FOTOS: cortesia.-El contenido con que
reporteros de redes sociales se mantienen con likes ha transofrmado la
cobertura informativa y también los pone en la mira de sicarios
A un mes del asesinato del periodista
Max Rodríguez, las investigaciones siguen sin arrojar resultados concretos.
Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador general de Justicia en el Estado
(PGJE) habla de avances, pero no profundiza. Mientras tanto, van 133 ejecutados
en Los Cabos
Ha transcurrido un mes desde
el asesinato de Maximino Rodríguez Palacios, reportero de la fuente policiaca
del portal Colectivo Pericú quien fue privado de la vida el 14 de abril del
presente año al filo del mediodía cuando circulaba en su vehículo Sentra color
azul en compañía de su esposa. En ese momento un comando armado disparó en
repetidas ocasiones cuando se disponía descender de su vehículo en una plaza
comercial del municipio de La Paz.
A la fecha no se han obtenido
“resultados positivos, o al menos no los esperados, como ya es sabido, abates a
dos, tres, y detrás de ellos ya viene otro grupo esperando su turno”, expuso un
agente de la Ministerial consultado por ZETA, quien también reveló que según
las indagatorias sobre el homicidio de Max Rodríguez hay muchas pistas.
En concreto las autoridades
siguen investigando a “compañeros reporteros, su círculo de amigos y algunos
indicios que implican la relación del reportero, que de buenas a primeras su
ejercicio o la relación con éste fue uno de los motivos que los llevaron al
fallecimiento”.
De acuerdo al consultado, se
analiza el celular del reportero caído en el que “se escuchan las
conversaciones de los compañeros e intercambio de información a través de
Zello, una aplicación vía voz, todo estamos revisando a detalle”.
Pero también están siendo
analizadas las amenazas que se vertieron a través del Portal donde trabajaba,
en donde tenía una columna denominada “Es Mi Opinión”, en la cual fueron
colgadas en el área de comentarios, las presuntas amenazas en contra del
reportero días previos a que fuera privado de la vida, aun después del fallecimiento,
el mismo usuario rectificó que la amenaza había sido cumplida.
Procurador General de
Justicia en BCS, se reunió con miembros de la organización Artículo 19 sin
brindar mayores avances de la investigación del homicidio del reportero
sudcaliforniano
“Nada lo amedrentó, él
siempre siguió sus metas, no importándole exponerse físicamente o llegar, como
llegó, a la muerte, desgraciadamente por lo que ustedes ya saben, tocó
intereses muy altos, que no les convenía, que yo nunca lo supe porque nunca
quiso decirme nada, pero que yo lo percibía, porque yo lo conocía muy bien,
casi 40 años de matrimonio”, expuso su esposa y reportera retirada, Raquel
Romo.
En cuanto a los hechos, lo
que realmente está sucediendo en las investigaciones en torno al asesinato de Rodríguez
Palacios, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador General de Justicia en el
Estado (PGJE) apuntó que “en la carpeta de investigación del homicidio del
periodista Maximino Rodríguez se realizan cuantas investigaciones son
necesarias, lo que permite un avance significativo”, recalcó.
Aunque la verdad es que, aún
no hay indicios sólidos que lleve con los presuntos responsables, incluso para
medios locales las puertas están cerradas pues Palemón Alamilla solo brinda
entrevistas telefónicas y deben ser medios nacionales.
A medios locales el servidor
público ha limitado la información, incluso se sabe que “existen tres carpetas
de investigación: de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la delegación de la Procuraduría
General de la República (PGR), y de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), lo que garantiza total transparencia”, información brindada a
representantes de la organización Artículo 19.
Las tres instancias realizan
de manera independiente y dentro del ámbito de su competencia, las indagatorias
para esclarecer el hecho delictivo. Alamilla Villeda aseveró que los avances de
las investigaciones que realiza la PGJE, son significativos, mismas que soporta
cualquier supervisión técnico jurídica.
Señala la PGJE a través de un
comunicado la siguiente cronología:
* 21 de febrero de 2017. Mueren los agentes de
Homicidios de la Policía Ministerial; Luis Alberto Corrales González, de 47
años de edad, y Miguel Ángel Castro Romo, de 28, se utilizaron rifles de
asalto, hechos en colonia San Bernabé, San José del Cabo, Municipio de Los
Cabos.
