Este
jueves se difundió una fotografía perfecta del México contemporáneo. Un grupo
armado al servicio de Gloria María Sánchez, Alcaldesa de Oxchuc, en Chiapas,
ingresó a la cabecera municipal, disparando a mansalva en la calle y la
iglesia, e incendiando media docena de casas. Los paramilitares buscaron el
mayor daño posible contra los seguidores del ex Presidente Municipal en esa
comunidad indígena, en venganza porque Sánchez no ha podido gobernar desde que
ganó las elecciones en 2015. Cinco heridos y ríos de sangre seca por todos
lados sintetizaron el conflicto permanente y, sobre todo, la impunidad.
Tamaulipas,
en las primeras planas de los periódicos, es otra fotografía del México rojo.
Diez bloqueos se establecieron casi simultáneamente en Reynosa, donde
paramilitares del Cártel del Golfo se agarraron a tiros con el Ejército, la
Marina y la Policía estatal, prolongando la angustia en aquella ciudad
fronteriza. A 262 kilómetros, también sobre la franja fronteriza, un acto del
Alcalde Enrique Rivas en un parque, fue interrumpido por una lluvia de disparos
que obligó a todos a zambullirse en la tierra. En ningún caso se reportaron
víctimas fatales, lo que no quita lo ominoso que en materia de seguridad se
vislumbra en el estado, donde la violencia subió de 2016 a 2017, 35 por ciento.
El
desacuerdo político reinante en el País está crecientemente conduciendo a la
violencia. La actividad política, produciendo asesinatos. Este miércoles, el
regidor en el Ayuntamiento de Celaya y presidente del Comité Directivo
Municipal del PRI en Guanajuato, Jorge Montes González, fue asesinado; 12
impactos de bala perforaron la puerta del conductor, sin que se tenga idea de
quiénes fueron o por qué lo mataron. En Guanajuato mismo, donde la violencia ha
ido creciendo en los últimos meses, un empresario de León pagó con su vida. En
Tlaxcala, un choque entre bandas de huachicoleros produjeron la muerte de tres
personas, mientras que en Tlalnepantla, dos hombres fueron asesinados dentro de
su casa. En Zacatecas, un comando armado del Cártel del Golfo exhibió un video
donde un comandante policial, bajo amenaza, daba nombres de jefes policiacos
presuntamente vinculados con el narcotráfico; tras decirlo, fue degollado
La
violencia está desatada, no sólo en aquellos gobiernos del PAN que están en el
inicio de sus administraciones, sino en priistas y perredistas. Colima,
gobernado por un priista, tiene poco más de 13 meses de descomposición sin
precedente. En Tlaxcala, un estado otrora limpio, gobernador por el PRI, la
seguridad se volvió un tema de preocupación con asesinados vinculados al crimen
organizado. Nayarit, en la secuela de otro Gobernador priista, fue el estado de
mayor violencia en el País el año pasado. Chihuahua, está viviendo una etapa de
narcopolítica.
El
sábado pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública dio a conocer su último informe. En 2016, indican que el número de
homicidios dolosos aumentó en 27 estados en comparación con las cifras de 2016.
Cuando llegó el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la
administración de Felipe Calderón le entregó un país con casi 70 mil muertos y
problemas complejos en tres entidades. Al cierre del quinto año de gobierno, la
violencia criminal se extendió a otras 30 entidades y el número de homicidios
dolosos es más de 20 por ciento superior al registrado en el gobierno de
Calderón en el mismo periodo.
En
este espacio se ha documentado de manera sistemática a lo largo del sexenio,
las fallas en la estrategia de seguridad pública que produjeron, en buena
parte, el colapso de la estrategia de seguridad pública. Sin embargo, no toda
la responsabilidad puede adjudicársele al gobierno federal. Durante la primera
legislatura en el Congreso, los diputados aplazaron dos veces el mandato legal
de pasar a policías federales, estatales y municipales, por controles de
confianza. La pregunta de cuántos crímenes se hubiera evitado de haberse
aplicado es retórica, pero ayuda a imaginarse los escenarios positivos que
habrían existido con el cumplimiento de esa ley como estaba mandatado.
El
cuerpo político federal es culpable del desastre, pero las cámaras tienen
también su alta cuota de responsabilidad. De manera permanente, hasta estos
días, se han negado a legislar sobre un nuevo modelo de policía civil, y
escondieron en diferencias de artículos y la aprobación de la Ley de Seguridad
Interna -que eternizará a los militares en tareas de seguridad pública porque
abre zonas de confort para los gobiernos locales-, que por encima del problema
que más preocupa a los mexicanos, están sus negociaciones políticas que sólo
buscan rascar más poder.
A
ellos también se les puede achacar el adefesio que legislaron sobre el Nuevo
Sistema Penal Acusatorio, que construyó una puerta giratoria para cuando menos
11 mil criminales -no incluye a quienes eran inocentes de un delito o habían
cometido faltas menores-, por la sutileza de que delinquir con un cuchillo, un
cuerno de chivo o un portaviones nuclear, no es un delito grave y les permite
regresar a la calle. Les quitan el arma y, como se ha probado, compran otra en
la calle y vuelven a cometer el mismo delito. Esta impunidad se ha extendido de
manera creciente al Poder Judicial, donde se ha demostrado que jueces que dejan
en libertad a criminales de envergadura, no por miedo -que es un factor de
vulnerabilidad existente-, sino por corruptos.
Este
país no está en paz. En términos cuantitativos, el número de muertos lo colocan
en la categoría de una nación en guerra civil. Pensar en sus responsabilidades
es una obligación política, ética e histórica. No lo olviden, como hasta ahora
ha sido.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
@rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26/01/2018 | 04:00 AM)
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