La detención de Tomás
Yarrington en Florencia culminó una larga investigación de Estados Unidos e
Italia a la cual se le sumó hace unos meses México, como actor de reparto.
Acusado en una Corte Federal en Texas de ser parte orgánica del Cártel del
Golfo y de Los Zetas –hoy enfrentados-, el único lugar donde quizás se sintió
protegido era esa nación mediterránea donde hace más de una década los cárteles
mexicanos forjaron una alianza con la mafia calabresa Ndrangheta, la
organización con más poder y dinero de Sicilia. Su captura hizo resurgir las
dudas sobre qué tanto el Gobierno mexicano tiene un pacto con el narcotráfico.
Después de todo, a Yarrington lo protegió el gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto claramente por al menos tres años.
La actitud del gobierno
cambió hace unos meses, seis años después de que la averiguación de la PGR
contra Yarrington fuera congelada. El expediente se inició en 2009, cuando la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrió
la indagatoria 12. La entonces Procuradora, Marisela Morales –hoy cónsul en
Milán, a unas tres horas de donde fue detenido el tamaulipeco-, tenía
instrucciones del Presidente Felipe Calderón de investigar a todos los
gobernadores priistas bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico.
Morales se centró en los tamaulipecos, donde estaba el gran hoyo negro, y en
Fidel Herrera de Veracruz.
“El narcotráfico se instaló
en Tamaulipas desde el gobierno de Cavazos”, decía uno de los colaboradores más
cercanos de Calderón en sus tiempos de Los Pinos, refiriéndose al hoy Senador
Manuel Cavazos, a quien nunca le pudieron probar nada. Cavazos fue uno de los
mentores de Yarrington, quien lo sucedió en el cargo. La obsesión contra los
gobernadores priistas en Tamaulipas era tan grande que poco después del
asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, en 2010,
el Presidente Calderón le dijo al entonces Gobernador Eugenio Hernández: “El
asesinato lo cometieron ustedes, los priistas”.
Nunca profundizó en la
acusación, y tiempo después la PGR encontró que los autores materiales del
asesinato habían sido miembros del Cártel del Golfo, del cual Yarrington ya era
uno de sus líderes. En ese crimen participó también –esta línea de
investigación se mantiene en secreto-, un capitán de la Marina que fue
reconocido entre el comando que asesinó a Torre Cantú en Ciudad Victoria.
Calderón no continuó la
persecución de los gobernadores priistas que inició a la mitad de su sexenio,
pese a las protestas de la Procuradora Morales que, con autorización o no del
entonces Presidente, viajó varias veces a San Antonio para proporcionar la
información que tenía la PGR a la Corte Federal de Texas que investigaba a
Yarrington. El caso contra el ex Gobernador, el más fuerte que ha habido en
contra de un político mexicano, tuvo mucha información de la PGR, y sirvió en
Estados Unidos para procesar toda la red de complicidades de Yarrington.
La investigación se empezó a
construir con información de un testigo protegido de la PGR conocido como
“Óscar”, quien detalló cómo funcionarios estatales y municipales en Tamaulipas
recibían dinero del Cártel del Golfo a cambio de protección. Según “Óscar”,
identificado años después como César Eduardo García, colaborador del ex jefe
del cártel, Osiel Cárdenas, el dinero lo entregaba Juan Carlos González, el ex
policía ministerial en Matamoros y uno de los principales operadores de Eduardo
Costilla, El Coss, jefe del Cártel del Golfo hasta su captura en 2012. A las
imputaciones de “Óscar” se añadieron las del empresario Antonio Peña Argüelles,
quien fue intermediario de Yarrington
con Los Zetas.
Peña Argüelles fue sentenciado
en la Corte Federal texana en 2014, y a cambio de colaborar con las
autoridades, fue sentenciado a sólo dos años y medio de cárcel por los delitos
de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. La PGR desestimó todas las
acusaciones en su contra, las de Peña Argüelles y, sorprendentemente, la del ex
Diputado local y ex delegado de la Sedesol en Tamaulipas, Luis Alonso Mejía
García, quien dijo que Yarrington había recibido 80 millones de dólares del
narcotráfico para su campaña electoral para Gobernador en 1998.
La PGR de Peña Nieto no actuó
en su contra, sino al contrario. En abril de 2013, el entonces Procurador Jesús
Murillo Karam, exoneró a Yarrington a Cavazos y Hernández, porque, afirmó, las
acusaciones de los testigos protegidos eran falsas. En seguida, canceló la
orden de aprehensión existente en contra de Yarrington. Después de que Murillo
Karam anuló esa orden, un juez federal, en confrontación con el ex Procurador,
reactivó la acusación en el tribunal. Yarrington se amparó, y unos días antes
de que fuera relevado Murillo Karam del cargo en marzo de 2014, otro juez
federal le negó el amparo en contra de la orden de aprehensión por narcotráfico
y delitos contra la salud.
Yarrington se fue de México
en 2012 y vivió un tiempo en España, reapareciendo en Italia, donde al
comparecer ante un juez dijo que no quería ser extraditado a México. No había
muchas posibilidades de ello, en todo caso. Las acusaciones contra él en
Estados Unidos son amplias y sólidas, frente a la debilidad de las mexicanas, que
hacían casi imposible que regresara a su País. Este miércoles, la PGR informó
que Yarrington saldría deportado, pero a Estados Unidos. No son buenas noticias
para el gobierno del Presidente Peña Nieto, que admítalo o no, encubrió a un
delincuente durante largo tiempo, y con quien compartirá invariablemente el
banquillo de los acusados.
(NOROESTE/ Estrictamente Personal/
Raymundo Riva Palacio/ 21/04/2017 | 04:06 AM)
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