lo establecido en la fracción VII y penúltimo párrafo del Artículo 73 de la Ley
de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, y
de los artículos 5 fracciones III y V, y 11, fracción VI inciso c) de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios:
Ley de Presupuesto y
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California
ARTÍCULO 73.- Los sujetos de la presente Ley podrán
celebrar contratos plurianuales, siempre que:
VII. Se solicite y obtenga autorización del Congreso
del Estado; y
Quienes realicen los contratos plurianuales a que se
refiere este Artículo, deberán informar al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Baja California y a sus respectivos Órganos de Control, sobre la
celebración de los mismos dentro de los 15 días posteriores a su formalización.
Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y
sus Municipios.
ARTÍCULO 5.- Los sujetos de la presente Ley no podrán:
III.- Otorgar garantías de pago y/o avales sin contar
con la previa autorización del Congreso del Estado a que se refieren las
fracciones VI y VII del Artículo 11 de la presente Ley;
V.- Celebrar operaciones de financiamiento que
constituyan Deuda Pública con posterioridad a la fecha establecida como límite
en la autorización correspondiente.
VI.- Reconocer y autorizar al Gobierno del Estado y a
los Ayuntamientos, según sea el caso, para que afecten en garantía y/o como
fuente de pago, mediante fideicomiso o cualquier otro mecanismo jurídico que se
requiera:
c) Cualquier otro ingreso derivado de contribuciones,
productos y aprovechamientos, estatales o municipales.
NO ES DEUDA PÚBLICA: ASESOR JURÍDICO DE SECRETARÍA
GENERAL
ZETA solicitó a la Dirección
de Comunicación Social entrevistas con funcionarios del Departamento Jurídico
del Ayuntamiento, así como de Secretaría General, pero hasta el cierre de esta
edición, no hubo respuesta.
También se pidió una
entrevista con la directora de Infraestructura y Servicios Públicos, Rosa
Sánchez Martínez, pero la petición tampoco fue atendida.
Se buscó de manera directa al
secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa, quien en la pasada
administración fue síndico procurador; remitió con Gaby Negrete, asesora jurídica
de la dependencia.
Negrete aseguró que la
observación del Orfis está basada en que se trata de deuda pública y aplica la
Ley en la materia, pero para el Ayuntamiento no es tal porque el contrato de
arrendamiento no encuadra.
“Pareciera que el contrato
encuadra, porque la ley dice que se deberá solicitar permiso al Congreso cuando
se afecten impuestos, contribuciones, pero nos vamos al objeto y no aplica”,
justificó.
— ¿El Ayuntamiento respondió la observación del
Orfis?, planteó este Semanario.
“Desconozco si se hizo de
manera oficial, pero ya han pasado tres años y sigue siendo vigente el
contrato”.
Lo que sí confirmó la
funcionaria, es que ya están instaladas todas las luminarias y la empresa
regiomontana está cobrando las mensualidades a través del fideicomiso creado.
SE AVENTARON EL TIRO DIRECTO: EX DIPUTADO ARMANDO REYES
Armando Reyes Ledesma, ex
diputado en la XXI Legislatura, recordó que en su momento “se aventaron el tiro
directo los regidores y el propio alcalde” al no contar con la anuencia del
Congreso para firmar el contrato de arrendamiento con Celsol.
En el trienio de Enrique Pelayo
(2010-2013), el Cabildo también aprobó la concesión del alumbrado público, pero
el alcalde no siguió el proceso porque sabía que incurriría en
responsabilidades.
En el caso de la pasada
administración, dijo, es obvio que hay observaciones del Orfis en el contrato
de arrendamiento, “en su momento como diputado lo señalé; ahora habrá que ver
hasta dónde se finca responsabilidad”.
ZETA buscó la opinión de la
Sindicatura Municipal, sin embargo, no hubo respuesta.
SERVICIOS
PÚBLICOS NO HA PRESENTADO PLAN DE TRABAJO
El 30 de enero de 2018, el
Cabildo aprobó un punto de acuerdo presentado por el regidor Teodoro Araiza, de
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el que se estableció un plazo de
30 días naturales para que la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos
presentara un plan de trabajo y una ruta de acción para resolver el problema de
la falta de alumbrado público en diversas zonas de la ciudad.
“La inconformidad de la
ciudadanía es creciente, el Ayuntamiento debe dar atención a la falta del
servicio de alumbrado público”, mencionó el regidor en aquella ocasión, dado el
mal servicio que se estaba prestando con las nuevas luminarias.
Al respecto, la regidora
Norma Silva, coordinadora de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, informó
que hasta el momento Servicios Públicos no ha presentado el plan de trabajo, a
pesar de que ya transcurrieron los 30 días.
“Oficialmente no sabemos el
monto del contrato, pero el anterior director de Servicios Públicos, Salvador
González, mostraba mucha preocupación con este tema del contrato y las
condiciones del mismo”, reveló Silva.
Si bien las deficiencias en
las luminarias led ya son mínimas, en varias zonas de Ensenada se sigue
sufriendo por la inseguridad, “tema que nos ocupa y preocupa”, agregó la
representante del Partido Nueva Alianza.
ROBO PROVOCA OSCURIDAD EN LAS CALLES
En enero pasado, el
subdirector de Servicios Públicos, José de la Luz Valdez, uno de los operadores
de este arrendamiento en la anterior administración, declaró ante el Foro
Ensenada que el robo de cableado del sistema de alumbrado público es la causa
de las calles oscuras en la noche, y no tanto la descompostura del sistema.
Aseguró que 5 mil metros
lineales de cable habían sido robados, en especial en colonias como Villas,
Pórticos, Morelos, y fraccionamientos de la periferia. En la calle Primera y
zona turística desparecieron alrededor de 200 metros de cable.
Luego de instalarse la
mayoría de las lámparas led, también se dijo que el parpadeo de las mismas
obedecía al voltaje del cableado, lo cual le correspondía reparar al
Ayuntamiento, ya que las lámparas como tal, funcionaban bien.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MARCO A. FLORES
/LUNES, 26 MARZO, 2018 12:00 PM)
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