La falta de colaboración en la investigación federal por la fuga de cinco capos del Cártel de
Sinaloa de un penal estatal pone bajo sospecha a funcionarios de la
administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien enfrenta su primera
crisis de gobierno
La PGR desplegó un grupo de
investigación para realizar las pesquisas que se han centrado en las
declaraciones de todo el personal del penal que se encontraba en actividades al
momento de la fuga
A pesar de considerar que Esparragoza
Monzón podría mantener un liderazgo entre la población carcelaria, el gobierno
estatal trasladó de la cárcel de Culiacán a quienes podrían ser sus respaldos
en sus intenciones ilícitas
A partir del reingreso de ‘El Changuito
Ántrax’ y ‘El Limón’ a Aguaruto, el sistema de videovigilancia dejó de operar y
se dejaron de llevar los registros de las actividades de los reos
En las dos tesis iniciales planteadas se
señalan las posibilidades de que hayan salido por la puerta principal o
escondida en vehículos oficiales
El jefe de custodios, José Mario Murillo
Rodríguez, no se ha localizado desde el pasado 16 de enero por la noche, luego
que se dio el aviso de fuga a la PGR siete horas después
Los jefes del Cártel de Sinaloa, con su
autogobierno, hicieron posible que los reos tuvieran en sus celdas equipo de
sonido y video de alta calidad, acceso a bebidas alcohólicas, drogas y armas
Las explicaciones que ha dado el
gobierno estatal respecto a la fuga de los integrantes del Cártel de Sinaloa no
han sido claras, consideró el diputado Federico Döring Casar
La Federación asumió las investigaciones
ante la presunción de complicidades de funcionarios estatales en la fuga del
Penal de Aguaruto
59 Fugas de reos se han registrado en el
penal de Aguaruto desde el 2005 a la fecha
49 Reos de los 59 fugados actualmente se
encuentran prófugos de la justicia
170 Internos recluidos en cárceles
estatales y federales recibió en los últimos tres años la cárcel estatal de
Aguaruto
Las investigaciones sobre la
fuga de cinco integrantes del Cártel de Sinaloa del penal de Aguaruto en el
municipio de Culiacán, ya confronta a la Federación con el gobierno de ese
estado que encabeza el priista Quirino Ordaz Coppel, quien, a menos de tres
meses de haber asumido el cargo, ya encara su primera crisis.
En las indagatorias que
realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la fuga de Juan
José Esparragoza Monzón “El Negro”, Rafael Guadalupe Félix Núñez “El Changuito Ántrax”,
Jesús Peña González “El 20”, Alfonso Limón González “El Limón” y Francisco
Javier Zazueta “Pancho Chimal”, se ha dejado de lado la participación de la
Fiscalía General del estado de Sinaloa.
Todas las pesquisas que
realiza la PGR en torno al caso ocurrido el pasado 16 de marzo se están
llevando a cabo con sigilo, sin dar parte a la autoridad ministerial local,
ante la presunción de una red de corrupción desde el gobierno estatal, que pudo
haber facilitado la evasión de los cinco reos integrantes del Cártel de
Sinaloa.
Aun cuando en el deslinde el
propio gobernador Quirino Ordaz Coppel ha señalado que los penales recibidos de
la administración de su antecesor Mario López Valdez, se encontraban “en
condiciones caóticas”, el gobernador de Sinaloa ha aceptado públicamente la
existencia de corrupción dentro del sistema carcelario estatal.
“Es una muestra de debilidad
del sistema penitenciario, del rezago que hay, la corrupción que existe, la
complicidad que se hizo patente y es a eso a lo que tenemos que dar la vuelta”,
señaló el gobernador.
Y justamente a eso es lo que
parece que la PGR pretende dar vuelta, al no hacer partícipe al gobierno
estatal de sus investigaciones.
Por esa razón, la PGR
desplegó un grupo de investigación, con dos agentes del Ministerio Público a
cargo, a fin de realizar las pesquisas que se han centrado en las declaraciones
de todo el personal del penal que se encontraba en actividades al momento de la
fuga, en donde ya se han realizado más de 60 interrogatorios.
