En la última década, la CNDH ha emitido
753 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en general: atención
médica inadecuada, pérdida de la vida, detenciones arbitrarias y desapariciones
forzadas, entre otras. Estas recomendaciones sólo se emiten si los involucrados
son trabajadores del Gobierno. La mayoría de los ataques sexuales ocurren en
propiedades del Gobierno federal, en inmuebles de particulares como casas o
negocios, en instalaciones estatales y en escuelas o edificios de la SEP.
Oscar Balderas
Ciudad de México, 16 junio
(SinEmbargo/VICE News).- El día que torturaron a V., la peor parte ocurrió
dentro de un inmueble que pertenece al Gobierno de México: abuso sexual,
amenazas de violar a su familia e intentos por provocarle un aborto.
El 13 de abril de 2012, ella
comía frente a un puesto callejero en la zona centro de la ciudad de Veracruz,
cuando un hombre le apuntó con un arma en la cabeza y le colocó una capucha
para impedir que lo reconociera. De nada sirvió que anunciara su embarazo a
gritos: al desconocido lo ayudaron otros hombres para empujarla hasta adentro
de una camioneta y ahí, durante el viaje hacia un predio de la Secretaría de
Marina (Semar), la golpearon hasta llevarla a algún lugar de la base naval Las
Bajadas.
“Desde el momento de su
detención fue objeto de agresiones físicas consistentes en […] colocación de
unas pinzas en sus senos y en su vagina a fin de darle descargas eléctricas”,
dice el expediente de 82 hojas con el caso de V.
“La desnudaron, la
‘manosearon’, metieron su cabeza a un tanque de agua y posteriormente le
pusieron una bolsa negra en la cabeza […] amenazándola con llevar a su hijo y
violarlo frente a ella, de igual forma, al referirle a sus agresores que se
encontraba embarazada, éstos le dijeron que ‘le sacarían al monstruo de la
panza’, pegándole en el estómago”.
Sus captores querían que V.
revelara la ubicación de un tipo apodado “El Marino” y ella insistía que no lo
conocía, que la confundían. Poco importó: la desnudaron, la fotografiaron, la
penetraron con los dedos, la obligaron a poner sus manos sobre varias armas.
Ella terminó incriminándose y al día siguiente fue acusada de delincuencia
organizada y portación de armas de fuego. Hoy duerme en una prisión federal.
Su caso es la primera
“recomendación” — diagnósticos que acreditan un abuso por parte de servidores
públicos, aunque no tienen una consecuencia legal para los responsables — que
emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2016 al Gobierno
federal, especialmente a la Semar: está comprobado que V. se declaró culpable
luego de ser víctima de detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violencia
sexual.
En ese mismo expediente
consta también la tortura de G., ocurrida el mismo día, en la misma zona de
Veracruz, pero en hechos diferentes: él salía de una casa donde había cuatro
personas más, cuando elementos de la Semar irrumpieron en el domicilio sin
orden de cateo. A todos los golpearon, los torturaron en una base naval
electrocutándolos y asfixiándolos para después acusarlos de vender droga y
delincuencia organizada. Pero G. corrió con la peor suerte: lo violaron los
marinos.
“Me exigían que la abriera
[la boca], pero yo no accedía, hasta que me pegaron una bofetada […] uno se
puso de frente a mí y oí que se bajó el cierre del pantalón […] así pasaron
cuatro que me penetraron oralmente…”, declaró G. desde la cárcel para la
recomendación 01/2016.
Historias como las de V. y G.
forman parte de la práctica sistemática de tortura sexual en México. Lo peor es
que tres de cada cuatro de esos casos ocurren en inmuebles del Gobierno
federal.
EL AGRESOR SE ESCONDE EN EL GOBIERNO
En la última década, entre
2006 y 2016, la CNDH ha emitido 753 recomendaciones por violaciones a derechos
humanos en general: atención médica inadecuada, pérdida de la vida, detenciones
arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otras. Estas recomendaciones sólo
se emiten si los involucrados son trabajadores del Gobierno.
VICE News analizó todos esos
expedientes enviados a la administración federal y los estados del país y
encontró que en 98 casos — el 13 por ciento del total— las víctimas refieren
algún tipo de ataque sexual.
