SALTILLO,
Coah., (apro).- Representantes del ejido Bajío de Caborca, Sonora, denunciaron
que hombres armados que trabajan para Rafael Pavlovich Durazo, tío de la
gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich, privaron de la libertad a José
de Jesús Robledo Cruz, presidente del Comisariado ejidal, junto con otros ocho
campesinos.
En
entrevista telefónica con Apro, Manuel Jesús Hernández Collazo, tesorero del
Comisariado, señaló que vecinos de Robledo Cruz vieron cuando lo subían a una
Cheyenne blanca, con placas de circulación MU-8383-B del estado de Michoacán.
“La gobernadora Claudia Pavlovich ya tenía
conocimiento de que su tío Rafael Pavlovich amenazó de muerte a Robledo Cruz,
ya que los campesinos lo denunciaron y le llevaron escritos a su oficina
exponiéndole el problema”, agregó.
Hernández
mencionó que los ejidatarios identificaron a Luis Enrique Cruz Figueroa como
uno de los pistoleros que “levantó” a Robledo Cruz, y quien trabaja para el tío
de la mandataria sonorense en la custodia de la mina Dipolos.
Durante
17 años, la mina –propiedad de la estadunidense Penmont– despojó ilegalmente
terrenos del ejido Bajío de Caborca para explotar oro. Después de un litigio
los ejidatarios ganaron legalmente el pleito, por lo que deben recibir una indemnización
millonaria.
No
obstante, un juez del Tribunal Agrario de Hermosillo incluyó de manera ilegal a
Rafael Pavlovich Durazo como ejidatario, y actualmente es quien resguarda la
mina para su propio beneficio y de su familia, denunció Hernández Collazo.
Según
el tesorero del ejido, después de que Robledo Cruz fue privado de la libertad,
sus vecinos siguieron a tres camionetas en las que se llevaron al presidente
del Comisariado y a los otros ocho ejidatarios, y se dirigieron hacia la mina
Dipolos.
Señaló
que los campesinos se mantuvieron a cierta distancia y pidieron apoyo a la
guarnición del Ejército en Sonoyta, Sonora, que aseguró los apoyaría, pero
después de ocho horas los militares dijeron que no era posible acudir al lugar.
“Mientras
los vecinos esperaban el apoyo del Ejército, arribaron tres patrullas de la
policía municipal de Caborca y cinco de la policía estatal en apoyo de los
sicarios, amenazando a los campesinos con desaparecerlos”, destacó Hernández
Collazo.
Los
ejidatarios se mantuvieron en el lugar hasta que fueron rodeados por al menos
50 elementos y obligados a retirarse.
“El
presidente y los ejidatarios continúan desaparecidos y los campesinos no se
atreven a denunciar, pues las autoridades, lejos de servir a la población,
trabajan para proteger a los delincuentes”, denunció el tesorero del ejido
Bajío de Caborca.
Aseguró
que en lugar de rescatar a las víctimas, los policías llegaron para proteger a
los sicarios, y dejó en claro “que la señora gobernadora no es diferente a sus
antecesores, ya que protege a sus familia de saqueadores”.
(PROCESO/ JUAN ALBERTO CEDILLO/ 4
SEPTIEMBRE, 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario