Durante más de cuatro horas,
el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el
politburó de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, para
hablar sobre la Ley de Seguridad Interna y el modelo de policía mixta, dos asuntos
que han estado empantanados por años. No llegaron a ningún acuerdo sobre nada,
de acuerdo con legisladores participantes, por tres temas centrales, explicados
someramente por el perredista Francisco Martínez Neri, coordinador de la
llamada Jucopo: la preocupación sobre cómo garantizar en la Ley de Seguridad
Interna que los militares respeten los derechos humanos, las tareas de
inteligencia, y las investigaciones sobre los movimientos sociales. ¿Por qué se
entreveraron los tres temas? Nadie quiere hablar con claridad al respecto, pero
el empaquetado de preocupaciones muestra que en la discusión de esas
iniciativas para combatir al crimen, hay una prioridad que las rebasa, el
espionaje político.
Existe la percepción que el
uso y abuso político de los aparatos de inteligencia del Estado en contra de
líderes sociales y a quienes considere sus adversarios, se ha incrementado en
este sexenio. Quizás el espionaje político se mantenga en los mismos niveles en
los que se ha realizado desde la profesionalización de los servicios de
inteligencia civil hace poco más de 25 años, pero la forma como han hecho saber
a quienes son objeto de una vigilancia sistemática de conversaciones o
fotografías que pueden ser hechas públicas en cualquier momento, parecería
tener un propósito de intimidación. La circulación restringida, pero pública,
de estos materiales, sugiere también que las posibilidades para chantaje se han
visto multiplicadas con el propósito, se puede argumentar, de modificar
conductas o arrinconar a los adversarios del gobierno.
Probablemente el momento más
ruin del uso político del aparato de inteligencia del Estado, en función de los
resultados, fue la difusión en la prensa de los mensajes de texto que
intercambiaron Joaquín “El Chapo” Guzmán y la actriz Kate del Castillo en enero
del año pasado, que abrieron a la especulación que los dos tenían más que una
relación profesional. La entrega de esas conversaciones a dos periódicos de la
Ciudad de México contribuyó a la consolidación de la idea que la actriz, que lo
había visitado en la Sierra de Durango mientras se escondía de las autoridades
tras su segunda fuga, era responsable de delitos relacionados con el crimen
organizado. Las transcripciones de los mensajes salieron de las áreas políticas
del gobierno, y no habían sido judicializadas. Es decir, lo publicado no estaba
en autos de la PGR, por lo cual nunca habrían podido ser utilizadas en un juicio.
Las únicas ramas del Gobierno
federal que realizaban un trabajo de inteligencia sobre “El Chapo” Guzmán eran el
Cisen y la Marina, que es donde se puede encontrar el origen de esos mensajes
interceptados. La forma como se entregaron a la prensa modificó un trabajo de
inteligencia puro, con el propósito de ser utilizado en una investigación
criminal, a un manejo político, donde al cambiar el objeto de las escuchas para
hacer daño público en contra de una persona, en este caso la actriz, como
sujeto de descrédito, se convirtió en una herramienta utilizada en este País
como parte del espionaje político.
No es lo mismo el uso de
espionaje con fines de seguridad interna o seguridad nacional, enmarcados
dentro del ejercicio conocido como inteligencia, donde la información es
procesada y analizada para la toma de decisiones, que el espionaje político que
busca resolver desavenencias mediante el temor. Un ejemplo claro de ello se dio
con Carmen Aristegui, la conductora de radio más crítica del gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto, a quien para tratar de inhibir le enviaron un
sobre anónimo con un paquete de fotografías de su hijo. No es la única
periodista a quien se ha tratado de inhibir en este sexenio por el hecho de
tener una visión y una opinión distinta a la del Gobierno. Pero tampoco es el
único sector al cual se ha amenazado.
Un ex miembro del Gabinete
dijo que pese a la seguridad en sus comunicaciones, sus llamadas y correos
electrónicos eran interceptados por uno de los servicios de inteligencia del
Estado mexicano. Lo sabía porque, en un momento de tensión dentro del Gabinete,
le hicieron llegar copias de conversaciones telefónicas que había tenido con
sus familiares. Esas conversaciones no tenían nada irregular o escandaloso,
pero la forma como lo interpretó era como una llamada de atención para hacerle
saber que existía una vigilancia permanente sobre su persona.
La contrainteligencia de un
gobierno es necesaria, como un asunto de Estado, para poder detectar traiciones
o amenazas al propio Estado. Pero cuando la información recabada es utilizada
por los políticos con fines políticos, los instrumentos para la seguridad se
pervierten y se convierten en pistolas de información que pueden ser
descargadas contra quien manifiesta rangos de autonomía. Estas preocupaciones,
sin ser verbalizadas de esta manera, fueron las que, a decir del diputado
Martínez Neri, rondaron durante la reunión con el Secretario de Gobernación.
Altos funcionarios del
Gobierno federal han negado de manera sistemática que exista espionaje
político, pero sus palabras no han sido lo suficientemente persuasivas para
tranquilizar a los diputados, que tienen razón en sus preocupaciones. Fuera y
dentro del gobierno hay experiencias de que el espionaje político, como hacía
lustros no se veía, regresó con fuerza para buscar controlar la vida pública
nacional. Los casos, no las palabras, lo demuestran.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa
(NOROESTE/ Estrictamente Personal/
Raymundo Riva Palacio/ 03/03/2017 | 04:08 AM)
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