* 28 de marzo. Detienen a seis presuntos sicarios en
la colonia Santa Rosa en SJC, uno más perdió la vida en el lugar; una de las armas
participó en la privación de la vida de los agentes ministeriales.
* 5 de abril. Juan Salvador Díaz Moreno, comandante
del Grupo Especial Operativo (GEO), fue acribillado a balazos cuando abandonaba
las instalaciones del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz.
* 14 de abril. Fue abatido a balazos el comunicador,
Max Rodríguez en City Club en La Paz.
De acuerdo al expediente de
la PGJE, el cual cuenta la Subprocuraduría Especializada en Delitos de Alto
Impacto, el arma que participó en el homicidio del periodista, se encuentra
vinculado con el asesinato del comandante de la Estatal y de los dos agentes
ministeriales; lo que todo apunta al mismo grupo criminal, aun así no hay
detenidos al respecto.
ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA
Un día después de cumplido un
mes desde el atentado que le quitara la vida al comunicador de Colectivo
Pericú, se llevó a cabo la firma del pacto de cobertura informativa de hechos
violentos en Baja California Sur.
Periodistas de BCS firmaron un acuerdo
de cobertura de hechos violentos en la entidad para protegerse y trabajar con
una mayor ética
“Es un acuerdo entre medios
de comunicación sobre la cobertura de noticias de violencia en la entidad, no
es censura, no es autocensura, sino que es una reafirmación de la tarea que
venimos realizando como reporteros, siempre y cuando cumplamos con los
protocolos de no difundir, de no hacer apología al crimen, no difundir el
rostro, protección a las víctimas, no hacer suposiciones”, detalló Cuauhtémoc
Morgan, director del Portal Colectivo Pericú.
Al evento atestiguaron la
firma miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, del Colegio de
Licenciados en ciencias de la Comunicación, medios de comunicación, estudiantes
y la población en general.
“Éste es un paso para
profesionalizarse frente a la realidad en la que estamos, frente a la realidad
que quizás el estado mexicano está siendo rebasado por ciertos grupos
delincuenciales, y nosotros quedamos expuestos. El acuerdo no es un convenio,
insisto, no es más allá de un código de ética, quien lo quiera firmar yo lo
invito”, apuntó Gabriel Camacho Garrido, director de Meganoticias en
Sudcalifornia.
En dicho evento, se dio
lectura de la biografía de Max rodríguez, compañero fallecido; participación de
periodistas sobre temas que tienen que ver con la cobertura de temas de
violencia; y la entrega de un merecido reconocimiento post mortem a la esposa
de Max, Raquel Romo.
“A todos este reconocimiento
que recibo a nombre de Max, a él no le
gustaban los reconocimientos, fue valiente, audaz, fue un valiente periodistas
durante 50 años”, manifestó Raquel.
Sin embargo, a la par de la
firma del acuerdo, en Culiacán, Sinaloa, una prueba más de la delincuencia en
contra del periodismo en México se hizo presente, Javier Valdez, de Río Doce
fue ejecutado a balazos; horas más tarde ahora en Jalisco, Sonia Córdova
Subdirectora del semanario El Costeño fue herida de gravedad cuando circulaba
en su vehículo, su hijo perdió la vida en el lugar, mientras ella se encuentra
hospitalizada.
En el marco de la firma del
acuerdo, miembros de asociación internacional Artículo 19 participaron con
ponencias, a la par miembros sostuvieron reuniones con la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos (CEDH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), los cuales han externado la preocupación por los hechos lamentables. Ya
hay registro de atentados contra tres comunicadores, Rafael Silva Ibarra de
Triángulo Político; Julio Omar Gómez, de 911 Noticias, el cual ahora alimenta
una página con su nombre en redes sociales; y el último, Max Rodríguez.
“Externarles nuestra
preocupación por lo que está sucediendo en el país, por lo que estamos viendo
aquí en Baja California Sur con estas últimas agresiones que se han dado, con
el asesinato de Maximino Rodríguez”, lo cual preocupa, pero más el que “2017
está iniciando muy fuerte, se está convirtiendo en un año muy letal para la
prensa”, afirmó Luis Knapp, de Protección y Defensa de Artículo 19.
En el país ya suman 6
periodistas a quienes les han arrebatado la vida, uno cada 22 días o cada 19
días en caso de que perdiera la vida Sonia Córdova, la cual se encuentra
estable.
