Emilio Lozoya, el director de
Pemex durante la primera parte del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto,
se ha convertido en las últimas semanas en una figura estelar en el escenario
de la corrupción mexicana. La investigación global sobre los sobornos en 11
naciones realizados por el gigante brasileño Odebrecht colocó a su
administración en el centro de la corrupción y el foco de las pesquisas que
lleva a cabo la PGR, donde ha llamado a declarar a más de una veintena de
funcionarios y ex funcionarios, varios de ellos muy vinculados a él. Lozoya
sostiene su total inocencia en ese y otros casos de corrupción en la empresa
que dirigió.
El tema de Lozoya y su paso
por Pemex es un hoyo negro. La información que ha emergido sobre actos de
corrupción y su abrupta salida de la dirección de Pemex en febrero del año
pasado, sigue siendo parcial. Se ha responsabilizado de su salida al entonces
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien en al menos dos ocasiones le
pidió al Presidente Enrique Peña Nieto que lo cesara por la desorganización
administrativa en Pemex y presuntos actos de corrupción. Siempre fue atajado.
Incluso en la última conversación que sostuvieron ambos sobre él en diciembre
de 2015, Peña Nieto le dijo que no le volviera a tocar el tema.
La salida de Lozoya se dio
poco después de que el Presidente realizó una visita oficial a Arabia Saudita,
promovida por Lozoya en contra de la recomendación de la entonces Secretaria de
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. El entonces director de Pemex tenía
una relación excepcional con el Presidente, a quien veía en acuerdo cuando
deseaba, sin necesidad de tener que pasar por los canales formales e informales
en Los Pinos como prácticamente todo el Gabinete tenía que utilizar para hablar
con él. El cese de Lozoya no fue explicado, aunque por el discurso del
Presidente al dar posesión a su sucesor, obedeció a la necesidad de darle mayor
eficiencia y rentabilidad, que era uno de los argumentos de Videgaray contra el
ex director. Lozoya iba a ser nombrado embajador en el Reino Unido, pero los
presuntos actos de corrupción en Pemex lo hicieron inviable, como también el
que el líder del PRI, Enrique Ochoa, lo incorporara al Comité Ejecutivo
Nacional. El ex director de Pemex apesta, pero no lo suficiente como para que
rinda cuentas ante el ministerio público por los actos de corrupción que se
investigan durante su administración en la empresa. O, también, porque él no es
sino un mero eslabón de la cadena.
Lozoya no está tranquilo,
pero tampoco se oculta. Mantiene que es inocente pero no abunda en las
explicaciones que hacen ver a Pemex como un cochinero durante su gestión. ¿Está
cubriendo a otros funcionarios? ¿Está pagando costos que no le pertenecen? Este
tipo de preguntas see han venido haciendo de manera cada vez más constante por
el blindaje jurídico que tiene el ex director de Pemex, y que no se ve en la
opinión pública. Un caso ilustrativo es la compra de dos aviones de lujo en
2014 a través de una operación de compra-venta triangulada con un intermediario
con sede en Panamá.
Pemex pagó 71.3 millones de
dólares por dos aeronaves para transporte de personal cuya información, hasta
la fecha se mantiene bajo reserva en México. Se trata de un Cessna Citation
Sovereign 680, modelo 2009, por el que pagó 15.5 millones de dólares, y un
Gulfstream Aerospace G-550, fabricado en 2010, por un precio de 55.8 millones
de dólares. Lo notable es que se adquirieron por casi el doble de su valor
comercial. La existencia de esos aviones había sido denunciada por el PAN el
año pasado, que pedía detalles sobre su mantenimiento, pero no se conocía del
precio de la compra.
Los detalles surgieron de
manera indirecta durante un juicio en la Corte Sur de Florida, en Miami, donde
la empresa Matrix Aviation Inc. demandó a Pemex y a la compañía SYM
Technologies Ltd, que sirvió de intermediaria de la operación, de formar parte
de una conspiración civil para afectar económicamente a la propietaria de las
aeronaves y por incumplir con el pago total de una comisión que habían acordado
en 9.7 millones de dólares, de los que quedaron por cubrir 1.7 millones, de
acuerdo con una investigación publicada en Eje Central.
En esa demanda civil de más
de 250 páginas que obtuvo Eje Central aparece como figura central de la
operación el brigadier general Eduardo León Trauwitz, gerente de Servicios de
Seguridad Física de Pemex, a quien se dirigió la propuesta. León Trauwitz fue
encargado de la seguridad del Presidente electo y ex Gobernador del Estado de
México, Peña Nieto, y es uno de los leales al inquilino de Los Pinos más
favorecidos con cargos estratégicos.
La versión oficial sobra el
uso de los aviones de lujo, es que serían utilizados para vigilar la ordeña de
ductos, que durante el periodo de León Trauwitz se incrementó en 30 por ciento.
¿Qué está pasando escondido ante los ojos públicos? El brigadier general está
siendo investigado desde principios de este año, como consecuencia de distintas
auditorías practicadas a su área y tras la revisión de los contratos por la
compra de equipo en materia de seguridad física de Pemex. Lozoya, sigue
protegido. Todo esto durará hasta que, como sucederá irremediablemente, el hilo
se rompa por lo más delgado. Lo único incierto es dónde está ese hilo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ Estrictamente Personal/
Raymundo Riva Palacio/ 12/06/2017 | 04:08 AM)
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