Una
década después de haber sido intervenido quirúrgicamente, a José Armando Reyes
Domínguez le encontraron dentro de su cuerpo una aguja. Su intento por que se
castigue a los dos gastroenterólogos que le realizaron la intervención, ha sido
infructuoso en los últimos cinco años; mientras la Comisión de Arbitraje Médico
(Came) de Baja California se dijo incapaz de poder castigar errores de un
lustro de antigüedad, la PGJE intentó prescribir el caso. Ambos médicos siguen
ejerciendo en Tijuana, uno cuenta con antecedentes penales en EE.UU.
En
enero de 2003, a José Armando Reyes Domínguez se le practicó una endoscopía a
cargo del gastroenterólogo Sergio Verboonen Sotelo, quien entonces atendía en
un consultorio del Hospital Excel, el cual descubrió en el paciente una hernia
en el esófago.
“Me
comenta que la única solución para el padecimiento era realizar una cirugía
para extirpar la hernia y quitar definitivamente el problema”, relató Reyes a
ZETA, señalando que convino con Verboonen de que éste realizará la cirugía,
cuyo costo sería cubierto por el seguro de gastos médico del paciente, en este
caso, de la Línea Azul de GNP.
“Me
dice (Verboonen) que él no está dentro de la Línea Azul del seguro, pero que
tiene un médico que sí está autorizado y él me puede realizar la cirugía, el
medico se llama Harry Miller Fogel”, rememoró el paciente, señalando que tuvo
contacto con él en los días posteriores, para ello se realizó los estudios
previos necesarios para ser ingresado a cirugía en el Hospital Excel, el 23 de
enero de ese mismo año.
Reyes
afirmó que al momento de ingresar al quirófano, tanto Verboonen como Miller, se
encontraban ahí para realizar el procedimiento, este último como el responsable
de la intervención y aquel como ayudante. El paciente comentó que, tras la
operación, su recuperación se dio sin ningún imprevisto.
ERROR MÉDICO PERMANECIÓ OCULTO
“Pasados
10 años exactamente, en abril de 2013, comienzo a tener un dolor en el costado
izquierdo de mi cuerpo, de mi abdomen. Acudo a Issstecali y me mandan a hacer
una radiografía… al momento que me hacen la radiografía, detectan que hay un
cuerpo quirúrgico dentro de mi abdomen, mencionando que es una aguja
quirúrgica”, dijo Reyes y agregó que desde 2003 no se practicó ninguna otra
cirugía.
El
dolor en su abdomen aumentó con el paso de los días al punto de incapacitarlo
para trabajar. Para extraer la aguja, Reyes tuvo que volverse a operar, en esta
ocasión, una laparotomía exploradora. Antes de realizarla, se aseguró de
contactar a Verboonen para informarle de la anomalía, pero el médico se
deslindó de cualquier responsabilidad, señalándole al paciente que quien
realizó la cirugía fue Miller.
“Acudo
con el doctor Harry Miller y me dice que no, que él solo prestó el nombre y
firmó la documentación para cobrar los honorarios a GNP”.
Aunque
se le pudo extraer la aguja, Reyes señaló que ha padecido secuelas por el daño
que ésta causó en su organismo, encontrándose impedido para realizar deporte o
cualquier actividad física que le suponga esfuerzo.
MÉDICOS SE CULPAN ENTRE SÍ
El
29 de abril de 2013, 10 días después de enterarse de la presencia de la aguja
en su cuerpo, José Armando Reyes Domínguez decidió presentar una denuncia
contra los gastroenterólogos Sergio Verboonen y Harry Miller ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por los delitos de lesiones
culposas, responsabilidad médica y fraude.
Pero
a pesar de los elementos de prueba que ha otorgado, el avance de su caso ante
esa instancia no ha sido sustancial, “se integró la averiguación, la pasan a la
unidad orgánica de lesiones y hasta la fecha, la averiguación sigue dentro de
la misma unidad, sin avances”, denunció Reyes.
Dentro
de la investigación, tanto Verboonen como Miller declararon sobre los hechos
denunciados, el primero el 5 de febrero de 2015, de manera presencial ante el
agente del Ministerio Publico, y Miller, por escrito, el 29 de mayo del mismo
año, declaraciones contenidas en el expediente 3714/13/211/AP.
En
sus informes, ambos médicos niegan su participación en la cirugía y señalan al
otro como responsable de la misma; Miller incluso aceptó haber prestado su
nombre para que la misma fuera cubierta por Seguros GNP.
“En
octubre de 2016, el Ministerio Publico, estando a cargo de la investigación,
determina el no ejercicio de la acción penal en contra de los denunciados, a
razón de que da como prescrito el delito, ya que ya habían transcurrido más de
dos años”, relató Reyes.
De
acuerdo al Código Penal de Baja California, la prescripción decretada por la
PGJE supone una mala aplicación, puesto que el funcionario a cargo de la
investigación tomó como fecha el año 2003, siendo que el afectado no tuvo
conocimiento del delito hasta 2013, por lo que no había operado la prescripción
del mismo al denunciarse dentro del plazo legal.