Al analizar dónde ocurren
esas agresiones sexuales, descubrimos que 76 casos ocurrieron en propiedades
del Gobierno federal, 13 en inmuebles de particulares como casas o negocios,
ocho en instalaciones estatales y uno en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Para una mejor contabilidad,
estos ataques se dividen en dos tipos: uno, la agresión sexual, cuyas víctimas
suelen ser mujeres y narran violaciones tumultuarias, penetraciones forzadas,
tocamientos en genitales y pechos, amenazas de violación a ellas o sus
familiares; y dos, la tortura sexual, que es dirigida típicamente hacia los
hombres y consiste en toques en los testículos, quemaduras en el pene y ser
martirizados sin ropa para humillarlos, entre otros tratos degradantes.
En ambos casos, los objetivos
son obtener una confesión en la que la víctima se inculpe de un delito, o
inculpe a otros, y aprovechar su vulnerabilidad para humillarle.
EN VEHÍCULOS, CUARTELES Y ESCUELAS
La mayoría de las recomendaciones de la
CNDH por tortura y agresión sexual es contra elementos de la Sedena. Foto:
Cuartoscuro.
Respecto a las propiedades
federales donde ocurren estos ataques sexuales, la mayoría se han producido en
vehículos propiedad de Gobierno federal, o zonas desconocidas para las víctimas
— debido a que se les vendaron los ojos o se les tapó la cara — a donde fueron
llevadas en automóviles oficiales.
Esto ocurrió en 22 casos,
como la recomendación 68/2012 a la Secretaría de Marina, que narra el abuso
contra la adolescente E., de 15 años, quien lavaba ropa con su cuñada en un río
de Coyuca de Benítez, Guerrero, cuando llegó un grupo de marinos en cinco
vehículos del Gobierno.
“La subieron a la caja de una
de las camionetas y posteriormente la cambiaron a otra camioneta con vidrios
polarizados en donde se encontraban tres elementos navales, quienes la
obligaron a quitarse la ropa, a quedarse de espaldas y a abrir las piernas
mientras le tomaban fotografías y se reían de ella […] introdujeron sus dedos
en la vagina, y uno de ellos la penetró con su pene, mientras la amenazaba con
matarla o desaparecerla si decía algo de lo sucedido, tras lo cual eyaculó en
su abdomen”, se lee en el expediente.
En empate con el primer lugar
— también 22 casos — están los cuarteles de la Secretaría de la Defensa
Nacional. Lo sabe bien F., cuya historia está plasmada en la recomendación
41/2011: el Ejército mexicano lo acusó de delitos contra la salud y su martirio
ocurrió en la 30/a. Zona Militar en Villa Hermosa, Tabasco.
“Aproximadamente 5 personas
lo golpeaban en la cara, abdomen y pantorrillas, y con la mano cerrada en la
cabeza […] y le dieron toques eléctricos en las plantas de los pies, piernas y
testículos […] Describió cómo lo desnudaron, golpearon y patearon entre 5 u 8
personas en las piernas, abdomen, costillas y cara, que le introducían el dedo
en las costillas y cuello y lo levantaban; que lo colocaron en cuclillas con
las manos amarradas y le introdujeron un palo de escoba entre las rodillas”,
establece el documento.
Y el tercer lugar — 13 casos
— es para los planteles educativos y oficinas de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), donde típicamente los profesores son quienes agreden sexualmente
a los alumnos, tal y como lo comprobó la CNDH en la recomendación 4/2015 que
detalla cómo L., alumna de 14 años de una secundaria administrada por la
dependencia, fue abusada sexualmente por un profesor en un plantel de la Ciudad
de México.
“AR1 intentó violar a L. al
tratar de penetrarla reiteradamente en contra de su voluntad, aunado a que de
acuerdo a lo manifestado por L., AR1 la obligó a tener sexo oral, siendo la
violación una de las manifestaciones de violencia sexual de las más graves”, se
asentó en la queja.
Le siguen en frecuencia las
bases navales de la Semar (ocho casos), cárceles federales (5 casos),
estaciones migratorias (4), inmuebles de la extinta Secretaría de Seguridad
Pública federal (1) y hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (1).
