Fotos: Archivo/Carlos Mendoza Davis,
Gobernador de Baja California Sur
La Auditoría Superior de la Federación
detectó desvíos por mil 165 millones de pesos en fondos federales y otros 61
millones de pesos no ejercidos en 2016, el primer año de gobierno de Carlos
Mendoza Davis. Mientras se registraron desfalcos en seguridad pública,
educación, apoyos sociales e infraestructura, la administración estatal destinó
millones en contratos irregulares, aviadores y pagos en exceso a trabajadores.
La ASF determinó: “El gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una
gestión eficiente y transparente de los recursos del gasto federalizado”
En la revisión de diez fondos
federales que recibió el gobierno de Baja California Sur en 2016, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) detectó recursos mal ejercidos por mil 227
millones 27 mil 600 pesos.
De estos, mil 165 millones
195 mil 100 pesos son catalogados como “recuperaciones probables” o desvíos,
dinero que no fue usado para lo que fue presupuestado, ni se localizó en las
cuentas bancarias del gobierno estatal.
Los 61 millones 832 mil 500
pesos restantes conforman los subejercicios, aquellos fondos no utilizados pese
a haber sido transferidos a la administración estatal y que fueron reintegrados
a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
El impacto para los
sudcalifornianos de estos malos manejos por parte de Carlos Mendoza Davis en su
primer año de gestión como gobernador, se traduce en daños en materias tan
sensibles como seguridad pública, educación, obra pública y asistencia social.
El rubro que presenta el
mayor quebranto al erario público es el fondo denominado “Gasto federalizado a
los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios”, por el que el
gobierno de Baja California Sur recibió 2 mil 743 millones 517 mil 400 pesos.
De acuerdo con información de
la ASF, la cual publicó estas auditorías como parte de su tercera entrega de la
revisión a las cuentas públicas de 2016, BCS destinó estos recursos a 29
programas.
La totalidad del monto fue
revisado por la ASF, la cual concluyó: “A la fecha del corte de la Auditoría
(30 de junio de 2017), el gobierno de Baja California Sur no acreditó el entero
a los ejecutores el 21.3 por ciento de los recursos federales transferidos”.
Esto significa un daño a la Hacienda Pública por 585 millones 522 mil 700
pesos.
Lo anterior “por falta de documentación
soporte de la recepción de los recursos y envío a las instancias ejecutoras”.
Estos más de 585 millones de
pesos debieron haberse invertido en programas de apoyo a cultura, deporte,
perspectiva de género, tratamiento de aguas residuales, desarrollo turístico,
pueblos mágicos y atención médica.
No obstante, la
administración de Mendoza Davis no pudo comprobar, aun seis meses después de
cerrar el ejercicio presupuestal 2016, que el dinero haya sido transferido a
los distintos programas.
A manera de conclusión, la
ASF determina: “El gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una
gestión eficiente y transparente de los recursos del gasto federalizado”.
Los malos manejos de Carlos
Mendoza Davis afectaron a la población más vulnerable, determinó la ASF.
215 MILLONES EN PAGOS QUE PROFESORES NO RECIBIERON
El segundo fondo federal
donde más recursos desviados fueron detectados por la ASF, estaba destinado a
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, por el cual recibió 500 millones
de pesos.
Sin embargo, la aplicación de
más de la mitad de estos recursos, 226 millones 113 mil 700 pesos, no pudo ser
comprobada por la administración estatal, por lo que la ASF determinó esta
cantidad como “recuperaciones probables”.
Nuevamente, no mostró
documentación justificativa y comprobatoria acerca del uso adecuado de estos
recursos.
Entre las principales
anomalías con el uso de estos recursos, la ASF detectó 215 millones 349 mil 784
pesos devengados de las cuentas bancarias del gobierno estatal por concepto de
pago de nómina al Colegio de Bachilleres del Estado, a la Secretaría de
Educación Pública de Baja California Sur y al Instituto Tecnológico Superior de
Los Cabos, los cuales no pudieron ser comprobados ni justificados a través de
la documentación correspondiente.