De estos interrogatorios, la
PGR no ha dado conocimiento a la autoridad estatal, la que se ha mantenido en
reserva sobre el caso, sobre todo luego que se ha abierto la posibilidad de que
sean llamados a declarar funcionarios
del primer nivel encargados tanto del sistema penitenciario del estado como de
la Policía Ministerial.
Por su parte, el gobierno
estatal de Quirino Ordaz Coppel ha salido al paso de las sospechas fundadas de
corrupción en el sistema penitenciario local, señalando que se habrá de
realizar una investigación a fondo sobre las conductas de al menos media docena
de funcionarios estatales de la pasada administración.
De acuerdo con el
subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo,
una vez que concluya la investigación de la PGR, a fin de no entorpecerla, se
habrá de proceder con una averiguación en la esfera estatal, que busca
esclarecer quiénes han propiciado los actos de corrupción que han facilitado
esta y otras fugas.
De acuerdo con fuentes de la
Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa, la de Juan José Esparragoza
Monzón y cuatro de sus socios no es la primera fuga que se registra en el penal
de Aguaruto; desde el 2005 a la fecha, se han registrado 59 actos de evasión de
reos, de los cuales 49 actualmente en encuentran prófugos.
Los datos del gobierno
estatal revelan que, en esta prisión, en donde actualmente se encuentran dos mil
448 internos, de los que 522 están procesados o sentenciados por delitos del
fuero federal, la mayoría con amparos que impiden que sean trasladados a una
cárcel federal de máxima seguridad. Se han impedido ocho intentos de evasión,
solo en los últimos dos años.
LAS PESQUISAS LOS CONFRONTAN
Bajo el pretexto de que los
cinco fugados el pasado 16 de marzo son reos federales, la PGR es la que se ha
hecho cargo de las investigaciones para tratar de establecer responsabilidades,
pero, en realidad, confió una fuente extraoficial del gobierno federal, la
Federación asumió las investigaciones ante la presunción de complicidades de
funcionarios estatales en el pasado evento.
Para la PGR no ha sido
suficiente la medida dictada por el gobernador del estado de cesar al director
del penal, Víctor Manuel Flores Díaz Bonilla, y a 10 de los custodios
encargados del turno al momento de los hechos.
La dependencia federal va por
más: trata de investigar quiénes propiciaron las condiciones de la fuga.
Pese a la disposición
manifiesta del gobierno estatal de colaborar con los trabajos de la PGR, esto
no ha sido posible pues ni siquiera se han podido proporcionar los videos de
vigilancia del penal, bajo el argumento de que el sistema del C-4 (Centro de
Cómputo, Comando y Control) no estaba en operación cuando Esparragoza Monzón
salió del cautiverio.
A esto se suma la falta de
registros en la bitácora de visitas, que no especifica qué personas visitaron a
los reos en cuestión días antes de la fuga, ni tampoco se tiene registro sobre
las actividades de estos presos en los últimos días de estancia dentro del
penal, en donde también destaca la falta de información sobre su conducta.
Esto lo justificó el
subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, quien luego
de reconocer la vulnerabilidad en la que fue entregado el sistema
penitenciario, argumentó que “es muy complicado cambiar el sistema
penitenciario de la noche a la mañana, debido a una herencia de malos manejos
que venimos arrastrando”.
El Penal de Aguaruto no
contaba con director aun cuando ya estaba recluido en el sitio Juan José
Esparragoza Monzón.
El gobierno estatal designó
provisionalmente como director de ese penal a Francisco Martínez Reyes, quien
renunció al cargo dos días después de haberlo asumido.
SOSPECHABAN DE LA FUGA
De acuerdo con versiones de
funcionarios de la PGR que participan en la investigación de la fuga de los
cinco reos del Cártel de Sinaloa, el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel
pudo haber incurrido en omisión, pues se sabía, si no de las intenciones, sí de
los riesgos de evasión de Juan José Esparragoza Monzón, el hijo de “El Azul”,
quien fue reconocido inmediatamente como jefe dentro de la población carcelaria
apenas ingresó.