Afortunadamente
para Reyes, el recurso de inconformidad presentado por esta situación logró
reabrir el expediente, el cual continúa integrándose, quedando pendientes para
ejercer la acción penal, la realización de peritajes, los cuales ni la Comisión
de Arbitraje Médico Estatal, ni algún otro perito médico han podido realizarla
por la carencia del expediente clínico que contenga la operación realizada en
2003.
Casualmente,
Came tampoco ha podido localizar otros expedientes del paciente que demuestren
que, entre 2003 a 2013, no se le practicó ninguna otra cirugía.
CAME NIEGA EXISTENCIA DE QUEJA
El
doctor Antonio Téllez Amezcua, coordinador de Conciliación en Tijuana de la
Comisión de Arbitraje Médico -Came- de Baja California, informó a ZETA que no se
cuenta con registro de ninguna queja presentada por José Armando Reyes
Domínguez.
Cuestionado
sobre cuál pudiera ser la razón por la que Came de Baja California se niega a
dar seguimiento a una queja, comentó que éstas no proceden una vez que han
pasado cinco años desde que se brindó la atención, tal como lo expone el
Artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión, ya que éste es el periodo
mínimo que se exige a los médicos o centros de salud, conservar los expedientes
clínicos de sus pacientes.
En
efecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, sobre los expedientes
clínicos, aclara que, “por tratarse de documentos elaborados en interés y
beneficio del paciente, deberán ser conservados por un periodo mínimo de cinco
años, contados a partir de la fecha del último acto médico”.
Téllez
puntualizó que es muy probable que los médicos implicados en la atención de
Reyes Domínguez ya no cuenten con dichos documentos, siendo estos los que
representarían su principal medio de defensa; por lo que el procedimiento de la
comisión no permite analizar quejas que excedan el periodo, ya que ello puede
implicar que se deje en estado de indefensión a los señalados.
MÉDICO CON ANTECEDENTES DE FRAUDE EN EUA
Lo
principal es el castigo a los responsables, señaló Reyes, afirmando que una vez
que se consiga esto, será la autoridad judicial la que determine el monto
económico o las acciones que estime suficientes como reparación del daño. No
quiere que otras personas sean afectadas al igual que él.
Sucede
que tanto Verboonen como Miller, continúan ejerciendo en Tijuana; el primero de
ellos mediante una clínica propia, nombrada “Obesity good bye”, sobre la
Avenida Revolución; y el otro posee un consultorio al interior del Hospital
Centro Medico Nova, en Zona Río. Ambos médicos fueron buscados por este
Semanario en sus consultorios, negándose a ser entrevistados respecto al tema.
Por
si fuera poco, Verboonen cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos por
el delito de fraude contra aseguradoras, recibiendo condena en enero de 2004,
encontrándose en prisión por ocho meses y en libertad condicional por dos años,
además de pagar una multa de 11 mil 357 dólares y restitución de 19 mil 273
dólares defraudados.
EVITAR JUDICIALIZACIÓN DE CASOS,
OBJETIVO DE CAME
De
acuerdo a las cifras de Agustín Escobar Fematt, titular de la Comisión de
Arbitraje Médico -Came- en el Estado, durante 2017, la dependencia atendió en
la entidad 784 controversias entre médico y paciente, originadas en
instituciones públicas y privadas.
Detalló
que de los casos atendidos, solo 74 derivaron en queja y de éstas, 66 se
conciliaron y en seis casos, los denunciantes se desistieron, quedando solo dos
en arbitraje médico.
El
funcionario ponderó que la atención de Came se otorga “sin costo para las
partes involucradas, dado que el objetivo principal es que los asuntos
presentados se resuelvan de común acuerdo, sin que lleguen los casos a
judicializarse”.
De
los casos, 346 surgieron en instituciones de salud privadas y el resto en
públicas; algunos de los casos se solucionaron con la devolución del dinero por
el servicio médico prestado, anotó Escobar Fematt.
Por
su parte, la PGJE informó que desde el año 2013 se cuenta con 90 averiguaciones
previas, activas en el sistema tradicional, por el delito de negligencia
médica, mientras que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), desde su
implementación en junio de 2016, se cuentan con 28 carpetas de investigación
iniciadas.
La
fiscalía se negó a proporcionar información respecto al estatus de la
averiguación previa 3714/13/211/AP, señalando reserva por continuar en
integración.
PENAS APLICABLES EN BC POR NEGLIGENCIA
MÉDICA
Por
el delito de lesiones, al tratarse de daños que “disminuyan facultades o el
normal funcionamiento de órganos o miembros”, según lo estipula la fracción II
del Artículo 139 del Código Penal de Baja California, corresponde una pena de tres
a cinco años de prisión. Si bien, al calificarse de culposas, la pena solo
podrá ser de tres cuartas partes de la correspondiente si se tratara de un
delito doloso, según lo estipula el Artículo 76 del mismo ordenamiento;
mientras que la pena por fraude -delito forzosamente doloso- es de tres meses a
tres años de prisión, según el Artículo 218.
Además,
por contar con responsabilidad médica, el Artículo 269 señala que podrían ser
condenados a suspensión de un mes y hasta dos años en el ejercicio de su profesión
o de manera definitiva en caso de reincidencia.
(SEMANARIO ZETA/ EZENARIO / HÉCTOR ORTIZ
RAMÍREZ/ LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)
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