De manera adicional, la
Auditoría observó que “seis empleados no cumplieron con el perfil requerido
para las categorías de enfermera y jefe de oficina del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos”. No obstante, entre los seis servidores públicos
cobraron un millón 343 mil pesos.
Isidro Jordán Monroy, el responsable de
las finanzas estatales
También dentro del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos, los auditores federales constataron el
pago de 7 millones 769 mil 800 pesos para salarios de 48 plazas no autorizadas.
No solo eso, también se
registraron pagos en exceso para cuatro trabajadores por un monto global de un
millón 651 mil 100 pesos.
MILLONES EN GASTOS SIN COMPROBAR
En cuanto a participaciones
federales, BCS recibió 4 mil 440
millones 530 mil 100 pesos en 2016, de los cuales fueron auditados mil 620
millones 866 mil 900 pesos y se determinaron recuperaciones probables por 224
millones 837 mil 200 pesos, los cuales corresponden principalmente a pagos de
plazas no autorizadas.
De esta cantidad se desprende
un desvío de 6 millones 100 mil pesos detectado por la ASF al revisar las
cuentas bancarias en las que el gobierno sudcaliforniano depositó los recursos
federales.
Por otro lado, de 124
millones de pesos supuestamente destinados a partidas como energía eléctrica,
arrendamiento de edificios, asesorías, servicios de consultoría y gastos de
difusión, el gobierno no pudo comprobar el gasto de 62 millones 330 mil 409
pesos, incluido el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el pago de estos
servicios.
Mientras que el daño más
severo en el fondo de participaciones federales se encuentra en un monto de 146
millones 84 mil 390 pesos ejercidos en pagos en nómina a 519 plazas no
autorizadas y 530 que excedieron las autorizadas.
De igual forma, la ASF
descubrió otro desvío de 10 millones 117 mil 783 pesos en dinero que debió
utilizarse para las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado y en retenciones en nóminas.
UNIFORMES ABANDONADOS EN BODEGAS, PATRULLAS SIN PLACAS
Y CÁMARAS NO INSTALADAS EN CÁRCELES
Por concepto del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública, Baja California Sur recibió 163
millones 102 mil 900 pesos, de los cuales la ASF revisó una muestra del 91.2
por ciento.
En este caso, el órgano
fiscalizador detectó recuperaciones probables por 68 millones 155 mil 100 pesos
y un subejercicio por 38 millones 527 mil 800 pesos. Nuevamente, la
administración municipal no pudo aportar documentación comprobatoria sobre la
ejecución de esos más de 68 millones de pesos.
De entrada, una de las principales
observaciones sobre anomalías en la ejecución de los recursos es por 22
millones 962 mil 100 pesos, destinados a obra pública y servicios básicos que
no cumplen con los fines del fondo ni contaron con autorización del
Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública, así como en
retiros sin presentar la documentación comprobatoria.
En materia de equipamiento,
al realizar una inspección física a las oficinas de la Subsecretaría de
Seguridad Pública (SSP), personal de la ASF constató que una termina de radio
digital se encontraba extraviada con un reporte de robo levantado y una más
presentaba sobrecalentamiento, daños que se contabilizan en 53 mil 662 pesos.
En otra de estas inspecciones
físicas, la ASF localizó 327 piezas de uniforme para elementos de la SSP como
botas, chamarras y camisas, dentro de un almacén en La Paz que no habían sido
distribuidos a los elementos de seguridad. Mientras que en una bodega de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron localizadas otras 18
piezas de uniformes.
Además, la Auditoría detectó
un daño presupuestario por 5 millones 146 mil 210 pesos que el gobierno dijo
destinar a la adquisición de vestuario y uniformes para personal de seguridad,
pero no pudo comprobar su aplicación.
Lo mismo ocurrió con otros 14
millones 516 mil 100 pesos para la compra de vehículos y equipo terrestre.
Además, el parque vehicular de la SSP que fue adquirido con los recursos de
este fondo en 2016, “no cuenta con placas de circulación y no se han elaborado
los contratos de comodato con los municipios”, detalla el dictamen.
