CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
En 15 días la Presidencia de la República interpuso dos controversias
constitucionales para proteger los intereses de tres de los cuatro mayores
multimillonarios mexicanos. Una, el 31 de enero, para preservar los ingresos y
la influencia de las televisoras mexicanas contra los lineamientos sobre
derechos de las audiencias que promulgó el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT); y después, el martes 14, para proteger el negocio de
la industria minera contra el llamado impuesto ecológico que aprobó el Congreso
de Zacatecas.
En el primer caso el
Ejecutivo federal antepone los privilegios de las televisoras (entre los que
ocupan un lugar destacado Televisa y TV Azteca) por sobre los derechos de las
audiencias (Proceso 2101); en el segundo, prefiere acrecentar la riqueza de los
dueños de las mineras enclavadas en Zacatecas (donde participan Industrias
Peñoles, de Alberto Bailleres, y Minera Frisco, de Carlos Slim) que proteger el
medio ambiente.
En junio de 2015, Oxfam
México difundió un estudio del economista Gerardo Esquivel –Desigualdad extrema
en México–, donde se destaca que el 1% más rico de México concentraba, en 2014,
21% de los ingresos totales del país, y precisaba que la riqueza de los cuatro
hombres más adinerados del país (Carlos Slim, Germán, Larrea, Ricardo Salinas
Pliego y Alberto Bailleres) representaba ese año alrededor de 9% del PIB
mexicano.
El estudio señala que una
característica compartida por estos cuatro multimillonarios es que sus
principales empresas están en sectores que requieren concesiones estatales para
operar: telecomunicaciones y minería. Hasta hace muy poco ni siquiera se
conocían públicamente las reglas para el otorgamiento de esas concesiones, por
lo cual era un proceso discrecional, arbitrario y prácticamente secreto. Las
concesiones se entregaban selectivamente y les garantizaba a sus titulares poca
competencia y grandes ganancias.
Aunque ahora hay reglas menos
oscuras y procesos más públicos, lo cierto es que ambos sectores todavía
presentan condiciones muy favorables para los titulares de las concesiones y
son unos cuantos privilegiados los que las detentan. El mismo estudio señala:
“Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o
por un exceso de privilegios fiscales”.
Tras la alternancia en la
Presidencia, en diciembre de 2000, los concesionarios han evidenciado esta
captura en diversos momentos. Primero fueron los integrantes del duopolio los
que mostraron su voracidad, al lograr disminuir a una décima parte el tiempo
diario que otorgaban gratuitamente al Estado, gracias al decreto del 10 de
octubre de 2002.
Luego, durante el proceso
electoral de 2006, consiguieron que el Congreso aprobara reformas a la Ley
Federal de Radio y Televisión, que establecía condiciones tan favorables para
ellos que la nueva legislación fue conocida como Ley Televisa, finalmente revertida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ese parecía el parteaguas,
pues en diciembre de 2007, en la reforma constitucional que precedió a la
electoral, se prohibió la compra de tiempo en los medios electrónicos para
propaganda político-electoral y ésta se limitó al uso de los llamados tiempos
del Estado. Sin embargo, pese a que hay evidentes avances en la nueva
legislación en materia de telecomunicaciones de 2014, los concesionarios
lograron privilegios que se tradujeron en nuevos negocios y mayores ingresos,
al aprovechar los beneficios digitales para la prestación de novedosos
servicios y programaciones.
La “captura” del Estado
todavía se hizo más evidente cuando el IFT decide expedir los lineamientos para
hacer realidad los derechos de las audiencias. Primero embistieron los
concesionarios; posteriormente, la Presidencia y el Senado interpusieron
controversias constitucionales, y finalmente, el IFT decidió suspender la
entrada en vigor de esos lineamientos. Hoy el desenlace está en manos del Pleno
de la Corte.
El 23 de junio de 2014 la
Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el estudio previo
justificativo para declarar área natural protegida a 2 millones 577 mil 126
hectáreas del semidesierto de Zacatecas, con la categoría de “reserva de la
biosfera”.
De inmediato los principales
grupos mineros (nacionales y trasnacionales) que operan en ese estado
reaccionaron, pues sus ganancias resultaban afectadas; finalmente lograron que
en noviembre del año pasado, el nuevo gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello,
se opusiera a la creación de la zona protegida y a cambio le concedieron que
introdujera el llamado Impuesto de Responsabilidad Ecológica para gravar la
extracción de minerales y materiales diversos del suelo.
Sin embargo, a juzgar por los
mensajes vía Twitter del gobernador, no respetaron el acuerdo e incitaron a
sus trabajadores a protestar contra el nuevo gravamen, al tiempo que recurrían
al amparo, tanto las empresas como la Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México. Y el martes 14 la Consejería Jurídica de
la Presidencia promovió una controversia constitucional para echar abajo los
impuestos ecológicos, por considerar que se trata de una materia federal, ya
que grava la industria minera.
Ya era reprobable el
intercambio de la preservación del medio ambiente por un impuesto ecológico,
pero ni eso satisfizo a los empresarios mineros que buscan mantener intactos
sus privilegios, para lo cual recurrieron a los medios legales a su alcance;
pero como los jueces federales rechazaron, en primera instancia, sus demandas,
lograron involucrar a la Presidencia en su defensa.
Este análisis se publicó en la edición
2104 de la revista Proceso del 26 de febrero de 2017.
(PROCESO/ ANÁLISIS/ JESÚS CANTÚ/ 2
MARZO, 2017)
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