LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

El Frente Amplio Democrático de Sinaloa (FADS) ha elaborado un programa de conferencias para este año,  con  temas que queremos poner a discusión en Sinaloa. Como  parte de este programa, el pasado jueves 4 de mayo en el Casino de la Cultura de Culiacán tuvimos la visita de Emilio Álvarez Icaza, con el tema Ley de Seguridad Interior.

Y pronto, el 13 de mayo,  contaremos con la presencia del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en Sinaloa, para que nos explique su proyecto de nación. El tema de la legalización de la mariguana, debe de ser discutido con amplitud en Sinaloa. Contribuiremos a ese debate que está pendiente.

Emilio Álvarez Icaza es una personalidad  que durante varios años ha venido trabajando el tema de  la democracia y de los derechos humanos en el país. Ha sido consejero electoral en el Distrito Federal,  presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Ciudad de México, y Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 1999  fue director del Centro  Nacional de Comunicación Social (CENCOS), del cual había sido cofundador junto con su padre, Don  José Álvarez Icaza, espacio donde los grupos sin voz y sin poder encontraban refugio y ayuda para dar a conocer su lucha, para defender sus derechos.

En su conferencia sobre la Ley de  Seguridad Interior, lvarez Icaza expresó que dicha Ley  busca dar mayores atribuciones a las fuerzas  militares, basado en el Artículo 29 de la Constitución Federal.

Para Álvarez Icaza está claro que la presencia de fuerzas militares en las calles no es la solución al combate al narcotráfico, sino parte de esa construcción de violencia en las entidades federativa.

Conocedor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), institución de  la cual ha sido maestro,  opinó  que el CIDE ha demostrado que en los últimos 10 años, la intervención del Ejército y la Marina lo que ha hecho es incrementar la violencia.

Existe el riesgo en esta iniciativa de que legalizar la actividad militar en el combate al crimen organizado desate una ola de violaciones a los derechos humanos, particularmente contra la población inocente, detenciones injustificadas, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, todo lo cual ha sucedido en estos diez años sin que el Estado de derecho sea capaz de aplicar el debido castigo a los responsables.

Tomás Tenorio Galindo ha escrito un artículo interesante sobre este tema, en el cual destacó lo siguiente: “No cosa menor el dar carta de naturalización a la participación del Ejército en funciones de seguridad pública. Que los militares se hagan cargo de las tareas que deben realizar los policías, sea en un régimen temporal o definitivo como se pretende, ha supuesto una gran perturbación del orden institucional y una vergonzosa rendición de las autoridades civiles frente al fenómeno de la inseguridad y la violencia.

“En ese contexto, si se da permanencia legal a la actividad militar en tareas policiales, ese cambio supondría en los hechos el abandono de las corporaciones policiacas y de los planes de sanearlas y profesionalizarlas. Una reacción de esa naturaleza es lo que hasta ahora ha impedido una certificación efectiva y real de las policías estatales. ¿Para qué, si el Ejército ya está a cargo?, parecen decir los gobernadores y los alcaldes mientras se acomodan cada vez más en los brazos militares”.

Por cierto,  el gobierno de los Estados Unidos no es ajeno a la idea de que  México se siga militarizando,  pero ellos no ponen a su ejército a combatir el narcotráfico en su país.

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(RIODOCE/ JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO/ 8 MAYO, 2017)