Al considerar que dentro de
la prisión Esparragoza Monzón podría mantener un liderazgo entre la población
carcelaria, por su estatus de jefe de cártel, el gobierno estatal optó por
trasladar de la cárcel de Culiacán a quienes se consideró que podrían ser sus
respaldos en sus intenciones ilícitas.
Por eso se ordenó el traslado
a una cárcel de Los Mochis a Rafael Guadalupe Félix Núñez “El Changuito Ántrax”
y Alfonso Limón González “El Limón”.
La orden de traslado de “El
Changuito Ántrax” y “El Limón”, se ejecutó dos días después de la llegada de
“El Negro” al Penal de Aguaruto, pero dos semanas después, aun no se sabe la
razón, el que es jefe del grupo de sicarios conocidos como Los Ántrax y el
operador financiero del Cártel de Sinaloa, ya estaban de regreso en el Penal de
Aguaruto.
Fue a partir del reingreso de
“El Changuito Ántrax” y “El Limón” a la cárcel de Aguaruto que el sistema de
videovigilancia dejó de operar y se dejaron de llevar los registros puntuales,
tanto de las actividades de los reos, como de sus visitas, fuera en el área de
locutorios en los módulos de visita familiar.
Como complemento al estado de
ingobernabilidad que ya se registraba al interior de la cárcel de Culiacán, el
gobierno estatal de Sinaloa, pese a su tesis de peligrosidad con la que se
podía conducir Juan José Esparragoza Monzón, no hizo nada por reforzar las
medidas de seguridad, continuando con la operación del penal con solo 30
custodios por turno.
En este sentido, la PGR
realiza investigaciones sobre la razón por la que el día de la fuga se
distendió la seguridad, pues al menos 11 de los 30 custodios designados al
turno no se encontraban en sus puestos asignados, incluso existe una línea de
investigación que apunta a la posibilidad de que seis custodios hayan
solicitado licencia médica para dejar sus puestos de vigilancia.
Dudas en el aire
La forma en que los cinco
reos se evadieron del Penal de Culiacán aún no ha sido esclarecida por la PGR,
pero se fortalecen las dos tesis iniciales que fueron planteadas por la propia
Secretaria de Seguridad Publica del estado de Sinaloa, en donde se señalan las
posibilidades de que hayan salido por la puerta principal o escondidos en
vehículos oficiales.
Sobre la primera de las
versiones, se apunta en las investigaciones de la PGR, los cinco reos pudieron
haber salido vestidos de civiles, confundidos entre las visitas familiares que
el día de los hechos acudieron a ver a sus internos. Y es que, tras el anuncio
vertido en redes sociales de que se había dado una fuga de ese penal, el personal
de custodia desalojó a los visitantes en forma inmediata y sin control.
La otra posibilidad, la que
apunta a que los reos salieron escondidos en vehículos oficiales o del personal
adscrito a la dirección del penal, que también implica la corrupción de
personal de custodia, se deja ver tras la autorización del jefe de custodios,
José Mario Murillo Rodríguez, para permitir la salida de unidades del interior
de la cárcel, sin la debida revisión.
El jefe de custodios, de
acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa, no se ha localizado
desde el pasado 16 de enero por la noche, luego que se dio el aviso de fuga a
la Procuraduría General de la Republica, un aviso que ocurrió siete horas
después de que se notara la ausencia de los cinco reos señalados.
De acuerdo con la versión del
subsecretario, Cristóbal Castañeda, el ejecutivo estatal supo de la fuga de los
cinco internos por una llamada recibida en el número de emergencia 911, en
donde una voz anónima denunció el escape, tomando como base la información que
se difundió ampliamente en redes sociales, a través de twitter y Facebook.
