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La Presidencia de la
República respondió esta tarde -a través de un escueto comunicado sin membrete-
al diario estadounidense The New York Times, luego de que el medio publicó este
lunes un extenso reportaje en el que afirmó que el Gobierno mexicano espía a
personajes “incómodos”, entre ellos a periodistas, intelectuales y activistas
de alto nivel.
En el comunicado firmado por
Daniel Millán Valencia, director de medios internacionales de la Presidencia,
el Gobierno de México sólo pidió a los afectados denunciar ante la Procuraduría
General de la República (PGR). Y dijo, sin más, que no hay pruebas.
La carta, dirigida al editor
del NYT, fue publicada por el coordinador general de Comunicación Social y
vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, en su cuenta de
la red social Twitter @ESanchezHdz, en la cual llamó asimismo a denunciar
cualquier hecho de esa índole ante las instancias federales.
“Se hace un llamado a quienes
pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que
presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de
que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”, señaló la misiva.
“Para el gobierno de la
República, el respeto a la privacidad y a la protección de datos personales de
todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y
Estado de derecho. “Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el
derecho a la privacidad de cualquier persona”, señaló el documento.
Al medio día de este lunes,
los afectados por el supuesto espionaje presentaron una denuncia formal ante la
PGR para que investiguen a las instancias federales involucradas, además
solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y a otros
organismos internacionales, pedir medidas cautelares para su protección.
En su denuncia denuncia, los
afectados añadieron 76 nuevos intentos de infección a los ya documentados, para
dar un total de 88. Ante ello, Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Artículo
19 para México y Centroamérica, señaló en conferencia de prensa que la
evidencia indica que los casos de espionaje del Gobierno mexicano no son
aislados, “sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento
sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas
anticorrupción”.
Ruelas abundó que la
evidencia “permite presumir la ausencia de autorización judicial, legalidad,
necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para
realizar prácticas de vigilancia”. Además de “conductas que violan la
privacidad de las personas, inhiben la libertad de expresión y vulneran el
derecho a defender los derechos humanos”, dijo.
Por su parte, el periodista
Carlos Loret de Mola Álvarez -una de las víctimas de espionaje-, envió un
mensaje durante la conferencia de prensa en el que condenó la acción por parte
del gobierno y calificó el hecho como un acto de intimidación.
“Por el espionaje se abre la
puerta para que lleguen más lejos, los secuestros, desapariciones, asesinatos,
la impunidad que favorece que nada se investigue. Es claro que quieren que
sepamos que ellos saben de nuestras vidas privadas, quieren que sepamos que
ellos saben con qué fuentes nos estamos reuniendo y así lograr un clima de
inseguridad para que temas no sean investigados”, aseguró el titular de
espacios noticiosos en la cadena Televisa y Radio Fórmula.
Asimismo, la periodista
Carmen Aristegui Flores señaló como “inaceptable” el espionaje y reclamó al
Gobierno de México que dedique su tiempo a investigar a defensores de derechos
humanos y activistas, mientras los criminales siguen libres.
“No sabemos si los
periodistas asesinados fueron espiados, pero a la luz de lo que vemos tenemos
derecho a pensar”, dijo, para después cuestionar al presidente Enrique Peña
Nieto acerca de qué fue lo que hizo con la información que obtuvo de las
personas espiadas. “¿Qué dice el Gobierno mexicano sobre este que es el abuso
más claro que se ha documentado de un Gobierno?”, inquirió.
Este lunes, el NYT afirmó que
destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas
anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de
espionaje, el software Pegasus, adquirido por el Gobierno mexicano que, sólo
debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del
programa, señaló el rotativo, se encuentran los abogados Mario Patrón y
Santiago Aguirre, que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, en el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Otro espiado -junto a su
esposa- fue Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), que ayudó a redactar el proyecto de la
Ley anticorrupción, la llamada “3de3”. También fueron espiados “dos de los
periodistas más influyentes de México”, dice el Times: Carmen Aristegui Flores
y Carlos Loret de Mola Álvarez, además de la abogada estadounidense Stephanie
Brewer, quien representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la
policía.
Los intentos de espionaje
incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y comunicadores,
incluido un adolescente: el hijo de 16 años de edad de Carmen Aristegui. Esto
ha sido así aunque la empresa que fabrica el software, la israelí NSO Group, afirma
que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de
que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y
cárteles del narcotráfico.
Desde 2011, al menos tres
agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en
programas de espionaje de dicha empresa, entre ellos, el software conocido como
Pegasus, que se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para
monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su
celular.
Las infiltración se puede dar
en llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.
Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar
vigilancia; es más, el teléfono de la persona vigilada se convierte en un
micrófono oculto.
Sin embargo, según decenas de
mensajes examinados por el NYT y analistas forenses independientes, el software
ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más
críticas del gobierno, así como a sus familiares, “lo que muchos ven como un
intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta
ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana”, señaló el
medio.
(SEMANARIO ZETA/ Destacados /Carlos Álvarez/ Lunes, 19 Junio, 2017 05:47
PM)
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