En muchas de las desapariciones que
ocurren en Jalisco, la entidad con mayor cantidad de casos después de
Tamaulipas y el Estado de México, se ha denunciado la participación directa de
policías municipales y estatales. Los familiares de las víctimas acuden a todas
las instancias en busca de ayuda (fiscalías, Ministerio Público, Comisión
Estatal de Derechos Humanos e incluso al gobernador), pero sus denuncias terminan
por congelarse y ellos tienen que investigar personalmente, bajo amenazas
veladas del personal de la Fiscalía Estatal. Las reclamaciones contra las
autoridades estatales provienen hasta del extranjero.
GUADALAJARA, Jal. (Proceso).-
La desaparición de personas, en especial de
jóvenes entre 15 y 19 años, se ha incrementado a un ritmo alarmante en
la entidad: mientras en el sexenio del panista Emilio González Márquez se
reportaron 2 mil 175 casos, en la administración que encabeza el priista
Aristóteles Sandoval Díaz suman ya 14 mil 19, con el agravante de que en
algunos se ha denunciado la participación de policías municipales o estatales.
Durante el sexenio de Felipe
Calderón desaparecieron en el país 20 mil 851 personas. El 75% de esos reportes
oficiales se concentraron en seis entidades, de las cuales Jalisco ocupó el
tercer lugar, con 2 mil 175, después de la Ciudad de México y el Estado de
México, como consta en el Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Jalisco 2012.
El pasado 21 de marzo, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dio a conocer, en su
recomendación 3/2018, que según datos de la propia Fiscalía General del Estado
(FGE) se registraron 14 mil 19 desapariciones desde 2013 hasta el 31 de octubre
de 2017.
De ese total, 3 mil 206
fueron reportados de enero a octubre de 2017, con lo cual Jalisco sigue
ocupando el tercer lugar nacional, después de Tamaulipas (5 mil 989) y el
Estado de México (3 mil 864).
Pese a todo, la sociedad
jalisciense parece indiferente, excepto por las asociaciones civiles que realizan
marchas en las que sólo participan los afectados, para exigir al gobierno que
encuentre a sus familiares.
En el periodo de Emilio
González, la única gran manifestación se realizó el 23 de mayo de 2012, cuando
estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) exigieron mayor seguridad,
tras el asesinato de 11 de sus compañeros en seis meses.
Marco Antonio Núñez, entonces
líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), declaró entonces
que también tenía información sobre estudiantes desaparecidos, pero que sus
familias no denunciaban por miedo.
Ya con Sandoval Díaz en el
Ejecutivo, seis jóvenes y un mesero, cuyas edades oscilaban entre 18 y 22 años,
fueron levantados la madrugada del l7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno.
Al no localizarlos, 17 días
después sus amigos y familiares se manifestaron en el jardín principal del
municipio y exigieron a las autoridades frenar la inseguridad. Cuando fueron
hallados sus cadáveres, el entonces fiscal estatal Luis Carlos Nájera informó
que tras una investigación se estableció que fueron asesinados por integrantes
del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como venganza por haberle robado
dos bolsas con droga y dinero.
Casi seis años después la
consigna de esa ocasión (“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”) se
escuchó en cuatro manifestaciones en Lagos de Moreno, ya que entre el 19 y el
21 de marzo pasados se reportó la desaparición de seis estudiantes, cinco de
ellos universitarios –tres de una institución privada más dos de la UdeG– y uno
de secundaria.
Los dos de la UdeG fueron
hallados (uno aparentemente se suicidó, a decir de la FGE) y el de secundaria
apareció, pero hasta el cierre de edición no se ha ubicado a los alumnos de la
Universidad de Medios Audiovisuales CAAV, Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco
Ávalos y Jesús Daniel Díaz.
Ante la presión nacional y de
medios de comunicación extranjeros, tras la segunda manifestación, el 23 de
marzo las autoridades ofrecieron 1 millón de pesos a quien diera información
que llevara a localizar a los estudiantes del CAAV.
Ante las críticas que generó
la medida por favorecer a víctimas de una institución privada, el día 25 el
gobernador extendió la oferta de gratificación a quien aporte datos para
localizar a cualquier desaparecido.
Pero la presión internacional
ya estaba sobre el gobierno de Sandoval Díaz. El 31 de enero pasado, los
italianos Raffaele Russo, de 60 años, su hijo Antonio, de 25, y su sobrino
Vincenzo Cimmino, de 29, desaparecieron en el municipio de Tecalitlán.
En Italia hubo varias
manifestaciones para exigir su localización. La más difundida se realizó el 17
de febrero, durante un partido de futbol en la ciudad de Nápoles. Hasta el
momento, las indagatorias en Jalisco apuntan hacia la presunta responsabilidad
de líder del CJNG y la complicidad de policías municipales.
El 23 de febrero pasado un
centenar de personas, en su mayoría familiares de los veracruzanos Juan y José
Ángel Meléndrez Luna, Juan José Santos Meléndrez y José Meléndrez Pineda
–quienes desaparecieron el 1 de febrero en Autlán de Navarro–, se manifestaron
frente a la FGE.
