GOBIERNO DE “KIKO” DESVIÓ MIL 432 MILLONES DE PESOS

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El gobierno de Baja California desvió mil 432 millones de pesos destinados a DIF, Issstecali, Seguridad Pública, programas sociales, obra pública, educación y hasta en la compra de desayunos y despensas del DIF, según detectó la ASF a través de diez auditorías practicadas a los recursos federales que la administración estatal recibió en 2016. Hay otros 204 millones de pesos que no fueron ejercidos

En tan solo diez auditorías realizadas a fondos federales que el Gobierno del Estado de Baja California recibió en 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó mil 432 millones 351 mil 698 pesos en daños al erario público.

Se trata de dinero que la administración de Francisco Vega de Lamadrid recibió y gastó, pero no en los programas para lo que estaban destinados y no pudo comprobar en qué lo utilizó.

Estos desvíos se realizaron principalmente desde la Secretaría de Planeación y Finanzas, entonces encabezada por Antonio Valladolid, quien hoy se encuentra en la lista de diputados plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN) y desde la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), cuando Manuel Guevara la dirigía.

Además, la ASF detectó subejercicios por 204 millones 883 mil 839 pesos, dinero desperdiciado por el gobierno estatal, al no ejercerlo en los rubros de seguridad pública, asistencia social, proyectos de desarrollo regional e infraestructura social.

El gobierno de Baja California quitó dinero programado para Issstecali, Seguridad Pública, asistencia social, DIF, Conalep, docentes y obra pública para gastarlo en aviadores, servidores públicos no capacitados para sus puestos, en aumentos no autorizados de salarios, sobrepagos y otros destinos no conocidos.

Todo esto forma parte de los hallazgos que el órgano fiscalizador publicó el 20 de febrero de 2018, en su tercera entrega de la revisión a la cuenta pública 2016.

OBRA PÚBLICA Y SANEAMIENTO FINANCIERO, DE DONDE MÁS DINERO DESAPARECIÓ

El principal daño a la Hacienda Pública federal se ubica en la aplicación de los programas Fortafin (Fortalecimiento Financiero), Fonmetro (Fondos Metropolitanos) y Fortalece (Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal) para llevar a cabo 256 proyectos de infraestructura y apoyar el fortalecimiento financiero del Estado e impulsar la inversión en entidades federativas.

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Por estos tres fondos, en 2016, el gobierno de Baja California recibió mil 443 millones 623 mil 600 pesos, de los cuales mil 020 millones 623 mil 600 pesos estaban destinados exclusivamente a obra pública.

Del monto total, la ASF determinó recuperaciones probables por 760 millones 373 mil 300 pesos, dinero que fue depositado a las cuentas de la administración estatal, pero no invertido en los proyectos designados ni pudo ser localizado.

Gran parte de esa cantidad se encuentra en los 446 millones 414 mil 077 pesos que formaban parte de Fortafin, recurso destinado al saneamiento financiero “que no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago”.

Del mismo programa, tampoco pudieron ser localizados otros 233 millones 769 mil 649 pesos que no se reintegraron a la tesorería federal.

En los 256 proyectos de infraestructura que se aprobaron con estos recursos, destaca la rehabilitación de la vía férrea Tijuana-Tecate con más de 107 millones de pesos de inversión y el suministro de infraestructura en interconexión para los municipios por 99 millones 999 mil pesos.

“Los proyectos ejecutivos no estaban totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y en razón de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población”, explica el ente fiscalizador en su documento final.

Entre las anomalías respecto a infraestructura detectada por los auditores, está la desaparición de 14 millones 863 mil 200 pesos del Fondo Metropolitano, los cuales no fueron transferidos desde el gobierno estatal a las cuentas de Tijuana y Mexicali.

El gobierno de “Kiko” Vega tampoco demostró haber realizado la apertura de las cuentas bancarias y las transferencias de los recursos para el pago de las empresas contratadas, señala el documento.

Además, de 24 millones 302 mil 200 pesos para proyectos del mismo fondo, “únicamente se había pagado un monto de 6 millones 166 mil 200 pesos, por lo que existen recursos no ejercidos por 18 millones 136 mil 45 pesos que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación”, se especifica en una de las solicitudes de aclaración.

En otro rubro para obra pública, Baja California recibió 110 millones 880 mil pesos dentro del programa de Proyectos de Desarrollo Regional, del cual se detectaron 3 millones 879 mil 600 pesos en probables recuperaciones y un subejercicio (recursos no ejercidos) por un millón 478 mil 276 pesos.