Otros gastos que no pudieron
ser comprobados, son 5 millones 650 mil en muebles de oficina y estantería; 3
millones 3 mil 249 pesos en equipo técnico y tecnologías de la información; un
millón 646 mil pesos en la adquisición de dos vehículos; así como un millón y
medio de pesos en la construcción de la sala de juicios orales.
En materia penitenciaria,
pese a haber pagado 6 millones 350 mil pesos para el suministro, instalación y
puesta en marcha de un sistema de video vigilancia integral, a la fecha de la
auditoría, realizada el 23 de junio de 2017, ese sistema no se había puesto en
marcha
Las irregularidades en
seguridad pública siguen. La SSP no pudo comprobar gastos por 2 millones 346
mil 200 pesos en uniformes para los custodios, mientras que 2 millones 754 mil
143 pesos supuestamente invertidos en productos químicos, equipo médico y de
laboratorio para ciencias forenses, no pudieron ser comprobados.
Tampoco se pudo validar la
aplicación de un millón 816 mil 732 pesos destinados a pólizas de mantenimiento
de servicios de radiocomunicación.
A la par de estos desvíos,
BCS registró alzas en índices delictivos: 53.3% en robo de vehículos, 140% en
extorsión y 23% en lesiones.
MÁS INCONSISTENCIAS EN PAGOS A DOCENTES
En el programa Escuelas de
Tiempo Completo, cuyos fondos federales sumaron 108 millones 516 mil 100 pesos
en 2016 para Baja California Sur, la ASF determinó recuperaciones probables por
66 millones 726 mil pesos.
Ismael Sigala Páez, Subsecretario de
Seguridad Pública de BCS en 2016
El principal daño en este
rubro es por 63 millones 677 mil 900 pesos supuestamente destinados al pago de
personal directivo y docente de preescolar y primaria. Al revisar las
transferencias, la ASF detectó “inconsistencias en los registros, ya que no
contenía los campos de plazas y centros de trabajo correspondientes”.
Algunas otras anomalías
detectadas en este fondo son la falta de comprobación de viáticos por 158 mil
pesos, y de diplomados en matemáticas por un millón 563 mil 100 pesos de un
mural por 790 mil pesos.
14 MDP GASTADOS EN AVIADORES
Por el Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Baja California Sur recibió 4 mil
483 millones 446 mil 300 pesos en 2016. De estos, la ASF detectó 10 millones
639 mil 200 pesos que no fueron utilizados, y otros 38 millones 931 mil 500
pesos en desvíos.
De ese monto superior a 38
millones de pesos, se desprenden los siguientes malos manejos: 18 millones 257
mil 373 pesos en las partidas Subsidios y Otras Ayudas, así como en Sentencias
y Resoluciones (laudos), “los cuales no cumplen con los fines y objetivos del
fondo”, detalla la ASF.
Además, “se realizaron pagos
de varias partidas, los cuales carecen de documentación justificativa y
comprobatoria”, continúa el documento.
Mientras que otros 14
millones 649 mil 166 pesos se destinaron a “pagos a 122 trabajadores que no
fueron localizados ni identificados por el responsable del centro de trabajo
durante las visitas físicas a los planteles del estado”.
Por otra parte, se destinaron
4 millones 818 mil 673 pesos en 485 pagos a 14 personas que laboran en centros
de trabajo no financiables con recursos de este fondo.
De igual forma, se hicieron
137 pagos por 752 mil 205 pesos a seis trabajadores comisionados al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que contaban con once plazas,
esto a pesar de que el destino de este fondo no debe aplicarse en ello.
GOBIERNO SE QUEDA CON ISR Y FOVISSSTE DE PERSONAL DE
CONALEP
En 2016, BCS recibió 62 millones 480 mil 800 pesos por
medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que
a su vez alimenta el presupuesto del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep).
En este fondo, la ASF
determinó recuperaciones probables por 8 millones 258 mil 100 pesos y observó
un subejercicio por 8 mil 200 pesos.
Dentro de los más de 8
millones de pesos en desvíos, documentación de la ASF ubica un millón 22 mil
403 pesos supuestamente destinados a prestadores de servicios profesionales, de
quienes el gobierno no pudo acreditar el resultado de las actividades
realizadas.