Los inconformes exigieron la
aparición con vida de las víctimas y que se detuviera a los cinco policías
municipales que bajaron a los veracruzanos del taxi, pues esa ocasión fue la
última que se les vio.
El mismo día la FGE informó
de la detención de cinco policías de Autlán por estar implicados en la
desaparición de los veracruzanos.
LABERINTOS BUROCRÁTICOS DE LA FGE
Zonia Gómez Zúñiga busca a su
hijo Jorge Eduardo Martínez Gómez, estudiante de Negocios Internacionales en el
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG,
a quien policías estatales sacaron el sábado 20 de febrero de 2016, a las 15:30
horas, de su domicilio en la colonia Valdepeñas, en Zapopan.
Eduardo tenía apenas tres
meses de rentar la vivienda, de la que subarrendaba tres habitaciones a otros
jóvenes. Se mudó para llegar más rápido al CUCEA.
La mañana del domingo, el
padre visitó a la señora Gómez sin avisar y le informó que ocho hombres
armados, identificados como elementos de la FGE y que llegaron en camionetas
RAM blancas, habían “levantado a Lalo”.
Le relató que él y Eduardo
habían regresado de pasear a su perro cuando –según recuerda Zonia– “unas
personas armadas los empujaron hacia dentro de la casa. Ahí había otro muchacho
que tenía apenas tres días viviendo en ella, al que mi hijo no conocía, y se
los llevaron a ambos, además de un Cadillac modelo 2000 y sus pertenencias”.
El exmarido, que padecía de
cáncer, no le avisó de inmediato a Zonia porque esperaba que liberaran pronto a
Eduardo.
Tan pronto se enteró Zonia,
ella acudió a la FGE pero le aseguraron que su hijo no estaba ahí. Cuando la
enviaron al área de desaparecidos recibió por whatsapp el mensaje de un amigo
de los jóvenes que subarrendaban las habitaciones: decía saber quién se había
llevado a su hijo y dónde lo tenían, pero le pedía de 50 a 100 mil pesos por la
información.
Personal de la FGE tomó el
control de su celular y respondió. Acordaron reunirse con el informante en un
centro comercial, a las tres de la tarde. El Plan de la FGE era que Zonia
acudiera con agentes para detener al autor del mensaje y llevarlo a declarar.
A punto de trasladarse al
centro comercial, la entonces directora del área de Desaparecidos de la FGE,
Violeta Cristina Meza, le indicó a la señora Gómez que el área de secuestros se
encargaría del asunto. Ahí decidieron que no se presentara a la cita con quien
decía tener información sobre Eduardo.
Zonia y su exmarido
regresaron con Meza para informarle de la decisión del área de secuestros. La
funcionaria llamó para que le tomaran la declaración a la señora, cuando el
testigo de los hechos fue el padre de Eduardo. A él le tomaron declaración el
lunes 22, mientras que la averiguación previa por el robo de auto no se abrió
hasta el 24 de febrero. El vehículo tampoco ha aparecido.
En secuestros le comentaron a
Zonia que “ellos no hacían investigaciones de campo, que atendían el caso
porque así se los habían ordenado, y que si no había una llamada para pedir un
rescate no iban a hacer nada”, narra con dolor.
A la tercera semana del
levantón, la señora Gómez se puso en contacto con el entonces líder de la FEU,
Alberto Galarza, El Rojo, quien por su cuenta de Twitter pidió a la comunidad
universitaria que compartiera la foto de Eduardo por si alguien lo veía.
En tanto, recuerda Zonia, “me
decían en la fiscalía que si yo hacía pública la situación iba a poner en
riesgo la vida de mi hijo, que realmente no sabían si se trataba de un
secuestro. Evidentemente no fue un secuestro, les dije, fue gente de la fiscalía.
Les insistía en eso”.
Cuando se dio a conocer el
caso, el entonces fiscal general Eduardo Almaguer la mandó llamar. El ahora
aspirante a la alcaldía de Guadalajara le reveló que él dio la orden de que su
caso fuera atendido por el área de secuestros, según él porque contaba con el
mejor equipo de geolocalización y personal más capacitado.
Almaguer llamó a los
encargados de secuestros y desaparecidos para que colaboraran en la
localización de Eduardo. Pero ninguna de las áreas interrogó al joven que decía
saber quién tenía al estudiante. A la persona a la que el informante señaló de
retener a la víctima, la mataron el 24 de septiembre de 2016, comenta Zonia. Y
a finales de junio de 2017 falleció el padre de Eduardo, quien presenció los
hechos.
La averiguación fue turnada
al área de extorsión con el visto bueno de Fausto Mancilla, actual fiscal
regional. A principio del año pasado el expediente 12/2016, que se abrió en el
área de secuestros, se envió a la dirección de desaparecidos.