Al fiscalizar seis obras ya concluidas, la ASF determinó que la rehabilitación de vialidades en la colonia Fraccionamiento San Pedro en Mexicali, constituye un probable daño al erario público por 2 millones 863 mil pesos, dado que ese proyecto “no atendió las necesidades de la población objetivo”.

Además, al revisar las cuentas bancarias en las que la Federación transfirió los recursos correspondientes a ese programa, el ente fiscalizador detectó rendimientos financieros por un millón 15 mil 700 pesos que no fueron utilizados.

304 MILLONES PARA ISSSTECALI SIN LOCALIZAR

En 2016, Baja California recibió 19 mil 777 millones 616 mil 700 pesos en participaciones federales, de los cuales 15 mil 986 millones 178 mil pesos consistieron en recursos líquidos para ser administrados y ejercidos de manera directa.

La ASF revisó el 60 por ciento de estos recursos transferidos a la administración de Vega de Lamadrid.

Como resultado, el primer daño a la Hacienda Pública consiste en 304 millones 187 mil 005 pesos que debieron depositarse al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) por concepto de beneficio de seguridad social a los empleados de gobierno.

“Sin embargo, (el gobierno de Baja California) no presentó la documentación comprobatoria que acredite el pago del beneficio, ni la autorización correspondiente”, explica el documento.

Otros 4 millones 475 mil 859 pesos se destinaron a pagos de aviadores, 395 plazas que no se encontraron autorizadas por el Congreso de Baja California, pero que recibieron un pago.

Además, se pagaron 13 millones 853 mil 800 pesos a 70 servidores públicos del gobierno estatal que “no contaron con la documentación que acreditara el perfil requerido para cubrir la plaza bajo la cual cobraron”.

 

Brenda Ruacho de Vega  y Manuel Guevara.                         

De igual forma, la ASF halló pagos superiores a los establecidos en el tabulador para 504 servidores públicos, quienes en conjunto devengaron 4 millones 877 mil 100 pesos por encima de lo autorizado.

Las irregularidades en pagos a trabajadores continúan. Se destinaron 827 mil 037 pesos a ocho servidores públicos que ya se encontraban dados de baja de sus puestos de trabajo, mientras que la Secretaría de Planeación y Finanzas no proporcionó evidencia del pago de un millón 657 mil 916 pesos en beneficios a empleados.

PAGOS INCOMPLETOS A PROFESORES

De los 11 mil 75 millones 884 mil 100 pesos que el gobierno de Baja California recibió para el pago de nómina educativa y gasto operativo en 2016, la ASF revisó una muestra del 94.2%, esto es 10 mil 435 millones 843 mil 900 pesos.

En los pliegos de observaciones a esta cuenta, el organismo fiscalizador determinó un probable daño a la Hacienda Pública federal por 322 millones 866 mil 028 pesos, monto que el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) utilizó para pagos de nóminas complementaria y de honorarios, cuotas y aportaciones de seguridad social, conceptos no autorizados para derogar de este fondo federal.

También en materia de educación, la ASF halló aviadores. “Con la visita física de una muestra aleatoria de 309 centros de trabajo se identificó que el ISEP realizó pagos a 10 personas por un millón 90 mil pesos que no se acreditó que laboraron efectivamente en los centros de trabajo”.

De manera adicional, el gobierno estatal recibió 311 millones 695 mil 400 pesos para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, el cual en 2016 operó 488 planteles con una matrícula de 79 mil 177 alumnos.

En este caso, la Auditoría localizó un daño a la Hacienda Pública por 6 millones 767 mil 700 pesos, correspondiente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a personal directivo, docente y de honorarios como parte de un programa de apoyo económico.

“El ISEP no acreditó haber retenido ni enterado el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los salarios de los trabajadores del personal o contar con la autorización otorgada a la ampliación de la jornada laboral pagada con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo”, determinó la ASF.

ENTES EJECUTORES

Para la realización de 35 programas, en 2016 el Gobierno Federal destinó 2 millones 354 mil 529 pesos al gobierno de Baja California dentro del Programa Entes Ejecutores.

Entre ellos, el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, programas de salud y educativos.

La anomalía más grave entre estos programas corresponde al Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, ya que en los estados de cuenta bancarios no se identificó la transferencia del recurso por 6 millones 723 mil 200 pesos.