Regresando a Baja California
Sur, las amenazas siguen en aumento, sin embargo, comunicadores han guardado
silencio y no lo han hecho saber a la CEDH, la información ha sido cruzada con
la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ni siquiera al gobierno estatal a través
de la Secretaría General o de la PGJE, “por la desconfianza al sistema”, agregó
uno de los periodistas.
“Por eso era importante
reunirnos con las autoridades, para decirles el papel tan fundamental que
tienen, de las obligaciones que por ley les corresponden para investigar estos
crímenes y no se sigan cometiendo más, se vuelve un círculo vicioso y la
impunidad sigue a que se sigan empujando estos delitos”, lamentó Luis, de
Artículo 19.
Reconoce que la violencia se
ha desbordado, y la prensa se encuentra en el ojo del huracán, aunque la pelea
es entre bandas criminales, periodistas han quedado en medio de la lucha.
El acuerdo también incita a
trabajar apegado a derecho, y desde luego evitar que la violencia se siga
propagando en el estado.
“Éste es un acuerdo de
compromiso de reafirmación de ese compromiso que tenemos con la sociedad, de no
ocultarles nada, nunca nada, sino ir con ellos de la mano en esta exigencia de
justicia, de que se termine la violencia y que no siga muriendo no solo un
periodista, que fue lo que nos afectó a nosotros directamente, ni tampoco las
policías o los elementos que están participando en las tareas de seguridad, que
no muera un solo ciudadano más”, lanzó Cuauhtémoc Morgan.
Según la esposa de Max
Rodríguez, la periodista retirada Raquel Romo, su esposo llegó a fondo en su
investigación, tanto así que considera que “tocó los intereses de alguien”, lo
que llevó a buscar en cierta medida el homicidio.
El director de Colectivo
Pericú, Cuauhtémoc Morgan destacó que los reporteros deben tomar mucho en
cuenta en la labor, que la pelea es entre bandas criminales y nunca tomar
partido, pues es posible que reporteros aún tengan nexos y eso tal vez lleve a
tener amenazas y por ende, temer por su vida. Por lo cual recalcó es vital el
acuerdo para desarrollar y protegerse los unos a los otros en la labor
periodística.
Elementos reprobados o vinculados al
crimen continuan en las calles atendiendo la denuncia de los ciudadanos
“No es un pleito de los
reporteros, no es un pleito de la sociedad, es un pleito entre bandas del
crimen organizado, que están peleando una plaza comercial, ellos pelean dinero,
la sociedad pelea justicia, entonces este acuerdo va enfocado en ese sentido,
nunca más vamos a permitir que ellos utilicen a los medios de comunicación como
un instrumentos para difundir su violencia, como un instrumento de difundir su
odio”, señaló.
“Lamentablemente hay una
razón importante en todo esto, ellos saben quiénes son, por ello hacemos el
llamado, rompan relaciones que no les favorecen en su labor, si no se hace
esto, así como tomar en cuenta los protocolos que les ha dado a conocer el
Grupo de Coordinación, todo lo que hagamos de nada va a servir si seguimos
haciendo las cosas mal, y lamentablemente algunos no entienden y eso les puede
perjudicar”, dijo un miembro del Grupo Interinstitucional de Seguridad Pública.
PERIODISTAS EN LA MIRA
“Yo tengo miedo por el tipo
de amenazas que se han venido dando, aunque son cuentas falsas de Facebook,
pero sí llaman la atención y ahora más las tomamos en cuenta con el asesinato
de mi compañero Max”, reconoció uno de los reporteros cercanos a Max Rodríguez,
quien prefirió permanecer en anonimato.
Reveló Silvestre de la Toba
Camacho, Presidente de la CEDH en Baja California Sur que si hay conocimiento
de al menos tres reporteros que sienten que su vida podría encontrarse en
riesgo, pero éstos no se han presentado ante la institución para que a través
de Derechos Humanos se puedan activar los mecanismos de protección a periodistas
y defensores de derechos humanos.
“Hemos recibido algunas
solicitudes de información por parte de Gobernación, casos específicos de dos,
tres compañeros de ustedes, que ahorita tiene un procedimiento iniciado para la
protección de ellos, desafortunadamente los tres casos que nos solicita la
Secretaría de Gobernación, nosotros no contamos con una queja interpuesta”,
lamentó de la Toba.