“Si hubiera entrado a desaparecidos
le hubiera tocado casi el 300, porque la mamá del otro muchacho que se llevaron
junto con mi hijo sí puso su denuncia en desaparecidos y le dieron un número
doscientos setenta y tantos”, acota.
Zonia Gómez está consciente
de que la policía investigadora no se da abasto para localizar al gran número
de desaparecidos: “La FGE no tiene los recursos necesarios. Yo sé que a algunos
elementos les falta voluntad, pero también les hace falta personal y recursos,
no puede ser que no tengan para la gasolina”.
Ella también habló en abril
del año pasado con Aristóteles Sandoval, quien le dio su número de celular y le
dijo que una persona de la FGE le informaría sobre los avances de la
investigación. “Jamás me llamó (el gobernador), no me contestó ni una llamada.
O sea que te dan la atención, pero realmente no te resuelven el problema. Es
mentira”, lamenta.
Para colmo, dice, personal de
la FGE le recomendó que “ya no le moviera; no vaya andar de revoltosa porque
muy seguramente a los que se llevaron a su hijo no les va a gustar. Usted cuide
a su hijito, cuídese. Eran consejos de prudencia, pero realmente era
amedrentamiento oculto”.
Zonia acudió con un abogado
de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) para consultar el
expediente de su hijo, pero no se lo permitieron “por su protección y sigilo”.
Posteriormente el Ministerio Público le advirtió que si llevaba al “abogadillo”
de la CEAV no la atendería.
En diciembre pasado la señora
presentó una queja ante la CEDHJ, que ya presidía Alfonso Hernández Barrón,
porque, confiesa, “no teníamos mucha confianza en el anterior presidente”.
PRESUNTA COMPLICIDAD POLICIACA
Esa falta de coordinación
policiaca y las amenazas veladas se repiten en otros casos, como el de Martha
Leticia García, quien desde el 4 de agosto de 2017 busca a su hijo César Ulises
Quintero García, de 19 años, quien fue visto por última vez en Ocotlán.
Estudiaba en el Centro Universitario de la Ciénega, con sede en La Barca, donde
vive su familia.
César Ulises laboró durante
las vacaciones en una granja y, como no regresaba, Martha llamó a su celular a
las 14 horas del viernes 4 de agosto, pero no respondió. Horas después le
informaron que César Ulises había sido detenido con el hijo de su patrón y
otras dos personas.
La señora García contrató un
abogado, quien le cobró “una fuerte cantidad” por informarle que César estaba
detenido con una persona de 55 años, pero al día siguiente afirmó que el joven
no estaba encarcelado.
Ella acudió a las
instalaciones de la FGE en Guadalajara, donde también negaron que tuvieran a su
hijo. Cuando quiso interponer una queja en la CEDHJ, le dijeron que era
imposible porque “no había un registro de César” entre los detenidos por la
FGE.
El lunes fue a la agencia del
Ministerio Público de Ocotlán, donde le hicieron preguntas muy específicas (¿su
hijo es mesero?, ¿qué estudia?, ¿a qué fue a Ocotlán?). “Pensé: ya encontré a
mi hijo. Lo último que me preguntó fue si mi hijo traía un celular grande. El
funcionario encuadró con la mano el tamaño del celular de mi hijo. Yo le dije:
‘Así es de grande’ (…) Ya nada más se metió las manos al pantalón y me dijo:
‘Pues no, nosotros no lo tenemos’”.
Señala que la mayor parte de
la carpeta de investigación 1558/2017, sobre la desaparición de su hijo, ha
corrido a cargo de ella: “Uno aporta, uno se mete de lleno a indagar, a darles
líneas de investigación, pero yo no he visto resultados”. Como los encargados
de investigar ya no le toman la llamada, la señora García decidió enviar el
expediente a Guadalajara.
Es prácticamente la misma
experiencia de Mayra Hernández. Un grupo de policías estatales que llegó en
camionetas oficiales se llevó a su hijo Antonio Reynoso Hernández de una fiesta
familiar en Tlaquepaque, el 30 de agosto de 2013, cuando tenía 24 años.
Los uniformados detuvieron a
cuatro personas, pero Antonio no estaba entre ellas cuando las presentaron ante
la autoridad. “Lo empecé a buscar desde entonces. Fui a todas las dependencias,
pero en ninguna me dieron noticias de él. Contraté un abogado. Por medio de él
me di cuenta de que mi hijo no está detenido, y a partir de entonces empieza mi
martirio. Son cuatro años y medio, y todavía no sé nada”, dice Mayra.
Al presumirse desaparición
forzada con participación de policías del estado, la denuncia de Mayra se envió
a la Visitaduría General de la FGE, pero después se canalizó al área de
desaparecidos “y hasta hoy no han hecho nada”, dice la afectada.
Ella vio cuando los
uniformados lo subieron a la camioneta con los otros tres. Los policías
declararon que Antonio huyó.
Este reportaje se publicó el 1 de abril de 2018 en la
edición 2161 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA REZA M. , 4
ABRIL, 2018)
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