No solo eso, sino que el gobierno estatal presentó tres cuentas liquidadas como presunta evidencia de los pagos con fechas del 4 y 15 de marzo, así como del 23 de mayo.

De igual forma, la ASF detectó que Planeación y Finanzas transfirió los recursos destinados a programas de salud materna, sexual y reproductiva; vigilancia epidemiológica; prevención y control de enfermedades y programa de vacunación, hasta dos meses después de lo establecido.

MÁS DAÑOS EN SEGURIDAD PÚBLICA

De los 307 millones 792 mil 200 pesos que la administración estatal recibió para ejercer en seguridad pública, la ASF detectó recuperaciones probables por 2 millones 442 mil 100 pesos y 69 millones 55 mil 821 pesos en recursos no ejercidos, lo cual representa el 22% ciento de los fondos disponibles en 2016.

Por ejemplo, se determinaron 2 millones 84 mil 900 pesos en daños a la Hacienda Pública federal “por pago de servicios profesionales no contemplados por la Ley de Coordinación Fiscal, por no cobrar penas convencionales y por no amortizar los anticipos otorgados”.

A esto, la ASF sumó el incremento de índices delictivos de 2016 a 2015: 6.8% en robo a negocios; 6.7%  en robo de vehículos; 5.3% en homicidios; 4.6% en secuestro y 3.5% en robo a transeúntes.

Esto sumó una incidencia delictiva del 27.6%, mientras que la Auditoría también observó una sobrepoblación del 31.6% en centros penitenciarios.

135 MDP PARA DIF, CONALEP Y ASISTENCIA SOCIAL DESPERDICIADOS

Además de los más de 69 millones de pesos no ejercidos en Seguridad Pública, la ASF detectó otros 131 millones 296 mil 188 pesos no utilizados dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del total de 485 millones 766 mil 300 pesos que el gobierno estatal recibió en 2016.

El FAM se encarga de dotar de recursos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y para infraestructura educativa.

Este subejercicio equivale al 28.4% de los recursos transferidos y persistió hasta el 31 de agosto de 2017, más de medio año después de lo estipulado para su aplicación. Este desperdicio de recursos se torna aún más grave al considerar que los recursos del FAM 2016 representaron el 98.5% del financiamiento de las acciones de asistencia social, que se canalizan a través del DIF.

Además de ello, la ASF encontró una anomalía en el contrato para el suministro de insumos alimenticios para los paquetes de desayunos escolares y despensas que entrega el DIF, firmado por un monto de 135 millones 83 mil pesos.

Lo anterior debido a que se entregó por medio de adjudicación directa en la que “no se aportaron los elementos suficientes, así como la documentación que acredite los criterios en los que se sustentó la excepción a la licitación pública”.

El contrato, en poder de ZETA, se firmó el 25 de abril de 2016 con el proveedor Express Fruit, representado legalmente por José Luis Martínez Montalván y propiedad de José de Jesús González Valencia y Carlos Alberto Barcena Coqui.

Por esta adjudicación directa, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que Contraloría realice investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos responsables.

Asimismo, la ASF detectó un subejercicio por un millón 805 mil 868 pesos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Como parte de este programa, en 2016 se destinaron 130 millones 855 mil 800 pesos a Baja California y representaron el presupuesto total del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) del Gobierno del Estado de Baja California.

“Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de mayo de 2017, existían recursos no devengados por 13 millones 304 mil pesos y un millón 751 mil pesos, respectivamente, así como rendimientos financieros no devengados por 54 mil pesos, que totalizan un millón 805 mil pesos pendientes de devengar al 31 de mayo de 2017”, se detalla en el documento.

Además del daño al erario público federal, la ASF concluye que “el gobierno del Estado de Baja California no ejerció con oportunidad los recursos del fondo”, aseveración que contrasta con el 30.4% de deserción en los alumnos y el 57.3% de estudiantes que no obtuvieron su certificación como profesionales técnicos en el Conalep.

Por último, existe un subejercicio de un millón 247 mil 868 pesos en los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

En este rubro, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado recibió 41 millones 139 mil 800 pesos en 2016 para destinar a 59 obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, así como para infraestructura básica del sector salud y educativo.

Desperdiciar más de un millón de pesos, según lo detectado por la ASF al cierre de su auditoría el 31 de julio de 2017, “originó que la población objetivo no recibiera los beneficios programados”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 26 FEBRERO, 2018 12:00 PM)