También en servicios
personales, el ente fiscalizador determinó que 2 millones 646 mil 288 pesos en
retenciones por concepto del Fondo para la Vivienda (Fovissste) no pudieron ser
acreditados. Lo mismo con 4 millones 562 mil 611 pesos en retenciones del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) del personal.
OBRA PÚBLICA INFLADA Y MAL HECHA
Para realizar diez proyectos
de obra pública, tales como la rehabilitación del Palacio del Gobierno del
Estado, pavimentaciones, la remodelación de una cancha de frontón en La Paz y
saneamiento de agua potable y drenaje, BCS recibió 103 millones 109 mil 800
pesos en 2016.
De este monto, se detectaron
desfalcos por 6 millones 953 mil 100 pesos y un subejercicio por 12 millones
420 mil 100 pesos.
Parte de las irregularidades
en la aplicación de este fondo, explica la ASF en su dictamen respecto al fondo
de “Proyectos de Desarrollo Regional”, está la retención por 300 mil 171 pesos
que hizo la SFA, que corresponde “al cinco al millar del importe de cada una de
las estimaciones de trabajo pagadas de las obras por contrato”.
De igual forma, auditores
detectaron que tres de los diez contratos se adjudicaron de manera directa y no
por licitación pública, como debió realizarse. De igual forma, al realizar
visitas a las obras públicas en proceso, la ASF detectó tres proyectos en que
hacían falta trabajos por 997 mil pesos que ya habían sido presupuestados y
pagados.
En otra obra, con inversión
de 54 mil 900 pesos, la Auditoría determinó que los trabajos “no cumplen con
las normas y especificaciones de construcción requeridas”.
LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE, DESATENDIDA
A través del Fondo de
Infraestructura Social, la administración de Carlos Mendoza Davis recibió 15
millones 276 mil 700 pesos en 2016. De estos recursos, la ASF determinó 4
millones 689 mil 700 pesos en recursos mal ejercidos y 198 mil 800 pesos en
recursos no utilizados.
Acerca del monto de desvíos,
la Auditoría explica que “representa el 30.7 por ciento de la muestra auditada
que corresponden principalmente a obra pública no autorizada o que haya
beneficiado a la población objetivo”.
Estos recursos tenían como
objetivo programas de electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento
de vivienda, pero en el caso de los 4 millones 689 mil 700 pesos, el órgano
fiscalizador detectó que se destinaron a la construcción de 76 viviendas “que
no beneficiaron a la población de las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) que
deben ser localidades con los 2 grados de rezago social más altos o población
en pobreza extrema”.
Precisamente al revisar los
montos que el gobierno de Baja California Sur invirtió en las ZAP, la ASF
detecto que solo fueron 7 millones 180 mil 900 pesos, lo cual representa el 47%
del Fondo de Infraestructura Social y no el 70%, como está estipulado en la
normativa.
DINERO RETENIDO
Del Fondo de Aportaciones
Múltiples se financian principalmente el Instituto Sudcaliforniano de
Infraestructura Física Educativa (ISIFE) y el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).
En 2016, BCS recibió 209
millones 443 mil 800 pesos por este concepto, de los cuales un millón 734 mil pesos
no se ejercieron de manera educada y otros 38 mil 300 pesos simplemente no
fueron utilizados.
El daño por un millón 734 mil
pesos responde a conceptos de retenciones por derechos de inspección,
vigilancia y control de los trabajos, las cuales se destinan al Instituto de
Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y a obras
de carácter social del mismo Instituto.
Sin embargo, el gobierno de
Baja California Sur “no acreditó su entero a la instancia correspondiente”.
En estos diez dictámenes de
la ASF, como en todas las auditorías llevadas a cabo por este órgano, el
gobierno de Baja California Sur contó con múltiples oportunidades para
solventar las observaciones realizadas por la Auditoría.
En algunos casos, según
consta en las conclusiones, la administración estatal intentó subsanar las
fallas aquí expuestas, sin éxito y en otros fondos, ni siquiera aportó la
documentación solicitada por la ASF.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / INÉS GARCÍA RAMOS
/DOMINGO, 4 MARZO, 2018 10:00 AM)
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