Reporteros ciudadanos, los
cuales hacían reportes vía Facebook, Ibarra de Triángulo Político y Gómez de
Noticias 911, esperaron hasta un tercer atentado en su contra para activar los
mecanismos de protección a periodistas de parte de la Federación.
Pero, el asesinato de
Rodríguez Palacios ha puesto un precedente, donde todos temen “por estas
amenazas que se han registrado en su contra, no han dado pormenores de éstas,
pero sólo quisieron atención inmediata”, manifestó el agente del Grupo de
Coordinación.
“Se dio el tercer atentado
con otras consecuencias y tuvo que salir del estado, ese tipo de cuestiones es
la que nosotros estamos observando que no deberían estar sucediendo, tampoco
podemos decir no teníamos creencia de que iba pasar en el estado, hoy es
posible en todos lados y tenemos que estar atentos”, alertó el presidente de la
CEDH.
En lo que va del año en curso
se han asesinado seis periodistas en el país, del año 2000 a la fecha, 126
comunicadores han perdido la vida a manos de la delincuencia organizada según
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A un mes desde que se registraron
los hechos contra el comunicador en Sudcalifornia, los ánimos se han encendido,
donde la pasividad ha estado presente, sobre todo entre los mismos reporteros
ciudadanos, quienes se mantienen a expensas de que “las autoridades actúen,
algunos si han actuado bajo protocolo, pero hay quienes dejan mucho a desear,
esto no lo hacemos por estarlos limitando o imponiendo, de verdad es por su
bien, y a veces no lo reciben de esta manera, nosotros lo que queremos es que
tengan la garantía de seguir con su ejercicio sin temor, pero no solo nosotros
como autoridades lo podemos sacar adelante, requerimos mucha de su
colaboración”, extendió la invitación el miembro de inteligencia, del selecto
grupo interinstitucional.
Sin embargo, “fue claro en la
firma del acuerdo, pocos acudieron o no les interesa, o esperaban obtener algo
a cambio. La verdad es que esto es para todos nosotros, y otros en lugar de
quedarse callados, solo generaron mayor lejanía entre los periodistas y eso es
grave, ni siquiera ellos mismos se pueden poner de acuerdo”, lamentó uno de los
miembros de uno de los tantos grupos de reporteros.
La periodista y experta en
medios de comunicación, Gladys Navarro explicó que “me parece que es muy
importante que reflexionemos cada uno de los periodistas sobre nuestro propio
ejercicio, que hagamos un ejercicio de autoevaluación sobre la forma en la que
lo hemos estado desarrollando durante mucho tiempo que digamos en algún momento
reconozcamos nuestras fallas y que tratemos de emprender de una mejor manera siempre,
siempre hay áreas de oportunidad que se pueden atender y mejorar”, en especial,
afirmó, que haya esa profesionalización en medios de Baja California Sur de
cualquier tipo.
SIN SALIDA DE OLA DE VIOLENCIA
El aumento de la violencia en
los últimos meses, ha llevado a que el propio Carlos Mendoza Davis, gobernador
de Baja California Sur haya solicitado la intervención federal, la cual llegó
de urgencia para mitigar los estragos que la delincuencia ya tenía en mira
sobre el destino turístico de Los Cabos, uno de los más importantes del país.
8 fue el resultado del recrudecimiento
de la violencia en Los Cabos, ni la presencia federal pudo contener los hechos
de sangre
“Vemos en las calles a las
diferentes unidades de la Policía Federal, acompañados por elementos y unidades
de la estatal pero con efectivos de la SEDENA, pero la historia es la misma,
balaceras y hechos violentos siguen sin cesar”, expresó un especialista en
delincuencia organizada consultado por ZETA.
Los hechos violentos siguen
persistiendo en la entidad, en las últimas semanas se tuvo repunte en Mulegé,
Loreto, La Paz y Los Cabos, más de mil 400 elementos de refuerzo en la
seguridad, dos helicópteros y decenas de unidades motrices en las calles,
pasaron de ser el factor de contención criminal, a meros espectadores, ya son
más de 150 personas privadas de la vida al estilo del crimen organizado en
2017, solo 133 en Los Cabos, uno de los dos principales centros turísticos más
vigilados de México, y 8 en el pasado fin de semana.