Fue hasta que las redes
sociales difundieron la fuga de los cinco internos, casi tres horas después de
ocurridos los hechos, cuando el gobierno estatal comenzó con la aplicación de
protocolos para intentar preservar el control del penal, el que siempre estuvo
bajo el dominio de los internos.
Una cárcel cómoda
La prisión estatal de
Aguaruto es considerada en el mundo carcelario como un penal controlado por el
Cártel de Sinaloa. Por esa razón, la mayoría de los procesados en diversas
cárceles estatales y federales, acusados de ser integrantes del Cártel de
Sinaloa, siempre intentan amparos para ser recluidos en ese lugar.
De acuerdo con un funcionario
del área jurídica de la cárcel de Culiacán, en los últimos tres años, la cárcel
estatal de Aguaruto ha recibido a por lo menos 170 internos que estaban
recluidos en cárceles estatales y federales de diversos puntos del país, los
que argumentaron el derecho constitucional de estar cerca de sus domicilios
durante el desarrollo de su proceso.
La mayoría de internos que
han ganado amparos, en donde un juez los asignó a la cárcel de Culiacán,
provienen de las prisiones federales de Matamoros, Puente Grande, en Jalisco, y
Tepic, así como de las cárceles estatales de Hermosillo, Guadalajara, Tepic, El
Pueblito, en Tijuana, Manzanillo y Mazatlán.
Este reclamo de los internos
ha venido en aumento, después del 2012, cuando el Pleno de la Suprema Corte de
la Justicia de la Nación resolvió “que hay un derecho fundamental a cumplir las
penas privativas de libertad en prisión cercana al domicilio, sujeto a lo que
se establezca en leyes razonables”.
De ese principio se han
valido cientos de internos para ser recluidos en la cárcel de Culiacán, en
donde la corrupción expuesta llegó a hacer de esta una prisión de lujo, en
donde los jefes del Cártel de Sinaloa, con su autogobierno, hicieron posible
que los reos tuvieran al interior de sus celdas equipo de sonido y video de
alta calidad, así como acceso a bebidas alcohólicas, drogas, armas, telefonía
móvil y prostitución.
La condición de autogobierno
en las cárceles estatales ya había sido advertida por la propia Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en la recomendación número 18 del 21 de
diciembre del 2010, cuando se señalaron las cárceles de 18 estados, entre
ellos, Sinaloa.
Acusan acuerdo entre gobierno
y delincuencia
Para el diputado federal
panista, Federico Döring Casar, integrante de la comisión de Seguridad Pública,
el gobierno estatal de Sinaloa no ha sido lo suficientemente claro en torno a
las explicaciones que requieren en el caso de la fuga de los cinco integrantes
del Cártel de Sinaloa de la cárcel de Culiacán.
Para el diputado panista, el
gobernador Quirino Ordaz Coppel debe dar una explicación puntual sobre la forma
en que se dio el incidente, pues de lo contrario quedan muchas dudas en el
aire, en donde destacó un posible “acuerdo político” entre el gobierno de ese
estado con la delincuencia organizada.
Döring Casar apuntó hacia lo
inexplicable el hecho de que en una cárcel en donde está de manifiesto el
autogobierno de los presos, sean recluidos reos de alta peligrosidad, como los
que se fugaron, a menos, dijo, de que haya un acuerdo entre autoridades
estatales y miembros de la delincuencia.
En alusión a las fugas
anteriores que ya se han registrado en ese mismo penal, dijo el legislador que
no se puede permitir que esos sucesos se conviertan en hechos cotidianos, y
reconoció que “ya es una costumbre” ese tipo de fugas en el estado de Sinaloa,
por lo que exigió un informe claro de la administración estatal.
Recordó que actualmente la
bancada de diputados del PAN mantiene como presentadas dos iniciativas de ley
para sancionar ejemplarmente a custodios y familiares que ayuden a la evasión
de reos, mismas iniciativas que se encuentran en estudio en la Cámara de
Senadores, para su retorno a la cámara de origen para su posible aprobación.
(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/
MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2017)
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