El caso de la SEP salta como
foco rojo: tres de cada cuatrO recomendaciones recibidas están relacionadas con
abuso sexual en sus instalaciones.
Y estos son sólo los casos
públicos de la CDNH; en otras instancias, como la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV), se guardan más casos de agresión sexual acreditada
en instalaciones federales.
El de Paty, madre y empleada
del Gobierno, también ocurrió en la SEP.
“PENSÉ EN QUITARME LA VIDA”
Tres de cada cuatro recomendaciones
emitidas a la SEP están relacionadas con abuso sexual en sus instalaciones.
Foto: Especial.
Primero, fue lo que parecía
un inocente halago. “¿Qué te hiciste? ¡te ves muy bien hoy!”. Luego, subió el
tono. “Qué bien se te ve ese pantalón”. Siguieron las preguntas incómodas.
“¿Estás bien con lo que ganas?”, “¿No quieres tener rápido un mejor puesto?”.
Vino el acoso. Las llamadas a
la oficina sin razones. Las miradas a las piernas. Los ojos clavados a los
pechos. “Una madre soltera como tú merece tener otro trabajo, yo puedo
ayudarte”. Un año después de la primera “galantería”, ya no hay ni siquiera el
intento de disimular: él es casi siempre lascivo, impulsado por el alcoholismo
que arrastra hasta el trabajo. Y todos lo toleran por miedo a perder el empleo.
Es marzo de 2010, un martes
al mediodía. Los empleados están concentrados en sus computadoras, cuando ella
atiende el llamado de su jefe en el despacho del octavo piso. Le pide que se
siente. “¿Qué pendientes tenemos?”, pregunta él y ella empieza a enumerarlos…
hasta que nota que la mira fijamente con los ojos enrojecidos: el jefe está
ebrio. Y no le pone atención a la lista de tareas por hacer, sino al cuerpo que
tiene enfrente. Ella siente miedo y quiere salir, pero es muy tarde.
Él intenta besarla a la
fuerza. Toca violentamente su cuerpo. Ella se resiste, pero él aprovecha su
fuerza para empujarla contra la pared y se asegura que Paty sienta su erección
y escuche una retahíla de vulgaridades con olor a licor. Ella intenta gritar,
pero su jefe le tapa la boca con la mano.
De pronto, alguien golpea la
puerta. “Licenciado, le hablan…”. Apenas observa que se aleja, huye. Regresa a
su lugar con la cara descompuesta y suelta el llanto. “No pasa nada… vuelve a
trabajar como si nada”, aconsejan sus compañeros. Pero llorará por meses, cada
vez que tenga que volver a trabajar en las oficinas de la Dirección General de
Educación Indígena de la SEP y lo vea en los pasillos.
“Era tanta mi angustia, mi
miedo, que sí llegué a pensar en quitarme la vida… pero no nada más yo… mi hijo
es mi vida y yo sabía que iban a ir con él. Llegué a pensar en quitarle la vida
a mi hijo y después quitármela yo para irnos los dos juntos”, confesará Paty a
VICE News.
LA IMPUNIDAD
“El que este fenómeno ocurra
en propiedades del Gobierno tiene, lamentablemente, una explicación”, asegura
Nancy López, directora del Área Jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, “y es que los servidores públicos usan su
posición jerárquica para apoyarse en una estructura que los arropa. Es común
que usen a sus empleados como testigos para defenderse y nunca sean castigados.
Por eso atacan ahí: saben que les garantiza impunidad.
“En muchos casos, además, a
las víctimas de tortura sexual por parte de cuerpos de seguridad les fabrican
delitos y son enviados a prisión y eso dificulta el acceso a la justicia,
porque se debe enfrentar un proceso penal desde la prisión, si es que logran
poner una denuncia. Además, deben vivir en reclusión las consecuencias físicas
y psicológicas del abuso”, agrega Nancy López.
“¿Cómo tratas un estrés
postraumático desde una cárcel, por ejemplo, en Guerrero? ¿o cómo lidias con el
abuso, si debes ver a tu jefe todos los días porque no puedes darte el lujo de
renunciar?”