Y también, siendo este último
donde hay mayor presencia de delitos de alto impacto en Baja California Sur; el
mes de marzo, que fue el de mayor presencia de homicidios dolosos, la cuenta
según ZETA, alcanzó los 58 crímenes. Números que se detuvieron en abril hasta
un “95%, disminuyó la tasa de homicidios”, celebró Álvaro de la Peña Angulo,
vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública y secretario General de
Gobierno.
Por ello la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Baja California Sur hizo un
llamado al Congreso de la Unión y al estatal para que marque la pauta y
solicite que haya leyes de seguridad interior.
“Prioritario para el país, es
de interés nacional, el tema de seguridad, implica que exista una ley de
seguridad interior, la cual permita tener certeza de cómo se deben usar las
fuerzas militares en el caso de la seguridad interior, creemos que no puede
seguir manejándose al ejército y a la marina con la incertidumbre que tienen,
también somos de los que creen que el ejército y la marina deben estar en los
cuarteles, señaló Fabricio González, presidente de la COPARMEX en el Estado”.
Hoy en día es común encontrar
a fuerzas militares a bordo de unidades de la Policía Estatal Preventiva y del
Mando Mixto. Literalmente, bajaron a los policías, los cuales siguen en
discusión por su “dudosa credibilidad, pues gran parte de ellos están coludidos
con el crimen”, dijo de los agentes de inteligencia militar.
Por lo cual es prioritario
que haya certeza de Ley, para el accionar de las fuerzas armadas en la entidad,
pues “hoy desafortunadamente como en años pasados, se han tenido que usar las
fuerzas armadas para tratar de controlar el tema de seguridad, el tema de la
falta de combate desde los cuerpos municipales y en algunos casos de los
cuerpos estatales, es necesario que tengamos una reforma que el Congreso
apruebe en el tema de seguridad interior que permita dar certeza, que permita
vislumbrar una estrategia diferente a la que hoy se ha planteado”, reiteró
González.
Pero recordemos el hechos
registrado el suceso registrado la madrugada del primero de mayo, donde un
supuesto “enfrentamiento” se dio en las calles del fraccionamiento Villas del
Cortez, el resultado de esta contienda fue de ocho personas muertas, destaca un
elemento de la Marina Armada de México, siete civiles, de los cuales dos eran
mujeres y cinco hombres.
El hecho es que “los marinos
han sido criticados por el uso excesivo de la fuerza, se sabe de la muerte de
tres presuntos sicarios, el resto se presume sean solo adictos que estaban en
el lugar y la hora equivocada”, contextualiza el policía ministerial.
En Baja California Sur solo
en los últimos años, de 2014 a la fecha, los homicidios dolosos y en particular
los que tienen que ver con la delincuencia organizada han alcanzado más de 400
casos. Reflejo de que algo no está funcionando del todo.
“A casi cinco años de
Gobierno de la República, ya casi vamos en la cuota de defunciones por ejecuciones
mucho más que el sexenio pasado, esto quiere decir que la estrategia que se ha
implementado no está dando los resultados que deseamos, creemos, y estamos
convencidos, que ha sido un factor de contención, creemos que si no diera este
tema estaríamos peor, pero desafortunadamente no podemos seguir con la
situación como ésta”, reconoció Fabricio González.
Con cerca de 200 personas
privadas de la vida en lo que va del año, la entidad sigue con altos índices de
violencia, a lo cual se en buscar una estrategia que lleve a regresar la
tranquilidad y brinde certidumbre a todos los que habitan Baja California Sur.
CRIMINALES ANDAN SUELTOS
Mientras en las calles la
sangre se sigue derramando, la violencia perdura sobre todo el municipio Los
Cabos, el centro turístico de Baja California Sur.
Arma que mató a reportero de BCS,
participó en la ejecución del Comandante de la Estatal Preventiva y Policías
Ministeriales
“El crimen está ganando
terreno, y no lo digo por la gente que luce preocupada, los medios de
comunicación lucen preocupados y están dejando que delincuentes ganen terreno,
si los ciudadanos están perdiendo a quien sea su voz, a dónde vamos a llegar,
por ello son importantes ustedes como comunicadores”, expresó el agente del
Grupo de Coordinación.