El uso de la tortura sexual
en México es tan común que en diciembre de 2015 un colectivo de organismos a
favor de derechos humanos lanzó la campaña “Rompiendo el Silencio – Todas
juntas contra la tortura sexual”, que acompañó el estudio “Tortura sexual en
México. Contexto, prácticas e impactos”.
Sus conclusiones son
devastadoras: “la tortura sigue siendo generalizada a todos los niveles”, “la
impunidad por la tortura en México refleja primordialmente una falta de
voluntad para investigar este delito”, “las personas detenidas en México se
enfrentan a un mayor riesgo de tortura o malos tratos durante el primer período
después de su detención”.
El informe incluye un conteo
del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, que declaró que de los 327
casos que atendieron entre 2004 y 2013, 57 mujeres denunciaron tortura sexual y
casi todas señalaron a cuerpos de seguridad del país como los responsables.
JUSTICIA A MEDIAS
“Nosotros
somos víctimas dobles: la agresión sexual del servidor público y el
encubrimiento institucional. Si ya es terrible que te acosen, te violen… es
peor que te pase en un edificio del gobierno”. Foto: Cuartoscuro.
A los 15 días del abuso
contra Paty, ella acude al Órgano Interno de Control para denunciar al entonces
coordinador administrativo por abuso sexual. La respuesta positiva de quienes
la atendieron le entusiasmó. Cree que su jefe sería investigado, pero no es
así. Él se entera de la acusación y le ofrece dinero, vacaciones y reubicarla
de lugar a cambio de silencio. Pero la burocracia de la SEP impide que Paty
cambie de plaza.
Entonces, el jefe agresor
emerge: inicia una campaña de desprestigio contra la víctima. “Ella se me
acercó”. “Fue su culpa por provocarme”. Cuando se da cuenta que ella no quitará
la denuncia, pasa a las amenazas. “No andes sola por las noches, Paty, te puede
pasar algo. Piensa en tu hijo pequeño”.
Ella llora todo el tiempo y
dos compañeras lo notan. Le confiesan que también son víctimas de él. “Es el
jefe”, excusa una. “No se puede hacer nada contra él”, secunda la otra.
Entonces, Paty entiende que así se protege el agresor: atacando en inmuebles
del gobierno para no ser acusado. Pero Paty está convencida de que sí se puede
hacer algo. Pese a las amenazas, decide ir adelante con las denuncias y trata
de estar fuerte en el horario laboral, aunque en casa se derrumbe.
Durante 15 meses, Paty pelea
contra Goliat hasta que algo inesperado ocurre: el entonces titular de la SEP,
Alonso Lujambio, conoce el caso y pide hablar personalmente con ella. En la
reunión entre ambos, el fallecido político le brinda apoyo y ordena que se le
reinstale y se haga una investigación rápida contra el coordinador
administrativo.
Sólo así, Paty encuentra
justicia, pero a medias: ella es reubicada en otras oficinas de la SEP, donde
sus jefes actuales la apoyan y la respetan, y él fue despedido hace año y
medio, inhabilitado para tener un cargo público por 10 años y hallado culpable
por el delito de abuso sexual agravado con una sentencia de 2 años 8 meses…
pero que nunca cumplirá porque el juez le fijó una fianza que pagó al siguiente
día. Él ahora está libre.
Pese a todo, su caso, presume
Jaime Rochín, consejero presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), es uno de éxito: Paty está en el Registro Nacional de
Víctimas, lo que le permite tener asesoría jurídica gratuita, acompañamiento
psicológico sin costo y aspirar a una indemnización económica por parte de
Estado mexicano.
“Nosotros somos víctimas
dobles: la agresión sexual del servidor público y el encubrimiento
institucional. Si ya es terrible que te acosen, te violen… es peor que te pase
en un edificio del gobierno. Vas a tener todas las de perder”, dirá Paty, quien
ya puede continuar su vida sin la ayuda psicológica. Demostrará a su hijo que
se puede ser víctima y convertirse en una sobreviviente.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO
POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VICE NEWS.
(SIN EMBARGO.MX/OSCAR
BALDERAS/VICE MEDIA JUNIO 26, 2016 - 4:56 PM)
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