En lo que va del año van 133
personas privadas de la vida, solo en Los Cabos, “pese a que hay balaceras y
muertos en otros lados”, Los Cabos sigue siendo el ojo del huracán, los
movimientos policiacos son permanentes, la presencia de las fuerzas federales
es permanente, pero hay mayor permanencia de los grupos delincuenciales.
“Lamento que aun haya
elementos que no están funcionando, pero no solo que no funcionen, que estén
operando para un grupo o el otro, nos están dando en la torre. Mientras haya
está clase de elementos que sirvan a la delincuencia, el esfuerzo de nada
sirve, ya lo dijo el señor secretario, se tiene que aprovechar para escarbar
dentro de las corporaciones mientras haya apoyo federal”, externó el agente del
grupo interinstitucional.
El elemento se refirió a la
creación de nuevas Policías, que mencionaba Álvaro de la Peña Angulo, vocero
del Grupo de coordinación de Seguridad Pública y secretario general de
Gobierno; el cual señala que “el compromiso es que la academia que ya estaba
funcionando y que ya está en construcción, una academia digna y real, como
merece Bajas California Sur, va a ser el primer instrumento para generar esos
Policías que tanto requiere el Gobierno del Estado, pero también los
municipios”.
Dicho lo anterior, la
estrategia se pretende, además de la lucha frontal contra la delincuencia, es
ir depurando las corporaciones sin dejar la labor diaria de ataque directo y
con apoyo de las fuerza federales, como la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal División Gendarmería;
no dejando desprotegido al sector y limpiando, para que no haya “fuego amigo” y
pueda generarse una estabilidad y tranquilidad que tanto demanda la población
sudcaliforniana.
Aun con el apoyo de
corporaciones federales, con alta presencia en colonias como El Zacatal, San
Bernabé, Buenos Aires y otras, de mayor conflicto entre bandas de la
delincuencia organizada que se disputan la plaza, la violencia sigue sin ley.
“Se matan casi a los pies de
las fuerzas federales y es obvio, ni siquiera depende de ellos, si vinieron los
siete muertos en una vivienda en Villas del Cortez, y eso solo provocó enojo y
ahí ves, más y más muertos”, agregó el agente ministerial, adscrito al área de
Homicidios.
Solo en el fin de semana que
comprende del 12 al 14 de mayo (viernes a domingo), se tuvo el registro de ocho
personas que perdieron la vida de manera violenta; los hechos se registraron en
las colonias conflictivas de: El Arenal de Cabo San Lucas; Las Veredas, San
Bernabé, Buenos Aires, Santa Rosa, Vista Hermosa y El Zacatal de San José del
Cabo, en Los Cabos.
* El primero ocurrió el viernes en la colonia Arenal
de Cabo San Lucas, en las calles Ruiz Cortines y 5 de Febrero, el fallecido era
originario de Veracruz y contaba con la edad de 57 años.
* Mientras en San José del Cabo, en la colonia San
José Viejo, dos jóvenes fueron abatidos a tiros, el domicilio fue ubicado en el
vado de San José, en las avenidas de Quintana Roo, entre Guatemala y Honduras,
uno de ellos de 24 años y originario de Los Cabos, contaba antecedentes penales
en Plataforma México por delitos contra la salud.
* Alrededor de las dos de la tarde del sábado, un
joven de 23 años originario de La Paz, fue acribillado a balazos a bordo de un
automóvil de color negro en las calles en Avenida La Paz, entre Candelaria y
Carretera Transpensinsular, de la colonia Santa Rosa, frente a una funeraria.
* En Vista Hermosa, dos hombres fueron privados de la
vida por un comando armado alrededor de las 11 de la noche del mismo sábado,
según el reporte los hechos se registraron detrás de la tienda de autoservicio
conocida como Ley Express.
* Alrededor de las cinco de la tarde del domingo, de
nuevo se repitió la historia, ahora dos jóvenes de entre 25 y 30 años fueron
asesinados a balazos; uno de ellos originario de Sinaloa, el otro de La Paz.
Los hechos violentos siguen a
la orden del día, y “aunque sepan quiénes son, cómo se mueven y en dónde se
mueven, son factores determinantes en la baja en los eventos”, finalizó el
agente del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur.
(SEMANARIO ZETA BCS/ Edición
Impresa/ Investigaciones Zeta /Martes,
23 Mayo, 2017 12:00 PM)
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